Carmelo Greda Morales
Expediente 1050/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2019
Partes del expediente
- Carmelo Greda Morales
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual acusa de recibo del oficio 11800, por el cual este Juzgado de Distrito declaró carecer de competencia; asimismo, hace del conocimiento que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1050/2019-1-B, del que deriva el presente cuadernillo de antecedentes. En virtud de lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en la estadística; por ende, tomando en consideración que no existe diligencia pendiente por desahogar, archívese el presente expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), como asunto concluido.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por..., y el diverso escrito por medio del cual ofrece las pruebas que refiere; contra actos de la Aduana de Ciudad Hidalgo, con sede en Chiapas y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 1050/2019-1-B. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (Énfasis añadido). Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto citado establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicitó la protección de la Justicia Federal contra el embargo de la camioneta tipo Pick Up, cabina y media, marca Ford, F150, triton V8, color blanco, modelo mil novecientos noventa y ocho, serie 1FTZX17W2WKB41071, placas de circulación SJ97-282, del estado de Puebla, que refiere es de su propiedad. Asimismo, en el capítulo de hechos, manifestó bajo protesta de decir verdad, que aproximadamente a las veintiún horas del día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, iba circulando el C. Iván Ramírez Bautista, en la camioneta de su propiedad tipo Pick Up, cabina y media, marca Ford, F150, triton V8, color blanco, modelo mil novecientos noventa y ocho, serie 1FTZX17W2WKB41071, placas de circulación SJ97-282, del estado de Puebla, propiedad del C. Carmelo Greda Morales, sobre la carretera federal 200 Huixtla-Lázaro Cárdenas km., 8.5 del municipio de Huixtla Chiapas, procedente del municipio de Tapachula, con destino a Tonalá Chiapas, cuando personal actuante del recinto fiscal, del punto de revisión de la garita de Huixtla dependiente de la Aduana de Ciudad Hidalgo, con sede en Chiapas, le ordenó detuviera su marcha esto con el propósito de comprobar la legal estancia o tenencia del vehículo y de la mercancía que traía abordo. Además, que la verificadora adscrita a la Aduana de Ciudad Hidalgo, con sede en Chiapas, procedió a notificarle la orden de verificación vehicular y/o mercancías de comercio exterior en transporte, contenida en el oficio 800-20-00-00-00-2018-002273, de uno de mayo de dos mil dieciocho, por lo que procedió a entregar su documentación consistente en la tarjeta de circulación del vehículo antes referido. Así también, que debido a las condiciones del lugar y a la falta de infraestructura para revisar el vehículo y la mercancía a profundidad, le pidieron que las trasladara al lugar de detención para ser llevado a las instalaciones del recinto fiscal del punto de revisión garita de Huixtla, Chiapas. Que se procedió a la realización del inventario físico del vehículo mencionado, así como de la mercancía que era transportada en el mismo; y que al no acreditar con la documentación aportada, la legal estancia o tenencia en el país, procedieron al embargo precautorio. De ahí que este órgano federal carece de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo; toda vez que, la ejecución del acto de que se duele el promovente tuvo lugar fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Tiene aplicación por las razones que expone, la tesis I.15o.A.41 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el referido Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, éste Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo y declina la competencia al Juez de Distrito en el estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, que es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa, establece: ".XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados especializados: dos en materias penal y civil, uno en materia de trabajo y uno en materia administrativa, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 3. Trece Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas; dos de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales; uno en materia Mercantil Federal, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez; y tres Juzgados de Distrito Mixtos con residencia en Tapachula. (.) XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo antecedente que se forme, remítase el original del escrito de demanda, con sus respectivos anexos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, con el fin de que a su vez los envíe al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en esa ciudad, para que proceda al conocimiento del asunto; debiéndose realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Luis Mogo Núñez. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del Tomo VII, Diciembre 1998, Novena Época, registro 195064, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción 111 y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin que se provea en relación al uso de medios electrónicos para obtener reproducción simple de las constancias de autos, toda vez que no existe solicitud al respecto. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a la Secretaria para que firme los oficios relativos al presente juicio.
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