Carmen Edith Aviles Valdez
Expediente 1599/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1599/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/03/2023
Partes del expediente
- Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras del Estado de Sonora
- Carmen Edith Aviles Valdez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio enviado por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por ese Tribunal Colegiado en el conflicto competencial 48/2022, de su índice, mismo que se resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Se declara legalmente competente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para conocer y decidir sobre la demanda de amparo que originó la controversia de competencia." Acuse. Acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad. Documento original. No obran documentos originales para devolución. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. No se ordenó la apertura del incidente de suspensión. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Secretario General de Acuerdos Interino de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, por el cual acusa recibo y se tiene por informado del contenido del oficio en el que se le comunicó que la que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo causó ejecutoria. Se concede prórroga. De igual manera, en atención a su solicitud de prórroga para cumplir con la ejecutoria de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se le concede el plazo de quince días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que cumpla a cabalidad con el fallo protector; en el entendido que, deberá remitir las constancias que acrediten las gestiones tendientes a cumplir con la sentencia de amparo durante dicho plazo. Continúan subsistentes apercibimientos. En el entendido de que, acorde a lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 193 de la Ley de Amparo, continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos, hasta en tanto se logre dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, pues en la exposición de motivos sobre la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se estableció, en relación con la ejecución de las sentencias de amparo, lo siguiente: Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, correspondientes al juicio de amparo indirecto 784/2022 de su índice, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que insiste en la incompetencia que fue declinada por dicho órgano en resolución de veintidós de septiembre del año en curso, e informa que remite el mismo a conflicto competencial, al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en turno, a fin de que resuelva el mismo. Se insiste por este juzgado. Por lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 48 de la Ley de Amparo, se reiteran los motivos por los que considera este juzgado no acepta competencia. Para remitir a Colegiado. A fin de que sean remitidos a la brevedad a la superioridad, que conocerá sobre el conflicto competencial planteado, para que tome en consideración, las manifestaciones hechas al momento de resolver el mismo. Se reitera. Este juzgado considera que existe una multiplicidad de actos reclamados, y no uno, como lo considera el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, ya que el acto que se reclama al Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras del Estado De Sonora, con residencia en Hermosillo, es la determinación de declinar la competencia del recurso de reclamación que se interpuso por la parte gestora del amparo, conforme a la Ley general del sistema para la carrera de las maestros y los maestros y declarar competente a la Comisión Dictaminadora de Cambios Especiales de Secretaría de Educación y Cultura denominada Mesa de Análisis de Cambios de Adscripción por Causas de Fuerza Mayor, con domicilio en Hermosillo, Sonora, es decir, dicha resolución tendrá ejecución en la ciudad en comento, ya que es donde tiene asiento la segunda de las autoridades en cuestión, lo que se confirma con el acto reclamado consistente en la aceptación de la competencia declinada por la autoridad de que se trata. En ese contexto, no se inadvierte que al negarle el cambio de adscripción a la quejosa Carmen Edith Avilés Valdez, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora a Hermosillo, Sonora, por parte de la Comisión Dictaminadora de Cambios Especiales de Secretaría de Educación y Cultura denominada Mesa de Análisis de Cambios de Adscripción por Causas de Fuerza Mayor, al resolver el recurso de reclamación interpuesto contra la negativa en cuestión (lo que este órgano jurisdiccional supone ya que dicha resolución no se encuentra agregada a los autos enviados por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, así como tampoco los oficios DGRH-4859/2022 y DGRH-486772022, suscritos por la Dirección de Recursos Humanos, referentes al recurso en cita), la gestora del amparo seguirá laborando en San Luis Río Colorado, Sonora. Aunado a ello, es importante resaltar que los actos reclamados tienen ejecución en la residencia del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, y pudiera considerase que también en donde este Juzgado ejerce jurisdicción, por lo que acorde al principio de la concentración en el juicio de amparo, no se obliga al particular a controvertir ante cada Juez de Distrito en donde tendrán ejecución diversos actos que están íntimamente relacionados. Lo que se reitera con la transcripción del capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo de la quejosa Carmen Edith Avilés Valdez, con la transcripción de la misma: "III.