Carmen Gongora Arcia

Expediente 675/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
675/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Carmen Gongora Arcia
  • Procurador General del Consumidor

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), colóquese la etiqueta correspondiente en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se desechó la demanda, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto aunado a que se concedió la suspensión de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Debido a que la parte tercero interesada no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: "Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual devuelve el juicio de amparo ********** del índice de este órgano jurisdiccional y remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión penal ********** de su índice, de la que se advierte que ese Tribunal revocó la sentencia dictada en este asunto y ordenó reponer el procedimiento para los efectos ahí precisados. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes remitiendoles copia de la ejecutoria de mérito, realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), acúsese el recibo de estilo solicitado por la Superioridad y agréguense del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la revisión únicamente las actuaciones posteriores a su interposición. Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria de revisión, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo, por lo que quedan sin efecto la audiencia constitucional y sentencia relativa; en consecuencia, se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo nuevamente la audiencia constitucional, la cual se fija de manera discrecional, atento a las cargas de trabajo de este Juzgado y la disponibilidad de fechas en la agenda respectiva, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo. Asimismo, atento a lo ordenado por la Superioridad, se reconoce el carácter de terceros interesados a ********** y **********, en términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo y en virtud que no se cuenta con sus domicilios, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Fiscal Cuarta adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, legalmente computado, informe el domicilio actual de los terceros interesados mencionados; con el apercibimiento que, de no cumplir, podrá hacerse acreedora a una multa por el valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese."

  3. Principal

    Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el auto de quince de julio de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Procurador Federal del Consumidor y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 675/2019 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano DESECHAMIENTO En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 73, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 61, fracción XXIII y 73, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda." (.) En relación con ello, el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. (.)" De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, se obtiene el principio de relatividad rector del dictado de las sentencias en el juicio de amparo, conforme con el cual la resolución que se pronuncie en el juicio constitucional no puede tener efectos generales, sino que sólo se ocupará de los individuos que lo hubiesen solicitado limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Esto es, la sentencia que en su caso llegara a emitirse otorgando el amparo solicitado, se limitará a proteger a la parte quejosa que haya promovido el juicio, no así a personas ajenas a éste, circunscribiéndose la declaración de inconstitucionalidad del acto o norma general al caso concreto, de manera que una sentencia concesoria del amparo sólo tiene efectos para quien instó la acción constitucional (principio de relatividad) y no de manera general. Lo anterior, se robustece con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Acorde con el artículo transcrito, la concesión del amparo implica la restitución al quejoso del derecho infringido, o tratándose de un acto de carácter negativo que se obligue a la autoridad responsable a respetar el derecho que se trate, de manera que esos efectos siempre serán de forma particular, es decir, en relación con quien instó la acción constitucional, pues de lo contrario se darían a la sentencia efectos generales que podrían afectar o beneficiar a otros sujetos que no instaron la acción constitucional. Por ende, si un órgano jurisdiccional se percata que la sentencia protectora que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto, esto es, generales, debe estimar improcedente el juicio bi-instancial, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción II, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría una transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. Así, la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse del quejoso que lo haya solicitado y debe limitarse al caso particular en que verse la controversia; esto es, no es posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto actual del artículo 107, fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. HECHOS Los actos reclamados materia de estudio en este juicio, consisten en: Los oficios Circular **** y**** suscritos por el Director de Delegaciones y el Procurador Federal del Consumidor, en los cuales se determina la desaparición de la Subdelegación Xalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor. En relación con ello, de los antecedentes que la promovente narra bajo protesta de decir verdad y anexos que acompañan a la demanda, se observa que existe radicado el expediente **** del índice de la Subdelegación Xalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el cual la aquí quejosa es parte. Asimismo, la promovente aduce, en esencia, que el cierre de la Subdelegación Xalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor, la deja en estado de indefensión, al no poder acceder a la justicia de protección al consumidor. CONCLUSIÓN Atento a lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que de adoptarse una decisión de inconstitucionalidad de los oficios reclamados, las consecuencias de invalidarlos afectarían a las partes que intervienen en los asuntos que se tramitan o tramitaban en la Subdelegación Xalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues la eventual concesión del amparo implicaría retrotraer los efectos de lo ordenado por el Procurador Federal del Consumidor, lo que evidentemente incluiría también a sujetos distintos de la quejosa, en concreto, como se dijo, a todos aquellos que tenían asuntos tramitados en la referida Subdelegación. En ese sentido, al desincorporar los oficios reclamados de la esfera jurídica de la quejosa, se crearía una situación general contraria a la naturaleza del juicio de amparo, cuyo objeto es la restitución en el goce del derecho violado, en virtud que se afectaría o bien se beneficiaría a todos los demás individuos; esto es, tendría efectos generales erga omnes, lo cual provoca la improcedencia del juicio. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2000583 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 35/2012 (10a.) Página: 1059 "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." Época: Décima Época Registro: 2000584 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2012 (10a.) Página: 1060 "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." Máxime que en el caso, la quejosa acude a promover amparo por derecho propio, invocando al efecto únicamente un interés jurídico, derivado de la tramitación del expediente que existe radicado en la Subdelegación Xalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el que es parte. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 73, párrafo primero ambos de la Ley de Amparo y el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA LA DEMANDA origen de este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la quejosa donde oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, debido a que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de el Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

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