Carmelo García Fordinan
Expediente 912/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carmelo García Fordinan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Carmelo García Fordinan y Kenia Yisel Obregón Cisnado, por propio derecho y esta última en representación de sus menores hijos de iniciales B.J.S.O., S.A.S.O. y S.A.S.O.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, mediante auto de ocho de junio de dos mil veintidós se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa. En consecuencia, en términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 912/2022-6, promovido por **********, contra actos del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 5, 8, 11, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el ocho de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, **********, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS ".Nos causa agravios el trato claramente inhumano al que nos ha sometido la Autoridad Migratoria hoy responsable, el que se nos intente expulsar del Dais, 5 de 18 el que nos niegue la condición de refugiados y nos prohíba la libre circulación por el Territorio Mexicano, el que se nos prive de toda comunicación con el exterior, el que se nos prohíba el poder adquirir un trabajo que nos permita brindarle a nuestra familia el sustento necesario para vivir." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. (Autoridad Inexistente) 2 Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. (Autoridad Inexistente) 3 Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. 4 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Tenosique, Tabasco. 5 Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y PREVENCIÓN PARA ACLARACIÓN DE DEMANDA. En acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el expediente 912/2022-6; asimismo, se concedió la suspensión de plano a los quejosos y se les previno para que precisaran lo siguiente: ". En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con el 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a los directos quejosos, para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de la legal notificación de 6 de 18 este proveído, por escrito y con el número de copias de la promoción con que se cumplan esta prevención para cada una de las partes y autoridades responsables que designen, bajo protesta de decir verdad, aclaren lo siguiente: ÚNICO. Manifiesten que actos reclaman de las citadas autoridades residentes en la Ciudad de México y del municipio de Tenosique, Tabasco. [.] Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término concedido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 114 de la Ley de la Materia, se tendrá por no presentada por lo que hace a dichas autoridades.". TERCERO. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Y SE ADMITE LA DEMANDA. Una vez desahogada la prevención de mérito, en auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. AUTORIDADES INEXISTENTES. En proveído de diez de agosto dos mil veintidós, se dejó de tener con el carácter de autoridades responsables en el presente asunto al Comisionado del Instituto Nacional de Migración y al Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ambos con residencia en la Ciudad de México, ordenándose suspender toda comunicación oficial con ellas. 7 de 18 Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de 8 de 18 conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: 1) La privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. 2) La orden de deportación y/o extradición y/o expulsión del territorio nacional. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 9 de 18 3) Los atropellos y malos tratos que han sufrido como migrantes y la libertad de tránsito. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS IDENTIFICADOS ANTERIORMENTE CON LOS INCISOS 2) y 3). No son ciertos los aludidos actos reclamados, por haberlos negado el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-TBASCO), la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración y el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tabasco, lo cual se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado las primeras de las mencionadas, entre las que destaca las ofrecidas por el Instituto Nacional de Migración, consistentes en copias digitalizadas de los expedientes administrativos migratorios de los quejosos, de donde se desprende la inexistencia de dichos actos reclamados. Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. 10 de 18 Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Negativa de actos con las que se le dio vista oportuna a la parte quejosa en proveídos de seis y doce de julio y dos de agosto, todos del año en curso, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que desvirtuaran lo anterior, lo cual era indispensable a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata 11 de 18 y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las 12 de 18 constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sin que pase inadvertido para quien resuelve que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo anexó la documental consistente en copia simple del oficio INM/ORTAB/OACNNASAyS/4432/2022, de diecinueve de mayo del año en curso. Sin embargo, al ser copia simple, su valor probatorio se reduce a un indicio, que no arroja certeza jurídica de que su contenido sea verdadero, aunque no hayan sido objetada por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así la suscrita juzgadora estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se le pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, la referida documental es insuficiente para demostrar la existencia de los referidos actos reclamados. 13 de 18 Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 18, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 379, Tomo III, primera parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." De igual forma, resulta inexistente el restante acto reclamado identificado con el inciso 1), relativo a la privación ilegal de la libertad de los quejosos fuera de procedimiento, pues así lo indicó la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora, con las precitadas constancias que remitió en apoyo a dicho informe, relativas a las copias digitalizadas de los expedientes administrativos migratorios de los quejosos; documentos públicos que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, de los que se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el aludido acto reclamado por los impetrantes no existía. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En efecto, de las copias digitalizadas de los expedientes administrativos migratorios de los quejosos, que remitió la referida responsable en apoyo a su informe justificado, se desprende que en relación al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad de los quejosos fuera de procedimiento; a la fecha de la presentación del escrito de demanda (ocho de junio de dos mil veintidós) no existía, ya que el siete de junio de dos mil veintidós, mediante oficio DIF/DAPVYCA/1622/2022, signado por el Subdirector de Atención a Centros Asistenciales Adscrito a la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales, con sede en esta ciudad, informó que los impetrantes se evadieron de las instalaciones del Centro Asistencial en donde se encontraban alojados de manera temporal, por lo que, en esa propia fecha el Instituto Nacional de Migración, realizó un acuerdo de abandono, concluyendo el procedimiento administrativo migratorio de los citados quejosos. Lo anterior es así, ya que la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto deben analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, de manera que si el acto reclamado en estudio, lo constituye la privación ilegal de la libertad de los quejosos fuera de procedimiento; y del informe justificado resulta que ellos ya se encontraban en libertad al haber evadido las instalaciones del Centro Asistencial en donde se encontraban alojados de manera temporal, lo cual aconteció antes de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de garantías; luego, es de colegirse, que debe sobreseerse en el juicio ante la inexistencia del aludido acto reclamado al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Bajo ese panorama, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo en vigor, ante la inexistencia de los citados actos reclamados. 16 de 18 Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". 17 de 18 CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. 18 de 18 SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de dos de agosto del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tabasco, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de su contenido transcurre del cinco al dieciséis de agosto del año en curso. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, SE DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días, otorgado a la parte quejosa en auto de veintiocho de julio del año en curso, para que precisara la denominación y el domicilio correcto de las autoridades responsables que designó como 1) Comisionado del Instituto Nacional de Migración y 2) Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ambos con residencia en la Ciudad de México; le transcurrió del tres al nueve de agosto del año en curso, en virtud que dicho auto le fue notificado personalmente el uno de los corrientes, sin que haya hecho la aclaración correspondiente. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se deja de tener con el carácter de responsables a las autoridades citadas con antelación y sus actos como inexistentes, por lo que, se ordena suspender toda comunicación oficial con ellas. Notifíquese.
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