- ACTO RECLAMADO: 1.- Del titular de la responsable TITULAR DE LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE MAESTROS Y MAESTRAS DEL ESTADO DE SONORA reclamo la omisión de actuar conforme a lo que le Norma la Ley general del sistema para la carrera de las maestros y los maestros. La determinación de la responsable de declinar la competencia del recurso de reclamación que se interpuso conforme a la Ley general del sistema para la carrera de las maestros y los maestros y declarar competente a COMISIÓN DICTAMINADORA DE CAMBIOS ESPECIALES DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DENOMINADA MESA DE ANÁLISIS DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, por conducto de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación y Cultura. 2.- COMISIÓN DICTAMINADORA DE CAMBIOS ESPECIALES DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DENOMINADA MESA DE ANÁLISIS DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR de la cual el Director General de Recursos Humanos forma parte de esta Comisión, y les reclamo la aceptación de la Competencia para resolver recurso de reconsideración que no tiene competencia ni facultades para resolver conforme a la Ley general del sistema para la carrera de las maestros los maestros y que lo hace violando mis derechos humanos y haciendo uso de facultades que no le corresponden. De igual forma como acto reclamo; me duelo de la ilegal determinación del dictamen oficial y sus alcances, que indebidamente emite esta Comisión, sobre el recurso de reclamación, sin tener facultades para hacerlo conforme a la Ley." Asimismo, es importante destacar que, para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad, aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del Juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Así, contrario a lo que sostiene el Juzgador declinante, este órgano jurisdiccional, estima que, atento a la naturaleza de los actos reclamados, que son susceptibles de desprenderse del contexto integral de la demanda de derechos fundamentales, y que para mayor comprensión previamente se transcribieron, se advierte que, adverso a lo señalado por el órgano declinante, no se está en la hipótesis primera del artículo 37 de la Ley de Amparo, antes destacado, sino en la diversa regla segunda que regula dicho numeral y que es la que atiende aquellas resoluciones que contienen actos que conllevan una ejecución material, los cuales van a tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; por lo tanto, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda de amparo, será competente. Tal postura legal obedece así, porque de la literalidad de la segunda regla relativa a la competencia antes indicada, el legislador no hizo distingos en cuanto a la jerarquía de los actos reclamados, esto es, cuál por su fuerza ejecutiva debe regir la competencia cuando existan varios actos que ejecutar en distintos lugares, sino que el espíritu del legislador fue que basta que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, para que el competente sea el que previno en el conocimiento del asunto -ante el que se presentó la demanda de amparo-. Dicho en otros términos, si el legislador no plasmó en la norma esa distinción de jerarquización de los actos que requieran ejecución material, atendiendo a la regla de derecho que donde el legislador no distingue, el Juzgador no puede establecer distinciones, entonces, esta Juzgadora sostiene que, no es válido jurídicamente hacer esa distinción para fincar competencia, puesto que, al margen de la naturaleza que contenga los actos reclamados, es decir, accesorios o no de otros diversos que posiblemente también tienen ejecución material en la jurisdicción de este Juzgado Federal, es incuestionable que están teniendo o van a tener ejecución material alguno o algunos de ellos en la jurisdicción territorial donde ejerce competencia el juzgado declinante, y que el declinante es el que previno en el conocimiento de la demanda de garantías. Luego, si en el caso particular nacen a la vida jurídica esos dos extremos que, en abstracto, contienen la segunda regla estatuida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, el Juzgado de Distrito fue el que conoció del asunto en primer término y, alguno o algunos de los actos que reclaman la parte quejosa, están teniendo o van a tener ejecución material en la jurisdicción donde dicho órgano oficiante ejerce competencia territorial, esos extremos son suficientes para concluir que en ese Juzgado Federal recae la competencia para conocer de la presente demanda de derechos fundamentales. Lo anteriormente sostenido encuentra eco en la circunstancia de que, en el caso específico, los actos reclamados no se ciñen única y exclusivamente a la posible determinación del dictamen oficial, que en un momento dado sería el último acto reclamado, dentro de la demanda de amparo; sino que como previamente se señaló la quejosa señala como un primer acto reclamado, la determinación de la Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera Maestros y Maestras del Estado de Sonora, de declinar la competencia del recurso de reclamación que se interpuso por la responsable declinando competencia a favor de la Comisión Dictaminadora de Cambios Especiales de Secretaría de Educación y Cultura denominada Mesa de Análisis de Cambios de Adscripción por causas de fuerza mayor, por conducto de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación y Cultura; así como, la aceptación de la Competencia para resolver recurso de en cuestión. Ambos que tienen su ejecución en el domicilio de las mismas