Carmen Esteban Sánchez Segura
Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carmen Esteban Sánchez Segura
- Carmen Esteban Sánchez Segura y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, que remite vía interconexión el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 33/2021-5, con orden 164/2021, deducido del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.Así lo acordó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante la Secretaria Marseye Sánchez Bautista, quien autoriza y da fe.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Carmen Esteban Sánchez Segura; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. De igual manera, dése cuenta en el cuaderno de sigilo derivado del juicio en que se actúa. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Juez de Control de la Región Judicial Cinco, con residencia en Paraíso, Tabasco, un disco en formato DVD de audio y video, derivado de la carpeta administrativa 42/2019, de su índice estadístico, el que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, punto 2, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional, y se negó la definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 248/2021-5, promovido por Carmen Esteban Sánchez Segura. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Juez de Control, consistentes en el acta mínima de audiencia privada de veintinueve de diciembre de dos mil veinte (fojas 26 y 27) y un disco versátil digital DVD, que contiene el audio y video de la audiencia en mención, seguida en contra de Carmen Esteban Sánchez Segura. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 248/2021-5, promovido por Carmen Esteban Sánchez Segura, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, con el cual remitió los autos del juicio de amparo 1116/2020-IV-A y recibido a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, Carmen Esteban Sánchez Segura, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "La ilegal Orden de aprehensión, detención y privación de mi libertad emitida por el Juez de Control y Oralidad de la región 5 con sede en el municipio de Paraíso, Tabasco, sin que exista una causa penal en mi contra en la cual haya sido citado." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Cinco, de Paraíso, Tabasco. 2 Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. SEGUNDO. JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, RECIBE DEMANDA Y SE DECLARA INCOMPETENTE. El quince de diciembre de dos mil veinte, se recibió la demanda de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, misma que fue radicada el dieciséis de ese mismo mes y año, y mediante auto de once de marzo de dos mil veintiuno, dicho juzgado se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del asunto por existir conocimiento previo por parte de este juzgado Tercero de Distrito. TERCERO. SE ACEPTA COMPETENCIA Y SE ADMITE LA DEMANDA. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio y anexos del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, por lo que este juzgado aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el número de expediente 248/2021-5; no se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, en virtud de que estos ya obraban agregados en autos; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Por auto de doce de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento del Fiscal del Ministerio Público del Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco (foja 85), asimismo, se giró exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, a efecto de emplazar a la tercero interesada menor de edad de identidad reservada de iniciales A. I. C. S., así como a la madre de ésta que legalmente la representa. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La orden de aprehensión emitida en su contra y su ejecución. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Cinco con sede en el municipio de Paraíso, Tabasco (foja 24), pues así se advierte del contenido íntegro de su informe justificado. A efecto de evidenciar su constitucionalidad, adjuntó copia certificada del acta mínima de audiencia de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, relativa a la carpeta administrativa 432/2019 y un disco versátil digital (DVD) que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, y en el cual se observa la audiencia citada, a los que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."3 En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia4 del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, la autoridad responsable Jefe de Grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco (foja 38), negó el acto reclamado; sin embargo, la negativa se desvirtúa toda vez que dicha autoridad le resulta el carácter de autoridad ejecutora y que en cualquier momento podría recibir el mandato por parte de la autoridad ordenadora. