Carmelita Velasquez Rodríguez
Expediente 530/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carmelita Velasquez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio ...signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, ...mediante el cual devuelve diligenciado en sus términos el exhorto electrónico 817/2019, ...que se remitió para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve ...dictado en el presente juicio de amparo;... dése de baja la citada comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Sin que haya lugar a ordenar se acuse recibo respectivo, dado que la constancia del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hace las veces del acuse de recibo.
- Principal
Por recibido el oficio 40685/2019, firmado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y anexos que acompaña, consistente en la demanda de amparo promovida por Carmelita Velásquez Rodríguez, contra actos del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y otras autoridades, así como ocho copias de la misma. Con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo de que se trata, pues se comparten substancialmente los argumentos vertidos por la autoridad declinante, mismos que hace suyos este Juzgador. En consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, fórmese el expediente de amparo con el número 530/2019, y acúsese recibo. Ahora, del análisis de la demanda de garantías y en aplicación del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia del juicio, cuyo estudio es de orden público y preferente a la admisión de una demanda, que impone se deseche de plano la demanda de cuenta. En efecto, la quejosa señala como autoridades responsables al Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y al Consejo de Vigilancia de dicho órgano de representación, así como a los representantes internos comunales de San José Chacalapa, Pochutla, Oaxaca, de quienes reclama: "La expedición de un documento posesorio a la señora Margarita Velasco Espino." En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que el Comisariado de Bienes Comunales (Presidente Secretario y Tesorero), Consejo de Vigilancia de dicho órgano de representación, así como a los representantes internos comunales de San José Chacalapa, Pochutla, Oaxaca, no son autoridad para efectos del juicio de amparo, pues de conformidad con el artículo 107, en relación con el 21, 32, 33 y 36 de la Ley Agraria, solo se tratan de órganos internos de la Comunidad, el Comisariado, encargado de la ejecución de los actos de la Asamblea General de Comuneros, y el Consejo de Vigilancia, encargado de vigilar los actos del Comisariado, de ahí que no debe estimarse a sus actos u omisiones como de autoridad, por no tener facultades decisorias, sino como actos de particulares, porque actúan como representantes del núcleo de población comunal y como administradores de sus bienes agrarios, cuyos actos no son susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo, que se instituyó como un medio extraordinario de defensa de los gobernados contra actos de la autoridad. Los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, 21, 32 y 33 de la Ley Agraria son del contenido literal siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." LEY AGRARIA "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." Así las cosas, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto de indudable improcedencia, se desecha de plano la demanda de garantías de cuenta. Respecto de lo cual es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 44, Tomo 151-156, Tercera Parte, Materia Administrativa, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Texto: Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes."; Asimismo, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 789, Tomo XCIV, Materia Administrativa, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMISARIADOS EJIDALES, NO SON AUTORIDADES. Texto: Es cierto que la fracción II del artículo 4o. del Código Agrario, incluye a los comisariados ejidales entre las autoridades de los núcleos de población ejidal y de las comunidades que posean tierras, pero también es verdad que de tal catalogación relacionada con las atribuciones que el artículo 43 del mismo código, les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección de los ejidos correspondientes." Y la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Materia Administrativa, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional". Sin que lo anterior, contraríe el criterio sustentado en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 l (10ª.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." , en el que se expuso que constituye una excepción para analizarse si un acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando ya se encuentre definido expresamente por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad no tiene dicho carácter; lo anterior, pues el hecho de que de que se siga el presente juicio de amparo, se dé oportunidad a las partes de ofrecer y desahogar pruebas, así como de formular alegatos, en manera alguna podría cambiar el motivo de improcedencia que ahora se analiza. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Rafael Ríos Jiménez, toda vez que acredita contar con cedula profesional de la licenciatura en derecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Ahora, tomando en consideración que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en José López Alavez número 1410, barrio Xochimilco, municipio de Oaxaca; con fundamento en los artículos 26 fracción I, inciso b), 27 fracción II, 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, con los insertos y anexos necesarios, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que ordene notificar este proveído, a la quejosa Carmelita Velásquez Rodríguez, o a su autorizado para recibir notificaciones (Francisco Rafael Ríos Jiménez); asimismo, la requiera para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, apercibiéndola que de no cumplir con lo anterior, dentro de los tres días siguientes al de la legal notificación de este acuerdo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 443, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Página 295, Séptima Época, sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RADICACION DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. La nueva radicación de los autos en un juzgado de Distrito que ha aceptado la competencia que otro le atribuye, debe notificarse a las partes en forma personal, puesto que dicha radicación implica un cambio de jurisdicción por razón de territorio y la reanudación de las actuaciones procesales en el amparo, después de haberse suspendido temporalmente por la cuestión de competencia surgida en el juicio, y en atención a que deben hacerse llegar con certeza al conocimiento de las partes todas aquellas resoluciones de trascendencia para garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma." Ahora, atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario (a) de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Se impone destacar que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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