Carmen Carmona Reyes
Expediente 1855/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1855/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Carmen Carmona Reyes
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió **; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, se ordena devolver a la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, las constancias consistentes en el toca civil *** y el expediente ***, tomos I y II, sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, pues se comisiona a la fedataria judicial adscrita para que al momento de entregar tales constancias, se asiente tal situación en la minuta correspondiente. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, y toda vez que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen.IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de diciembre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ***; y téngasele cumpliendo la prevención formulada en acuerdo de treinta de noviembre pasado, se acuerda: DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que el proveído reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación a la promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, en la demanda de amparo en cuestión, se advierte que la quejosa instó la presente instancia para someter a escrutinio constitucional un acto de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, consistente en: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca civil ***, por virtud de la cual se modificó el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, estableciéndose que se señalaría fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por las partes. Sin embargo, ese acto no puede considerarse como de ejecución irreparable, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, sino como violación de carácter adjetivo, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, la que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución ya que la afectación podría repararse si obtiene sentencia favorable en el juicio. Por tanto, dicha determinación no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. Ello es así, pues en el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós dictado por la Jueza Tercera Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil ***, que fue modificado por la sala responsable, solamente se estipuló que se señalaría fecha para el desahogo de las testimoniales ofrecidas y admitidas por las partes. Como se observa, si bien el acto que se reclama fue emitido dentro de un juicio del orden civil, los autos señalados no pueden ser considerados como un acto que tenga efectos de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental sino que, como se dijo, las posibles violaciones que se hubieron cometido son de naturaleza únicamente formal. Efectivamente, tal determinación de ningún modo le impide el ejercicio de un derecho sustantivo, como lo es la vida o la libertad, sino que, los perjuicios que pudiere originar son de naturaleza procesal, al estar relacionados con aspectos relativos al conocimiento y resolución del juicio génesis. En otras palabras, no afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo de la amparista, como la vida, la libertad o la propiedad, tutelados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. En otras palabras, tal determinación jurisdiccional no afecta de manera inmediata a la promovente, dado que sus efectos se verán reflejados en la resolución del juicio de origen y la afectación que, en su caso, le provocara, se traduce en aspectos meramente procesales, no así sustantivos; por esas razones, se afirma, no son de imposible reparación. En ese sentido, las afectaciones que, la ahora quejosa aduce le producen los actos reclamados pueden ser reparadas en el supuesto de que obtenga sentencia favorable en el juicio de origen, o en caso contrario, de acuerdo con lo establecido en el arábigo 170 de la Ley de Amparo, se encuentra en aptitud de reclamarlas a través del juicio de amparo directo, por constituir violaciones a las reglas del procedimiento que se prevén en la fracción III del artículo 172 de la citada legislación. En efecto, el contenido del último numeral invocado es el siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; Conforme a tal porción normativa, en la demanda de amparo directo que, en su caso, sea promovida, pueden controvertirse tanto las violaciones cometidas al dictar la sentencia, como aquellas que se actualizaron durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas de la quejosa. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Sustenta la anterior consideración por analogía la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, página 13, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: 'EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.', cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Consecuentemente, no puede estimarse que contra el acto reclamado proceda el juicio de amparo indirecto, porque no afecta materialmente derechos sustantivos, pues sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En razón de lo anterior, como el acto reclamado referido no tiene efectos de imposible reparación, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por ***. Es importante señalar que la causal de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.M-IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de noviembre de dos mil veintidós. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, apoderado de **, mediante el cual solicita le sean devueltos el primer testimonio de la escritura número sesenta y seis mil trescientos treinta y ocho, volumen novecientos diez, de cinco de julio de dos mil catorce y primer testimonio del acta número sesenta y siete mil dieciocho, volumen novecientos dieciocho, de dieciséis de febrero de dos mil quince pasadas ante la fe del Notario Público Número Dos del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. En atención a su solicitud, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos de referencia, previa razón que por su recibo obre en autos por parte de los autorizados para tal efecto, para lo cual se dejará copia certificada de los mismos....M-IV
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