Carmela Serret Cortés
Expediente 1117/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Carmela Serret Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA (PREVIO AVISO)PRAL. 1117/2018. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo, en la que se concedió la protección constitucional a la quejosa Carmela Serret Cortés (fojas 146 a 161); en esas condiciones, este órgano jurisdiccional procede a establecer si del análisis a las constancias remitidas se encuentra cumplido el fallo protector, en los términos siguientes: 1. Carmela Serret Cortés, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia dictada el seis de abril de dos mil dieciocho, en el toca penal JOTP/77/2017, por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (fojas 25 a 28). 2. En sentencia autorizada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 146 a 161) se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. 3. En acuerdo de quince de enero de dos mil diecinueve (foja 199) se tuvo al tercero interesado Alberto Galicia Torres interponiendo recurso de revisión contra la referida sentencia. 4. Por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve se tuvo al secretario de acuerdos del entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, comunicando que había admitido el recurso de revisión con el número de expediente 108/2018 (foja 245) y en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 270 y 271) se le tuvo devolviendo los autos del juicio de amparo 1117/2017, así como testimonio de la ejecutoria de treinta y uno de octubre del año en curso, por la que confirmó la sentencia recurrida (fojas 146 a 161); ante lo cual, se requirió a la responsable cumpliera con la sentencia de amparo. 4. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 291) se tuvo a la autoridad responsable informando lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo, para lo cual remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de noviembre último, dictada en el toca penal JOTP/77/2017, de su índice; con lo que se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, sin que hubieren efectuado manifestación al respecto, no obstante haber quedado notificadas, respectivamente, el cinco de diciembre (foja 294) y seis de diciembre (foja 296) del año en curso. Efectos de la sentencia. En la sentencia de amparo se concedió la protección constitucional en los términos siguientes (foja 160): ". El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada. Así, el numeral 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: ... Dicho precepto establece el alcance jurídico de los recursos, a través de una regla general y su excepción; la primera, consiste en que el tribunal de alzada al que corresponda resolver un recurso, sólo debe pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, sin extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas por las partes; en tanto la segunda, como excepción, se actualiza cuando encuentra violaciones a derechos fundamentales que debe reparar de oficio, circunstancia que no le genera la obligación de hacer constar el análisis efectuado cuando concluya que dichas violaciones no existen. En el escrito mediante el cual se hizo valer el recurso de apelación y se expresaron los agravios por parte de la víctima y del Ministerio Público (fojas 3 a 17 y 32 a 37 del tomo anexo I), se controvirtieron los argumentos que consideró el juez de Control al dictar el auto de no vinculación a proceso el catorce de julio de dos mil diecisiete, en el proceso penal 204/2017, resolución en la que se consideró: . . Agravios expuestos en el recurso de apelación. Al respecto, señaló el agente del Ministerio Público que, por cuanto al primer elemento, sí se señaló que el imputado ofreció la plaza con categoría de administrativo en salubridad para Juan Carlos Flores Serret, a cambio, pidió la suma de setenta mil pesos, porque dijo conocer a los del Sindicato de Salubridad (fojas 6 y 7 del tomo anexo I); que el concepto de la palabra "falsa" es fingido o simulado, por lo que la promesa falsa es el de dar o hacer algo por alguien, fingido o simulado y, en el caso, existió una conducta por parte del imputado porque ofreció esa plaza, sabiendo que no iba a poder otorgarla, pese a que es trabajador de la Secretaría de Salud (fojas 11 y 12 del tomo anexo I); además de que no se requería acreditar el perfil de la persona que ocuparía la plaza (foja 12 del tomo anexo I), siendo suficientes los datos de prueba que se aportaron en la audiencia de comunicación de imputación. Por su parte, la víctima, aquí quejosa, vía agravios al adherirse al recurso de apelación, refirió que el primer elemento a estudiar en el delito de tráfico de plazas es la conducta de promesa falsa para otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento (foja 33 del tomo anexo I), mismo que el juez de Control tuvo por no acreditado al considerar que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público fueron insuficientes, pero que, en el caso, ello es incongruente, carente de fundamentación y motivación, pues de su declaración como víctima se desprende que sí señaló que el imputado le ofreció una plaza de nombramiento administrativo en la dependencia de Salubridad, si a cambio le daba la cantidad de setenta mil pesos, suma que le fue entregada, pero al no cumplir con lo ofrecido, pues argumentó el imputado que ya no había plazas en el hospital civil, le ofreció una plaza en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca en Pueblo Nuevo o de director de ese centro en Almotepec (foja 36 del tomo anexo I); y, dijo, de considerar lo contrario, el juez de Control no estaba impedido para la reclasificación jurídica del hecho