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 625 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. Esta juzgadora no pasa por alto que quien promueve el presente juicio de amparo lo es el quejoso Carmen Esteban Sánchez Segura, y la orden de aprehensión que aquí se estudia fue librada en contra de Carmen Sánchez Segura, pues se trata de la misma persona dado que ésta estableció en su demanda de amparo tener como domicilio conocido en la colonia Pénjamo del Poblado Chiltepec, en el municipio de Paraíso, Tabasco, el cual es el mismo domicilio en donde ocurrieron los hechos delictivos, motivo por el cual no opera la causa de improcedencia que atiende al principio de instancia de parte agraviada. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL RESPECTO AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad dado que esta juzgador procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado. Es aplicable la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN"6. Ahora, el análisis del asunto que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de una orden de aprehensión, donde ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a los antecedentes y datos expuestos por la agente del Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión y los que fueron ponderados por el Juez responsable, en razón de que el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que el Ministerio Público puede solicitar el libramiento de orden de aprehensión del imputado, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en el que expondrá ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión y, en el caso, esto último fue en forma oral, dentro de audiencia privada con el juez responsable. Por lo que la orden de aprehensión reclamada debe estudiarse únicamente con base en las cuestiones expuestas por la representación social al solicitar tal medida, sin que haya lugar a introducir nuevos temas al respecto. Una vez precisado lo anterior, cabe destacar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, dice: "Artículo. 16. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De la interpretación literal del precepto constitucional trascrito se arriba a la conclusión de que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, con el propósito primordial de que el justiciable conozca "el para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en dar a conocer en detalle y de manera completa la esencia de las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, para otorgarle la posibilidad de defenderse en contra de dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia7 siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En consecuencia, deberá examinarse en el caso a estudio, si se cumplen tales exigencias constitucionales. El numeral 16 de nuestra Carta Magna, impone la obligación de estudiar y analizar si un acto de molestia de autoridad, que se reclame en amparo, contiene o no la motivación que exige el numeral transcrito. Lo que es así en razón de que, para que una determinación de autoridad colme la obligación constitucional en cita, es menester que quien emita el acto plasme en la misma los conceptos en los cuales, a su juicio, se sustenta la concordancia entre la situación jurídica individualizada y la abstracción normativa que le sirvió de fundamento. Sin embargo, no debe caerse en el equívoco de que basta con vaciar ciertas consideraciones para cumplir con la garantía fundamental de motivación, ya que argumentar no equivale a motivar; para que esto último suceda, es indispensable que lo discurrido por la autoridad ponga de manifiesto la congruencia existente entre el caso particular y el supuesto contemplado en la ley aplicada, lo cual requiere, ineludiblemente, razonamientos claros, precisos y directos, tanto para hacer posible la defensa del afectado como el estudio de la resolución. Lo considerado tiene sustento, por identidad de razón, en la tesis XX.102 K8, que se lee: "MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa." En relación con la orden de aprehensión, los artículos 141, 142 y 143 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, en su orden, disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I.Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II.Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III.Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De las trascripciones que anteceden, se colige que para el dictado de una orden de aprehensión deben cumplirse como requisitos de forma y fondo, los siguientes: a). Se emita por una autoridad judicial competente. b). Exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. c). Se sancione con pena privativa de la libertad. d) Existan de datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señale como delito y, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (requisitos de fondo). e) El Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Hasta aquí el marco referencial. