Carmen Ivette Martín del Campo Abarca
Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carmen Ivette Martín del Campo Abarca
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 36/2023. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que la superioridad al resolver el medio de impugnación interpuesto, determinó lo siguiente: "(.) Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo; así como 35 y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÙNICO. Se declara infundado el recurso de queja. (.)" En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual transcribe el proveído de quince de los actuales, dictado en el recurso de queja 36/2023 de su índice, en el que se advierte que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de treinta de enero del año en curso; en consecuencia, estese en espera de la resolución que determine la superioridad para proveer lo conducente.-
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese copia certificada del escrito signado por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la quejosa; atento a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de queja en contra del auto de treinta de enero pasado, en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en turno. Asimismo, con fundamento en los artículos 101 de la Ley de Amparo y 73 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, otórguense los permisos necesarios para que el Tribunal de Alzada acceda al expediente electrónico del presente asunto, a fin de substanciar el recurso de mérito. En vía de informe comuníquese al superior que en el proveído recurrido se desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.-
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Carmen Ivette Martín del Campo Abarca, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 80/2023-II. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la resolución de tres de enero de dos mil veintitrés, emitida por la Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, en el expediente C184/2013 de su índice. Refiere que en ella se resolvieron los incidentes de oposición al proyecto de partición del caudal hereditario, y se determinó no reconocerle el carácter de acreedora en dicha instancia, en virtud de que no acreditó tal calidad. En el caso se actualiza la causa de improcedencia previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" [.] El principio de definitividad consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, pues una vez que el juez declinado acepte la competencia planteada, estará en aptitud de pronunciarse respecto de la providencia cautelar solicitada en la demanda de amparo, al respecto, el justiciable tiene a su alcance el medio de impugnación previsto en los artículos 245 y 669 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que disponen: "Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." "Artículo 669. La sentencia que resuelva sobre la partición y decrete la adjudicación es apelable en ambos efectos. Como se aprecia, la legislación en materia civil otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar la resolución pronunciada respecto a la partición y decrete la adjudicación de los bienes de la herencia; esto es, el recurso de apelación. Sirve de sustento la tesis XVI.5o.12 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1349, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 183343, del tenor siguiente: "APELACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE PARTICIÓN DE BIENES DENTRO DEL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De la interpretación del artículo 663 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad federativa se infiere que no habiendo oposición en torno al proyecto de partición de bienes, el Juez procederá a su aprobación y, en su momento, dictará la sentencia de adjudicación; esto es, se advierte la existencia de dos fases, una, la de aprobación del proyecto de partición de bienes, mediante el dictado de un auto, y otra, la de adjudicación de esos bienes a través del dictado de una sentencia. Ahora, si se tiene en cuenta la regla general que con respecto al recurso de apelación prevé el diverso numeral 245 del propio ordenamiento legal que, en lo conducente, establece que serán apelables las sentencias interlocutorias y los autos cuando así lo disponga el código si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicte, así como lo dispuesto por el artículo 669 de la misma ley adjetiva local, en cuanto a que la sentencia que apruebe o repruebe la partición es apelable en ambos efectos, cuando el monto del caudal excede de mil pesos, no cabe entonces otra conclusión que la de estimar que el auto dictado por la Juez responsable en el que aprobó el proyecto de partición y citó a las partes a oír sentencia de adjudicación, sí es susceptible de apelación, justamente por derivar de un negocio cuya sentencia definitiva es apelable." En ese sentido, el acto reclamado se ubica en el supuesto establecido en los numerales citados con anterioridad, pues consiste en una determinación que resuelve incidentalmente la partición del caudal hereditario en el juicio de origen; por lo que la quejosa puede interponer el recurso de apelación en los términos previstos en dichos preceptos y, con ello, dejar insubsistente la resolución combatida. Lo anterior tiene justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, es decir, resulta imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, se traduce en garantizar al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le será protegido y reparado en la lesión que se cause a su esfera jurídica; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016, del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitividad: a) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte. c) No se trata de actos en que sea tercero extraño a juicio, en virtud de que el promovente tuvo el carácter de demandado en el juicio de origen, por lo que no tiene esa calidad. d) La procedencia del recurso de apelación está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el recurso de apelación que prevé la ley adjetiva civil aplicable, para cumplir con el principio de definitividad respecto al acto indicado en el inciso b), contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En suma, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo intentada.
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