Carmelo Saúl Zúñiga Jiménez

Expediente 1272/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1272/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Carmelo Saúl Zúñiga Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintidós. Téngase a la Juez Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, acusando recibo del oficio 5789/2022, por el que se le remitieron las copias certificadas relativas al expediente 165/2020, de su índice. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. El original y el duplicado del incidente de suspensión son destruibles con fundamento en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, dado que en el primero se negó la medida cautelar solicitada por la parte quejosa y el segundo dada su naturaleza de duplicado, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del dos de marzo del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Por otra parte, se advierte que la Jueza responsable remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado -tomo I-; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes quejosa y tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos del dos de marzo del dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1272/2021-V, promovido por ********, por derecho propio, contra actos del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y otra autoridad, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa así como las que las autoridades responsables adjuntaron a sus informes justificados. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. Se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1272/2021-V; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez el dos de diciembre de dos mil veintiuno, y turnado a este Juzgado el seis de diciembre siguiente, Carmelo Saúl Zúñiga Jiménez, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y otra autoridad. II. En acuerdo del siete de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la misma; se registró en el libro de gobierno con el número 1272/2021-V; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Carolina Alegría Hernández; previo diferimiento, se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, puesto que los actos reclamados se atribuyen a autoridades en materia civil y el acto reclamado tiene su aplicación en la demarcación territorial en la que decide el derecho este órgano constitucional. SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa reclama: 1. La diligencia de requerimiento de pago y embargo del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en: Avenida Unidad Iztapalapa MZ (49), LT (9), Colonia UAM, Código Postal 52919, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del que se dice poseedor. 2. La orden para rompimiento de cerraduras con uso de la fuerza pública decretada por el Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México en los autos del expediente 165/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Carolina Alegría Hernández, en contra de María Magdalena Trejo Cedillo, Jessica Esmeralda Moreno Trejo y Michel García Palacios, de su estadística, sobre el inmueble ubicado en: Avenida Unidad Iztapalapa MZ (49), LT (9), Colonia UAM, Código Postal 52919, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del que se dice poseedor. TERCERO. Las autoridades responsables Jueza y al Ejecutor del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las copias certificadas consistentes en los autos del expediente 165/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil, que adjuntaron al rendir sus informes justificados, a la cuales se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2o. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, del Apéndice 1917-2000, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente sobre aquel aspecto de acuerdo al artículo 62 de la Ley de la materia. Sustenta lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 814, que aparece en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Precepto legal que tiene íntima relación con el diverso artículo 5o., fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que literalmente establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamada violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causa un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejoso en los términos de esta Ley". De lo anterior se advierte que si bien el artículo 5o., fracción I, citado, amplía el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal, a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico, esto es, reconoce la institución del interés legítimo para demandar el amparo. Sin embargo, tal reconocimiento no opera tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya que en tales hipótesis el quejoso debe aducir y por tanto demostrar ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, es decir deberá acreditar contar con interés jurídico como lo dispone el propio precepto legal en estudio. Precisado lo anterior, se colige como postulado fundamental del juicio constitucional, que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que los peticionarios de amparo demuestren su interés jurídico, el cual, ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio constitucional. En ese contexto, la quejosa basa su derecho de pedir en el agravio que dice le causan las actuaciones dictadas en el expediente 165/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Carolina Alegría Hernández, en contra de María Magdalena Trejo Cedillo, Jessica Esmeralda Moreno Trejo y Michel García Palacios de la que deriva La diligencia de requerimiento de pago y embargo del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en: Avenida Unidad Iztapalapa MZ (49), LT (9), Colonia UAM, Código Postal 52919, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del que se dice poseedor. Así como de una supuesta orden para rompimiento de cerraduras con uso de la fuerza pública decretada por el Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México en los autos del expediente 165/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Carolina Alegría Hernández, en contra de María Magdalena Trejo Cedillo, Jessica Esmeralda Moreno Trejo y Michel García Palacios, de su estadística, sobre el inmueble ubicado en: Avenida Unidad Iztapalapa MZ (49), LT (9), Colonia UAM, Código Postal 52919, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del que se dice poseedor. Sin haber sido oído y vencido previamente conforme a las formalidades de ley. Para que esta detentación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho; de manera que el impetrante tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho sobre el bien de que se aduzca y no tener el carácter de simple detentador material del inmueble. Es aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Novena Época, con registro 1002427, fuente Apéndice 1917-Septiembre 2011, localización Apéndice 1917-Septiembre 2011, materia civil, cuyo rubro y texto a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Ahora, el aquí quejoso no es parte formal en el juicio del cual derivan los actos reclamados, además de que no exhibió documentos con los cuales acreditara ser el poseedor o el propietario del inmueble que refiere, ello genera por lo tanto, que carezca de interés jurídico para efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Además de que la copia del acuerdo del tres de noviembre de dos mil veintiuno, no prueba que existan las diligencias reclamadas o que sea parte en el juicio, ni poseedor o propietario, puesto que la diligencia se llevó a cabo con la demandada María Magdalena Trejo Cedillo, en un diverso domicilio al que señaló el quejoso. Por lo que, el mismo es ineficaz para acreditar el interés jurídico del quejoso, Máxime que se dictó la sentencia definitiva el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, que declaró improcedente la vía ejecutiva mercantil que hicieron valer los actores, se dejaron a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma que mejor le conviniera y se condenó a la actora al pago de costas, además esta causó ejecutoria el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por lo que resulta inconcuso que el acto señalado con el número dos exista, toda vez que de las constancias no se advierte la diligencia reclamada ni su participación en el juicio ejecutivo mercantil, por lo que el impetrante de amparo no es parte en el juicio natural. En ese tenor, la documental mencionada es ineficaz para acreditar en forma plena el interés jurídico del quejoso para acudir al presente juicio de amparo en defensa del derecho de propiedad que aduce tener respecto del inmueble que pretende defender. En virtud de lo expuesto, procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad responsable ejecutora, al no reclamarse por vicios propios su actuar, sino consecuencia del acto ordenador. R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********, por derecho propio, contra actos del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y otra autoridad por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se desprende que feneció el plazo de tres días concedido a la tercero interesada **********, para que señalara domicilio dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y háganse las notificaciones por lista electrónica de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los informes justificados rendidos en autos dése vista a la citada tercero para que exprese lo que a su derecho convenga. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las doce horas con treinta y cuatro minutos del dos de marzo del dos mil veintidós. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga algún perjuicio. Notifíquese; hágase por lista electrónica a la tercero interesada **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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