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por la Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente juicio constitucional y lo resuelto por la Juez de Control al respecto, se llega a la conclusión de que la orden de aprehensión reclamada, sí reúne los requisitos previstos por el artículo 16 de la Constitución Federal. En el caso a estudio, el primero de los requisitos se acredita, al advertirse de autos que la orden de aprehensión combatida proviene de autoridad judicial competente, como es la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, pues se emitió por un delito cometido intencionalmente, ya que en términos del numeral 20, fracción I9, del Código de Nacional de Procedimientos Penales, los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo de la Judicatura. Asimismo, resulta competente la juez responsable por versar sobre hechos ocurridos en el municipio de Paraíso, Tabasco, en la colonia Penjamo de Chiltepec, de Paraíso, Tabasco, en donde ejerce jurisdicción territorial de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica Judicial del Estado de Tabasco, máxime que este juzgado advierte que se actualiza dicha competencia. El segundo de los elementos se justificó con la denuncia presentada por Claudia Gabriel Segura Ramírez, madre de la víctima menor de edad de identidad reservada de iniciales A.I.C.S.; hechos que de acuerdo con su mecánica y particulares circunstancias, la juez de control ubicó en la hipótesis prevista en el artículo 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco, hecho que la ley señale como delito; además esa conducta delictiva por la que se ejerció la acción persecutora, se persigue de oficio. El tercero de los requisitos enlistados se cumple también, en razón que la juez responsable, el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, libró orden de aprehensión contra el quejoso respecto del delito de pederastia, previsto por el artículo 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco, le corresponde pena privativa de libertad de diez a quince años. En cuanto al cuarto requisito que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, consistente en que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como al quinto requisito enumerado, relativo a que el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela; ameritan estudio aparte, sin embargo, se adelanta que se justifican dichos requisitos, en razón de que esta Juzgadora Federal los encuentra debidamente fundados y motivados, como a continuación se verá. En el caso, el ilícito que se imputa al quejoso es el de pederastia, previsto por el artículo 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco, el cual tiene la siguiente descripción típica: "Articulo 328. A quien, sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral de un objeto, ejecute o haga ejecutar un acto erótico sexual a un menor de catorce años, se le impondrán de diez a quince años de prisión y de mil a mil quinientos días multa." Ese hecho que la ley señala como el delito de pederastia, se materializa cuando una persona, sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral de un objeto, ejecute o haga ejecutar un acto erótico sexual a un menor de catorce años. En la especie, se conviene con la juez de control al librar la orden de aprehensión, pues el agente del Ministerio Público le expuso los datos suficientes que establecen que se cometió ese hecho y que existe la probabilidad de que el imputado quejoso participó en su comisión, como se justifica enseguida. Se cuenta con los siguientes datos de prueba: 1). Denuncia ministerial por comparecencia de dos de mayo de dos mil diecinueve, por Claudia Gabriela Segura Ramírez (madre de la víctima), quien denunció a Carmen Esteban Sánchez Segura; quien, en relación a los hechos denunciados manifestó que es madre de la menor víctima de identidad reservada de iniciales A. I. C. S., que así lo demuestra precisamente con el documento que aporta al momento de hacer su denuncia y que es el relacionado con el acta de nacimiento de dicha menor, que refiere pues es un documento público, expedido en Ciudad del Carmen, Campeche, ese lugar es donde ellos tienen su domicilio, y menciona que por costumbre en semana santa ella llega a visitar a su hermana que vive en el municipio de Paraíso, Tabasco, en la colonia Penjamo de Chiltepec, de Paraíso, Tabasco, y llega en compañía de sus hijos siempre en la semana santa, por tal motivo es que se encontraba en esa fecha en la que ocurren los eventos en el domicilio precisamente de su hermana, señala que el quince de abril de dos mil diecinueve, aproximadamente a las diecisiete horas, ella estaba en casa de su hermana con su hija la hoy víctima quien le pidió permiso para ir a la cancha deportiva de la misma comunidad, se fue caminando sola, ya refiere que en esa narrativa que ella hace, le es informado por supuesto por su hija que cuando ella iba caminando se le emparejó la camioneta blanca doble cabina que vio que en su interior iba precisamente el señor Carmen Sánchez Segura, y refiere que era esa persona porque resulta ser familiar de la víctima, esta persona se ofreció a darle el raite hasta la