Carmen Cantu Mendoza

Expediente 568/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
568/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Carmen Cantu Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, mediante el cual acusa recibo del juicio de garantías 568/2021, que le fue enviado en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de garantías promovido por ***, sin hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que con fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se proveyó respecto del mismo oficio. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica de la Secretaria del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de garantías 568/2021, que le fue enviado en proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de garantías promovido por *** En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Carmen Cantú Mendoza, por propio derecho, contra actos del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guerrero de la Secretaria de Bienestar, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 568/2021; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de cuenta se advierte que la peticionaria del amparo señala como acto reclamado lo siguiente: "A la responsable ordenadora y ejecutora DELEGADO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE GUERRERO, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR le reclamo la orden verbal de suspender mi apoyo de adulto mayor, que venía recibiendo desde el año dos mil trece, hasta el mes de septiembre del presente año, la suscrita tengo sesenta y nueve años de edad." Atento a lo anterior, se considera que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es incompetente para tramitar y resolver el juicio de amparo a que se refiere el presente expediente, de conformidad con lo previsto por el artículo artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Así la impetrante de garantías reclama de la autoridad responsable, la orden verbal de suspender el apoyo de adulto mayor, que venía recibiendo desde el año dos mil trece, hasta el mes de septiembre del presente año. Asimismo, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: (.) "La suscrita soy originaria del pueblo de San Luis Acatlán, Guerrero, desde el año dos mil trece me inscribí en el programa de apoyo económico del adulto mayor en la secretaría de bienestar del gobierno federal, desde ese año he sido beneficiada, recibía mi dinero cada dos o tres meses sin ningún problema, resulta que en el mes de septiembre del presente año acudí como de costumbre a recibir mi apoyo en la cancha de la colonia san miguel donde radico. El día veinticuatro de noviembre del presente año, me presente año, me presenté de nueva cuenta a cobrar mi apoyo económico, con mi curp actualizada, la cual adjunto al presente, la encargada del programa de nombre VERONICA personal que me atendió de la dependencia me comentó que no podía cobrar ahí, porque supuestamente yo cobro en el poblado de malinaltepec pueblo que no conozco, porque nunca he ido, solo sé que existe porque las personas lo nombra, desde el año dos mil trece siempre había cobrado mi apoyo en el pueblo de San Luis Acatlán, porque ahí es donde radico, desconozco el motivo por el cual me dijo esa persona que fuera a cobrar mi apoyo económico a ese pueblo, todas las veces que recibía mi apoyo solo ponía mi huella de mi dedo pulgar, nunca firmaba. (.)" De ahí que, toda vez que el acto reclamado en este juicio de garantías tiene ejecución material en San Luis Acatlán, Guerrero, es decir, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, por lo que, este Juzgador es incompetente para conocer del presente juicio de garantías. Es aplicable la tesis siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. (Registro No. 189167, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Agosto de 2001, Página: 1299, Tesis: I.1o.A.44 A, Tesis Aislada." Sentado lo anterior, de conformidad con el mencionado dispositivo legal, así como el punto tercero, apartado XXI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco, Guerrero. Así las cosas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, y atendiendo a que el presente asunto versa sobre un acto que lleva implícita una ejecución material, el que suscribe declina la competencia del presente asunto a los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco, Guerrero, por lo que, previo al cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de dichos juzgados, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del juzgado que por razón de turno corresponda conocer del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a Francisco Serrano García y Gregorio Valente Ramírez, toda vez que cuentan con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que indica hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. No se estima procedente pronunciarse respecto a la suspensión del acto reclamado por no encontrarse en el supuesto del artículo 15 del párrafo segundo y del artículo 48 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente acuerdo a la promovente en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página 55, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION, EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Notifíquese.

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