Carmen America Mendoza Sánchez

Expediente 547/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
547/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Carmen America Mendoza Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el que acusa recibo de los autos originales a que este cuaderno de antecedentes se contrae, los cuales fueron remitidos mediante acuerdo de treinta de abril de este año e informa que se avocó al conocimiento del asunto respecto de la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, asignándole el juicio de amparo 870/2018-VI, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Carmen América Mendoza Sánchez, por su propio derecho, contra actos de la Directora de Educación Primaria número 5, de esta Ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 547/2018. De una lectura integral de la demanda de amparo y de su anexo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse el contenido del artículo 55 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece lo siguiente: "55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:" (.) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y. (.).". Sobre la incompetencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativo, es preciso mencionar que se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido. Al respecto, es aplicable la Tesis I.6o.T.278 L, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO". Ahora bien, para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, no basta que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad de trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, sino que se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo o de un conflicto obrero-patronal, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.14o.T.1 L, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO." Hecha la precisión que antecede, este órgano jurisdiccional concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que el acto reclamado corresponde a la materia laboral. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, este órgano jurisdiccional advierte que la quejosa reclama lo siguiente: El oficio 216/4-1323/2018 004145, de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual se le comunica su reubicación en centro de trabajo distinto. Por otra parte, de la demanda de amparo y de sus anexos se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Carmen América Mendoza Sánchez es maestra de grupo de primaria, con nombramiento definitivo en la escuela primaria "Everardo Cruz Salmerón". 2. Mediante oficio 257/2016-2017, se le hizo del conocimiento que sería separada del grupo B, de tercer grado, hasta nueva indicación, con la finalidad de que se aplicara un ejercicio a los alumnos sin su presencia, con motivo de una queja por maltrato psicológico. 3. El catorce de julio de dos mil diecisiete, de conformidad con los artículos 46, fracción V, incisos a) y f) y 46 Bis, ambos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, fue instrumentada un acta administrativa en contra de la quejosa. 4. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la quejosa demandó de las autoridades la reinstalación en el puesto de profesora de grupo, así como la nulidad del acta administrativa señalada en el punto precedente, lo cual se radicó bajo el número de expediente 3991/17, ante la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 5. Mediante oficio 216/4-1323/2018 004145, de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se le hizo del conocimiento su reubicación en funciones administrativas en centro de trabajo distinto. 6. Inconforme con lo anterior, Carmen América Mendoza Sánchez promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Ahora bien, para justificar la presente determinación, es necesario atender a los artículos 46, fracción V y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los cuales establecen lo siguiente: "46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: (.) V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes: a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada. c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo. f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren. g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores. h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria. (.).". "46 BIS. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma." De los artículos anteriormente transcritos se desprende, medularmente, que los trabajadores al servicio del Estado sólo pueden ser cesados por causa justa, entre las cuales se encuentra la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en diversos supuestos, como lo son: incurrir en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio; faltar por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada; destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; cometer actos inmorales durante el trabajo; desobedecer reiteradamente y sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores; falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva, entre otras. Asimismo, mencionan que cuando el trabajador incurre en alguna de las faltas señaladas en el párrafo precedente, el jefe superior de la oficina debe proceder a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se deben asentar los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la cual debe ser firmada por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia. Por último, señalan que dicha acta administrativa es el documento base de la acción, si el titular procede a demandar al trabajador ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Específicamente, por lo que hace a los trabajadores del servicio de educación, los artículos 1, 5, 25, fracciones V y VI, y 55, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública, así como el diverso 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establecen lo siguiente: Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública "1. EL PRESENTE REGLAMENTO ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA FUNCIONARIOS, JEFES Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Y TIENE POR OBJETO FIJAR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE BASE