cancha, ella se sube pero que le refirió su hija que su tío no se detuvo exactamente en la cancha si no que se fue de largo a un lugar solitario a la orilla de la carretera en donde se detuvo más adelante y vio que le puso seguros a la puerta ya estando en el interior del vehículo no habían bajado del mismo y le acaricio sus senos, le dijo que no se preocupara que no iba a pasar nada, que no tuviera miedo, que también le tocó su vagina y que después de todos estos tocamientos que le hizo su tío pues la regreso al lugar en donde originalmente iba la menor víctima que era en la cancha deportiva, pero antes de bajar la amenazó que no dijera nada porque de lo contrario las consecuencias que iba a sufrir tanto ella como su mamá o el resto de su familia. El segundo hecho refiere la denunciante de acuerdo con la narrativa que recibe por parte de la propia víctima, que ocurre el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, este hecho aproximadamente entre las diecisiete treinta horas y las dieciocho horas de ese día y señala la denunciante que ella estaba nuevamente en la casa de su hermana, que ahí estaban de vacaciones y le solicitó a su hija que fuera a la tienda por un refresco, pero que la tienda está cercana al domicilio de su hermana, que salió la víctima, y la denunciante señala que a los pocos minutos escuchó que había una discusión frente al domicilio de su hermana, que vio a su hermana que estaba discutiendo precisamente con el investigado, el señor Carmen Sánchez Segura, que ella se acercó, preguntó a su hermana que era lo que estaba sucediendo y esta le dijo que había visto a la hija de la denunciante bajar de la camioneta precisamente de Carmen, vio que era él, porque incluso pasó frente a ella y vio que su hija estaba llorando, le preguntó y le dijo que su tío Carmen la había tocado otra vez, le dijo que había ido a comprar un refresco a la tienda y su tío la había interceptado en el camino, le dijo que se subiera a la camioneta donde la encerró y le tocó los senos, le tocó la vagina, le tocó sus piernas, le decía también que era muy bonita que ya estaba grandecita, y que esto fue lo que le informó en ese momento directamente su hermana Ana Patricia. 2). Entrevista realizada a la menor de identidad reservada de iniciales A.I.C.S., de dos de mayo de dos mil diecinueve, en donde estando debidamente acompañada de una psicóloga victimal y de su madre, y el asesor jurídico respectivo, ella menciona que tiene once años, que tiene su domicilio en Ciudad de Carmen, Campeche, que debido a periodos vacacionales como son la semana santa ella llega al domicilio de su tía, que está ubicado en la colonia de Chiltepec de la Colonia Pénjamo de Paraíso, Tabasco, y que específicamente el día quince de abril de dos mil diecinueve, cuando eran aproximadamente las diecisiete horas con treinta minutos ella estaba en casa de su tía, y le pidió permiso a su mamá para ir a la cancha deportiva de esa misma colonia Penjamo de Chiltepec de Paraíso, Tabasco, que obtuvo el permiso, se fue caminando y se le empareja durante su camino una camioneta color blanca, que refiere era conducida por Carmen Sánchez Segura, que le preguntó dónde iba, que ella le dijo que iba a la deportiva, él le dijo que le iba a dar el raite, que ella aceptó, se subió y al llegar a la deportiva la persona que la llevaba se pasó de largo y se fue a un lugar solitario a la orilla de la carretera, que ahí su tío le puso seguros a la camioneta, le decía que era una muchacha, que estaba bonita, que ya estaba grandecita, y le empieza a tocar sus senos, sus piernas, así como también su área vaginal, que le dijo que no le dijera nada de lo que estaba ocurriendo a su mamá, ya que si lo hacía mataría tanto a ella como a los miembros de su familia. En una segunda ocasión refiere la víctima, que el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, aproximadamente entre las diecisiete horas con treinta minutos y dieciocho horas estaba en el domicilio de su tía Ana Patricia, que ahí estaba con su mamá, quien le pidió que fuera a la tienda por un refresco, al salir, también en el camino a la tienda se le empareja la misma camioneta que era conducida por el investigado Carmen Sánchez Segura, el cual conoce porque resulta ser su tío, que esta persona bajó el cristal y desde adentro de la camioneta le enseñaba el celular con unas figuras que había en el celular, y le decía si las conocía, que si sabía que era ese animalito, que ella le dijo que no, luego le dice el investigado que se subiera a la camioneta y ella se niega a subirse, y Carmen Sánchez Segura le dice que se suba que de lo contrario la va a matar a ella o a cualquier miembro de su familia, ante el temor ella accede a subirse, en el momento en que ella se sube le pone seguros a la camioneta, le dice las mismas palabras que ella estaba muy bonita, que era hermosa, que ya era una mujercita, y refiere que su tío en ese momento le empieza a tocar los senos como las piernas y su vagina, y le dijo que eso era algo