autoridades, esto es en Hermosillo, Sonora; lugar donde ejerce jurisdicción el Juzgado Tercero de Distrito de Sonora, órgano jurisdiccional que declina competencia a este Juzgado. Si bien, la parte quejosa, también se duele de la posible ilegal determinación del dictamen oficio y sus alcances; este juzgado no conoce la misma toda vez que no fue exhibida por la parte quejosa, y tampoco fue requerida la misma el juez declinante, por lo que en este momento este Juzgado desconoce la misma, y donde se llevaría a cabo sus posibles consecuencias (ejecución de la resolución). Por otra parte, este juzgado no pasa por alto que la quejosa tiene su domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora, lugar donde este Juzgado efectivamente ejerce jurisdicción, pero la ejecución de los actos reclamados no se está ejecutando en dicho lugar. En ese contexto, a juicio del suscrito Juzgador, los actos reclamados iniciaron su ejecución material en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por ser las autoridades primeramente declinó competencia, primer acto reclamado en la demanda de amparo, con sus consecuencias, remitir a una autoridad distinta, el recurso de reconsideración planteado por la quejosa, para su conocimiento. Como segundo acto reclamado, la aceptación de la competencia para resolver el recurso de reconsideración por parte de la Comisión Dictaminadora de Cambios Especiales de Secretaría de Educación y Cultura denominada Mesa de Análisis de Cambios de adscripción por causa de fuera mayor, lo que vinculó a la parte quejosa a la tramitación ante dicha autoridad, así como a la ejecución de la resolución que emita, y cualquier otro trámite dentro del procedimiento. Los anteriores actos y sus consecuencias se ejecutaron en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y dicho sitio es el lugar en donde ejerce jurisdicción el Juez declinante quien fue el que conoció en primer término del asunto. En consecuencia, es el Juzgador oficiante ante quien se presentó la demanda en primer término, es quien resulta competente para conocer de la demanda de derechos fundamentales, por el conocimiento anticipado de los actos que reclamó el quejoso en su escrito de demanda, ello de conformidad con la segunda regla de competencia prevista en el artículo 37, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca lo siguiente: "Registro digital: 207078 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: CXXXVI/90 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 148 Tipo: Aislada COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVIENE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS COMENZARON A EJECUTARSE EN SU JURISDICCION O CONTINUAN EJECUTANDOSE EN ELLA, DEBE ENTENDERSE QUE ES AQUEL ANTE QUIEN INICIALMENTE SE PRESENTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. La disposición contenida en el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a saber "si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente", revela, que dándose los presupuestos mencionados, son igualmente competentes para conocer del juicio de garantías los jueces de las jurisdicciones abarcadas por la ejecución del acto. Sin embargo, como por lógica y sentido común sólo uno de los jueces implicados tiene que ser el que conozca del juicio, la expresión "a prevención" debe entenderse en función del conocimiento anticipado, es decir, el juez ante el cual inicialmente se presentó la demanda, pero no en razón del juez que provea sobre la admisión o acerca de la suspensión provisional o de oficio. Una postura contraria llevaría al absurdo de que tratándose de un conflicto competencial en el que la demanda de amparo no gire en torno a alguno de los actos mencionados en el artículo 17 de la propia ley y que, por consiguiente, el juez que se declara incompetente no tiene por qué proveer sobre su admisión ni en relación con la suspensión provisional o de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del citado ordenamiento, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o el correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, nunca encontrarían el juez que previno, en primer lugar, porque el juez que se declara incompetente no proveerá respecto de aquellos actos procesales y, en segundo lugar, porque menos lo haría el juez que no acepta la declinatoria de competencia." Así como el diverso criterio sustentado por la indicada entonces, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente: "Registro digital: 239388 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 14 Tipo: Aislada ACTOS QUE SE EMPEZARON A EJECUTAR EN UN DISTRITO Y SE CONTINUARON EN OTRO. COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE PREVINO. El artículo 36 de la Ley de Amparo dispone que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Por consiguiente, si se reclaman diversos actos consistentes en embargos practicados en un inmueble, la inscripción de tales embargos, el procedimiento de remate y adjudicación y sus consecuencias jurídicas y los mismos se comenzaron a ejecutar en un distrito y siguieron ejecutándose en otro, debe conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." No es óbice a la aplicación de los citados criterios, el hecho de que las tesis invocadas hagan referencia al artículo 36, de la Ley de Amparo abrogada, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; y que en la demanda de amparo en análisis tenga aplicación la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece vigente; lo anterior, en virtud de que en términos del artículo Sexto Transitorio de la citada ley, la jurisprudencia