Carmen Jimenez Villela

Expediente 1468/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1468/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Carmen Jimenez Villela

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por CARMEN JIMÉNEZ VILLELA, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar con sede en Tepic, Nayarit; luego, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; dese al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1468/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto transcrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Precisado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Ahora bien, de lo previsto por el dispositivo 61, fracción XVIII, se colige, en lo que al caso interesa, que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se haya emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional, respecto del cual, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las determinaciones controvertidas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente y enseguida se precisan dos excepciones a tal regla, mismas que no tienen aplicación en la especie, supuesto que se trata del caso de los terceros extraños a juicio y a diversos supuestos relativos a la materia penal. En efecto, dicha causal reglamenta lo que constituye jurisprudencial y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional, es únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, de tal suerte que éste deberá ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su consideración, o en su defecto, le perjudique su omisión; de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus garantías individuales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que el ordenamiento legal del acto así lo contemple, sino obligatorio, pues la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es terminante en prever que se agoten los medios legales establecidos, como requisito sine qua non, para entonces estar en posibilidad de comparecer a esta vía constitucional, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. En ese contexto, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit aplicable al juicio natural en lo que al asunto interesa, dispone: "ARTÍCULO 634.- Las resoluciones que no sean irrecurribles ni apelables, podrán ser revocadas por el Juez que las dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto." (.) "ARTÍCULO 636.- La revocación debe pedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, por escrito, del que se ordenará correr traslado a la contraria por igual término, y transcurrido el mismo se resolverá dentro de los tres días siguientes.". De los anteriores preceptos normativos, en lo que concierne, se sigue que en contra de las resoluciones que no sean recurribles ni admitan el recurso de apelación, pueden ser impugnadas a través del recurso de revocación, medio de impugnación que puede tener como efecto, modificar las resoluciones controvertidas. Por su parte, en términos del artículo 633 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, establece los autos que son irrecurribles, como se observa a continuación: "ARTÍCULO 633.- Los tribunales no admitirán nunca recursos notoriamente frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, aplicando las sanciones que prevé el presente código. Son irrecurribles, además de los casos expresamente determinados por la ley, las resoluciones que se dicten: I.- Ordenando el trámite a cualquier medio preparatorio; II.- Otorgando la posesión y administración al cónyuge supérstite de los bienes de la sociedad conyugal; III.- Mandando abrir a prueba un juicio o admitiéndola; IV.- Decidiendo los incidentes a que se refieren los artículos 620 y 630 fracciones II, III, IV, VII, VIII, X y XII de este Código; V.- Decidiendo el recurso de revocación; VI.- Las que se dicten con carácter provisional, excepto aquellas en que se disponga otra cosa; VII.- Decidiendo el fondo del asunto cuya suerte principal no exceda del equivalente a ciento ochenta y dos veces la UMA en la fecha que se pronuncie la sentencia; VIII.- Declarando ejecutoriada una sentencia; IX.- En ejecución de sentencia, salvo los casos previstos por la ley; X.- Decidiendo de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta; y XI.- Aprobando el remate o declarando la adjudicación de bienes embargados." Asimismo, los artículos 645 y 651 de la referida legislación, enumeran las resoluciones contra las que puede oponerse el recurso de apelación. Dichos preceptos establecen: "ARTÍCULO 645.- Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones que se hagan valer impugnando: I.- El auto admisorio de demanda; II.- La negativa de admisión de demanda o de un medio preparatorio de juicio; III.- El auto que deseche pruebas; IV.- La desestimación de posiciones, preguntas o repreguntas; V.- Los autos o determinaciones en que se declare confeso al absolvente o en que se niegue; VI.- Interlocutorias con fuerza de definitivas que no paralizan ni ponen término al juicio; VII.- Sentencias definitivas que se pronuncien en juicios de desahucio, alimentos o diferencias conyugales; VIII.- La negativa a la ejecución de resoluciones de tribunales de otros estados o del extranjero en cumplimiento de un exhorto; IX.- El auto que niegue a un cónyuge supérstite la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal; X.- La resolución que declare la sustitución del administrador de la sociedad conyugal y la terminación de dicha sociedad; XI.- La concesión de separación del domicilio familiar; XII.- La declaratoria de herederos y el reconocimiento o desconocimiento de esa calidad o de la validez de testamento; y XIII.- Las demás resoluciones contra las que expresamente así lo señala la ley." "ARTÍCULO 651.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan en contra de: I.- Las providencias dictadas en jurisdicción voluntaria; II.- La resolución en que un juez se inhibe del conocimiento de un asunto; III.- Las interlocutorias o autos definitivos en que se declare procedente un incidente de previo y especial pronunciamiento o que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación; IV.- Autos o determinaciones dictadas en las audiencias denegando la admisión de pruebas, desechándolas o declarándolas desiertas totalmente; V.- Sentencias definitivas, salvo los casos de excepción; VI.- La declaración de caducidad; VII.- La resolución que declare o niegue el sobreseimiento; VIII.- La concesión de la ejecución de una resolución de tribunales de otros estados o del extranjero en obsequio de un exhorto; IX.- La resolución que se dicte con carácter de definitiva decidiendo cualquier cuestión de índole familiar, salvo las referidas a alimentos, diferencias conyugales y las contempladas en las fracciones IX a XI del artículo 645 del presente código; X.