normal y común entre los seres humanos, ella lloraba, y en un descuido refiere que le quita el seguro a la camioneta, logra bajarse y sale corriendo con dirección hacia su domicilio en donde refiere que se encontró a la orilla de la carretera a su tía, precisamente a la señora Ana Patricia, y le platicó lo que le había hecho su tío. 3. Entrevista realizada a Ana Patricia Segura Ramírez, por el policía de investigación Carlos Alcudia Castellanos, el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en donde ella señala que congruente con la denuncia que hace la señora Claudia Gabriela Segura Ramírez, menciona que es hermana de la denunciante y tía de la víctima, que su domicilio se encuentra ubicado en la colonia Penjamo de Chiltepec de Paraíso, Tabasco, y que su hermana Claudia llega a su domicilio de vacaciones cada año, y lo hace precisamente en el periodo vacacional de semana santa, porque su hermana vive en Ciudad del Carmen, y que el día veintisiete de abril aproximadamente entre las diecisiete treinta y dieciocho horas ella estaba en su casa cuando su sobrina salió a la tienda y que al poco tiempo ella también salió a su corredor cuando vio a su sobrina que bajaba de una camioneta y se dio cuenta que era el investigado Carmen Sánchez Segura, quien iba a bordo de la camioneta, y que ella vio que su sobrina estaba llorando, que la cuestionó y es así como ella tuvo conocimiento de todo lo que le había pasado a su sobrina porque ella le hace la relatoría de los hechos que le habían ocurrido. 4. Inspección ocular realizada por el policía de investigación Nicolás Hernández Hernández, de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en cuanto a las circunstancias del lugar en donde ocurre el evento, se realizó por parte de los elementos de la Policía de Investigación una inspección ocular en el lugar en donde ocurre uno de los eventos, esto es el acontecido el día quince de abril de dos mil diecinueve, en donde el policía de investigación se hizo acompañar tanto de la víctima y la madre de la víctima; que este ocurrió sobre la carretera Chiltepec pasando por una tienda de abarrotes y un panteón de la colonia Pénjamo de Paraíso, Tabasco, que es una carretea vecinal de asfalto, con dirección hacia las playas de Chiltepec, hay una desviación, dos postes de luz con los números treinta y tres y nueve mil doscientos veinticuatro, y en ese tramo hay una desviación de terracería llena de maleza y de árboles, especificando la policía de investigación que el lugar en donde ocurre este evento con algunas fijaciones fotográficas. 5. Acta de nacimiento a nombre de la víctima de identidad reservada de iniciales A.I.C.S., expedida en Ciudad de Carmen, Campeche, con número de folio A04170921, con número de control 1853, y con fecha de registro veintiocho de septiembre de dos mil siete, en Ciudad del Carmen, Campeche. 6. Dictamen psicológico, realizado a la menor de iniciales A.I.C.S., practicado por la Doctora Claudia de Jesús Vélez, dependiente de la Fiscalía General del Estado, el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en donde de acuerdo con los conocimientos y la experticia que tiene la especialista en psicología, y de acuerdo con los test valorativos que le realizó, pudo determinar que la víctima se encuentra afectada emocionalmente por los hechos que fueron denunciados, encontrando en la menor, inseguridad, timidez, regresión, tensión, sentimientos de culpa, agresión sexual, los cuales son síntomas de una agresión sexual. Datos de prueba que la juez de control valoró conjuntamente de conformidad con el numeral 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los consideró idóneos y suficientes para revelar que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 328 del Código Penal para el Estado de Tabasco; circunstancia con la que para efectos de la orden de aprehensión, esto es, hasta este estadio procesal se encuentran acreditados. Lo anterior es así, tomando en consideración que dichos datos dan cuenta que tanto el quince y veintisiete de abril de dos mil diecinueve, el primero aproximadamente a las quince horas, y el segundo aproximadamente entre las diecisiete treinta y dieciocho horas (circunstancia de tiempo) cuando se encontraba la menor en la colonia Penjamo de Chiltepec, municipio de Paraíso, Tabasco (circunstancia de lugar). Que la víctima de identidad reservada de iniciales A.I.C.S., en el primer momento (quince de abril de dos mil diecinueve) cuando se encontraba de vacaciones por el periodo de semana santa en el domicilio de su tía ubicado en la colonia Penjamo de Chiltepec de Paraíso, Tabasco, aproximadamente a las quince horas cuando salió del domicilio de su tía hacía la cancha deportiva que se encuentra en dicha comunidad, y que al ir caminando fue abordada por una camioneta blanca que conducía el señor Carmen Sánchez Segura, y quien le preguntó a donde iba, a lo que ella le respondió que iba a la unidad deportiva; que el imputado se ofreció a darle el raite, pero que al llegar a la