Carmen Guadalupe Jimenez Hernández

Expediente 65/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
65/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Carmen Guadalupe Jimenez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Luego, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Finalmente, en virtud de que obra agregado documento exhibido por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días naturales, a fin de que los recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ...

  2. Principal

    EN ESTA PROPIA FECHA, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL AUTO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO,, A LA PARTE QUEJOSA, DE COFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: ... En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Luego, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Finalmente, en virtud de que obra agregado documento exhibido por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días naturales, a fin de que los recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ...

  3. Principal

    EN ESTA PROPIA FECHA,SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C), QUE A LA LETRA DICE: Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carmen Guadalupe Jiménez Hernández, por propio derecho, contra los actos y autoridades, que fueron precisadas en el considerando segundo, acorde a los motivos y fundamentos en el último considerando. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza, el día de hoy veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. L'JMZG

  4. Principal

    veintiocho de feb de dos mil diecinueve V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 65/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Carmen Guadalupe Jiménez Hernández, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y otras autoridades, que estimó violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 14, 17 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de treinta de enero de dos mil veinte se admitió a trámite, por lo que se solicitaron los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, una vez que se reanudaron los términos que habían sido suspendidos por la contingencia, en conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, aprobado el veintiocho de julio del año en curso, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual inició en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De manera previa a la precisión de los actos reclamados, es pertinente precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se logra apreciar que la parte quejosa reclama la aprobación y expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en específico lo relativo a los artículos 12, 18 y 24 para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte. Sin embargo, cabe mencionar que el decreto legislativo número 303, publicado en el Periódico Oficial el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, corresponde a la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte y en su artículos 12, 18 y 24, disponen lo siguiente: "Artículo 12. Las personas físicas o morales o las unidades económicas que soliciten algunos de los beneficios fiscales o subsidios contenidos en esta Ley, y que hubieren interpuesto algún medio de defensa contra el cobro de contribuciones o de créditos fiscales, no podrán gozar de los mismos hasta en tanto no se exhiba copia certificada del escrito de desistimiento debidamente presentado ante la autoridad que conozca de la controversia y del acuerdo recaído al mismo. Artículo 18. A los contribuyentes sujetos del Impuesto Adicional para la Infraestructura, establecido en la Sección I del Capítulo Séptimo, Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, se les otorgará un estímulo fiscal en el importe por el que deba pagar del impuesto referido durante el ejercicio fiscal 2020, de conformidad al año modelo del vehículo de que se trate, y mes en que se pague la contribución, según la tabla siguiente: AÑO MODELO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL-DICIEMBRE Modelo 2019 10% (DIEZ POR CIENTO) 0% (POR CIENTO) 0% (POR CIENTO) 0% (POR CIENTO) Modelo 2018 10% (DIEZ POR CIENTO) 5% (CINCO POR CIENTO) 0% (POR CIENTO) 0% (POR CIENTO) Modelo 2017 20% (VEINTE POR CIENTO) 15% (QUINCE POR CIENTO) 10% (DIEZ POR CIENTO) 5% (POR CIENTO) Modelo 2016 30% (TREINTA POR CIENTO) 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) 20% (VEINTE POR CIENTO) 15% (QUINCE POR CIENTO) Modelo 2015 al 2011 30% (TREINTA POR CIENTO) 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) 20% (VEINTE POR CIENTO) 15% (QUINCE POR CIENTO) Modelo 2010 y anteriores 40% (CUARENTA POR CIENTO) 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) 30% (TREINTA POR CIENTO) 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) Motocicletas 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) 70% (SETENTA POR CIENTO) 65% (SESENTA Y CINCO POR CIENTO) Remolques 45% (CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) 45% (CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) 40% (CUARENTA POR CIENTO) 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) "Artículo 24. A las personas físicas, personas morales o unidades económicas, propietarios, poseedores o usuarios de unidades automotrices obligados a cubrir los Derechos de Control Vehicular, según lo establecido en el Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, se les otorgará un estímulo fiscal del importe por el que deba pagar del Derecho referido durante el ejercicio fiscal 2020, de conformidad al año modelo de los vehículos y el mes en que se pague, con base en la tabla siguiente: AÑO MODELO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL- DICIEMBRE 2019 5% [cinco por ciento] 5% [cinco por ciento] 0% [cero por ciento] 0% [cero por ciento] 2018 10% [diez por ciento] 10% [diez por ciento] 5% [cinco por ciento] 0% [cero por ciento] 2017 20% [veinte por ciento] 20% [veinte por ciento] 15% [quince por ciento] 10% [diez por ciento] 2016 25% [veinticinco por ciento] 20% [veinte por ciento] 15% [quince