Carmen Alvarado Ornelas
Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carmen Alvarado Ornelas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Se ordena notificar al tercero interesado Servicio Educación Pública, Descentralizada del Estado de Sinaloa, la resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el trece del mismo mes y año, así como las subsecuentes notificaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo. Así también en cumplimiento al proveído dictado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se notifica por medio de lista al tercero interesado Servicio Educación Pública, Descentralizada del Estado de Sinaloa, la resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el trece del mismo mes y año, que a la letra dice: "En Los Mochis, Sinaloa, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día fijados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 588/2019-3, estando en audiencia pública de derecho, el licenciado José Francisco Pérez Mier, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado Jesús Alberto Velderrain Audeves, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario efectúa relación de las constancias de autos y se hace constar que no existen promociones pendientes de acordar y que obra en autos el informe justificado rendido la autoridad única autoridad responsable. A lo anterior, el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y con fundamento en el artículo 117 de la ley en cita, por rendido el informe justificado de la única autoridad responsable; y toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación respecto de lo señalado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, hágase saber al personal correspondiente que la sentencia deberá publicarse con la inclusión de los datos personales de la quejosa conforme a la ley invocada. Abierto el período probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza, las pruebas documentales que anexó el quejoso a su escrito inicial de demanda; así como las que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, anexó a su informe justificado. No habiendo pruebas pendientes de desahogar se pasa al período de alegatos, en donde se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de este derecho, y sin pedimento del agente del ministerio público de la federación adscrito, se pasa a dictar la resolución que corresponde: El Juez. Lic. José Francisco Pérez Mier El Secretario Lic. Jesús Alberto Velderrain Audeves. Los Mochis, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto número 588/2019-3, promovido por María Isela Valenzuela Astorga, en su carácter de apoderada legal de Carmen Alvarado Ornelas, contra los actos y la autoridad que más adelante se harán referencia, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Resultando Primero. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Federal, la quejosa María Isela Valenzuela Astorga, en su carácter de apoderada legal de Carmen Alvarado Ornelas, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades siguientes: Autoridad responsable: Presidente de la Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Actos Reclamados: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridad señalada como responsable en esta demanda, denominada C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL No.2 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, le reclamo: a).- la omisión en que se encuentra al no dictar las medidas todas las medidas fórmales y materiales necesarias para la ejecución del laudo de fecha 25 de octubre de 2016, solicitada por escrito de fecha 09 de septiembre de 2019, en el juicio Laboral 0.P.D.J.E.N°.2-10-35/2015, de manera pronta, expedita, imparcial, y completa, el cual se originó con motivo de la demanda presentada por la parte Quejosa CARMEN ALVARADO ORNELAS, .en contra de contra de la tercera interesada, precisada en líneas anteriores, ejercitando la acción de pago de PRIMA DE ANTIGÜEDAD y el pago de intereses legales, por reunir los requisitos establecidos en los artículos 162, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, relacionados con IA fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, del artículo 123 apartado A Constitucional; a pesar que desde el mes de octubre de 2016, se dictó en expediente natural resolución definitiva; habiendo transcurrido con exceso el término que tiene para emitir el laudo respectivo, de conformidad con los artículos 685, 686, 771,939, 940, 945, y de la Ley Federal del Trabajo. b).- la omisión de instruir al personal a su cargo, para que materialmente ejecuten todas las medidas necesarias tomadas para que la ejecución del laudo de fecha 25 de octubre de 2016, sea de pronta, expedita, imparcial, y completa. c).- la omisión de cumplir formal y materialmente, todas y cada una de las medidas necesarias dictadas para ejecutar el Laudo de fecha 25 de octubre de 2016, en relación a lo solicitado en el escrito de fecha 09 de septiembre de 2019, presentados ante la oficialía de partes de la Junta Especial N°. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. d).- la falta de notificación del acuerdo dictado en relación a los escritos de fecha 09 de septiembre de 2019, presentados ante la oficialía de partes de la Junta Especial N°. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." Segundo. En proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de garantías, registrándose con el número 588/2019-3, se emplazó a los terceros interesados, tal y como se advierte de autos. Se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, el cual fue rendido oportunamente. Asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Igualmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, se celebró la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer del presente asunto de conformidad con los artículos 103 fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas contundentes para tenerlos o no por demostrados. Ahora bien, nuestro Máximo Tribunal ha establecido el principio de la indivisibilidad de la demanda de amparo, de tal forma que debe interpretarse como un todo, por ello dicho libelo por el cual se ejerció la acción de control constitucional, debe estudiarse íntegramente para determinar cuáles son los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, consultable con número de registro electrónico de "IUS" 917553, así como en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." (Lo subrayado es lo que se considera preponderante y aplicable en lo conducente al presente caso.) En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que se impugna: A la autoridad responsable que señala en su demanda, lo siguiente: a).