cancha éste siguió conduciendo hasta llegar a un lugar solitario, que ahí le dijo a la menor víctima que ya estaba grandecita, que estaba bonita, que era toda una mujer, y que le empezó a tocar los senos, las piernas y su área vaginal, para posteriormente dejar a la víctima en la unidad deportiva. El segundo evento sucedió el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, aproximadamente entre las diecisiete treinta y dieciocho horas, en el domicilio ubicado en la colonia Penjamo de Chiltepec, municipio de Paraíso, Tabasco, (estando aun de vacaciones en el domicilio de su tía), cuando la madre de la víctima Claudia Gabriela Segura Ramírez, mando a la menor a la tienda a comprar un refresco, y que ésta se fue caminando cuando fue abordada nuevamente por una camioneta blanca que conducía Carmen Sánchez Segura, quien la abordó, y desde el interior de la camioneta le mostró un teléfono celular en donde supuestamente tenía una imagen y le preguntó a la víctima si sabía de qué animalito se trataba, a lo que la menor le respondió que no sabía, por lo que Carmen Sanchez Segura, le pidió que se subiera a la camioneta, pero la menor se negó, por lo que el inculpado le dijo en ese momento que si no se subía la iba a matar a ella, a su mamá o a sus hermanos, por lo que ésta se subió, y una vez que estaba adentro de la camioneta el imputado le puso seguro a la puerta de la camioneta, y nuevamente le volvió a decir que era una niña muy bonita, le acarició los senos, sus piernas y su vagina, y su tío le dijo que eso era algo normal entre los seres humanos, que posteriormente cuando Carmen Sánchez Segura se descuida, logra quitarle el seguro a la puerta de la camioneta, se baja y sale corriendo con dirección al domicilio de su tía Ana Patricia Segura Ramírez (circunstancias de modo). Además, fue correcta la apreciación de la juez instructor al considerar calificada la conducta (hecho que la ley señala como delito de pederastia) analizada, en la medida que, se justifica que el imputado efectúo sin llegar a la copula en la persona de la menor víctima se realizaron actos erótico-sexuales, que la víctima al momento del evento era una persona menor de edad, la cual contaba con la edad de once años; actos erótico-sexuales que consistieron precisamente en los tocamientos que ejecuta el imputado sobre la menor víctima. Así como la valoración psicológica de la menor víctima, de donde se advierte una afectación por los hechos que fueron denunciados y que provocaron en la menor, inseguridad, timidez, regresión, tensión, sentimientos de culpa, agresión sexual, los cuales son síntomas de una agresión sexual. De ahí que se sostenga que la juez de control estuvo en lo correcto al resolver como lo hizo, ya que los datos de prueba relacionados fueron correctamente razonados y concatenados, haciendo un enlace lógico y natural de los acontecimientos derivados de esos datos. Entonces, los datos de prueba reseñados, como lo consideró la juez responsable, son suficientes para establecer que hasta ese estadio procesal posiblemente se cometió un hecho que la ley señala como delito (pederastia). De la misma forma la juez estableció que los mismos datos de prueba hacen patente la posibilidad o probabilidad de que el imputado (aquí quejoso) cometió el hecho que se considera delictuoso, por sí mismo, es decir, como autor material directo a Carmen Sánchez Segura; esto, con el señalamiento que hay en su contra de la madre y de la menor víctima de identidad reservada de iniciales A.I.C.S., quien señala de manera congruente, lógica y siguiendo una secuencia cronológica de la narrativa que hace de los hechos, y explicado de manera correcta como ocurre este evento y quien es la persona que en un primer momento (quince de abril de dos mil diecinueve), y segundo momento (veintisiete de abril de dos mil diecinueve), la aborda cuando, iba a la unidad deportiva, y segundo, cuando se dirigía a la tienda a comprar un refresco, aunado a que la víctima identifica a la persona porque es su tío Carmen Sánchez Segura. Lo que fue corroborado con la manifestación de la testigo Ana Patricia Segura Ramírez, quien fue congruente con los señalamientos de la víctima, porque refiere que Carmen Sánchez Segura es un familiar (tío de la víctima), y vio que la menor se bajó de la camioneta, y al ver que ésta venía llorando la aborda y le pregunta sobre el hecho, y la menor le cuenta quien es la persona que ejecuta sobre ella esos actos erótico-sexuales sobre su persona. Pues además la juzgadora natural acertadamente ubicó la participación del imputado (quejoso) en la hipótesis que señala el numeral 328 del Código Penal de la entidad, dado que la menor señala que es la persona que efectúo sin llegar a la copula en la persona de la menor víctima se realizaron actos erótico- sexuales, que la víctima al momento del evento era una persona menor de edad, la cual contaba con la edad de once años; actos erótico- sexuales que consistieron precisamente en los tocamientos que ejecuta el imputado