integrada conforme a la Ley de Amparo anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva ley. Por lo tanto, es procedente concluir que se está ante actos reclamados que se han ejecutado en dos distritos diferentes, de manera que será Juez competente para efectos del amparo el que haya conocido de la demanda en primer término, y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgador desahoga la vista relativo al conflicto competencial planteado por el Juzgado Tercero de Distrito de Sonora, con domicilio en Hermosillo, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar al suscrita, la determinación que recaiga al presente. Aunado a ello, como lo expuso el Juzgador declinante, si bien la determinación recaída multicitado recurso interpuesto en contra de la negativa a cambiarla del centro de trabajo ubicado en San Luis Rio Colorado, Sonora, en donde se desempeña como supervisora a la ciudad de Hermosillo, Sonora; sin embargo, a consideración del suscrito Juzgador, hasta este momento no existen elementos para considerar que forzosamente debe ser su ejecución en San Luis Rio Colorado, Sonora; pues no se anexaron al presente expediente las constancias de dicha resolución. Asimismo, es importante establecer que de lo anterior se advierte que existe una multiplicidad de actos, algunos de los cuales requieren ejecución material y otro no, por lo que, en atención a los principios de continencia de la causa, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, previstos por el artículo 17 Constitucional, se estima que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, Sonora, ya que fue el primero en conocer de la demanda de amparo. Lo anterior, pues ante la falta de regulación expresa para el supuesto en el que se reclamen una pluralidad de actos (unos ejecutables y otros no), se concluye que la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir que ese juzgado federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que la promovente optó por acudir ante él. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que invoca lo siguiente: "Registro digital: 2010698 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.16o.A.9 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II , página 1223 Tipo: Aislada COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." Finalmente, no pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia de rubro "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.; sin embargo, no es aplicable en el presente asunto dada la multiplicidad de actos, según fue razonado anteriormente. Remisión. Envíese el oficio que se genere con motivo del presente acuerdo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, por conducto del Juzgado Tercero de Distrito de Sonora, con sede en Hermosillo, en términos del artículo 48, párrafo tercero de la Ley de Amparo, virtud de desconocer que Tribunal Colegiado conocerá del conflicto competencial. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo recibida por incompetencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la boleta de turno de demanda de amparo que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a la cual anexa: 1. El oficio 30832/2022, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, con motivo de haber declarado su incompetencia legal para conocer del presente asunto. 2. Juicio de amparo 784/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo. Ahora de los anexos de cuenta se advierte que, mediante resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo promovido por Carmen Edith Avilés Valdez; por lo que resolvió remitir al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, misma que fue turnada a este órgano jurisdiccional, por lo que se ordena formar el expediente y registrar la misma en el libro de gobierno bajo el número 1599/2022. Ahora bien, atento al contenido de la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual la Juez oficiante determinó declararse legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo en cuestión, este Órgano Jurisdiccional no acepta la competencia planteada por las consideraciones que enseguida se expondrán. Del análisis de la demanda de amparo presentada por la quejosa Carmen Edith Avilés Valdez, se advierte que señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- ACTO RECLAMADO: 1.- Del titular de la responsable TITULAR DE LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE MAESTROS Y MAESTRAS DEL ESTADO DE SONORA reclamo la omisión de actuar conforme a lo que le Norma la Ley general del sistema para la carrera de las maestros y los maestros. La determinación de la responsable de declinar la competencia del recurso de reclamación que se interpuso conforme a la Ley general del sistema para la carrera de las maestros y los maestros y declarar competente a COMISIÓN DICTAMINADORA DE CAMBIOS ESPECIALES DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DENOMINADA MESA DE ANÁLISIS DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, por conducto de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación y Cultura. 2.