Carmen Hernández Salazar

Expediente 451/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
451/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Carmen Hernández Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente. DOCUMENTOS. Finalmente, se precisa que en el caso ninguna de las partes allegó algún documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que amerite ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN ESCRITO ACLARATORIO. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por la quejosa *****; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, al tenor del ocurso en cuestión y anexos que se acompañan, se tiene a la parte promovente dando cumplimiento en sus términos al requerimiento contenido en autos. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo y sus anexos, se extrae el siguiente acto reclamado la resolución interlocutoria dictada el *****, dentro del expediente *****, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, relativa a la improcedencia del incidente de falta de personalidad. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley invocada, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó la justiciable, es improcedente. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no son de aquellos que producen efectos de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo, sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la quejosa, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte; es decir, aquéllos que lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter material e irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del cual se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en virtud de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Por otra parte, son violaciones procesales aquellas en las cuales los actos conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, si el acto reclamado por el impetrante en el presente juicio constituye la resolución interlocutoria dictada el *****, dentro del expediente *****, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, relativa a la improcedencia del incidente de falta de personalidad, dicha violación es de índole procedimental y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en la vía indirecta es improcedente. Lo anterior, es así porque el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo, dado que las violaciones referidas, no le causan de manera material, directa e inmediata algún perjuicio cierto en sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, porque puede acontecer que al emitirse el fallo que resuelva el fondo del juicio laboral de origen, sea favorable a los intereses de la hoy quejosa, supuesto bajo el cual la afectación que en sus intereses jurídicos pudiere sufrir, sería subsanada y de no ser favorable, podría recurrir al juicio de amparo directo en contra del laudo que al efecto se dicte, donde podría alegar tanto las violaciones procesales que reclama, así como otras violaciones que en su perjuicio considere se cometieran durante la secuela procesal; habida cuenta que la autoridad laboral se encuentra facultada para corregir los errores u omisiones que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, en términos del numeral 686 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que no se actualicen los supuestos de procedencia del juicio de amparo biinstancial. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de ***** emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En la inteligencia de que, con apoyo en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, subsiste el domicilio designado por la parte quejosa, así como los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, *****. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ****. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguense a los autos el oficio y escrito de cuenta signados por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro y de la parte quejosa, a través de los cuales cumplen con el requerimiento formulado en autos y manifiestan los domicilios donde puede ser emplazada la tercera interesada ****************. En consecuencia, con copia autorizada del presente proveído, así como con copia simple de la demanda de amparo, auto de admisión, y auto de fecha diez de abril del presente año, donde se señala a la tercero interesada, por conducto del Actuario Judicial de la adscripción emplácese al presente juicio de amparo a la citada tercero interesada, en los domicilios: **************, debiendo recabar la constancia de emplazamiento correspondiente, en la inteligencia que al momento de realizar la diligencia encomendada le deberá hacer de su conocimiento la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional, y le informe que a partir del momento en que quede legalmente emplazada, quedará expedito su derecho a fin de que si lo estima necesario ofrezca pruebas en términos del artículo 119 de la Ley de amparo. Asimismo, le indique que las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente asunto designe domicilio en esta ciudad de Querétaro, para tal efecto. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Notifíquese y emplácese a la tercero interesada ***********.

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