CARMEN JOSEFINA PÉREZ BOLAÑOS y Otros.
Expediente 1031/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- CARMEN JOSEFINA PÉREZ BOLAÑOS y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ""..."", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1031/2022. Desechamiento de demanda En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables reclama: IV. ACTOS RECLAMADOS: DE LOS CC. SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DEL JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO, AUXILIAR METROPOLITANA Y AUXILIAR EN MATERIA DE PENSIONES CIVILES CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS LOS SIGUIENTES: LA OMISIÓN DE REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA ASEGURAR Y HACER CUMPLIR INTEGRAMENTE LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NUMERO 1658/19-PC4-2 (ANTES 1658/19-15-01-7), EMITIDA CON FECHA CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE NINGUNA FORMA QUEDA INCUMPLIDA O SE EJECUTEN EN PLAZOS PROLONGADOS E INCIERTOS COMO LO SUCEDE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTES CITADO. OMISIÓN EN EJECUTAR EL APERCIBIMIENTO CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE LA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DECRETADO EN EL ACUERDO DICTADO CON FECHA 16 DE MARZO DE 2022, EN AUTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÚMERO: 1658/19-PC4-2 (ANTES 1658/19-15-01-7), ANTE SU INCUMPLIMIENTO QUE A LA FECHA PERSISTE, DE LAS DOS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES DELEGADO Y/O RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA Y SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE OAXACA, SEÑALO E AMBAS AUTORIDADES, COMO ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA RESOLUCIÓN Y/O SENTENCIA FIRME Y EJECUTORIADA DICTADA, POR LOS INTEGRANTES DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DEL JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO, AUXILIAR METROPOLITAN Y AUXILIAR EN MATERIA DE PENSIONES CIVILES CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RADICADO BAJO EL NÚMERO 1658/19-PC4-2 (ANTES 1658/19-15-01-7), DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE Y DE REALIZAR ACTOS POR DEMÁS DILATORIOS Y PROLONGADOS, NEGLIGENTES E INJUSTIFICADOS QUE ME GENERAN DE MANERA CONTINUA PERJUICIOS A MIS DERECHOS HUMANOS. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. Como se previno, la parte quejosa reclama a través del presente juicio de amparo esencialmente: De la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles con sede en la Ciudad de México: La omisión de hacer cumplir la sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 1658/19-PC4-2 (antes 1658/19-15-01-7), de su índice. Del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Trabajadores del Estado y Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de dar cumplimiento a la referida sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad 1658/19-PC4-2 (antes 1658/19-15-01-7). No obstante, es importante precisar que esa determinación no es impugnable en esta instancia constitucional, porque en contra de tal acto procede un medio ordinario de defensa. Inicialmente, se tiene que acorde a lo establecido en el artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tal ordenamiento legal es el que regula las disposiciones relativas al Juicio Contencioso Administrativo Federal. Ahora bien, del contenido del artículo 58, fracción II, inciso a), sub inciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. De lo anterior deriva que el legislador estableció el recurso de queja para el caso en que la autoridad demandada en el juicio de nulidad omita dar cumplimiento a una sentencia emitida en un juicio contencioso administrativo. En ese tenor, de la interpretación sistemática del aludido numeral, así como de la causa de improcedencia analizada, se aprecia que es necesario agotar el recurso de queja; a fin de satisfacer el principio de definitividad que rige la materia, como requisito de procedibilidad en el juicio de amparo. Ahora bien, respecto a los elementos para que se configure la causa de improcedencia analizada, se considera que en el caso se cumplen, esto es que el acto reclamado sea efectivamente una determinación o actuación proveniente de un tribunal administrativo, puesto que dicho carácter recae en la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca, quien emitió la sentencia cuyo incumplimiento se reclama a la demandada. De igual manera, en el caso se actualizan los requisitos consistentes en que proceda contra el acto reclamado algún recurso o medio de defensa legal previsto en la ley; pues como ya quedó precisado en párrafos precedentes el artículo 58, fracción II, inciso a), sub inciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé el recurso de queja, en contra de la omisión de dar cumplimiento a una sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo, tal y como acontece en el caso en estudio, en donde la peticionaria de amparo reclama dicha omisión por parte de la autoridad demandada y vinculado a ello a la Sala responsable le atribuye la omisión de hacer cumplir dicha sentencia. No es óbice para arribar a esta conclusión, la circunstancia de que el legislador federal, haya establecido un supuesto de excepción al principio de definitividad; sin embargo, en este asunto, no se actualiza el supuesto de excepción, en virtud de que el acto reclamado deriva del juicio de nulidad 1658/19-PC4-2 (antes 1658/19-15-01-7), del índice de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles con sede en la Ciudad de México, promovido por la ahora quejosa en contra del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Trabajadores del Estado y Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; lo que de ninguna manera importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute. Además, debe destacarse que el incumplimiento a una sentencia de nulidad no puede ser considerado como una violación directa a la Constitución Federal, porque se trata de un acto comprendido en una instancia jurisdiccional, específicamente en la etapa de ejecución, por lo que no puede apreciarse como un acto aislado o independiente del juicio sino que, al contrario, su validez depende de las reglas establecidas en la legislación ordinaria a efecto de lograr la materialización de los fallos respectivos. Por otro lado, los planteamientos de la demanda tampoco pueden tener la calidad de violaciones directas a la Carta Magna, pues, al tratarse de omisiones dentro del juicio administrativo, la falta de atención a lo ahí resuelto y las irregularidades planteadas se vinculan en principio con la inobservancia de las disposiciones que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla para hacer cumplir las sentencias dictadas en el juicio de nulidad -especialmente a su artículo 57 conforme al cual las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a acatarlas-, y sólo de manera indirecta se traducirían en una transgresión a la Ley Fundamental. En consecuencia, la aquí quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario contra la omisión de cumplimiento de la sentencia emitida el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio de nulidad ""...""; que procede en su contra antes de acudir a esta instancia de control constitucional, lo que no ocurrió en el caso. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias: Administrativa, Común, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741, registro digital: 2024468, de rubro y texto: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizadas para tal efecto, a las personas que precisa, por así solicitarlo expresamente. Correos electrónicos y número telefónico Respecto al número de teléfono y correos electrónicos que proporcionan, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante diverso 16/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
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