Carmen Aguilar Villa
Expediente 1905/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1905/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Carmen Aguilar Villa
Actuaciones
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio con anexos signado por la titular del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista con informe. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable oficiantes ofreciendo las pruebas documentales que anexa a su informe, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Tomo de pruebas. Ahora, visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar once legajos de pruebas, para que obren por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio y sello de la autoridad oficiante. Finalmente, se toma conocimiento sobre la existencia del diverso juicio de amparo 1690/2023 del índice de este juzgado. Notifíquese.
- Incidental
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se deja a disposición billete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes en auto del cinco de octubre del presente año, a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto a la devolución del billete de depósito que exhibió la parte quejosa a efecto de garantizar la suspensión definitiva, sin que hayan realizado manifestación alguna. En consecuencia, se deja a disposición de la parte quejosa, el billete de depósito ****, que exhibió a efecto de garantizar la suspensión definitiva decretada a su favor, para que en cualquier día y hora hábil de oficina, comparezca ante este juzgado a recoger el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos. Se le apercibe que de no recogerlo dentro del plazo de dos años contado a partir de la notificación de este proveído, en términos del artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Una vez cumplido el término a que se refiere dicho artículo, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Destrucción del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es destruible una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Tomando en consideración que la jueza Tercero de la Familiar del Distrito Judicial de Puebla remitió anexos a este órgano jurisdiccional, en consecuencia, se ordena su devolución. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Incidental
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA PERJUDICADA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Califica cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. En ese sentido, debe precisarse que mediante sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. "VI. DECISIÓN 90. Al analizar los conceptos de violación de la parte quejosa, bajo la causa de pedir, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que, dentro de los cinco días siguientes al en que cause estado el presente fallo constitucional, el Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************, a partir del emplazamiento reclamado -lo cual incluye desde luego, el laudo el requerimiento de pago y el embargo decretado-, ordenando reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión conforme a la ley que lo rige." Ejecutoria. En ese sentido, en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento Así, el Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, mediante oficio de dos de octubre de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, del que destaca que dejó sin efecto todo lo actuado en el juicio de origen a partir del emplazamiento, lo cual incluye la sentencia, el requerimiento de pago y el embargo decretado, ordenando la reposición del procedimiento. Por lo anterior, otorgó un término de tres días a la parte actora para que manifieste si ratifica los domicilios de las partes demandadas, con el objeto de que los emplazamientos se lleven a cabo en los domicilios que señala en su escrito inicial de demanda. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en el fallo protector, toda vez que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************, a partir del emplazamiento reclamado y ordenó reponer el procedimiento. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. En el entendido de que el suscrito Secretario Encargado del Despacho estoy facultado para emitir el cumplimiento de mérito, en términos del criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario "********************", que pertenece a ********************, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
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