Carmen Cisneros Cruz
Expediente 1120/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Carmen Cisneros Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Carmen Cisneros Cruz, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados que integran la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad. En consecuencia, regístrese bajo el número 1120/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. desechamiento parcial. Del ocurso constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama entre otros actos a los Magistrados que integran la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio contencioso administrativo número 2066/19-PC3-4, de su índice, por medio del cual en esencia requiere por segunda y última ocasión a la autoridad ahí demandada para que en el improrrogable término de tres días hábiles acredite el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, con apercibimiento de multa en caso de renuencia injustificada. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV del cuerpo normativo en consulta, interpretado en sentido contrario, con base en las siguientes reflexiones: Los artículos antes invocados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De lo antes expuesto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, y que si se tratare de actos en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede la acción constitucional contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda las violaciones procesales que hubieren dejado sin defensa al quejoso en la referida fase, al mismo tiempo que sea impugnada dicha resolución. Lo anterior se estableció así en aras de tutelar el cumplimiento efectivo de las sentencias definitivas, pues el legislador tiende a evitar su obstaculización, impidiendo que en el juicio constitucional se combata la que no constituya precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones que, por el contrario, lo retardarían. Se debe tomar en consideración, además, que a efecto de evitar abusos de las autoridades correspondientes, en el mismo precepto legal se previene de manera expresa que en la demanda del juicio constitucional biinstancial, la parte afectada podrá hacer valer las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva. Ahora bien, en el caso concreto, la hipótesis normativa de procedencia, prevista en el citado artículo 107, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, no se actualiza, toda vez que el acto que reclama la quejosa en la presente vía constitucional, no constituye la última determinación en la etapa de ejecución. Ello es así porque se reclama el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio contencioso administrativo número 2066/19-PC3-4, por medio del cual la Sala responsable requiere por segunda y última ocasión a la autoridad ahí demandada para que en el improrrogable término de tres días hábiles acredite el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, con apercibimiento de multa en caso de renuencia injustificada. Por tanto, la circunstancia de que se haya requerido a la demandada el cumplimiento de la sentencia de nulidad evidencia que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento a través del cual se sigue el cumplimiento del fallo emitido por la responsable. Lo anterior, sin que además se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la Jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Novena Época, Materia Común, Registro digital 163152, de epígrafe y contenidos siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Lo anterior, pues se estima que en el caso, el acto reclamado al que se hace referencia no afecta de manera directa derechos sustantivos de la directa quejosa, únicamente derechos procedimentales que no son ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; por lo cual no aplica el supuesto de excepción. Pues, se insiste, el acto aquí reclamado solo contiene un nuevo requerimiento a la autoridad responsable tendente a cumplimentar precisamente la sentencia de nulidad. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha la demanda de amparo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, por lo que hace al acto consistente en el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio contencioso administrativo número 2066/19-PC3-4 por la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, SE ADMITE la demanda de amparo respecto de los restantes actos reclamados. Apertura del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión relativo por no haber sido solicitado expresamente y no existir motivo para el trámite de oficio. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrán enviarlo vía correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remitan a este Juzgado de Distrito: - Copia certificada, en orden, completas y legibles, de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. Apercibidas que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia se les impondrá multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, por el monto de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74) moneda nacional. En la inteligencia de que, los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a las autoridades responsables que, al momento de rendir su informe justificado, hagan del conocimiento de este órgano judicial, si ya se promovieron diversos juicios de amparo en contra de los actos aquí reclamados, o provenientes del expediente de origen del cual emanan los mismos; de ser afirmativa su respuesta, proporcionen el número de juicio, así como el Juzgado que conoció éste; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. De igual forma, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Notificación a las autoridades responsables. Por otra parte, se señala a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento al juicio, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la fracción primera del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquéllas que se consideren trascendentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Tomo II, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Notificación al Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple de la demanda y anexos, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Practíquense las subsecuentes notificaciones a la citada agente del Ministerio Público, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". En el entendido que, este órgano jurisdiccional con fundamento en el citado numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, ordenará se practiquen de manera personal a la referida representación ministerial las determinaciones que a juicio de este Juzgado así lo ameriten. Tercero interesado. Acorde con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, este juzgado se reserva a proveer respecto al señalamiento de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Tesis XXVII.9K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1131 del Tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO.". Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora, por lo que hace a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece; al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio de amparo y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lucio Alberto Escudero Contreras, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada 2a.VIII/2020 (10a.), registro digital 2021840, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, agosto de 2020, tomo V, página 4456, décima época, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario Luescudero; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario Luescudero, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Correo electrónico y número telefónico. En relación con el número telefónico y correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese, personalmente a la quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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