sobre la menor víctima, quien además fue intimidada. En la misma óptica, se considera correcta la apreciación de la juez responsable cuando determinó que existe la necesidad de cautela en la petición de aprehensión, pues tomó en consideración para ello los argumentos que le expuso el Fiscal del Ministerio Público, quien sostuvo que además de que el hecho que la ley señala como el delito de pederastia amerita prisión preventiva oficiosa, como lo dispone el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal10, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por atentar contra la libertad y sano desarrollo de la personalidad de la víctima. Que la pena que se le puede imponer al imputado en caso de que pueda sometérsele a un proceso podría ser mínimo de diez años, y que todas esas circunstancias influyen en el supuesto de que si se le manda a citar va a estar asistido de su defensor enterado de las posibilidades de que se quedaría privado de su libertad de manera oficiosa con motivo de una medida cautelar e incluso de la sanción que se pudiera llegar a imponer, por lo que, existe la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Es decir, se aprecia que la autoridad responsable sí tomó en cuenta los motivos que le argumentó el fiscal investigador para justificar la medida de la solicitud de aprehensión, con lo cual se cumplió con ese requisito exigido por la ley para la emisión de ese tipo de mandatos; máxime que se advierte que tales argumentos no se apartan de lo dispuesto por el referido dispositivo constitucional para justificar la necesidad de la medida, ni tampoco de la lógica y tienen relación directa con el hecho que la ley define como delito y que se imputa al quejoso. Lo anterior encuentra puntual respaldo en la tesis XXII.P.A.32 P (10a.)11 que se lee: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, NO SE SATISFACE CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDEN CON UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. El artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de que el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, emita una orden de aprehensión contra una persona, cuando exista necesidad de cautela; sin embargo, la motivación de esa necesidad de cautela no se satisface con la circunstancia de que los hechos del caso corresponden con un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello es un supuesto que será materia de una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se vincule, en su caso, a proceso al imputado. De ahí que con 11 Del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada el viernes 24 de agosto de 2018, en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, con registro 2017659. independencia de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa, ese requisito de necesidad de cautela debe justificarse de conformidad con el artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, por ser ésta una de las exigencias más importantes para preferir la orden de aprehensión, frente a otras formas de conducción del imputado al proceso." Así entonces, contrario a lo alegado por el quejoso en sus conceptos de violación en los que refiere que: 1) El quejoso manifiesta que se viola en su perjuicio las garantías tuteladas por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tratan de privarle de su libertad con lo cual le causan un acto de molestia, sin que se le haya seguido un juicio previo en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Estos resultan totalmente infundados, tomando en consideración que esta juzgadora advierte que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se precisó se acataron los requisitos del artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por consiguiente no se advierte vulneración a los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 14. Máxime que en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para librar una orden de aprehensión, no exige que previamente se oiga al imputado en su defensa, al tratarse de un acto de molestia emitido por un juez de control, que sólo restringe de manera provisional la libertad de la persona a la cual se encuentra dirigida. Sirve de apoyo para justificar lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Página 5, Registro 200080, Novena Época, que a la letra indica: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En efecto, una orden de aprehensión sólo se trata de una medida restrictiva de la libertad, para conducir al probable agresor a la audiencia de formulación de imputación, en la que podrá ejercer su garantía de audiencia, es decir, manifestar su versión de los hechos -si así lo estima conducente-; aportar datos de prueba que corroboren su postura; formular los alegatos que considere necesarios; e, incluso, impugnar en la vía ordinaria el fallo que se llegue a dictar, con el propósito de ejercer su derecho a una defensa adecuada. Es decir, la juez de control podía ordenar la aprehensión del imputado quejoso, sin necesidad