Carmen Beatriz Hernández Carbajal

Expediente 391/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
391/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Carmen Beatriz Hernández Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, en su carácter de apoderada de la quejosa **********, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de abril de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por medio del cual rinde su informe justificado. Asimismo, remiten diversas constancias certificadas que integran el expediente laboral J.6/111/2010; documentales que este juzgado federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, de dichas constancias, así como del informe de cuenta, se advierte que el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se emitió el laudo definitivo en el mencionado expediente laboral, promovido por *******. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, quien aquí resuelve, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie al quejoso. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de éste que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. De los artículos referidos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que la pretensión constitucional que en este apartado se analiza, versa en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, de emitir el laudo correspondiente en el expediente laboral J.6/111/2010 de su índice. Así tenemos que, la citada autoridad responsable 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e0.78 ARANTXA RAMIREZ VILLAFUERTE 5 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 391/2023 Amparo indirecto 391/2023 allega a su informe con justificación copia certificada del laudo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, pronunciado en el aludido expediente laboral, así como la constancia de notificación a la parte actora respecto de dicha determinación, de fecha doce de abril en curso. Ahora, si bien el laudo fue emitido el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, mientras que su legal notificación a la parte quejosa acaeció hasta el doce de abril del año en curso, válidamente se puede afirmar que el acto que reclamó existía al momento en que la parte quejosa instó su demanda de amparo el treinta de marzo de dos mil veintidós, puesto que no estaba enterada de ello; sin embargo, al haberse dictado y, posteriormente, notificado el laudo definitivo en el expediente laboral J.6/111/2010, la omisión ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, en virtud que si bien la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, omitió en su momento resolver el expediente laboral J.6/111/2010, al haberse dictado el laudo correspondiente y notificado el mismo, cesaron los actos que reclamó la peticionaria de amparo; por tanto, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, respecto del acto reclamado. En conclusión, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia precisada, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con quince minutos del dos de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese la presente determinación a las partes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el escrito del apoderado legal de la tercero interesada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual solicita se vincule al cumplimiento al Director de la Asociación Hogar Infantil San Luis Gonzaga, Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), por las razones que expone. Ahora bien, cabe precisar que la Asociación Hogar Infantil San Luis Gonzaga, Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), es asesorada y supervisada por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, de conformidad con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. En ese contexto y para salvaguardar la protección de los derechos de los menores involucrados, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, con copia del escrito de cuenta, con copia de la sentencia de amparo, proveídos de nueve de mayo de dos mil diecinueve y treinta de septiembre de dos mil veintidós, se vincula al procedimiento de la ejecutoria de amparo al Director de la Asociación Hogar Infantil San Luis Gonzaga, Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) y a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México. Dichas autoridades vinculadas al cumplimiento, dentro del plazo improrrogable término de cinco días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: - Director de la Asociación Hogar Infantil San Luis Gonzaga, Institución de Asistencia Privada (I.A.P.): Deberá realizar el aviso correspondiente a los familiares de las dieciocho personas que actualmente ocupan las instalaciones del inmueble materia de la Litis y puedan trasladarlos a diversa institución de asistencia privada o en su defecto, a su domicilio particular; lo anterior atendiendo a que se determinó por parte de personal médico que dichas personas son aptas para trasladarse sin poner en riesgo su vida. Deberá informar si hizo del conocimiento a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, respecto a la existencia y trámite de este juicio de amparo. - Junta de Asistencia Privada del Estado de México: Deberá informar si conocimiento por parte del patronato de la Asociación Hogar Infantil San Luis Gonzaga, Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), de la interposición de este juicio de amparo, mismo que tiene sentencia firme y en etapa de cumplimiento. Informe respecto de alguna otra institución de asistencia privada que cuente con las condiciones, insumos y personal capacitado para la recepción, atención u hospitalización permanente de las dieciocho personas valoradas, para lo cual deberá realizar las gestiones necesarias ante las mismas. En caso de resultar desfavorable la solicitud de asignación de alguna instituciones de asistencia privada, deberá informar a este órgano jurisdiccional de manera fundada y motivada la imposibilidad jurídica que le impide dar cumplimiento al fallo protector. En la inteligencia que no se tendrá por satisfecho el requerimiento formulado con el solo informen de gestiones, por lo que, bajo su más estricta supervisión, deberán verificar que se cumpla con los protocolos necesarios para que conforme al estado clínico de cada una de las dieciocho personas se decreten las medidas suficientes para salvaguardar la integridad física y psíquica de éstas. Por tanto, se apercibe al Director de la Asociación Hogar Infantil San Luis Gonzaga, Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) y a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o informar impedimento legal tenga para ello, se harán acreedoras a una multa de doscientos valores diarios de la unidad de medida y actualización1 de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además que se ordenará la apertura del respectivo incidente de inejecución de sentencia, remitiendo los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, para que se continúe con el trámite de inejecución, de conformidad con el artículo 192 y 258 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que las citadas autoridades, no tengan el carácter de responsable en el presente juicio de amparo, toda vez que todas las autoridades que tengan conocimiento respecto al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, deben intervenir en su ejecución, por lo tanto, en el término concedido con anterioridad, deberán informar las gestiones realizadas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sustenta lo anterior lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Apéndice de 2007, Novena Epoca, Tomo XXV, página 144, con número de registro digital 172605, del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese.

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