CARMEN EUGENIA BETANCUR CANO y Otros.

Expediente 1131/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1131/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • CARMEN EUGENIA BETANCUR CANO y Otros.
  • Cristian James Palacios Mena

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida , transcurrió, del cuatro al diez de enero del año en curso, sin que hubiere realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro electrónico y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Además, se hace notar que la versión electrónica del presente juicio coincide en su totalidad con el expediente impreso, como se desprende de la certificación de cuenta. Hágase del conocimiento de las partes que el presente asunto, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y numeral 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse demanda de garantías, auto que concedió la suspensión de plano, aquél que tuvo por no presentada la demanda y el presente proveído, en virtud de que, si bien se dictó acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano y de oficio.

  2. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE EL PLAZO CONCEDIDO A LOS QUEJOSOS ****, PARA QUE DIERAN CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS QUE LE FUERON FORMULADOS MEDIANTE PROVEÍDO DE CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, TRANSCURRIÓ, DEL VEINTIDÓS AL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SIN QUE HUBIERA DADO CUMPLIMIENTO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. B

  3. Principal

    EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio 62616/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y anexo que acompaña, mediante el cual remite diversas constancias del juicio de amparo 1780/2022, promovido por Fernando Romero Malpica Aguilar, en representación de los directos quejosos CARMEN EUGENIA BETANCUR CANO, CRISTIAN CAMILO PADILLA GAVIRIA, CRISTIAN JAMES PALACIOS MENA, JOAN CAMILO TORRES PULIDO, JEAN GLAUD ALEXIS RESTREPO GONZÁLEZ, CRISTO HUMBERTO PÁEZ RAMÍREZ, JUAN DE DIOS CASTAÑEDA NOVOA, DORIS RAQUEL CASTAÑEDA GARCÍA, de nacionalidad colombiana, así como ABRAHAM BERTO GONZÁLEZ PÉREZ, ANNABEL ROBAINA HERNÁNDEZ, MAIVYS CAMPOS PÉREZ y GUILLERMO MASÓ RODRÍGUEZ, de nacionalidad cubana, toda vez que la titular de ese órgano jurisdiccional se declaró incompetente, por razón de materia, para seguir conociendo del citado controvertido, por lo que respecta a la deportación, "detención" y "privación de la libertad" reclamados. En tales condiciones, acorde con las consideraciones que se expondrán más adelante, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional acepta la competencia planteada, únicamente por la deportación señalada. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico de este juzgado bajo el número 1131/2022-III. Ahora, como se estableció, este órgano de control constitucional, no acepta la competencia planteada en relación con la "detención" y "privación de la libertad"; ello es así, dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la demanda de amparo debe interpretarse en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Establecido lo anterior, del contenido de la demanda se aprecia que el promovente de amparo, al relatar los antecedentes de los actos reclamados, aseveró, bajo protesta de decir verdad, que el diez de noviembre del año en curso, recibió una llamada telefónica de "una amiga" de los directos quejosos, quien le comentó que estos últimos fueron "detenidos" por agentes del Instituto Nacional de Migración y trasladados, contra de su voluntad, a la Estación Migratoria de la Ciudad de México, donde permanecían "detenidos". Asimismo, de las constancias remitidas, se advierte que los quejosos obtuvieron su libertad entre el trece y dieciséis del mes pasado, en cumplimiento a las diversas suspensión de plano concedidas por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, así como por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en los autos de los juicios 1363/2022 y 1765/2022, respectivamente. Así, si bien es cierto que la "detención" y "privación de la libertad" corresponden a figuras inherentes a la materia penal, debe tenerse presente que, conforme a los hechos relatados en la demanda, la restricción de la libertad personal de los quejosos se hace derivar de la presentación y alojamiento en la Estación Migratoria de la Ciudad de México. Bajo este contexto, también debe considerarse lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 353/2021, en que determinó que la orden de presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, es un acto de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por lo que no es un acto restrictivo de la libertad personal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por lo que, acorde con los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 57 de la vigente, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 119/2022 (11a.), que también sirvió de sustento a la autoridad declinante, publicada el once de noviembre del año en curso, en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. --- Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones divergentes al establecer la competencia de un Juez de Distrito, por razón de materia, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de presentación y/o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria. Por un lado, un bloque determinó que cuando se reclama ese acto, al ser restrictivo de la libertad personal, la competencia se surte en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal; mientras que el otro estimó que tal acto es materialmente administrativo, no de carácter penal y, por tanto, corresponde conocer del mismo a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. --- Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la orden de presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, es un acto de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por lo que no es un acto restrictivo de la libertad personal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por lo que, acorde con los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 57 de la vigente, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. --- Justificación: La orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal, dictada en el procedimiento administrativo migratorio con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación, a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración, es emitida por la autoridad correspondiente del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Éste tiene por objeto la ejecución, el control y la supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. Por tanto, si la orden de presentación es la medida dictada por dicho Instituto en la que se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia en el país, su naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues no obstante que puede restringir la libertad personal de la persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el propósito o la finalidad perseguida es el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. De ahí, que de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no tenga las medidas adecuadas, pues dicha medida no se trata de una sanción de carácter punitivo". Por lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia planteada respecto de la "detención" y "privación de la libertad", de lo cual debe hacerse del conocimiento del juez declinante para los efectos legales conducentes. En otro aspecto, a efecto de proveer lo conducente respecto de la deportación reclamada y tomando en consideración que los directos quejosos, como se indicó, egresaron de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, en las fechas señaladas, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiéraseles por conducto del promovente Fernando Romero Malpica Aguilar, para que dentro del plazo de tres días, comparezcan en el local de este juzgado con identificación oficial vigente, a efecto de que manifiesten su voluntad de ratificar o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Asimismo, requiérase a los quejosos de referencia para que dentro del mismo plazo manifiesten si desean señalar como autorizado al promovente del presente juicio. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente de que se trata bajo el nombre de usuario "FernandoRomeroMalpica". Por otro lado, respecto a la solicitud de que se le notifique de forma electrónica, todo tipo de resolución que se dicte en el presente expediente, de forma electrónica; en tal virtud, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: [.] II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, y". Se faculta al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para que notifique a la parte quejosa vía electrónica, las determinaciones que se dicten en el presente juicio de amparo. Lo anterior, no obstante que la parte quejosa, también señale un domicilio físico para oír y recibir notificaciones, sin embargo, se tiene únicamente el portal de servicios en línea para oír y recibir notificaciones. Así, únicamente hágase constar el señalamiento de un domicilio físico por parte del promovente, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito, en días y horas inhábiles a realizar las notificaciones personales que surjan en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta para firmar los oficios que se generen en el presente asunto. Notifíquese y vía electrónica al promovente Fernando Romero Malpica Aguilar. HUGO

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