de que existiera una cita previa, pues en la especie, el fiscal solicitante demostró la necesidad de cautela, es decir, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que el imputado se pudiera evadir de la acción de la justicia y que se le estaría poniendo en alerta, que es un delito grave y que trae aparejada una ejecución de prisión preventiva oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.86 P (10a.)12 que se lee: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." De ahí que al existir medios de prueba que soportan el mandamiento de captura como una forma de conducir al quejoso al proceso con un estándar mínimo de valoración, es por ello que no se conculca el principio de presunción de inocencia, en tanto que será dentro del proceso cuando haga patente su teoría del caso en aras de demostrar su inocencia. Por tanto, la orden de aprehensión reclamada no violenta los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1º de la Constitución, siendo aplicable la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Página 906, Registro 2004747, Décima Época, que señala lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. En la jurisprudencia antes transcrita establece que el principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus prertensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Cabe hacer mención que con la emisión de la resolución reclamada, tampoco se trastocaron los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la porción normativa relativa a que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, puesto que el delito por el que se instruye la investigación penal en contra del aquí quejoso, amerita pena privativa de la libertad; de ahí que fue correcta la emisión de la orden de aprehensión, pues por ese sólo supuesto, como ya se precisó, se evidencia la necesidad de cautela para su actualización. De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por el quejoso cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (orden de aprehensión). De modo tal que en las relatadas circunstancias, la orden de aprehensión reclamada no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine y de presunción de inocencia. Pues se ha dejado en claro que para motivar la orden de captura reclamada no se requieren de pruebas plenas que acrediten la participación de los imputados, sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 Constitucional y que se desprendan datos que evidencien la posibilidad que aquél haya cometido o participado en un hecho que la ley considera como delito. Así se afirma debido a que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que rige en el país, en que la imputación como el proceso se realiza en forma oral a través de las diversas audiencias que ocurren en el mismo, basta los mínimos datos de prueba para ser emitida, por lo que con los datos mencionados en la audiencia privada por la Juez responsable, que constan en la carpeta de investigación son suficientes para obsequiar la orden de aprehensión reclamada. Respalda lo antes mencionado, la tesis XV.3o.3 P (10a.)13, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva." Por ende, el acto reclamado fue dictado por autoridad competente, si bien la audiencia privada se celebró en forma oral de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, también se asentó su registro en forma escrita, en la cual se constata que se encuentra fundada y motivada. En esa tesitura, se considera que la juez responsable acató las formalidades esenciales del procedimiento, respetando con ello el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrado en el artículo 14 constitucional. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."14 En consecuencia, al ser constitucional la orden de aprehensión reclamada, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable ejecutora, ya que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de los vicios de ilegalidad que se atribuyó al acto por el cual se negó el amparo. Sustenta lo expuesto la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero- Junio de 1998, Página 357, Octava Época: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada.". Por último, no se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se ha logrado el emplazamiento de la menor de identidad reservada de iniciales A.I.C.S., representada por Claudia Gabriela Segura Ramírez, tercero interesada en el presente juicio; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la presente sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no le depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro:"TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZA MIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, así como sexto transitorio de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Carmen Esteban Sánchez Segura, en contra de los actos y autoridades responsables precisados en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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