CARMEN GUZMAN MORENO y Otros.

Expediente 665/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
665/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
11/07/2017

Partes del expediente

  • CARMEN GUZMAN MORENO y Otros.
  • MARCELA ANASTACIO NOLASCO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ****; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por los quejosos, y nueve copias del mismo, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención que les fuera formulada, precisando que bajo protesta de decir verdad, el acto reclamado que constituye su demanda de garantías lo es el acta de sesión de Ayuntamiento celebrada el dieciséis de mayo del presente año, la cual fue anexada a su escrito inicial de demanda en el que se ordena liberar el derecho de día y las banquetas de la calle y/o Avenida Leovino Zavala en Uriangato, Guanajuato. Ahora bien, vista la demanda de cuenta promovida por *** y su escrito aclaratorio, por medio del cual solicitan el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del H. Ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta y las manifestaciones realizadas por la parte quejosa al cumplir la prevención ordenada mediante proveído de veintitrés de junio del presente año, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, del análisis de la demanda de garantías, las documentales que acompaña la parte quejosa y las manifestaciones expresas de esta última al cumplir la prevención, se advierte que lo que en realidad constituye el acto reclamado lo es el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato, en la sesión celebrada el dieciséis de mayo del presente año mediante el cual se ordena liberar el derecho de vía del arroyo y banquetas de la vialidad denominado *** que comprende del entronque del libramiento a la encrucijada Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo y calle del Prado, así como la liberación de vía pública, incluso la banqueta de todo elemento constructivo, fijo o semifijo, tal como espectaculares, montenes, ptr, techos, tejabanes, toldos, columnas, muros de concreto o de cualquier material, anuncios publicitarios, rejas, abatibles, pisos, vitropisos, adoquines, láminas, alambres, varillas, tubos colados, o rellenos de concreto en cualquiera de sus formas y todo aquel objeto que no corresponda a la infraestructura urbana autorizada por el H. Ayuntamiento o cualquier autoridad competente; de lo cual señalan tuvieron conocimiento hasta el catorce de junio del presente año. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo que procede desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del ordenamiento legal antes citado. En efecto el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." En efecto, se surte la causal de improcedencia de mérito, con relación a la presente demanda de amparo, pues del acto reclamado se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, el quejoso previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En este contexto, la quejosa acompaña a su demanda de garantías copia certificada de los acuerdos tomados el treinta y uno de diciembre de dos mil quince y dieciséis de mayo del presente año, tomados en sesión del Ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato, y que en el acuerdo señalado en último término se estableció una orden de liberación de la vía pública y banquetas en diversas calles de aquella Municipalidad, ello resulta ser el acto reclamado del cual derivan los actos que reclaman, luego entonces, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, partiendo de la base de que la parte quejosa no agotó el Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, toda vez que antes de acudir a esta instancia constitucional, debieron interponer ante la autoridad correspondiente, el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo previsto por el artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal, el cual a la letra dice: Medios de impugnación Artículo 243. Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el Ayuntamiento, podrán ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando afecten intereses de los particulares. Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente municipal y por las dependencias y entidades de la administración pública municipal podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando afecten intereses de los particulares. Ejercida la acción ante cualquiera de ellos, no se podrá impugnar ante el otro el mismo acto. Las resoluciones de los Juzgados Administrativos Municipales que pongan fin al proceso administrativo podrán ser impugnados por las partes, mediante el recurso de revisión ante las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En este orden, es evidente pues que los quejosos de referencia tiene la posibilidad de acudir al mismo a promover los medios de defensa que la ley de la materia prevea frente a los actos que en aquél se emitan, como en el caso, el procedimiento ya señalado. De lo anterior se desprende entonces que a través del Proceso Administrativo, los ahora promoventes pueden obtener la revocación o modificación del acto reclamado; luego entonces, no pueden ahora acudir a reclamarlo en la vía constitucional, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, y por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por CARMEN GUZMAN MORENO, MARCELA ANASTACIO NOLASCO, LUZ MARIA GONZALEZ MURILLA, SALVADOR BRITO SANCHEZ e IGNACIO GARCIA ZARAGOZA, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial número I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen en su orden: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Sin que en el caso se encuentre en el supuesto de excepción, ya que el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. "ARTÍCULO 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, visible en la página 1107, que dice: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XX, en relación con el numeral 107, fracción II interpretado a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del H. Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Uriangato, Guanajuato, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en el artículo 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 665/2017-VII.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Cabe señalar que la parte quejosa en su escrito de demanda de garantías que el acto reclamado consiste en: "el soslayamiento de la autoridad responsable a nuestra garantía de audiencia", aduciendo en los antecedentes que han venido desarrollando el comercio en las banquetas de la vialidad de la calle *** en Uriangato, Guanajuato, y que el Gobierno Municipal les ha venido cobrando por la ocupación de un derecho de vía que aducen tener todos los comerciantes desde hace treinta años y que por ello pagan al Municipio un costo anual de mil doscientos sesenta pesos o mensual de ciento veinticinco pesos, por lo que se les pretende quitar el derecho que tienen a través del pago correspondiente por la ocupación que tienen al derecho de vía; sin embargo de las documentales que acompañan a la demanda de garantáis se advierte unos pagos con número de folio que hacen al municipio de Uriangato, que contienen la leyenda "Tesorería Municipal Ingresos Varios y Aprovechamiento por ocupación de vía pública", luego entonces, los peticionarios de garantías estiman que la autoridad responsable esto es el Ayuntamiento Municipal de Uriangato, Guanajuato, les priva su garantía de audiencia sin embargo para que se den esos actos privativos deben acreditar los quejosos tener un derecho constituido sobre la vía pública, pues es de hacer notar que los pagos que han efectuado al Municipio hacen referencia a un aprovechamiento por ocupación de vía pública más no así que tengan un derecho ya constituido sobre la misma como ya se dijo, pues para estimar ello, los quejosos deberían acreditar con documento idóneo que tiene un derecho adquirido en las calles del Municipio de Uriangato, Guanajuato, (y no con las documentales que aquí acompañan y que con ello en un momento dado lo que acreditan es tener un aprovechamiento por ocupación); luego entonces, para estimar que se le ha privado de su garantía de audiencia, deben acreditar previamente que tienen un derecho constituido y adquirido sobre el derecho de vía, ya sean en las calles o banquetas del Municipio de Uriangato, Guanajuato; o en su caso establecer y concretizar que en realidad el acto reclamado lo constituyen los acuerdos tomados por el Ayuntamiento Constitucional 2015-2018 de Uriangato, Guanajuato, en la sesión celebrada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en el que establecieron como punto de acuerdo autorizar para liberar el derecho de vía del arroyo y banquetas de algunas calles de aquella municipalidad, lo anterior deberán manifestarlo bajo protesta de decir verdad y así estar en condiciones de proveer lo conducente a lo relativo a su admisión o desechamiento; con fundamento en los artículos 108 y 114, fracción I, II, y III, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de CINCO DIAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído de cumplimiento a lo establecido en líneas que anteceden, anexando las copias necesarias para hacerlas llegar en su caso a las demás partes en el juicio de garantías, pues la falta total o parcial de ellas, motivará que se haga efectivo el apercibimiento que se establece. Resulta aplicable la Tesis P./J. 36/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Lo anterior con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se procederá conforme a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de cuenta. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, y como autorizada de su parte para recibir notificaciones y documentos, esto es, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, al licenciado *** y al pasante jurista ***, en razón de que no tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante este Órgano Jurisdiccional. Ahora bien, en razón de que los promoventes señalaron lo que denominaron como los estrados de este Tribunal Federal para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense a los promoventes por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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