Carmen Benítez Parra

Expediente 136/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
136/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • Carmen Benítez Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, once de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovido por Saulo García Campaña, en su carácter de procurador judicial de Carmen Benítez Parra y Sucesión Testamentaria a Bienes de Delfina Benítez Parra, mediante el cual manifiesta que en el escrito de demanda del juicio de origen, le confirieron tal carácter y en la parte final estampó su firma; asimismo, en el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil ocho, se le reconoció el carácter de procurador judicial; al efecto acompaña copias certificadas de las referidas constancias. En consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juez, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que el promovente Saulo García Campaña, en su carácter de procurador judicial de Carmen Benítez Parra y Sucesión Testamentaria a Bienes Parra, reclama lo siguiente: ACTO RECLAMADO.- De la autoridad que se señala como responsable, reclamo la incongruente e infundada sentencia interlocutoria dictada el día 22 de Enero de 2016, en el Juicio Sumario Civil Interdicto de Obra Peligrosa, en virtud de que por un lado valora el dictamen presentado por el Ingeniero MANUEL ALVAREZ MENDOZA, perito designado por el demandado MARIANO BURGOS GALAZ, sin tan siquiera exponer con claridad los motivos lógicos y humanos para darle tal valor probatorio; y por otro también le da eficacia al dictamen de fecha 19 de diciembre de dos mil doce, emitido por el Ingeniero Nicolás Alvarado Cortés, y caso contrario al anterior citado, en este si expone los motivos lógicos y humanos para darle el valor convictivo, así como también la responsable le resta valor probatorio al dictamen de fecha 19 de septiembre y 06 de junio de dos mil once, sin exponer claramente los razonamientos que lo llevaron a restarle valor a la misma, dado a que en la sentencia interlocutoria de fecha 31 de marzo de 2014, en esa si le dio valor y expuso los motivos." En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5, fracción I, y 6 de la ley de la materia, que por su orden establecen: "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Como se ve, el juicio de garantías únicamente puede promoverse a instancia de parte agraviada, esto es, por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución, así como los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o sea, cuando se afecte su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, el tratado internacional, la ley, reglamento o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, lo que obliga a que la demanda de amparo sea suscrita por el quejoso, por su representante legal o su apoderado. Por otra parte, la legitimación para actuar en nombre de otro, se encuentra establecida en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo en vigor, que en lo conducente indican: "Artículo 10. [.] En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.". "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta.". Como se advierte de los preceptos legales transcritos, en el juicio de amparo, la facultad para actuar en nombre de otro debe acreditarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles; también estarán facultados aquéllos que tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, y tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Es decir, que conforme al principio de instancia de parte agraviada, en el juicio de amparo indirecto en materia civil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado. En la especie, no se colma lo anterior, ya que la demanda de garantías de que se trata fue presentada por Saulo García Campaña en su carácter de procurador judicial de Carmen Benítez Parra y Sucesión Testamentaria a bienes de Delfina Benitez Parra parte actora en el juicio natural. Nombramiento que se advierte le fue otorgado por Josefina Patricia Serano Benitez, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Delfina Benitez Parra y Martha Elena García Macias en su carácter de tutora de Carmen Benitez Parra, desde el escrito de demanda presentado ante el Juzgado natural en los términos siguientes: ". nombrando como nuestro procurador judicial a los CC. Licenciados en derecho Saulo García Campaña y Juan Díaz Osuna, en los términos del artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado." lo cual fue acordado en sus términos por auto de dieciséis de diciembre de dos mil ocho. Pues bien, el artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, vigente a la fecha en que se otorgó esa representación, a la letra dice: "Artículo 52 Bis. Las partes pueden nombrar para que las representen en juicio, uno o más procuradores judiciales, autorizados para el ejercicio de la abogacía, quienes podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio, los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. Para este efecto, bastará que la designación se haga en escrito privado dirigido al juez de la causa, debiendo contener la aceptación del o de los nombrados.". Como se advierte, el citado precepto legal establece que los Procuradores Judiciales podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio, los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. Ahora bien, la frase ".llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte,." no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de su autorizante, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso civil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el procurador judicial adquiriera el carácter de representante legal; y por otro, porque tales facultades deben armonizarse con el principio de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo indirecto en materia civil. Al respecto, es aplicable por analogía, la jurisprudencia 97/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 325, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo directo en esta materia, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio.". Es así, porque el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, que se interpretó en la citada jurisprudencia es del texto siguiente: "Art. 1,069. (.) Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.". De manera que la frase ".realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante,.", a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, así como la diversa ".quienes podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte,.", contenida en el ordinal 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, son esencialmente iguales. De ahí que la citada jurisprudencia sea aplicable por analogía, pues tal autorización sólo surte efectos para atender el procedimiento en el juicio civil, al referir literalmente "todos los actos procesales que correspondan a dicha parte.". Luego, si el juicio de amparo no constituye una instancia del juicio de origen, sino un medio de defensa extraordinario que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de la autoridad que violen derechos humanos, que restrinjan la soberanía de los Estados o que invadan la esfera de la autoridad federal, de manera que el juicio de amparo no se contempla dentro de la obligación a cargo del Procurador Judicial, de seguir el juicio por todas las instancias mientras no haya cesado en su encargo, esto por una parte; y por otra, conforme al principio de parte agraviada que se desprende del artículo 6 de la Ley de Amparo en vigor, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del Procurador Judicial contemplado en el artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa; entonces, la demanda promovida por éste, en representación de sus patrocinados en el juicio de origen. Consecuentemente, en atención a que la demanda de amparo no fue promovida por los directamente afectados, su representante legal, sino por su procurador judicial en términos del artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, quien, como se analizó, carece de legitimación para hacerlo, no se cumplió el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 constitucional, 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo; y, al ser ello así, sobre el particular, la demanda de amparo se desecha por notoriamente improcedente con fundamento además en lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, de la legislación invocada en segundo término. NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente.

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