Carmelina Alejandrina Alcaraz Santos
Expediente 125/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carmelina Alejandrina Alcaraz Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el quejoso recurrió el auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la sentencia, dentro del término previsto por el artículo 202, de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el veintiuno siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintitrés de octubre al trece de los cursantes; en consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
Con fundamento en lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, al haber transcurrido dicho término sin que las responsables haya informado sobre el particular, requiérase de nueva cuenta a la Delegada Estatal, Subdelegada de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, para que en el improrrogable término de tres días contado legalmente, remitan las constancias tendientes a cumplimentar la sentencia de amparo que nos ocupa, vía telegráfica o fax al teléfono 016699 82 66 90, o en la dirección electrónica 8jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, previa certificación que realice la secretaria actuante de su recepción. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con que se le conminó en proveído de diez de julio del año en curso.
- Principal
Téngase recibido y agréguese para que obre como corresponda, el oficio número UJ/3131/2019, signado por la Delegada de las autoridades responsables Delegación Estatal, Subdelegación de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Sinaloa, residentes en Culiacán, por medio del cual, en atención al requerimiento que se les formuló a estos últimos en proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, informa que se llevaron a cabo las acciones necesarias para la devolución de la cantidad de $106,515.37 (ciento seis mil quinientos quince pesos, 37/100 M.N.), la cual manifiesta se encuentra próxima a pagar en la nómina del mes que transcurre y remite copias certificadas de las impresiones de pantalla con números de control 2508526, 2508527, 2508528 y 2508529, para acreditar su dicho; memorial y anexos de cuyo contenido se colige que las expresadas autoridades se encuentran en vías de acatar la ejecutoria de mérito. En el entendido de que las responsables deberán continuar comunicando los trámites que realicen así como acreditar mediante constancias la entrega de los montos económicos a la parte quejosa materia de cumplimiento.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diez de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el veintiocho de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el comunicado allegado por la responsable en el que informó las acciones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo anterior a fin de que expresara lo que a su derecho conviniera sobre el particular, quedando debidamente notificada en forma personal el uno de los cursantes (foja 120). Mediante escrito recibido el tres de los cursantes, la quejosa realizó manifestaciones de inconformidad en torno al cumplimiento dado a la sentencia amparadora, en virtud de que si bien la deducción que le fue aplicada se canceló no le ha sido restituida la cantidad que le fue descontada. Ahora bien, los efectos de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: ". las autoridades responsables Delegada Estatal, Subdelegada de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa: a) Dejen sin efectos la deducción correspondiente por el concepto "48" "compatibilidad" aplicada en el oficio con número de folio ISSSTE 2500004457602, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por la cantidad de $106,515.37 (ciento seis mil quinientos quince pesos 37/100), y le sea restituida dicha suma a la impetrante Carmelina Alejandrina Alcaraz Santos. b) Se abstengan de aplicar el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las pensiones que la quejosa percibe por los conceptos "101" "jubilación" y "206" "viudez" con la finalidad de que la suma de éstas no rebase diez salarios mínimos, equivalentes a unidades de medida y actualización." Así, de las constancias aportadas por la autoridad responsable se desprende que, si bien, declaró sin efectos la deducción correspondiente al concepto "48"; sin embargo, no demostró haber reintegrado a la quejosa la cantidad de 106,515.37, (ciento seis mil quinientos quince, 37/100) que le fue retenida por el referido concepto, y que constituyó el acto reclamado en este asunto. Sentado lo anterior, quien esto emite considera que existe defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En tales condiciones, al existir defecto en el cumplimiento de la sentencia amparadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a las autoridades responsables Delegada Estatal, Subdelegada de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, a fin de que en el plazo de tres días contado legalmente, informen y acrediten mediante constancias la entrega de los montos económicos materia de cumplimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, atento a lo establecido en el dispositivo jurídico 193 del anotado cuerpo normativo, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación por el delito a que se refiere el numeral 267, fracción I, de la ley reglamentaria en cita. Lo anterior es así, ya que si bien del contenido de los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se advierte que para dar trámite a la inejecución de sentencia, en tratándose de juicios de amparo indirecto, es necesario que el juzgador haga el pronunciamiento relativo a si la ejecutoria se encuentra o no cumplida, y sólo para el caso de que no lo esté o no lo esté totalmente o correctamente, o bien, se considere de imposible cumplimiento, deben remitirse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Décimo Segundo Circuito, residente en esta localidad, a efecto de que dicte la resolución que corresponda. Sin embargo, de una recta interpretación de dichos numerales, previamente a la incoación del aludido procedimiento de responsabilidad, los jueces federales a fin de cumplir con su ineludible obligación de procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias, deben requerir a la autoridad responsable que corrija el defecto detectado sobre el cumplimiento dado fallo protector, y únicamente ante su omisión total o parcial de repararlos, se formulará la petición de actuar contra la autoridad contumaz. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2ª. VIII/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación se encuentran pendientes de publicar, de rubro y texto de la literalidad siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada". Finalmente, no ha lugar acordar de conformidad con lo solicitado por la parte quejosa, en relación a que los pagos sean allegados a este órgano jurisdiccional mediante cheque, ya que de las constancias aportadas por las responsables se advierte que los pagos son realizados mediante depósito bancario a la cuenta de la quejosa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Amílcar Asael Estrada Sánchez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante la licenciada Karín Patricia Rodríguez Morán, Secretaria con quien actúa y da fe.
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