- La resolución que apruebe la partición, siempre y cuando exceda de dos mil veces la UMA, y XI.- Resoluciones dictadas en incidentes de liquidación o similares." Entonces, si el auto combatido no tiene el carácter de irrecurrible en términos del artículo 633 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, ni resulta procedente apelación, como lo establecen los arábigos 645 y 651 de la referida legislación, la quejosa debe de agotar el recurso de revocación previsto en el numeral 634 del mismo cuerpo normativo, previamente a acudir al juicio de amparo; de no oponer dicho medio de defensa, se actualiza la causal prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Apoya el criterio que se sustenta, la Jurisprudencia VI.2º.C. J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página mil ochocientos dieciséis, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". Ahora, analizada la demanda se aprecia, que la promovente reclama en la presente instancia constitucional el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno emitido dentro de los autos del juicio civil 652/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en el cual la responsable no admite el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa en contra de la sentencia de veinte de octubre del año en curso, mismo proveído que considera violatorio de sus derechos. Por lo antes expuesto, es necesario destacar que el acto que reclama el promovente de amparo, consistente en el auto seis de diciembre de dos mil veintiuno, no se encuentra previsto en los supuestos que establecen los artículos 633, 645 y 651 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, pues dicho acuerdo no es irrecurrible ni apelable. En consecuencia, en contra del acto que en esta vía constitucional reclama la parte quejosa, procede el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, a través del cual puede ser modificado o revocado; por ende, el promovente debió agotar ese recurso antes de acudir al juicio de amparo. Sirve como sustento en lo conducente la tesis 2o. 16 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Materia Civil, visible en la página 2763 del Libro 54, mayo de 2018, tomo III, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016832 de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE ADMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La interpretación del artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, vigente, permite establecer que los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos dictados en primera instancia, pueden impugnarse mediante el recurso de revocación. Así, si contra el auto del Juez de primer grado que admite la apelación, tratándose de juicios civiles, procede la revocación; el hecho de que el Juez haya admitido la apelación en ambos efectos, no implica que se trate de un auto irrecurrible a través de los medios ordinarios de impugnación, pues la consecuencia de dicha admisión en esos términos es la suspensión de la ejecución de la sentencia apelada hasta que se dicte el fallo del tribunal de alzada, tal como lo dispone el artículo 516, párrafo primero, del ordenamiento legal antes mencionado. Lo expuesto es así, porque con el recurso de revocación puede lograrse la anulación o modificación del auto combatido, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la admisión del recurso de apelación, ya que el citado medio ordinario de defensa debe ser agotado para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En consecuencia, es dable concluir que contra el auto del Juez de primera instancia que admita la apelación procede el recurso de revocación." Por consiguiente, en acatamiento al principio de definitividad que rige la técnica de estudio en el presente asunto, resulta indispensable que se interpusiera dicho recurso previamente a la promoción del presente juicio de amparo, ya que no se ubica dentro de los supuestos de excepción, a saber: Cuando el acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el arábigo 22 Constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la Jurisprudencia. Además, que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. De tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Se dice lo anterior, toda vez que la promovente de la vía es parte demandada en el juicio civil de origen, pues de los hechos que bajo protesta de decir verdad, relata en su demanda de amparo se advierte lo anterior, se advierte que fue debidamente emplazado a juicio y dio contestación en tiempo y forma la demanda interpuesta en su contra, de ahí que no se actualice la excepción del principio de definitividad, pues el quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio. Asimismo, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En las relacionadas condiciones, se colige que en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, se DESECHA de PLANO la demanda de garantías promovida por Carmen Jiménez Villela, por su manifiesta e indudable improcedencia. Como lo solicita la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el señalado en su escrito de cuenta y, como autorizado para tal efecto, a JOSE LUIS BOGARÍN JIMÉNEZ, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo y, a SARA FRANCISCA JACOBO JAIME, en términos del párrafo segundo del precepto legal citado, en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, por así solicitarlo la parte quejosa. Por otra parte, se le tiene proporcionando el correo electrónico que precisa en su escrito de cuenta para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de donde se desprende que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la promovente IRIS MARINE COSSÍO NONATO, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales A.G.C. y H.R.G.C., para que cumpliera con el requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno sin que lo haya hecho, aun cuando fue debidamente notificada de dicho auto; en consecuencia, al no haber dado cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y con fundamento en el penúltimo párrafo del 114 de la Ley de Amparo, se le tiene por NO PRESENTADA su demanda de amparo recibida en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veinte del referido mes y año. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 202, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, que establece: "DEMANDA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. El cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 116 de la Ley de Amparo, son necesarios para la admisión de la demanda de garantías; por lo que si éstos no se acatan, no obstante la prevención hecha por el juez de Distrito, procede tener por no interpuesta la demanda de garantías en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo.

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