Carmen Avendaño Rivera

Expediente 1104/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1104/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Carmen Avendaño Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1104/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 94 a 107), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 65 a 72 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, del presente asunto se aprecia que la parte quejosa exhibió diversas pruebas en el presente asunto, mismas que anexó en el escrito inicial de demanda (fojas 31 a 44). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado documento. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Finalmente, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. (.") En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 94 a 107), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 65 a 72 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, del presente asunto se aprecia que la parte quejosa exhibió diversas pruebas en el presente asunto, mismas que anexó en el escrito inicial de demanda (fojas 31 a 44). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado documento. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Finalmente, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido mediante Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, al día siguiente, Carmen Avendaño Rivera, promovió juicio de amparo contra actos del 1. Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Veracruz, Veracruz y otras autoridades, por actos que más adelante se precisarán (fojas 2 a 28). SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 19 a 49). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (foja 63 a 65) se agregó la constancia de emplazamiento de la Representación Social de la Federación adscrita (foja 54) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando los autos listos para emitir sentencia CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción IV, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la omisión de proporcionar atención médica atribuida a instituciones de salud pública, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho humano a la salud de los menores quejosos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, en razón de que los actos reclamados prescinden de ejecución material. SEGUNDO. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: La suspensión definitiva del servicio médico a la aquí quejosa por parte de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Veracruz. La omisión de recibir la inconformidad presentada por la quejosa en términos dela Ley Orgánica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no la existencia de dichos autos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El acto reclamado consistente en la omisión de recibir la inconformidad formulada por la quejosa ante la suspensión del servicio de atención médica, por parte de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Veracruz, en el presente juicio resulta inexistente; por lo cual, ha lugar a sobreseer en el presente juicio de amparo, según se expone enseguida. MARCO NORMATIVO. El artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo es del contenido siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional (.)" Conforme a dicho artículo, se dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, atendiendo a que el juicio de amparo procede únicamente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la existencia de dichos actos debe analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." que se cita al resultar aplicable en términos de lo dispuesto en el artículo 6° Transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. SUBSUNCIÓN. Lo anterior es así, pues al rendir su informe justificado negaron dicho acto, e incluso en su escrito de veinte de mayo de dos mil veintidós, las autoridades solicitaron que se indicara a la quejosa que presentara su escrito de inconformidad a efecto que se le corriera traslado a la autoridad a efecto que las mismas pudieran ser atendidos, ya que no se contaba con la misma (fojas 84 a 86). Sin que por otra parte, la quejosa hubiera presentado medio de convicción alguno para sustentar su dicho, ya que ni siquiera se acompañó copia del escrito que pretendió entregar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ni se proporcionaron datos del lugar o departamento específico donde se pretendió presentarlo y la hora en que esto ocurrió, sino que se limitó a decir de forma genérica que fue el quince y dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, De esta forma al no existir material probatorio idóneo para contrarrestar la negativa expresada por las autoridades en su informe justificado, en términos del numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio por lo que hace al citado acto reclamado. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Instituto Mexicano del Seguro Social, 2. Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, 3. Director General del Seguro Social Delegación y/o Unidad Médica número 68, 4. Director General y/o Encargado del Departamento de Prestaciones Económicas del instituto Mexicano del Seguro Social, delegación y/o unidad Médica número 68, 5. Director General y/o Encargado del Departamento de Prestaciones Médicas del instituto Mexicano del Seguro Social, delegación y/o unidad Médica número 68 y, 6. Director General y/o Encargado del Departamento Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación y/o Unidad Médica número 68, todos con sede en Veracruz, Veracruz consistentes en la suspensión definitiva de los servicios médicos a favor de la quejosa. Lo anterior porque así lo reconocieron al rendir su informe justificado (fojas 63 y 74). Lo que se corrobora en razón de que las autoridades responsables remitieron copias de las pantallas probatorias de la baja del titular de derecho, trabajador Alfonso Campos (fojas 64 a 66) las cuales tienen valor probatorio conforme con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De ahí que no es procedente decretar el sobreseimiento, como lo solicita la autoridad responsable en su informe justificado, con base en la inexistencia de los actos que se reclaman. QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Sentado lo anterior, en el caso concreto se estima actualizada la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, con el diverso artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que el acto reclamado sujeto a estudio no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. MARCO NORMATIVO. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Para corroborar el aserto anterior es importante traer a colación los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido respecto de las características de la autoridad para efectos del juicio de amparo. Guarda relación la tesis, P.XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". También es relevante la jurisprudencia número 2a./J.164/2011, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas contradicciones de tesis, la cual es de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, en este y otros criterios, puede advertirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado, dejando de lado el concepto de fuerza pública para distinguir a las autoridades, debido a que se reconoció que la evolución de la administración púbica ha originado la creación de diversos y variados entes con atribuciones y actividades distintas; de manera que se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, con motivo de una relación de supra a subordinación, entre el impetrante del amparo y el ente señalado como autoridad, que lo faculte para actuar en un plano superior. Ahora, si bien es cierto, ese criterio se fue diseñando durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, en cuyo artículo 11, disponía que: "es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado"; también es verdad que el contenido normativo de la Ley de Amparo vigente acogió los anteriores criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir a las autoridades responsables en su artículo 5o como aquellas que: "con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas", agregando que: "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De manera que para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, o ante la existencia de un ente u organismo del Estado, debe tenerse en cuenta: a) la existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; c) que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, siendo necesario para establecerlo el estudio de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, cuyo análisis se requiere para acreditar la naturaleza del acto que por vía de amparo se impugna. Las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel y, para dirimir sus controversias deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos administrativos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos y garantías para su protección como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Con relación al tema de los particulares como autoridades para los efectos del juicio de amparo, de la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del dos de abril del dos mil trece, se puede apreciar que la introducción de la posibilidad de pedir amparo contra actos de particulares obedeció a que quedó superada la teoría que asumía que los derechos fundamentales sólo podían ser afectados por las autoridades o los miembros del Estado. En el dictamen correspondiente, se explicó que esa teoría tenía razón de ser en el hecho de que tradicionalmente se habían aceptado relaciones de verticalidad o supra a subordinación en que sólo el Estado podía afectar la esfera jurídica de los gobernados, lo que hacía necesario el reconocimiento de garantías individuales que limitaran su actuación, situación que cambió a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales. Se dijo que esa concepción fue modificada principalmente por tres razones: por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; porque hoy en día la vulneración de los derechos fundamentales no proviene de autoridades sino de la actuación de particulares en determinadas circunstancias, por ejemplo, las afectaciones al medio ambiente y las prácticas de discriminación social y, finalmente, porque la protección procesal para prevenir o reparar violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. Finalmente, se explicó que como en muchas ocasiones ha existido violación a derechos humanos por parte de particulares, resultaba conveniente adoptar un modelo de protección horizontal que garantice un resguardo más eficaz y justo, razón por la cual se proponía tener a los particulares como autoridades responsables cuando actuaran con ese carácter afectando derechos fundamentales, siempre que su función derive de una norma general y abstracta, pues en otros casos la protección contra ese tipo de actos se deberá realizar mediante la tramitación de medios ordinarios de defensa. Como se puede apreciar, cuando el legislador incorporó al texto de la Ley de Amparo la posibilidad de tener a los particulares como autoridades responsables en el juicio de amparo pretendió proteger a los gobernados de la vulneración a sus derechos con independencia del carácter de quien emita el acto o cometa la omisión. Esa es la razón por la que limitó la posibilidad de que los particulares acudan al juicio de amparo a los casos en que conforme a sus funciones puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. En otras palabras, para que un particular sea llamado al juicio de amparo como autoridad responsable se requiere que dentro del cúmulo de funciones que les otorga la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. A modo de conclusión, para que un particular adquiera calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo en términos de la legislación de la materia, se requiere: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. SUBSUNCIÓN. Como se adelantó, el suscrito juzgador considera que los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social señalados, dada la naturaleza de los actos que se les reclaman, no reúnen todas las características para ser consideradas como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo. Esto es así, dado que los citados actos que se combaten, analizados en su exacta naturaleza, no les reviste la característica de "actos de autoridad para, efectos del amparo", sino que tienen su origen y efectos en una relación de coordinación, la que, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya, nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan Ias consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Así con relación al Instituto Mexicano del Seguro Social, éste constituye un organismo descentralizado integrante de la administración pública federal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Seguro Social De esta forma el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa con un doble carácter, a saber: Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero-patronales; donde actúa con atributos propios que la ley le otorga para realizar dichas funciones. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre trabajador y patrón o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero, al asegurado o a sus beneficiarios. En los citados términos el instituto actualmente goza de facultades para el cobro de los créditos derivados de cuotas, actualizaciones, recargos y multas a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 291 de la Ley del Seguro Social. En contraste, en su calidad de ente asegurador, el Instituto, si bien es cierto, la relación jurídica existente entre el mismo y los asegurados no es resultante en todos los casos de la existencia de un vínculo laboral, también es verdad que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se encuentran previstas en el artículo 123 apartado A, fracciones XX y XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el encargado de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, en términos del artículo 2, 4, 5 A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6, fracciones I y II, 8, 10 y II de la Ley del Seguro Social. De ahí que la seguridad social prevista en la legislación invocada y que se encuentra a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra dirigida, en primer nivel, a la protección de los trabajadores y en otro a sus respectivos beneficiarios, quienes para ser acreedor de las correspondientes prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. De ahí que, cuando un asegurado o beneficiario solicita al Instituto cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, éste se encuentra en una relación jurídica en carácter de asegurador, por lo que no hace más que cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el ya invocado bienestar individual y colectivo. De ahí que el acto reclamado en el presente juicio, al derivar de dicho carácter de ente asegurador, no reúne las características para ser considerado acto de autoridad que haga posible su impugnación a través del juicio constitucional, pues versa sobre cuestiones vinculadas a prestaciones de seguridad social, en una relación jurídica en la que, ni la inconforme por un lado, ni el instituto por el otro, están investidos de imperio, ya que éste último sólo actúa con motivo del vínculo laboral existente entre el titular asegurado (que inscribió en el caso a la quejosa que es su beneficiaria) y su patrón, con base en el convenio celebrado. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, las partes actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social -como se vio- el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de las autoridades jurisdiccionales correspondientes, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, Constitucional y 604 de la Ley Federal del Trabajo. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sustenta la anterior consideración, la Jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 160995, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 134/2011, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511. SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Del mismo modo, guarda relación, por las razones que la informan, la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/2 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA POR LA QUE UN TRABAJADOR O SUS BENEFICIARIOS RECLAMAN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ALGUNA PRESTACIÓN DE LAS QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El artículo 295 de la Ley del Seguro Social distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto, pues en relación con los primeros, determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, si el actor demandó del aludido organismo descentralizado alguna prestación de aquellas que integran el régimen obligatorio de seguridad social, resulta inconcuso que el órgano competente para resolver la controversia de origen es la mencionada Junta Federal, y no el referido tribunal porque a éste le corresponde conocer, entre otros, de los conflictos suscitados entre los patrones y el mencionado organismo de seguridad social, lo que no acontece en el particular. Máxime, que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 657, de rubro: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en lo conducente, que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben considerarse de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponde a éste por el régimen obligatorio del seguro social." En esa tesitura, por regla general los actos atribuibles a las diversas dependencias del Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de ente asegurador no se trata de actos de autoridad para efectos de amparo, ya que el referido instituto actúa en sustitución del patrón, dado que dicho instituto no está investido de imperio, de tal manera que dichas actuaciones no son susceptibles de ser impugnados a través del juicio de garantías en términos de los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu, sino mediante instancia laboral ordinaria ante la autoridad jurisdiccional competente en términos del artículo 123 Apartado A, fracción XX Constitucional y 604 de la Ley Federal del Trabajo como ya se precisó donde la ahora promovente estará en aptitud de impugnar los actos que estima lesivos de sus derechos de seguridad social. Sin que sea obstáculo para lo antes señalado, que la aquí quejosa invoque su derecho a la salud en términos del artículo 4 constitucional como fundamento para su demanda de garantías, puesto que en el caso particular no se trata de la omisión o simple negativa a la prestación del servicio médico a un derechohabiente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social sino de controversia suscitada ante la afirmación del citado instituto de la procedencia de la baja de la inscripción del trabajador del que es beneficiario la quejosa derivadas de irregularidades en su registro, esto es, del nombre correcto de aquel, lo que en su caso debe ser objeto de un procedimiento ante autoridad ordinaria para determinar lo que proceda de acuerdo a la ley. CONCLUSIÓN De esta manera, dado que al Instituto Mexicano del Seguro Social no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, n relación con el artículo 5, fracción III (este último aplicado a contrario sensu) de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que procede es sobreseer en el juicio, por lo que hace la suspensión definitiva de los servicios que presta dicho instituto por lo que hace a la quejosa SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que la parte quejosa en este asunto no realizó manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Carmen Avendaño Rivera Viuda de Campos, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en los tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Con relación a los datos sensibles en la presente sentencia, estese a lo señalado en el último considerando de esta resoluciónNotifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra fijada para el cuatro de julio del año en curso; sin embargo, de conformidad con el oficio SEPL./GEN./004/3159/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de uno de junio del presente año, acordó declarar los días cuatro y cinco de julio como inhábiles, con motivo de las festividades de carnaval que se realizarán en esos días en esta zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por lo que en esas fechas no corren términos. En virtud de lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el cuatro de julio del presente año, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese en términos de ley.

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