- La omisión en que se encuentra al no dictar las medidas todas las medidas fórmales y materiales necesarias para la ejecución del laudo de fecha 25 de octubre de 2016, solicitada por escrito de fecha 09 de septiembre de 2019, en el juicio Laboral 0.P.D.J.E.N°.2-10-35/2015, de manera pronta, expedita, imparcial, y completa, el cual se originó con motivo de la demanda presentada por la parte Quejosa CARMEN ALVARADO ORNELAS, .en contra de contra de la tercera interesada, precisada en líneas anteriores, ejercitando la acción de pago de PRIMA DE ANTIGÜEDAD y el pago de intereses legales, por reunir los requisitos establecidos en los artículos 162, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, relacionados con IA fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, del artículo 123 apartado A Constitucional; a pesar que desde el mes de octubre de 2016, se dictó en expediente natural resolución definitiva; habiendo transcurrido con exceso el término que tiene para emitir el laudo respectivo, de conformidad con los artículos 685, 686, 771,939, 940, 945, y de la Ley Federal del Trabajo. b).- La omisión de instruir al personal a su cargo, para que materialmente ejecuten todas las medidas necesarias tomadas para que la ejecución del laudo de fecha 25 de octubre de 2016, sea de pronta, expedita, imparcial, y completa. c).- La omisión de cumplir formal y materialmente, todas y cada una de las medidas necesarias dictadas para ejecutar el Laudo de fecha 25 de octubre de 2016, en relación a lo solicitado en el escrito de fecha 09 de septiembre de 2019, presentados ante la oficialía de partes de la Junta Especial N°. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. d).- La falta de notificación del acuerdo dictado en relación a los escritos de fecha 09 de septiembre de 2019, presentados ante la oficialía de partes de la Junta Especial N°. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado." Como se ve de lo anterior se trata de actos diferentes los que se reclaman a la autoridad responsable; por tanto, para una mejor comprensión del asunto, el estudio de cada uno de ellos se analizará en forma separada, iniciando con los actos reclamados señalados en los incisos a), c) y d) y, posteriormente el acto reclamado señalado en inciso b). Tercero. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y solo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se advierten en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. En ese orden de ideas, debe decirse que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, de las constancias que anexó a su informe, se aprecia la existencia del escrito de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, presentado dentro del juicio laboral 0.P.D.J.E.N°.2-10-35/2015, del índice de la responsable; congruente con lo anterior, se le tiene por ciertos los actos que se le reclaman a la autoridad en cita. Es aplicable al caso, por identidad jurídica y contenido sustancial, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en su tesis visible en la página 391 del Tomo XVI, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Cuarto. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 940, consultable en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que textualmente dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, y solo por lo que hace a los actos siguientes: a).- La omisión en que se encuentra al no dictar las medidas todas las medidas formales y materiales necesarias para la ejecución del laudo de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, solicitada por escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio Laboral 0.P.D.J.E.N°.2-10-35/2015, de manera pronta, expedita, imparcial, y completa, el cual se originó con motivo de la demanda presentada por la parte quejosa CARMEN ALVARADO ORNELAS, en contra de contra de la tercera interesada ejercitando la acción de pago de PRIMA DE ANTIGÜEDAD y el pago de intereses legales, por reunir los requisitos establecidos en los artículos 162, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, relacionados con Ia fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, del artículo 123 apartado A Constitucional; a pesar que desde el mes de octubre de 2016, se dictó en expediente natural resolución definitiva; habiendo transcurrido con exceso el término que tiene para emitir el laudo respectivo, de conformidad con los artículos 685, 686, 771,939, 940, 945, y de la Ley Federal del Trabajo. c).- La omisión de cumplir formal y materialmente, todas y cada una de las medidas necesarias dictadas para ejecutar el laudo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en relación a lo solicitado en el escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, presentado ante la oficialía de partes de la Junta Especial N°. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y, d).- La falta de notificación del acuerdo dictado en relación al escrito de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, presentados ante la oficialía de partes de la Junta Especial N°. 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. En juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En efecto la quejosa se duele del hecho de que la autoridad responsable es omisa en dictar todas las medidas formales y materiales necesarias para la ejecución del laudo de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, solicitada por escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio Laboral 0.P.D.J.E.N°.2-10-35/2015; y la falta de notificación del acuerdo dictado en relación al escrito de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que hizo a la Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora bien, en autos obra el escrito presentado ante la junta responsable el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el acuerdo dictado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se provee en relación al mencionado escrito, así como la correspondiente notificación hecha valer al promovente. Pues bien, valoradas plenamente dicha prueba conforme a lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte que en atención a que si la parte quejosa, reclamaba la omisión