Carmen Broca Valencia

Expediente 737/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
737/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2017

Partes del expediente

  • Carmen Broca Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiséis de junio del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA I. Agréguese a los presentes autos el escrito ....mediante el cual pretende desahogar la prevención efectuada en proveído de catorce de junio del año en curso, y señala como acto reclamado el siguiente: ". LA RESOLUCIÓN DICTADA CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE FALTA DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES En el expediente 290/2016, de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, que se sigue ante el Juzgado Quinto de oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en la cual señala que no ha procedido el incidente de nulidad de notificaciones instado por el ahora quejoso, declarando legal dicha notificación, con todos sus efectos legales por haberse realizado conforme a derecho la notificación del día 23 de noviembre del año 2016; resolución que me fue notificada mediante publicación en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el 25 de Mayo del año 2017". Por tal motivo, se tiene por desahogada dicha prevención y se tiene como único acto reclamado en el presente juicio, el anteriormente transcrito. Vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, de ... contra un acto que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de la lectura de dicha demanda y del escrito aclaratorio en comento, los cuales deben ser examinados de oficio, en observancia a lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que conduce a su DESECHAMIENTO DE PLANO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En efecto, la parte quejosa reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la resolución interlocutoria de quince de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de nulidad de notificaciones, dentro del expediente 290/2015 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales, promovido por MIREYA ALEJO CHABLE. Con lo anterior se pone de manifiesto que al ser CARMEN BROCA VALENCIA parte en el juicio natural y al tomarse en cuenta que la resolución fue dictada dentro de un incidente de nulidad de notificaciones pudo recurrirla ante el tribunal de alzada de la propia autoridad responsable, mediante el recurso de apelación, tal y como lo dispone la fracción III del artículo 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 428. La apelación procede en contra de: [.] III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." En efecto, los medios de impugnación tienen como finalidad primordial brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto; certidumbre jurídica que, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa sino la certeza dada al individuo que acude ante los órganos jurisdiccionales, por cuanto a que sus derechos procesales no serán objeto de ataques ilegales de parte de la autoridad o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas la protección y reparación, a través de los medios que al efecto el legislador prevea, los cuales se tramitarán ante el mismo Juez que los emita, o bien, ante distinto órgano de mayor jerarquía. Ahora bien, el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, en el título décimo, capítulos I, II y III, prevé como tales, de forma irrenunciable, el de revocación y apelación. En lo que interesa, el artículo 428 de la propia legislación dispone que serán apelables "las resoluciones interlocutorias y definitiva". A partir de lo anterior, si bien en dicho numeral el legislador comprendió como apelables no sólo a las sentencias interlocutorias, sino además a las definitivas, ello no significa que, en tratándose de las primeras, la procedencia del recurso de apelación esté supeditada a lo que a lo largo del código se establezca respecto de cada incidente. En tal contexto, se concluye que en términos del mencionado artículo 428, procede el recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias; conclusión que se asume no sólo con lo antes considerado sino, además, con el análisis del capítulo I, del título décimo primero, del libro primero; capítulo denominado: "Incidentes", en el que a lo largo de él (artículos 439 al 446), no se advierte que el legislador hubiere referido en específico la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva; lo cual denota de forma clara que el legislador en el multicitado numeral 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, incluyó la procedencia del recurso de apelación en contra de todas las resoluciones interlocutorias. Refuerza lo antes argumentado, por analogía en las legislaciones, la tesis aislada II.4o.C.21 C sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito que dice: "APELACIÓN, PROCEDE ESTE RECURSO EN CONTRA DE TODAS LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos generales, los medios de impugnación tienen como finalidad primordial brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto; certidumbre jurídica que, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa sino la certeza dada al individuo que acude ante los órganos jurisdiccionales, por cuanto a que sus derechos procesales no serán objeto de ataques ilegales de parte de la autoridad o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas la protección y reparación, a través de los medios que al efecto el legislador prevea, los cuales se tramitarán ante el mismo Juez que los emita, o bien, ante distinto órgano de mayor jerarquía; medios de impugnación que, en caso de prosperar, evitarían la intervención de la Justicia Federal, dado que la propia ley contempla esa posibilidad de modificar o revocar los actos de las autoridades comunes, a través de los recursos. Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el título noveno, capítulos I, II, III y IV, prevé como tales, de forma irrenunciable, el de revocación, apelación y queja; en lo que interesa, el artículo 1.378 de la propia legislación dispone que serán apelables "las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este código". A partir de lo anterior, si bien en dicho numeral el legislador comprendió como apelables no sólo a las sentencias interlocutorias, sino además a los autos, ello no significa que, en tratándose de las primeras, la procedencia del recurso de apelación esté supeditada a lo que a lo largo del código se establezca respecto de cada incidente, pues la exigencia contenida en la parte final transcrita, sólo es aplicable para los autos, lo cual resulta congruente con el diverso 1.362, que prevé que "los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables.", con lo que se entiende que el propio código, necesariamente establecerá los autos que en específico resulten apelables, pues la regla general es que la revocación procederá en contra de la generalidad de autos, salvo que la ley expresamente establezca que determinado auto en específico resulte apelable, o incluso irrecurrible. En tal contexto, se concluye que en términos del mencionado artículo 1.378, procede el recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias; conclusión que se asume no sólo con lo antes considerado sino, además, con el análisis del capítulo XII, del título séptimo, del libro primero; capítulo denominado: "De los incidentes", en el que a lo largo de él (artículos 1.216 al 1.222), no se advierte que el legislador hubiere referido en específico la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva, cuestión que de forma similar se advierte del análisis de los diversos 1.187 al 1.191 de la legislación en cita, artículos que prevén el denominado en la práctica "incidente de nulidad de notificaciones", en donde tampoco se establece la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria respectiva; lo cual denota, ejemplificativamente, de forma clara que el legislador en el multicitado numeral 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, incluyó la procedencia del recurso de apelación en contra de todas las sentencias interlocutorias." En esa línea argumentativa, cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye una resolución interlocutoria dictada en un incidente de nulidad de notificaciones, como en el caso, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser nulificado por el tribunal de alzada de la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el recurso de apelación de conformidad con el numeral antes señalado, el cual debe agotarse previamente al intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En consecuencia, al no haber agotado la parte quejosa el recurso de apelación, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de que se trata, por ser la misma notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado, pues al consistir éste en una determinación emanada de un tribunal judicial, constriñe a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGUN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA.- Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida ... con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. ...

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