- COMISIÓN DICTAMINADORA DE CAMBIOS ESPECIALES DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DENOMINADA MESA DE ANÁLISIS DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR de la cual el Director General de Recursos Humanos forma parte de esta Comisión, y les reclamo la aceptación de la Competencia para resolver recurso de reconsideración que no tiene competencia ni facultades para resolver conforme a la Ley general del sistema para la carrera de las maestros los maestros y que lo hace violando mis derechos humanos y haciendo uso de facultades que no le corresponden. De igual forma como acto reclamo; me duelo de la ilegal determinación del dictamen oficial y sus alcances, que indebidamente emite esta Comisión, sobre el recurso de reclamación, sin tener facultades para hacerlo conforme a la Ley." De la anterior transcripción se advierte claramente que los actos reclamados por la parte quejosa tienen ejecución en la ciudad de Hermosillo, Baja California, ya que el acto que se reclama al Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras del Estado De Sonora, con residencia en Hermosillo, es la determinación de declinar la competencia del recurso de reclamación que se interpuso por la parte gestora del amparo, conforme a la Ley general del sistema para la carrera de las maestros y los maestros y declarar competente a la Comisión Dictaminadora de Cambios Especiales de Secretaría de Educación y Cultura denominada Mesa de Análisis de Cambios de Adscripción por Causas de Fuerza Mayor, con domicilio en Hermosillo, Sonora, es decir, dicha resolución tendrá ejecución en la ciudad en comento, ya que es donde tiene asiento la segunda de las autoridades en cuestión, lo que se confirma con el acto reclamado consistente en la aceptación de la competencia declinada por la autoridad de que se trata. En ese contexto, no se inadvierte que al negarle el cambio de adscripción a la quejosa Carmen Edith Avilés Valdez, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora a Hermosillo, Sonora, por parte de la Comisión Dictaminadora de Cambios Especiales de Secretaría de Educación y Cultura denominada Mesa de Análisis de Cambios de Adscripción por Causas de Fuerza Mayor, al resolver el recurso de reclamación interpuesto contra la negativa en cuestión (lo que este órgano jurisdiccional supone ya que dicha resolución no se encuentra agregada a los autos enviados por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, así como tampoco los oficios DGRH-4859/2022 y DGRH-486772022, suscritos por la Dirección de Recursos Humanos, referentes al recurso en cita), la gestora del amparo seguirá laborando en San Luis Río Colorado, Sonora. Aunado a ello, es importante resaltar que los actos reclamados tienen ejecución en la residencia del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, y pudiera considerase que también en donde este Juzgado ejerce jurisdicción, por lo que acorde al principio de la concentración en el juicio de amparo, no se obliga al particular a controvertir ante cada Juez de Distrito en donde tendrán ejecución diversos actos que están íntimamente relacionados. En ese contexto, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de no aceptar respetuosamente la competencia declinada. Ahora, debe señalarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De una recta intelección de dicho de precepto transcrito, se desprende que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor compresión, se puntualizan en el orden siguiente: I. La primera regla nos dice que es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. II. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. III. En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Siguiendo los lineamientos expuestos, en primer término se debe acudir al examen del tipo de acto reclamado, en segundo lugar, si dicho acto es o no de aquellos que tienen una ejecución material y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable para resolver el tópico en estudio. En el caso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito, en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, la intención del legislador al fijar dicha competencia, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los Distritos cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera el gobernado puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo su ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles, conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Asimismo, es importante destacar que, para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad, aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del Juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Así, contrario a lo que sostiene el Juzgador declinante, este órgano jurisdiccional, estima que, atento a la naturaleza de los actos reclamados, que son susceptibles de desprenderse del contexto integral de la demanda de derechos fundamentales, y que para mayor comprensión previamente se transcribieron, se advierte que, adverso a lo señalado por el órgano declinante, no se está en la hipótesis primera del artículo 37 de la Ley de Amparo, antes destacado, sino en la diversa regla segunda que regula dicho numeral y que es la que atiende aquellas resoluciones que contienen actos que conllevan una ejecución material, los cuales van a tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; por lo tanto, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda de amparo, será competente. Tal postura legal obedece así, porque de la literalidad de la segunda regla relativa a la competencia antes indicada, el legislador no hizo distingos en cuanto a la jerarquía de los actos reclamados, esto es, cuál por su fuerza ejecutiva debe regir la competencia cuando existan varios actos que ejecutar en distintos lugares, sino que el espíritu del legislador fue que basta que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, para que el competente sea el que previno en el conocimiento del asunto -ante el que se presentó la demanda de amparo-. Dicho en otros términos, si el legislador no plasmó en la norma esa distinción de jerarquización de