Carmelo Luis Palma Robles

Expediente 35/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
35/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
03/03/2017

Partes del expediente

  • Instituto Mexicano del Seguro Social
  • Carmelo Luis Palma Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    II.- La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 33 a 36), donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 33 a 36), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    II.- Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, y anexo consistente en un legajo de copias certificadas de diversas constancias derivadas del expediente laboral J.29/1030/2015, de su índice estadístico. Ahora, en el presente juicio el quejoso Carmelo Luis Palma Robles, reclama la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de acordar lo que en derecho corresponda respecto del escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis, registrado bajo el número de folio 007522, donde se desahogó el requerimiento efectuado por la Junta dentro del juicio laboral 1030/2015, de su índice estadístico. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que el primero de febrero de dos mil diecisiete, la Junta procedió a acordar el escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis, con número de folio 007522, suscrito por Carlos Christian Maya Segura, apoderado legal del actor (Carmelo Luis Palma Robles), donde desahogó la prevención que le fue formulada en determinación de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que la responsable procedió a continuar con el trámite del juicio laboral 1030/2015 y señaló las once horas del diez de marzo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. A las constancias remitidas por el Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, incurre en dilación procesal al omitir acordar lo que en derecho corresponda respecto del escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis registrado con el número de folio 007522, donde desahogó el requerimiento efectuado en diverso proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 1030/2015; sin embargo, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias de dicho asunto, donde se desprende que el primero de febrero del año en curso, emitió determinación donde acordó el escrito referido y procedió a continuar con la tramitación del asunto, señalando las once horas del diez de marzo de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues en primer lugar, la Junta responsable emitió determinación el primero de febrero de la presente anualidad donde acordó el escrito presentado por el quejoso (parte actora en el juicio laboral) el ocho de julio de dos mil dieciséis, registrado con el número de folio 007522; además, también continuó con la tramitación del asunto, para lo cual señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, fijara la fecha dentro de los plazos contemplados en la ley que rige la materia (Ley Federal del Trabajo), de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, con número de registro 917637, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.

  3. Principal

    II. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: II.- Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, y anexo consistente en un legajo de copias certificadas de diversas constancias derivadas del expediente laboral J.29/1030/2015, de su índice estadístico. Ahora, en el presente juicio el quejoso Carmelo Luis Palma Robles, reclama la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de acordar lo que en derecho corresponda respecto del escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis, registrado bajo el número de folio 007522, donde se desahogó el requerimiento efectuado por la Junta dentro del juicio laboral 1030/2015, de su índice estadístico. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que el primero de febrero de dos mil diecisiete, la Junta procedió a acordar el escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis, con número de folio 007522, suscrito por Carlos Christian Maya Segura, apoderado legal del actor (Carmelo Luis Palma Robles), donde desahogó la prevención que le fue formulada en determinación de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que la responsable procedió a continuar con el trámite del juicio laboral 1030/2015 y señaló las once horas del diez de marzo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. A las constancias remitidas por el Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, incurre en dilación procesal al omitir acordar lo que en derecho corresponda respecto del escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis registrado con el número de folio 007522, donde desahogó el requerimiento efectuado en diverso proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 1030/2015; sin embargo, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias de dicho asunto, donde se desprende que el primero de febrero del año en curso, emitió determinación donde acordó el escrito referido y procedió a continuar con la tramitación del asunto, señalando las once horas del diez de marzo de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues en primer lugar, la Junta responsable emitió determinación el primero de febrero de la presente anualidad donde acordó el escrito presentado por el quejoso (parte actora en el juicio laboral) el ocho de julio de dos mil dieciséis, registrado con el número de folio 007522; además, también continuó con la tramitación del asunto, para lo cual señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, fijara la fecha dentro de los plazos contemplados en la ley que rige la materia (Ley Federal del Trabajo), de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, con número de registro 917637, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.

  4. Principal

    II.- El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las nueve horas con quince minutos, tal como se estableció en auto admisorio de doce de enero del año en curso (fojas 17 a 20); sin embargo, a la fecha no obra el informe justificado de la responsable, aunado a que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto, pues se le notificó el trece de enero anterior (foja 22). En consecuencia, a fin de dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, para su celebración.

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