CARMELO MAYA AVENDAÑO y Otros.

Expediente 44/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
44/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Alcalde único Constitucional de Santa Ana Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y Otros.
  • CARMELO MAYA AVENDAÑO y Otros.
  • Carmelo Maya Avendaño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negaron la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a la autoridad responsable, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Pronunciamiento en este expediente. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que las partes contaban para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hicieran valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el acuerdo de mérito, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto por el ordinal 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Del estado de autos se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Como se recordará, la protección constitucional se concedió para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE:EFECTOS:1. Alcalde Único Constitucional de Santa Ana Miahuatlán, Oaxaca. 1.- Deje insubsistentes las diligencias de diecinueve de enero de dos mil veinte y diez de noviembre de dos mil diecinueve. 2.-Dicte una nueva determinación en la que deje a salvo los derechos de las partes intervinientes para hacerlos valer ante la autoridad judicial legalmente competente. Para cumplir con lo anterior, el Alcalde de Santa Ana, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió copia certificada del acta de convenio de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de la que se desprende que en acatamiento al fallo dictado en este asunto, dejó insubsistentes las diligencias de diez de noviembre de dos mil diecinueve así como la diversa de diecinueve de enero de dos mil veinte, y a su vez, determinó que quedaban expeditos los derechos de las partes para hacerlos valer ante las autoridades judiciales legalmente competentes. Las constancias que se analizan son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Lo anterior es suficiente para afirmar que la ejecutoria dictada en este juicio de amparo se encuentra cumplida. La autoridad responsable hizo justamente lo que se le ordenó, y la partes quedaron notificadas de dicha acta de convenio a través del auto por el cual se les dio vista con el cumplimiento en el presente sumario. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , aprobada en sesión privada de veinte de enero de dos mil dieciséis, publicada el diecinueve de febrero siguiente en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010987, que a la letra dice: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. Por último, glósese únicamente para que obre como corresponda el oficio correspondiente al Alcalde de Santa Ana, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ya que se recibió con anterioridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Del estado de autos se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Como se recordará, la protección constitucional se concedió para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE:EFECTOS:1. Alcalde Único Constitucional de Santa Ana Miahuatlán, Oaxaca. 1.- Deje insubsistentes las diligencias de diecinueve de enero de dos mil veinte y diez de noviembre de dos mil diecinueve. 2.-Dicte una nueva determinación en la que deje a salvo los derechos de las partes intervinientes para hacerlos valer ante la autoridad judicial legalmente competente. Para cumplir con lo anterior, el Alcalde de Santa Ana, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió copia certificada del acta de convenio de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de la que se desprende que en acatamiento al fallo dictado en este asunto, dejó insubsistentes las diligencias de diez de noviembre de dos mil diecinueve así como la diversa de diecinueve de enero de dos mil veinte, y a su vez, determinó que quedaban expeditos los derechos de las partes para hacerlos valer ante las autoridades judiciales legalmente competentes. Las constancias que se analizan son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Lo anterior es suficiente para afirmar que la ejecutoria dictada en este juicio de amparo se encuentra cumplida. La autoridad responsable hizo justamente lo que se le ordenó, y la partes quedaron notificadas de dicha acta de convenio a través del auto por el cual se les dio vista con el cumplimiento en el presente sumario. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , aprobada en sesión privada de veinte de enero de dos mil dieciséis, publicada el diecinueve de febrero siguiente en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010987, que a la letra dice: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. Por último, glósese únicamente para que obre como corresponda el oficio correspondiente al Alcalde de Santa Ana, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ya que se recibió con anterioridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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