los actos que requieran ejecución material, atendiendo a la regla de derecho que donde el legislador no distingue, el Juzgador no puede establecer distinciones, entonces, esta Juzgadora sostiene que, no es válido jurídicamente hacer esa distinción para fincar competencia, puesto que, al margen de la naturaleza que contenga los actos reclamados, es decir, accesorios o no de otros diversos que posiblemente también tienen ejecución material en la jurisdicción de este Juzgado Federal, es incuestionable que están teniendo o van a tener ejecución material alguno o algunos de ellos en la jurisdicción territorial donde ejerce competencia el juzgado declinante, y que el declinante es el que previno en el conocimiento de la demanda de garantías. Luego, si en el caso particular nacen a la vida jurídica esos dos extremos que, en abstracto, contienen la segunda regla estatuida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, el Juzgado de Distrito fue el que conoció del asunto en primer término y, alguno o algunos de los actos que reclaman la parte quejosa, están teniendo o van a tener ejecución material en la jurisdicción donde dicho órgano oficiante ejerce competencia territorial, esos extremos son suficientes para concluir que en ese Juzgado Federal recae la competencia para conocer de la presente demanda de derechos fundamentales. Lo anteriormente sostenido encuentra eco en la circunstancia de que, en el caso específico, los actos reclamados no se ciñen única y exclusivamente a la posible determinación del dictamen oficial, que en un momento dado sería el último acto reclamado, dentro de la demanda de amparo; sino que como previamente se señaló la quejosa señala como un primer acto reclamado, la determinación de la Titular de la Unidad del Sistema para la Carrera Maestros y Maestras del Estado de Sonora, de declinar la competencia del recurso de reclamación que se interpuso por la responsable declinando competencia a favor de la Comisión Dictaminadora de Cambios Especiales de Secretaría de Educación y Cultura denominada Mesa de Análisis de Cambios de Adscripción por causas de fuerza mayor, por conducto de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación y Cultura; así como, la aceptación de la Competencia para resolver recurso de en cuestión. Ambos que tienen su ejecución en el domicilio de las mismas autoridades, esto es en Hermosillo, Sonora; lugar donde ejerce jurisdicción el Juzgado Tercero de Distrito de Sonora, órgano jurisdiccional que declina competencia a este Juzgado. Si bien, la parte quejosa, también se duele de la posible ilegal determinación del dictamen oficio y sus alcances; este juzgado no conoce la misma toda vez que no fue exhibida por la parte quejosa, y tampoco fue requerida la misma por la autoridad responsable, por lo que en este momento este Juzgado desconoce la misma, y donde se llevaría a cabo sus posibles consecuencias (ejecución de la resolución). Por otra parte, este juzgado no pasa por alto que la quejosa tiene su domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora, lugar donde este Juzgado efectivamente ejerce jurisdicción, pero la ejecución de los actos reclamados no se está ejecutando en dicho lugar. En ese contexto, a juicio del suscrito Juzgador, los actos reclamados iniciaron su ejecución material en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por ser las autoridades primeramente declinó competencia, primer acto reclamado en la demanda de amparo, con sus consecuencias, remitir a una autoridad distinta, el recurso de reconsideración planteado por la quejosa, para su conocimiento. Como segundo acto reclamado, la aceptación de la competencia para resolver el recurso de reconsideración por parte de la Comisión Dictaminadora de Cambios Especiales de Secretaría de Educación y Cultura denominada Mesa de Análisis de Cambios de adscripción por causa de fuera mayor, lo que vinculó a la parte quejosa a la tramitación ante dicha autoridad, así como a la ejecución de la resolución que emita, y cualquier otro trámite dentro del procedimiento. Los anteriores actos y sus consecuencias se ejecutaron en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y dicho sitio es el lugar en donde ejerce jurisdicción el Juez declinante quien fue el que conoció en primer término del asunto. En consecuencia, es el Juzgador oficiante ante quien se presentó la demanda en primer término, es quien resulta competente para conocer de la demanda de derechos fundamentales, por el conocimiento anticipado de los actos que reclamó el quejoso en su escrito de demanda, ello de conformidad con la segunda regla de competencia prevista en el artículo 37, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca lo siguiente: "Registro digital: 207078 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: CXXXVI/90 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 148 Tipo: Aislada COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVIENE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS COMENZARON A EJECUTARSE EN SU JURISDICCION O CONTINUAN EJECUTANDOSE EN ELLA, DEBE ENTENDERSE QUE ES AQUEL ANTE QUIEN INICIALMENTE SE PRESENTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. La disposición contenida en el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a saber "si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente", revela, que dándose los presupuestos mencionados, son igualmente competentes para conocer del juicio de garantías los jueces de las jurisdicciones abarcadas por la ejecución del acto. Sin embargo, como por lógica y sentido común sólo uno de los jueces implicados tiene