Carmen Iliana Castillo Ávila

Expediente 1370/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1370/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Carmen Iliana Castillo Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Carmen Iliana Castillo Ávila por su propio derecho y en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tecoanapa, Guerrero, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y otra autoridad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1370/2023-A que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese expediente electrónico y físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. INCOMPETENCIA. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y anexos se advierte que la parte quejosa reclama el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el expediente TJA/SS/036/2019, por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por el cual le impuso una multa equivalente a ciento veinte veces el valor de la unidad de medida y actualización; así como su ejecución. Atento a lo anterior, la que aquí juzga considera que este juzgado de distrito no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo en estudio, por las consideraciones siguientes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos de autoridad administrativa, se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciando en la audiencia la sentencia. La ejecución del acto es un factor de competencia que facilita a las personas el acceso al amparo, al prever que podrá presentarse la demanda ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. El artículo 37 de la Ley de Amparo, desarrolla la disposición constitucional y establece las hipótesis para fijar la competencia del Juez de Distrito: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En estas hipótesis, el denominador común es que el acto por su naturaleza conlleva una ejecución material, y en los verbos utilizados, se prevé los tres posibles momentos, la inminencia de la ejecución, con las palabras deba tener ejecución o trate de ejecutarse; la acción que se actualiza en el momento, cuando la ejecución ya se está desarrollando, que se halla en el gerundio "ejecutando" y la acción pasada, lo que ya ocurrió, al usar el verbo "ejecutado". b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) La ejecución debe ser material porque cuando ésta no se produce ni se puede producir, la competencia se surte para el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La naturaleza de los actos reclamados puede dar lugar a que sean positivos, declarativos o negativos, o prohibitivos; si es declarativo o negativo no tendrá ejecución material; puesto que la primera solamente es un reconocimiento formal de la realidad, y la segunda, implica una abstención, una negativa de la autoridad a obrar en tal o cual sentido, mientras que en los prohibitivos es una orden de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado, por lo que si la autoridad se rehúsa u omite actuar en la forma solicitada por la parte quejosa, u ordena un no hacer, es incuestionable que ese tipo de actos carece de ejecución material. En cambio, si el acto tiene efectos positivos, participará en la característica de ejecutable, ya que sus efectos transcienden al mundo fáctico, verbigracia, al ordenar la autoridad la realización de alguna conducta o imponer una medida de apremio. Aunque los actos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso; por lo que cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar, en cada caso, si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer a la parte quejosa el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá de advertir si impone a la quejosa una carga a la que no se está obligada, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico; y si por estas consecuencias habrá una ejecución material que incida en la esfera jurídica del quejoso. Entonces el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando utiliza las palabras "ejecución material", está definiendo el denominador común para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo. Tal expresión debe entenderse en el sentido de que, con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo factico o real. Entonces, lo esencial es determinar si el acto o resolución reclamada requiere de ejecución material, esto es, que deba ejecutarse; y, lo que hace la diferencia es el lugar donde deba ejecutarse, se ha tratado de ejecutar, se esté ejecutando o si el acto ya se ejecutó; por lo que también ha de atenderse a sí esas acciones materiales ocurren en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Es orientadora la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, visible en la página: 916, registro digital 2009409, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado". En ese contexto, se tiene como regla general, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la naturaleza del acto y si debe tener ejecución, para distinguir cuál Juez de Distrito debe conocer de un amparo; esto es, el factor o punto de conexión que vincula a conocer del juicio es el lugar de la ejecución material del acto, y no el lugar donde se emitió el acto y los trámites previos, sino el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Al atender a ese factor de competencia el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que, promover el procedimiento constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, y al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el expediente TJA/SS/036/2019, por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por el cual le impuso una multa equivalente a ciento veinte veces el valor de la unidad de medida y actualización; así como su ejecución. Además, de los antecedentes que obran en el libelo constitucional se observa que bajo protesta de decir verdad manifestó que la autoridad responsable ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, a fin de que haga efectiva la sanción. En ese contexto, queda demostrado que el acto reclamado tiene efectos positivos y ejecución material consistente en la imposición de la multa y el consecuente cobro que se hará de la misma con el requerimiento de pago y embargo que se tendrá que realizar en el Municipio de Tecoanapa, Guerrero; esto es, sus efectos trascienden al mundo fáctico, porque la autoridad habrá de ejecutar el cobro de la multa impuesta en un lugar determinado (en donde la quejosa funge como Presidenta Municipal) que es el factor para generar la competencia. Lo anterior en razón de que el acuerdo reclamado habrá de materializarse en una diligencia en el Municipio de Tecoanapa, Guerrero, perteneciente a la jurisdicción de los juzgados de Distrito residentes en Acapulco de Juárez; por lo que es esta última diligencia la que evidentemente materializará la ejecución del acto de imposición de la multa, y demuestra que el acto en su ejecución material habrá de ejecutarse en esa ciudad. Consecuentemente, en el caso opera la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que existe un lugar en el que el acto tendrá ejecución; aunque haya sido en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde se dictó el acuerdo reclamado, porque lo relevante es que la materialización de la ejecución del acto reclamado será en la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. Por tanto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que es juez competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, el que reside en la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero. En esas condiciones, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo propuesta; por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, residente en Acapulco de Juárez, a quien se estima le corresponde conocer del mismo. Fórmese, cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias del expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Sotelo Ochoa, José Francisco Díaz de la O y Rubén Cuatenango Bernal, toda vez que cuentan con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que señalan expresamente. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se autoriza el usuario para consulta electrónica del expediente. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "ochoa044", se autoriza únicamente la consulta del expediente electrónico, en relación con el presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Omar García Leyva, que da fe.

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