por ciento] 10% [diez por ciento] 2015 al 2011 40/%[cuarenta por ciento] 35% [treinta y cinco por ciento] 30% [treinta por ciento] 25% [veinticinco por ciento] 2010 y anteriores 55% [cincuenta y cinco por ciento] 50% [cincuenta por ciento] 35% [treinta y cinco por ciento] 35% [treinta y cinco por ciento] 2009 y anteriores 60% [sesenta por ciento] 50% [cincuenta por ciento] 45% [cuarenta y cinco por ciento] 40% [cuarenta por ciento] Motocicletas 80% [ochenta por ciento] 75% [setenta y cinco por ciento] 70% [setenta por ciento] 65% [sesenta y cinco por ciento] Remolques 75% [setenta y cinco por ciento] 70% [setenta por ciento] 65% [sesenta y cinco por ciento] 65% [sesenta y cinco por ciento] Para aquellos que presenten adeudos anteriores al ejercicio 2020, el 50% (cincuenta por ciento) del Derecho; Adicionalmente a lo establecido en la fracción anterior, para aquellos vehículos cuyo año modelo sea 2009 y anteriores, se les otorgará un 20% (veinte por ciento), y Para aquellos que soliciten su registro al padrón vehicular durante el periodo de vigencia del presente Decreto, gozarán de un estímulo fiscal, según la tabla siguiente: MES POR CIENTO DE DESCUENTO ABRIL-JUNIO 25% (veinticinco por ciento) JULIO-SEPTIEMBRE 50% (cincuenta por ciento) OCTUBRE-SEPTIEMBRE 75% (setenta y cinco por ciento) (.)" De la lectura integra de los numerales antes mencionados, se logra apreciar que la parte quejosa, lo que en realidad pretende impugnar en el presente juicio, son los artículos 12, 18 y 24 de la Ley Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que se contienen en el decreto legislativo número 303, publicado en el Periódico Oficial el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, procederá a corregir el error en la cita de los preceptos legales impugnados. Así pues, en conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Congreso y del Gobernador del Estado de Zacatecas, en conformidad con su competencia legal: La aprobación y expedición del decreto legislativo número 303, publicado en el Periódico Oficial el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico los numerales 12, 18 y 24. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas: La negativa de aplicar los estímulos fiscales conforme al artículo 12 del citado ordenamiento. La aportación que se realiza a la Cruz Roja. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Legislatura del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la expedición de decreto 303, por el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, específicamente los artículos 12, 18 y 24 de la citada ley (fojas 89-117 del juicio de amparo). Por otra parte, el Gobernador del Estado de Zacatecas, por conducto de su coordinador general jurídico y representante, al rendir su informe justificado, negó la expedición de las reformas y adiciones del decreto número 303 publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el día veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, sin embargo, sí reconoció que participó en la promulgación y publicación de la normatividad reclamada en cita (fojas 121-128 del juicio de amparo). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 65/2000, con registro 191452, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". En otro aspecto, el Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, en su informe de ley, señaló que son ciertos los actos que se le atribuyen (fojas 72-82). Por otro lado, debe puntualizarse que aun cuando las autoridades responsables no realizaron alguna manifestación en relación al acto reclamado que se hizo consistir en la aportación a la Cruz Roja, sin embargo, ese acto debe tenerse por cierto en tanto que la parte quejosa cubrió el pago por ese concepto, como se advierte de los recibos de pago exhibidos en su demanda de amparo. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo se encuentra presenta de manera oportuna. Lo anterior, porque el acto de aplicación de los artículos reclamados, tuvo verificativo el día siete de enero de dos mil veinte, en que el quejoso cubrió el pago de los impuestos por los conceptos de control vehicular, impuesto adicional para la infraestructura, adicional UAZ y cruz roja. Luego, al presentar la demanda de amparo en la oficina de correspondencia de los Juzgados de Distrito en el estado con sede en esta ciudad, el día veintiocho de enero de dos mil veinte; es inconcuso que se encuentra dentro de los quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término corrió del ocho al veintiocho de enero de dos mil veinte, siendo inhábiles los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, al presentar la demanda de amparo el último día de los quince que tenía el impetrante de amparo, es inconcuso que la misma se encuentra presentada de manera oportuna. QUINTO. Análisis relativo a la improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, respecto del acto que se hizo consistir en la negativa de aplicar los estímulos fiscales conforme al artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, en un primer momento, reconoció la existencia del acto atribuido consistente en la negativa de aplicar los estímulos fiscales conforme al artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. A su vez, en un segundo aspecto, relató que era cierto que el siete de enero de dos mil veinte, el quejoso acudió a dicha Secretaria a realizar el pago de sus contribuciones para el ejercicio fiscal dos mil veinte, erogando los conceptos de control vehicular, Impuesto Adicional para la Infraestructura, Universidad Autónoma de Zacatecas y Cruz Roja, como se apreciaba del recibo con folio 661.4098.2020 0512. Sin embargo, el pago que realizó la parte quejosa, se le reintegró el doce de febrero de dos mil veinte, tal y como se demostró con el documento mercantil que ampara dicho pago (cheque número 0000283 a la orden de Carmen Guadalupe Jiménez Hernández, por la cantidad total de $2,108.00 (Dos mil ciento ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). Ante ello, se advierte han cesado los efectos del acto reclamado. Como se dijo, el