que ser el que conozca del juicio, la expresión "a prevención" debe entenderse en función del conocimiento anticipado, es decir, el juez ante el cual inicialmente se presentó la demanda, pero no en razón del juez que provea sobre la admisión o acerca de la suspensión provisional o de oficio. Una postura contraria llevaría al absurdo de que tratándose de un conflicto competencial en el que la demanda de amparo no gire en torno a alguno de los actos mencionados en el artículo 17 de la propia ley y que, por consiguiente, el juez que se declara incompetente no tiene por qué proveer sobre su admisión ni en relación con la suspensión provisional o de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del citado ordenamiento, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o el correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, nunca encontrarían el juez que previno, en primer lugar, porque el juez que se declara incompetente no proveerá respecto de aquellos actos procesales y, en segundo lugar, porque menos lo haría el juez que no acepta la declinatoria de competencia." Así como el diverso criterio sustentado por la indicada entonces, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente: "Registro digital: 239388 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 14 Tipo: Aislada ACTOS QUE SE EMPEZARON A EJECUTAR EN UN DISTRITO Y SE CONTINUARON EN OTRO. COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE PREVINO. El artículo 36 de la Ley de Amparo dispone que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Por consiguiente, si se reclaman diversos actos consistentes en embargos practicados en un inmueble, la inscripción de tales embargos, el procedimiento de remate y adjudicación y sus consecuencias jurídicas y los mismos se comenzaron a ejecutar en un distrito y siguieron ejecutándose en otro, debe conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." No es óbice a la aplicación de los citados criterios, el hecho de que las tesis invocadas hagan referencia al artículo 36, de la Ley de Amparo abrogada, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; y que en la demanda de amparo en análisis tenga aplicación la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece vigente; lo anterior, en virtud de que en términos del artículo Sexto Transitorio de la citada ley, la jurisprudencia integrada conforme a la Ley de Amparo anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva ley. Por lo tanto, es procedente concluir que se está ante actos reclamados que se han ejecutado en dos distritos diferentes, de manera que será Juez competente para efectos del amparo el que haya conocido de la demanda en primer término, y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgador no acepta la competencia planteada, para conocer de la demanda de amparo y se ordena devolver al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, Sonora, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar al suscrita, la determinación que recaiga al presente. Aunado a ello, como lo expuso el Juzgador declinante, si bien la determinación recaída multicitado recurso interpuesto en contra de la negativa a cambiarla del centro de trabajo ubicado en San Luis Rio Colorado, Sonora, en donde se desempeña como supervisora a la ciudad de Hermosillo, Sonora; sin embargo, a consideración del suscrito Juzgador, hasta este momento no existen elementos para considerar que forzosamente debe ser su ejecución en San Luis Rio Colorado, Sonora; pues no se anexaron al presente expediente las constancias de dicha resolución. Asimismo, es importante establecer que de lo anterior se advierte que existe una multiplicidad de actos, algunos de los cuales requieren ejecución material y otro no, por lo que, en atención a los principios de continencia de la causa, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, previstos por el artículo 17 Constitucional, se estima que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, Sonora, ya que fue el primero en conocer de la demanda de amparo. Lo anterior, pues ante la falta de regulación expresa para el supuesto en el que se reclamen una pluralidad de actos (unos ejecutables y otros no), se concluye que la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir que ese juzgado federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que la promovente optó por acudir ante él. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que invoca lo siguiente: "Registro digital: 2010698 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.16o.A.9 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II , página 1223 Tipo: Aislada COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." Finalmente, no pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia de rubro "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.; sin embargo, no es aplicable en el presente asunto dada la multiplicidad de actos, según fue razonado anteriormente. No se acepta competencia. En esta tesitura, al haber conocido a prevención de la demanda de amparo que nos ocupa el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, respetuosamente, no acepta la competencia declinada. Devolución. Por lo anterior, Devuélvase a la autoridad oficiante el expediente número 784/2022 de su índice, y anexos que acompaña, que a su vez dio origen al diverso 1599/2022 del índice de este Juzgado Federal, previa copia certificada que se deje en el cuaderno de antecedentes. Acuse. Solicítese a la citada autoridad declinante, el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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