Carmen Diana Gutiérrez Aguilar
Expediente 1225/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2021
Partes del expediente
- Carmen Diana Gutiérrez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido que el presente asunto se tramitó sin cuaderno incidental. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto en el que se decretó sobreseer en el juicio; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. De igual forma, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que con esta fecha dentro del cuaderno principal 2169/2018 del que se deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del juicio de amparo como asunto concluido. En esas condiciones, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso por una parte se negó y por otra se concedió, tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Cambio de titular. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintiuno, determinó que a partir del dieciséis siguiente, fungiría como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el juez Tomás Zurita García, lo que se informó mediante el oficio SEADS/795/2021, signado por el secretario ejecutivo de adscripción de ese Consejo; por tanto, hágase del conocimiento de las partes lo anterior a fin de evitar infracciones en el procedimiento1. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual rinde el informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta los efectos legales procedentes. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica el informe, -las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que la quejosa Carmen Diana Gutiérrez Aguilar, señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito de siete de julio de dos mil veintiuno, por el que solicita la ejecución del laudo de treinta de abril de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral D-2/70/2018. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado; además, indicó que, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno emitió acuerdo, las partes comparecieron ante el presidente ejecutor de esa junta, la parte demandada dio cumplimiento al laudo de treinta de abril del mismo año, de lo cual la parte actora manifestó su conformidad, y solicitaron el envío del expediente laboral D-2/70/2018 al archivo como concluido. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Carmen Diana Gutiérrez Aguilar acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar el escrito de siete de julio de dos mil veintiuno, por el que solicita la ejecución del laudo de treinta de abril de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral D-2/70/2018. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno emitió el acuerdo correspondiente, toda vez las partes comparecieron ante el presidente ejecutor de esa junta, la parte demandada dio cumplimiento al laudo de treinta de abril del mismo año, de lo cual la parte actora manifestó su conformidad, y solicitaron el envío del expediente laboral D-2/70/2018 al archivo como concluido. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Carmen Diana Gutiérrez Aguilar reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y un minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Cambio de titular. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintiuno, determinó que a partir del dieciséis siguiente, fungiría como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el juez Tomás Zurita García, lo que se informó mediante el oficio SEADS/795/2021, signado por el secretario ejecutivo de adscripción de ese Consejo; por tanto, hágase del conocimiento de las partes lo anterior a fin de evitar infracciones en el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual solicita una ampliación de término para rendir el informe justificado que le corresponde; asimismo, informa que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se encuentra cerrada del periodo comprendido del ocho al quince de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que solicita se comience a computar el plazo otorgado respecto a la prórroga posterior a la citada data. En consecuencia, con fundamento en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de diez días contados a partir del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, rinda el informe justificado que le corresponde. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.
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