Carmen Alejandra Pérez Barbosa

Expediente 91/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
91/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Carmen Alejandra Pérez Barbosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por Noé Gregorio Rodríguez Rico autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Carmen Alejandra Pérez Barbosa; atento a su contenido, y atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, devuélvanse el billete de depósito N 922720, debidamente endosado a nombre de la quejosa, quien deberá comparecer a este Juzgado Federal, debidamente identificado con credencial oficial vigente con fotografía, cualquier día y hora hábil; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de dos años computables a partir de la fecha en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, dicho billete prescribirá a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Ahora bien, toda vez que para la devolución del billete en comento, resulta indispensable que la Jueza Titular de este Órgano Jurisdiccional plasme su firma en el endoso correspondiente, sin embargo, mediante sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; le ha sido autorizado el segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintidós, lo cual fue comunicado mediante oficio CCJ/ST/6956/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de dicho órgano, por lo que la misma se encuentra ausente en el periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, dígasele a la parte quejosa que para la devolución del billete de mérito deberá comparecer a este órgano jurisdiccional una vez trascurrido el periodo vacacional en comento, en día y hora hábil. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del proveido de veinte de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. .... NOTIFÍQUESE Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, mediante el cual en atención a lo requerido en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós remite copia certificada del auto que declara firme la resolución dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, sobre requerimiento de pago y embargo del juicio de origen, que con fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós declaró nula la diligencia de requerimiento de pago y embargo, llevada a cabo el día once de febrero de dos mil veintidós. Ahora, visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la admisión de la demanda tuvo lugar el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la que la quejosa Carmen Alejandra Pérez Barbosa, reclamó: El auto de primero de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio 298/2018, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar de este distrito judicial, en el cual se ordenó diligencia de requerimiento de pago y embargo a diversa persona. La diligencia de requerimiento de pago y embargo, llevada a cabo el once de febrero de dos mil veintidós, en la que se decretó el embargo de un bien inmueble, del cual la quejosa es copropietaria. Asimismo, señaló como autoridades responsables a: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Actuario en Funciones de Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. De igual manera se tuvo, como terceros interesados a Maricela Cortés Ortega y Alejandro Pérez Barbosa, los cuales fueron debidamente notificados por medio de lista en fecha siete de abril de dos mil veintidós. Al respecto, primeramente, es necesario dejar precisado, que si bien la parte quejosa, destacó en su demanda de amparo como actos reclamados los dos que han quedado precisados en párrafos que anteceden, este Juzgador estima de la narrativa de la totalidad de la demanda de amparo que nos ocupa, en realidad de lo que se duele la referida quejosa, es del acto consistentes en La diligencia de requerimiento de pago y embargo, llevada a cabo el once de febrero de dos mil veintidós, en la que se decretó el embargo de un bien inmueble, del cual la quejosa es copropietaria, esto es así porque fue en este último donde se logra advertir el daño que considera le ocasionó la autoridad responsable, destacándose por consiguiente que en el primero de los actos reclamados no se ordenó el embargo de bienes de su propiedad. Ahora, se advierte que mediante oficio 486/2022 signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, remitió la resolución dictada en el incidente de nulidad de actuaciones sobre requerimiento de pago y embargo que con fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós declaró nula la diligencia de requerimiento de pago y embargo, llevada a cabo el día once de febrero de dos mil veintidós, la cual, como se advierte del oficio de cuenta, causo ejecutoria en trece de mayo de dos mil veintidós. Bajo las relatadas condiciones, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: El precepto legal transcrito establece que se actualiza la causa de improcedencia cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la causa de improcedencia invocada no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo las anteriores consideraciones, debe convenirse que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, pues la quejosa promovió demanda de garantías en contra del auto de primero de febrero de dos mil veintidós dictado en el juicio 298/2018 dictado por la autoridad responsable en el cual ordenó la diligencia de requerimiento de pago y embargo, así como la diligencia de requerimiento de pago y embargo llevada a cabo el once de febrero de dos mil veintidós. Por lo cual, con la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, sobre requerimiento de pago y embargo, se declaró nula la referida diligencia de once de febrero de dos mil veintidós, acabando así con los efectos del acto reclamado, toda vez que ordenó dar cumplimiento de nueva cuenta del proveído de primero de febrero de dos mil veintidós bajo los lineamientos ahí establecidos. