Carmen Edith Ortiz Abarca
Expediente 2217/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2217/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2019
Partes del expediente
- Carmen Edith Ortiz Abarca
Actuaciones
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** en representación de su menor hija M.J.V.O., contra el acto reclamado a la Juez Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por las razones vertidas en el considerando último de este fallo.
- Principal
Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 748/2019, promovido por Ismael del Toro Castro, quien comparece por derecho propio y como Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, lo que acredita con la copia certificada de la constancia expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que exhibe, en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y otra autoridad. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. De igual forma, en términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con las denominaciones que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia incidental, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Consideraciones respecto de las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que en su caso tengan el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe previo, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Solicitud de informe previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia de la demanda de derechos fundamentales, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la prueba documental exhibida con la demanda de amparo, que en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó agregar, previo cotejo y certificación del secretario de juzgado, de aquella presentada en copia certificada, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia incidental. Fijación de los actos reclamados y efectos de la suspensión. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita, por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo, se aprecia que señala como tal: El acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral 337/2010-E1, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el que se ordenó la suspensión del aquí quejoso, por quince días sin goce de sueldo, en el cargo que ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco. Asimismo, se aprecia que solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que ".en lo sucesivo no se aplique o trate de aplicar lo dispuesto por el auto reclamado al inobservar preceptos constitucionales al tratarse de actos que de ejecutarse serían de imposible reparación y que atentan directamente contra los derechos humanos del suscrito.". En consecuencia, toda vez que expresa los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Determinación sobre la suspensión. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X, del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón de lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Ahora bien, este Juzgado de Distrito, procede al estudio de la suspensión en cuanto a los efectos del acto reclamado, en el entendido de que se puede conceder para efectos y consecuencia distintas a las propuestas por el quejoso, pero no por actos no reclamados en la demanda de amparo. Sirve de fundamento para ello, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2019200 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". Bajo esas condiciones, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado, toda vez que se cumplen con los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo; no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues el acto cuestionado acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, no se ubica en ninguno de los supuestos establecidos en el ordinal 129 de la ley de la materia, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal. Al efecto, se precisa que el interés suspensional se encuentra presuntivamente acreditado con las manifestaciones ínsitas en la demanda bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que la parte quejosa es destinataria de la suspensión de cargo reclamada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción número 5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce del Tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del rubro y texto siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Efectos de la medida. Así pues, se concede la medida cautelar de mérito, para el efecto de que pudiéndose continuar con el procedimiento de suspensión de cargo instaurado contra la parte quejosa, derivado del auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en los autos del juicio laboral 337/2010-E1, no se resuelva en definitiva por parte del Congreso del Estado de Jalisco. Ello, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Condiciones de efectividad. La suspensión surte efectos desde luego, siempre y cuando no se hubiera ejecutado el acto reclamado en su integridad, o bien, si deriva de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, esto es, diverso auto o juicio natural. Tampoco la presente medida cautelar tiene efectos restitutorios, motivo por el cual en caso de que los actos se hubiesen consumado la suspensión otorgada no surtirá efectos legales. Garantía de efectividad. Cabe precisar que no procede fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida, en razón de que la parte quejosa pertenece a una persona moral oficial que, en términos del artículo 7, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está exenta de prestar las garantías que el ordenamiento de la materia exige, de ahí que no es el caso de condicionar los efectos de la suspensión a que se exhiba garantía de los daños y perjuicios, o a cualquier otra condición. Notificación personal a la parte tercera interesada. Por virtud de la concesión otorgada, notifíquese personalmente el contenido del presente proveído al tercero interesado. Tiene aplicación, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 143/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página veintitrés, tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE.". Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Bárbara Lizette Trigueros Becerra, Víctor Salazar Rivas, Alondra Álvarez Amaral, Pablo Romero Canchola, Jessica de la Torre Peña, José de Jesús Tirado Gutiérrez, Maikol Leonardo Lasso Cervantes, Salvador López Villaseñor, Elvia María Silva Sánchez, Irma Naranjo Armas, Humberto Estrada Vázquez, Ángel Benjamín Navarro Cervantes, Jesús Ernesto Flores del Real, Cesar Silva Arreola y Álvaro Salcedo Navarro, toda vez que tienen registradas su cédulas profesionales en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos, a cuentan con cédula profesional de abogado registrada en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos a Pool Esteban Gutiérrez Delgado, Enrique Curiel Chávez, Oscar Emmanuel Hernández Guzmán, Rubén Jaramillo Villegas, Cristian Kirenne Mendoza García, Alfredo Díaz Villa, Alejandra Yuridia Morales Sandoval, Fermín Martínez Martínez, Samuel Omar Barajas Patiño, J. Jesús Barocio Torres, Fernando Rodríguez Chavarría, Miguel Ángel Vargas Ortega, Kasia Stefania Ibarra Ramírez, José de Jesús Magallón Lomelí, Omar Alejandro Cruz Vargas, Jonathan López Villalvazo, Daniela Esmeralda Magaña Rodríguez, Areli Guadalupe Rentería Vega, Daniela Erika Márquez Palacios, Hugo Martínez Aguirre, Ernesto Alonso López Ruiz, Sandra Verónica Delgado King y José Luis Velasco Chávez, Laura Joann García Mariscal, Eliza Margarita Martín del Campo Hernández, Tania Sánchez Villela Salas, Víctor Daniel Monroy Gutiérrez, Alejandra Estefanía Vásquez Gutiérrez, Isabel Guadalupe Ibarra Ruiz, Miriam Nayeli Segoviano Rivera, Magaly Guadalupe Gómez Gutiérrez, Víctor Manuel López Torres, Néstor Daniel González Salas, Edgar Iván Valle González, Rosa Estefanía Alcalá Murillo, Carlos Eduardo Mora González, Omar Orozco Rodríguez, Ana Gabriela Padilla Ruiz, Angélica del Rocío Ruiz Hernández, Diego Paolo Covarruvias Hernández, Ana Alejandra Ocampo Cabrera, Leticia Cárdenas González, Gonzalo Sánchez Jiménez, Karla Nohemí Martínez Aguirre y Sandra Nayeli Rodríguez González, toda vez que sus cédulas no se encuentran registradas en dicho sistema, así como a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Medios electrónicos. De conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el presente juicio de amparo, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, en el entendido, de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos). Asimismo, dígasele al solicitante que si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada y además que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Expedición de copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de lo hasta aquí actuado, previa razón que por su recibo se otorgue en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por la representante especial de los menores, en atención a lo solicitado, de conformidad con el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas simples de la resolución de suspensión definitiva, hágasele entrega de las mismas previa toma de razón a los autorizados para su recepción que se deja en autos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes
- Carmen Antonieta López Morales120/2019
- Carmen Barrera Monterrosas1995/2023
- Carmen Correa Gomez1100/2023
- Carmen Cristina Contreras Manjarrez3659/2017
- Carmen Cristina Contreras Manjarrez1732/2018
- Carmen Curiel Zúñiga1111/2022
- Carmen Edith Ortiz Abarca2745/2022
- Carmen González Alberto1282/2022
- Carmen Guadalupe Ramírez Martínez34/2016
- Carmen Guadalupe Ramírez Martínez González2690/2016
- Carmen Karina Alvizo Murillo2222/2022
- Carmen Liliana Espinoza Carlos2607/2018