Carmen Cabañas Salmerón

Expediente 1575/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1575/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Carmen Cabañas Salmerón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las certificaciones de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad, contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el que este Juzgado declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo haya hecho, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos; por tanto, SE TIENE CONSENTIDO DICHO AUTO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y del conocimiento de las partes procesales para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se advierta documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico; lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En tal virtud, y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser DEPURADO, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, resoluciones recurridas, sentencia definitiva y del presente auto. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del ya mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las certificaciones de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad, contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el que este Juzgado declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo haya hecho, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos; por tanto, SE TIENE CONSENTIDO DICHO AUTO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y del conocimiento de las partes procesales para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se advierta documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico; lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En tal virtud, y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser DEPURADO, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, resoluciones recurridas, sentencia definitiva y del presente auto. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del ya mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada, en proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de que éstas manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria informado por la autoridad responsable en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en la ejecutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Primer Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, dentro del amparo en revisión penal 106/2020, que revocó la sentencia definitiva de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este Juzgado Séptimo de Distrito, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1). Deje insubsistente la resolución reclamada. 2). Emita una nueva, en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que el presente asunto debió tramitarse conforme al sistema penal acusatorio y acuerde lo que derecho corresponda, a fin de que el asunto se siga bajo las reglas del sistema penal acusatorio, conforme lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales." Así, previo requerimiento de cumplimiento, la autoridad responsable Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente, mediante oficio 207 recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida dentro del toca penal VI-120/2018, con la cual refirió daba cumplimiento a la sentencia de amparo dictada el presente juicio. Con el oficio y anexo descritos en el párrafo anterior, mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo procedente. Tal acuerdo fue notificado a las partes (quejosa y tercero interesada) el doce de noviembre de dos mil veintiuno, tal como se advierte de las constancias respectivas, misma que obran agregadas a los presentes autos, sin que éstas hubieran hecho manifestación alguna respecto del cumplimiento informado por dicha responsable. Por tanto, al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con lo informado por la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla, y para ello, es preciso reiterar que el efecto para el que se concedió la protección constitucional, fue para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1). Deje insubsistente la resolución reclamada. 2). Emita una nueva, en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que el presente asunto debió tramitarse conforme al sistema penal acusatorio y acuerde lo que derecho corresponda, a fin de que el asunto se siga bajo las reglas del sistema penal acusatorio, conforme lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales." De ahí que, la autoridad responsable Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficio 207, recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el nueve de noviembre del año próximo anterior, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en autos, remitiendo para ello, copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en autos del toca penal VI-120/2018, a la cual se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitida por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Así, del contenido de la resolución descrita en el párrafo anterior, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la diversa de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emitida en autos del toca penal VI-120/2018, de la cual emana el acto reclamado en esta vía constitucional, y siguiendo los lineamientos apuntados en la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, determinó que, la causa penal 08/2018, instruida en contra de Manuel García Guatemala, por los delitos de fraude y contra el ejercicio garantista de la abogacía o el litigio, en agravio de Carmen Cabañas Salmerón, debe tramitarse conforme al sistema penal acusatorio; ello, con independencia de que dicho procedimiento se haya iniciado conforme a las reglas del sistema tradicional; asimismo, en la misma resolución la Sala responsable ordenó al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, a quien con motivo de la supresión del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, le corresponde ahora conocer de la causa, decline la competencia del asunto al Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado en turno, adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, a fin de que el procedimiento se tramite bajo las reglas del sistema de justicia penal acusatorio, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales En ese tenor, a consideración de este Juzgado, la autoridad responsable se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 193, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de diez días hábiles, que contarán a partir del siguiente de aquél en que reciba el oficio por el que se le notifique este auto, a efecto de que envíe copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento dado al fallo protector. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor una medida de apremio, consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Finalmente, se reitera al actuario de esta adscripción que las notificaciones que deriven de este sumario, deberán efectuarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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