por parte de la responsable en dictar todas las medidas formales y materiales necesarias para la ejecución del laudo de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, solicitada por escrito de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio Laboral 0.P.D.J.E.N°.2-10-35/2015; y la falta de notificación del acuerdo dictado en relación al escrito de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, y tomando en consideración que la responsable mediante acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecinueve, acordó lo relativo a su escrito de nueve de septiembre del año en curso, incluso fue debidamente notificada la parte promovente, como se justifica de las documentales descritas en líneas anteriores, es indudable que la autoridad señalada en el presente considerando ya se pronunció sobre la omisión que reclamaba la quejosa; motivo por el cual, si ya se pronunció sobre lo solicitado por la quejosa, como consecuencia de ello, cesaron los efectos del citado acto reclamado, y por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 63 fracción V, de la misma ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, solo por lo que respecta a los actos descritos en los incisos a), c) y d) de su escrito de demanda. Quinto. Ahora bien, y por lo que hace al acto reclamado consistente en lo siguiente: b).- La omisión de instruir al personal a su cargo, para que materialmente ejecuten todas las medidas necesarias tomadas para que la ejecución del laudo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, sea de pronta, expedita, imparcial, y completa. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), constitucional, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: .III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: .b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." Ahora bien, de la demanda de amparo se obtiene, que la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, de esta ciudad, la omisión de instruir al personal a su cargo, para que materialmente ejecuten todas las medidas necesarias tomadas para que la ejecución del laudo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, sea de pronta, expedita, imparcial, y completa, lo anterior, sin especificar acuerdo alguno dentro del juicio laboral del que deriva el acto reclamado. Precisado lo anterior, se tiene que lo anterior es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, lo cual deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional trascrito y que precisa que cuando se reclaman actos entre otros de tribunales laborales, el amparo será procedente aun en tratándose de actos de imposible reparación "una vez agotados los recursos que en su caso procedan" , de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, como se reclama omisión por parte de la junta responsable, de instruir al personal a su cargo, para que materialmente ejecuten todas las medidas necesarias tomadas para que la ejecución del laudo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, sea de pronta, expedita, imparcial, y completa, lo anterior, sin especificar acuerdo alguno dentro del juicio laboral del que deriva el acto reclamado; sin embargo, dichas determinaciones u omisiones pueden ser impugnadas a través del recurso de revisión que para tal efecto prevé el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; numeral que es de la literalidad que sigue: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". Ello implica, que la impetrante de garantías tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dichas determinaciones u omisiones pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, el cual conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo trascritos, tiene que agotar la agraviada previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Robustece lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos setenta y cuatro, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, con número de registro 186133, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por tanto, al no haber agotado la parte quejosa el principio de definitividad aludido, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución General de la República; lo que procede es sobresee en el presente juicio de garantías, ya que, en el caso, no existe duda en este juzgador para formarse un criterio distinto, sino por el contrario, la causal de improcedencia aludida, está plenamente comprobada. Por lo antes expuesto, y con fundamento además en los artículos 5°, fracción I, 61, fracción XII, 63, fracción V, y 73 a 77 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee el presente juicio de garantías promovido por María Isela Valenzuela Astorga, en su carácter de apoderada legal de Carmen Alvarado Ornelas, respecto de los actos descritos en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia, por las razones expuestas en los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó el licenciado José Francisco Pérez Mier, juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado Jesús Alberto Velderrain Audeves, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, en que se terminó de engrosar la presente resolución, por así permitirlo las labores de este juzgado. Doy fe".
- Principal
Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la resolución de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el trece del mismo mes y año.
- Principal
Se agrega informe justificado complementario, en tal virtud, dese vista a las partes con el informe de mérito, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexó a su oficio de cuenta la autoridad responsable. Por otra parte, se agrega el escrito firmado por la quejosa María Isela Valenzuela Astorga; en atención a su contenido, se le tiene por hechas las manifestaciones en vía de alegatos que hace, sin perjuicios que las mismas sean tomadas en consideración al momento de resolver.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,434 expedientes
- Carmelo Ávilez Pereda421/2017
- Carmelo González Lara644/2011
- Carmen Alicia Armenta Apodaca351/2015
- Carmen Alicia Gutiérrez Vega y Otros.340/2017
- Carmen Alicia Iza Félix y Otros.396/2013
- Carmen Alicia Lugo Mendivil330/2019
- Carmen Alvarado Ornelas256/2020
- Carmen Angélica Gastélum Leyva288/2016
- Carmen Antonio Cota Corral y Otros.463/2019
- Carmen Ceballos Peralta540/2017
- Carmen Ernesto Grijalva Anaya64/2019
- Carmen Gisela Carrizoza Ramos395/2019