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    En razón de que la quejosa CARMEN PÉREZ BARBOSA y los terceros interesada MARISELA CORTÉS ORTEGA, por propio derecho y en favor de sus menores hijos de iniciales C.P.C, G.P.C y C.A.P.C., y ALEJANDRO PÉREZ BARBOSA no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el veinticuatro de mayo del año en curso; ni tampoco agotó el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veinte de mayo del preste año, dictado en autos, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, mediante el cual en atención a lo requerido en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós remite copia certificada del auto que declara firme la resolución dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, sobre requerimiento de pago y embargo del juicio de origen, que con fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós declaró nula la diligencia de requerimiento de pago y embargo, llevada a cabo el día once de febrero de dos mil veintidós. Ahora, visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la admisión de la demanda tuvo lugar el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la que la quejosa Carmen Alejandra Pérez Barbosa, reclamó: El auto de primero de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio 298/2018, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar de este distrito judicial, en el cual se ordenó diligencia de requerimiento de pago y embargo a diversa persona. La diligencia de requerimiento de pago y embargo, llevada a cabo el once de febrero de dos mil veintidós, en la que se decretó el embargo de un bien inmueble, del cual la quejosa es copropietaria. Asimismo, señaló como autoridades responsables a: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Actuario en Funciones de Ministro Ejecutor adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. De igual manera se tuvo, como terceros interesados a Maricela Cortés Ortega y Alejandro Pérez Barbosa, los cuales fueron debidamente notificados por medio de lista en fecha siete de abril de dos mil veintidós. Al respecto, primeramente, es necesario dejar precisado, que si bien la parte quejosa, destacó en su demanda de amparo como actos reclamados los dos que han quedado precisados en párrafos que anteceden, este Juzgador estima de la narrativa de la totalidad de la demanda de amparo que nos ocupa, en realidad de lo que se duele la referida quejosa, es del acto consistentes en La diligencia de requerimiento de pago y embargo, llevada a cabo el once de febrero de dos mil veintidós, en la que se decretó el embargo de un bien inmueble, del cual la quejosa es copropietaria, esto es así porque fue en este último donde se logra advertir el daño que considera le ocasionó la autoridad responsable, destacándose por consiguiente que en el primero de los actos reclamados no se ordenó el embargo de bienes de su propiedad. Ahora, se advierte que mediante oficio 486/2022 signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, remitió la resolución dictada en el incidente de nulidad de actuaciones sobre requerimiento de pago y embargo que con fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós declaró nula la diligencia de requerimiento de pago y embargo, llevada a cabo el día once de febrero de dos mil veintidós, la cual, como se advierte del oficio de cuenta, causo ejecutoria en trece de mayo de dos mil veintidós. Bajo las relatadas condiciones, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: El precepto legal transcrito establece que se actualiza la causa de improcedencia cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la causa de improcedencia invocada no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo las anteriores consideraciones, debe convenirse que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, pues la quejosa promovió demanda de garantías en contra del auto de primero de febrero de dos mil veintidós dictado en el juicio 298/2018 dictado por la autoridad responsable en el cual ordenó la diligencia de requerimiento de pago y embargo, así como la diligencia de requerimiento de pago y embargo llevada a cabo el once de febrero de dos mil veintidós. Por lo cual, con la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, sobre requerimiento de pago y embargo, se declaró nula la referida diligencia de once de febrero de dos mil veintidós, acabando así con los efectos del acto reclamado, toda vez que ordenó dar cumplimiento de nueva cuenta del proveído de primero de febrero de dos mil veintidós bajo los lineamientos ahí establecidos. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; y personalmente al quejoso.

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