peticionario del amparo, entre otros actos, reclama la negativa de aplicar los estímulos fiscales conforme al artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Acto negativo que fue solventado por la autoridad responsable, tal y como se aprecia de la documental que se exhibió como anexo de su informe justificado, consistente en copia fotostática certificada del cheque número 0000283, emitido por Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretaria de Finanzas, a favor de la quejosa Carmen Guadalupe Jiménez Hernández, por la suma de $2,108.00 (Dos mil ciento ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde al pago realizado por los conceptos de control vehicular, Impuesto Adicional para la Infraestructura, Universidad Autónoma de Zacatecas y Cruz Roja. Documental de la que, además se desprende fue recibido en forma personal por la aquí quejosa el doce de febrero del año en curso, obrando en su parte final, una firma ilegible que coincide en sus rasgos con la que asentó en la demanda de amparo que presentó el veintiocho de enero de dos mil veinte (foja 85). De igual forma, la citada responsable, remitió copia fotostática certificada, del memorándum número 0240, signado por el Procurador Fiscal de la Secretaria de Finanzas y dirigido al director de Ingresos de dicha dependencia, en el que solicitó lo siguiente: "Por este conducto, solicito de su valiosa colaboración para efectos de que se emita (01) un título de crédito (cheque), a favor de CARMEN GUADALUPE JIMENEZ HERNANDEZ, por la cantidad de $2,108.00 (Dos mil ciento ocho pesos 00/100 M.N.), documento mercantil que ampara el pago por conceptos de Derechos de control Vehicular, Impuesto Adicional a la Infraestructura e Impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas, el cual fueron cobrados al contribuyente en mención en fecha 07 de enero del presente año de forma indebida, ya que se encuentra en protección de la Justicia Federal por el impuesto antes mencionado. Lo anterior informado a usted para realizar la afectación correspondiente, en la relación anexa al memorándum número 0031 de fecha 07 de enero del 2020. Lo anterior derivado del juicio de amparo marcado con el número 180/2018 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, promovido por la C. CARMEN GUADALUPE JIMENEZ HERNANDEZ. Los conceptos y cantidades del total del título de crédito solicitado se describen en la relación anexa. No omito señalarle, que es de suma importancia se emita a la brevedad posible, ya que se acordó con el contribuyente devolver la cantidad cobrada indebidamente, esto para que evitar que el quejoso promueva una denuncia de repetición del acto reclamado ante el Juzgado Primero de Distrito." Constancias con valor pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, así como por la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De la primera documental, se aprecia que en doce de febrero de dos mil veinte, es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (lo cual aconteció en veintiocho de enero de dos mil veinte), la responsable ejecutora Secretaria de Finanzas del gobierno del estado de Zacatecas, a través del cheque número 0000283, emitido por Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretaria de Finanzas, a favor de la quejosa Carmen Guadalupe Jiménez Hernández, por la suma de $2,108.00 (Dos mil ciento ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), le devolvió la totalidad de lo pagado por los conceptos de control vehicular, Impuesto Adicional para la Infraestructura, Universidad Autónoma de Zacatecas y Cruz Roja, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veinte, según se aprecia del recibo oficial folio 661.4098.2020 0512 A su vez, de la segunda documental, se logra apreciar en esencia, que la autoridad responsable advirtió que de manera indebida se cobró a la parte quejosa la cantidad de $2,108.00 (Dos mil ciento ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), por los conceptos de control vehicular, Impuesto Adicional para la Infraestructura, Universidad Autónoma de Zacatecas y Cruz Roja, derivado de que se le otorgó el amparo y protección de la justicia federal en el juicio de amparo número 180/2018 del índice de este Juzgado de Distrito. Circunstancias que de manera evidente demuestran que han cesado los efectos del acto reclamado, pues se le restituyó a la quejosa, en el goce de los derechos vulnerados. Todo lo cual permite concluir que se ha destruido en forma total la afectación que se podría generar a la amparista con la negativa reclamada, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Corrobora lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado, acorde a los motivos ya expresados, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Dicho sobreseimiento se hace extensivo en relación a los actos reclamados al Congreso y el Gobernador Constitucional, ambos del estado de Zacatecas consistentes en la aprobación y expedición del decreto legislativo número 303, publicado en el Periódico Oficial el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico los numerales 12, 18 y 24, toda vez que su análisis no puede desvincularse, pues el acto de aplicación del artículo en cita es precisamente lo que le da la oportunidad a la parte quejosa para combatir la ley en comento de forma heteroaplicativa. Sirve de apoyo a lo antes precisado la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Entonces, al sobrevenir la causal de improcedencia analizada, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación argumentados por la parte quejosa en cuanto al acto reclamado ya establecido. Tiene aplicación, la Jurisprudencia (Común), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carmen Guadalupe Jiménez Hernández, por propio derecho, contra los actos y autoridades, que fueron precisadas en el considerando segundo, acorde a los motivos y fundamentos en el último considerando. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza, el día de hoy veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. L'JMZG

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