Carmen Hortencia Arvizu Ibarra
Expediente 1497/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1497/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carmen Hortencia Arvizu Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en lo principal se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se declaró sin materia el mismo. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de enero de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones que indican en su informe. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexó la autoridad responsable al oficio que se atiende. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las razones que a continuación se exponen. Lo cual, debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada al retornar las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, del estudio integral del presente expediente, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la omisión de las autoridades responsables de cumplir en tiempo y forma con el pago de la pensión a que tiene derecho, conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del referido instituto. Ahora, de las constancias que la autoridad remitió se advierte que mediante pago de nómina vía transferencia bancaria efectuada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el subdirector de Finanzas del instituto responsable cubrió el pago de pensión reclamado. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la impetrante de amparo radicaba en la omisión de que la citada pensión no se pagó el día precisado en el calendario de pagos señalado Junta Directiva del multicitado instituto, lo cierto es que, como se destacó, dicha pensión fue cubierta a la quejosa el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que es inconcuso que a la presente fecha, le fue restituido el derecho vulnerado; por tanto, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de las responsables volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto la pretensión de la quejosa se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Finalmente, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de las pensiones del que se dolían los quejosos-, lo que probablemente podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -once horas con cuarenta y siete minutos del veinticinco de enero del año en curso-. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 13/ENERO/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, trece de enero de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo presentados por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones que indican en su informe. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexó la autoridad responsable al oficio que se atiende. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las razones que a continuación se exponen. Lo cual, debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada al retornar las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, del estudio integral del presente expediente, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la omisión de las autoridades responsables de cumplir en tiempo y forma con el pago de la pensión a que tiene derecho, conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del referido instituto. Ahora, de las constancias que la autoridad remitió se advierte que mediante pago de nómina vía transferencia bancaria efectuada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el subdirector de Finanzas del instituto responsable cubrió el pago de pensión reclamado. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la impetrante de amparo radicaba en la omisión de que la citada pensión no se pagó el día precisado en el calendario de pagos señalado Junta Directiva del multicitado instituto, lo cierto es que, como se destacó, dicha pensión fue cubierta a la quejosa el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que es inconcuso que a la presente fecha, le fue restituido el derecho vulnerado; por tanto, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de las responsables volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto la pretensión de la quejosa se encuentra satisfecha, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Finalmente, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de las pensiones del que se dolían los quejosos-, lo que probablemente podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -once horas con cuarenta y siete minutos del veinticinco de enero del año en curso-. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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