DE LA MISMA DEPENDENCIA, EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 63 Y 64 DEL ESTATUTO JURIDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNION.". "5. LOS TRABAJADORES DE BASE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE SUBDIVIDIRAN EN TRES GRANDES GRUPOS: DOCENTES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS.". "25. SON OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES: (.) V. DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO CON LA INTENSIDAD Y CALIDAD QUE ESTE REQUIERA. VI. OBEDECER LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE RECIBAN DE SUS SUPERIORES EN ASUNTOS PROPIOS DEL SERVICIO. UNA VEZ CUMPLIDAS EXPRESARAN LAS OBJECIONES QUE AMERITEN. (.).". "55. LOS CAMBIOS DE LOS TRABAJADORES SOLO SE EFECTUARAN: I. POR NECESIDADES DEL SERVICIO. EN ESTE CASO, SI EL TRABAJADOR MANIFIESTA SU OPOSICION EN UN PLAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA EN QUE SE LE DE A CONOCER SU CAMBIO, DEBERA DEMOSTRAR ANTE LA DEPENDENCIA DE SU ADSCRIPCION LA IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA, PARA QUE ELLA DETERMINE LO CONDUCENTE. SALVO QUE EL TRASLADO SE DEBA A INCOMPETENCIA DEL TRABAJADOR O COMO SANCION POR FALTAS COMETIDAS POR EL MISMO, LA SECRETARIA DEBERA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE DEMANDE EL VIAJE CORRESPONDIENTE Y SI EL TRASLADO FUERA POR TIEMPO LARGO O INDEFINIDO, PAGARA LOS GASTOS QUE ORIGINE EL TRANSPORTE DEL MENAJE DE CASA INDISPENSABLE PARA LA INSTALACION DEL CONYUGE DEL TRABAJADOR Y DE LOS FAMILIARES HASTA EL SEGUNDO GRADO, QUE DE EL DEPENDAN.". Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado "16. Cuando un trabajador sea trasladado de una población a otra, la Dependencia en que preste sus servicios, dará a conocer previamente al trabajador las causas del traslado, y tendrá la obligación de sufragar los gastos de viaje y menaje de casa, excepto cuando el traslado se hubiere solicitado por el trabajador. Si el traslado es por período mayor de seis meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos que origine el transporte de menaje de casa indispensable para la instalación de su cónyuge y de sus familiares en línea recta ascendentes o descendentes, o colaterales en segundo grado, siempre que estén bajo su dependencia económica. Asimismo, tendrá derecho a que se le cubran los gastos de traslado de su cónyuge y parientes mencionados en este párrafo, salvo que el traslado se deba a solicitud del propio trabajador. Solamente se podrá ordenar el traslado de un trabajador por las siguientes causas: I. Por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas; [.].". De los artículos anteriores se advierte, esencialmente, que el reglamento en cuestión tiene como objeto fijar las condiciones de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, de tales artículos se aprecia que los trabajadores de dicha dependencia se dividen en tres grupos, a saber, docentes técnicos y administrativos. Además, que los trabajadores tienen diversas obligaciones, entre las cuales se encuentran desempeñar las funciones propias de su cargo con intensidad, así como obedecer las órdenes e instrucciones en asuntos propios del servicio. Por último, regulan los traslados de trabajadores por necesidades del servicio debidamente justificadas o como sanción por faltas cometidas en el mismo. Ahora bien, en el caso en concreto, como se narró en los antecedentes, la quejosa es una trabajadora docente de la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de la materia. En su contra se levantó un acta administrativa, de conformidad con el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por la posible comisión de las infracciones establecidas en el diverso 46, fracción V, la cual, en contra de la cual (al ser el documento base de la acción) la hoy quejosa demandó su nulidad ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por otra parte, se determinó su reubicación en funciones administrativas en centro de trabajo distinto. A partir de lo anterior, se puede advertir que dicha reubicación es de naturaleza laboral, toda vez que tiene su origen en la relación de trabajo que sostiene la trabajadora con su patrón, conforme al apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 5 del Reglamento multicitado. Lo anterior se corrobora si se toma en consideración que el acta administrativa de la cual deriva la suspensión es el documento base de la acción cuya nulidad demandó la quejosa ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, paralelamente a la reinstalación en el puesto de profesora de escuela primaria. En ese sentido, destaca que el problema jurídico planteado deriva de la relación de trabajo de la quejosa con la autoridad responsable, por lo que con independencia del carácter y naturaleza formal de ésta, el contenido del acto reclamado debe considerarse propio de la materia laboral. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, toda vez que el acto reclamado no encuadra dentro de las hipótesis que señala el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prescribe las atribuciones de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, por tanto, tal reclamación es impugnable ante un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en términos del referido artículo 55, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente; en consecuencia, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el juez que se considera competente. Con base en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza al quejoso el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente a la quejosa, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de María del Carmen Ortiz Sánchez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida... fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 547/2018... este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto.... hecha la precisión que antecede, este órgano jurisdiccional concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que el acto reclamado corresponde a la materia laboral... Notifíquese; personalmente a la quejosa, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo.

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