delictivo de fraude; no obstante lo anterior, en el artículo 240 ter del Código Penal para el Estado de Oaxaca no existía lo que sostenía el juez de Control (fojas 36 y 37 del tomo anexo I). Vulneración al derecho fundamental de acceso a la justicia. Se considera que la Sala Penal responsable vulneró el derecho fundamental de acceso a la justicia en perjuicio de la quejosa, en su vertiente a un recurso judicial efectivo, porque al resolver el recurso de apelación extendió el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en el escrito de agravios, sin que se encontrara en el caso de excepción para ello, porque no se advirtió la existencia de un acto violatorio de derechos humanos que reparar; ya que, ante el argumento toral del juez de Control para no vincular a proceso a este último, en el que sostuvo el hecho de que no hubo promesa falsa, pues no había quedado acreditado cuál era la plaza que se le estaba ofreciendo al hijo de la víctima, ni cuál es la calidad específica que en un momento dado pudiera tener o coincidir con la plaza, y que nunca se refirió cuál sería la plaza que se estaba concretando, sino únicamente era una plaza de manera genérica; incluso, sostuvo, aunque pudiera considerar el argumento de la víctima, de que no había encontrado empleo, pero si hay una oferta por parte de alguna persona, tiene que ser concreta, es decir, manifestarse cuáles son los documentos que se habían pedido y cuáles se exhibieron, en tanto que el Ministerio Público no especificó qué documentos se entregaron, por lo que no puede determinar si el perfil es de licenciado en Pedagogía o de estudiante, como lo refirió en sus datos generales. La Sala Penal responsable estableció que los datos de prueba que incorporó el agente del Ministerio Público son insuficientes para establecer el hecho de obtener un beneficio económico mediante una promesa falsa para que consiga un trabajo o plaza en el sector público, que se le atribuye al imputado Alberto Galicia Torres, porque la declaración de la víctima es genérica, es imprecisa, al limitarse a expresar que el seis de febrero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las diez de la mañana, recibió una llamada telefónica de dicho imputado quien le dijo que con setenta mil pesos podría conseguirle la plaza o nombramiento administrativo en esa dependencia de salubridad para su hijo Juan Carlos Flores Serret, ya que conocía a personas del Sindicato de Salubridad, fue entonces que en compañía de su hijo y de su esposo le hizo entrega de esa suma de dinero y este último le dio su documentación en copias (foja 60 del tomo anexo I). Esto es, contrario al argumento toral del juez de Control y por el cual se hicieron valer los agravios relativos vía recurso de apelación, la Sala Penal sostuvo que de la declaración de la víctima sí se establece cuál es la plaza ofrecida; pese a la justificante en ese sentido, también señaló que: El artículo 240 ter, primer párrafo, del Código Penal del Estado, prevé lo siguiente: "a quien obtenga un lucro o beneficio económico, prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado, o una concesión, autorización, permiso, licencia, contrato o trámite respecto de un servicio" (foja 58 del tomo anexo I). El juez de Control determinó en la resolución recurrida (de catorce de julio de dos mil diecisiete) que el hecho de "promesa falsa" no quedó justificado por las razones que ahí expresó (foja 58 del tomo anexo I), mismos que esa Sala compartía, porque: Citó de forma clara los preceptos legales en los que el juez de Control fundamentó su resolución y expresó los razonamientos lógico-jurídicos que consideró para estimar que el caso no puede subsumirse el hecho en la hipótesis prevista en la norma jurídica, específicamente en el tipo penal de tráfico de plazas, previsto por el artículo 240 ter, primer párrafo y sancionado por el mismo numeral en su segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Oaxaca (fojas 58 reverso y 59 del tomo anexo I). La víctima no narra cómo, dónde y desde cuándo lo conoció, por qué tuvo la creencia de que le podía obtener una plaza o trabajo en el sector público, de qué número de teléfono o celular le llamó y cuál era el número del que recibió la llamada, cuántas veces le llamó, qué tiempo llevó el trato, por qué otro medio se comunicaron, siendo una declaración sin las circunstancias relevantes sobre el hecho que se reprocha para que exista certeza sobre la conducta que se pretende sancionar (foja 60 del tomo anexo I). Aspecto que no fue considerado por el juez de Control para dictar el auto de no vinculación recurrido. La víctima no especificó qué documentos le entregó al activo en el momento en que hicieron el trato a fin de sustentar su dicho, sin que el Ministerio Público incorporara los datos de prueba que obtuvo durante su investigación (foja 60 del tomo anexo I). Que la víctima manifestó que el imputado trabaja como "encargado de mantenimiento" pero no manifiesta los motivos, las causas o las razones por las cuales una persona que hace el aseo en un centro de trabajo tenga la potestad, influencia o cualquier otra circunstancia que influyeron en ella para hacerle creer que le podía conseguir no solamente trabajo a su hijo, sino una plaza para que laborara en el sector público; sin que se considere sea suficiente que el imputado hubiere manifestado que conocía a personas del Sindicato de Salubridad, ya que esta expresión no es suficiente ni convincente para considerar que por esta razón tenía la facultad de otorgar una plaza administrativa o empleo en el sector público, incluso, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca de Pueblo Nuevo o como director de dicha institución educativa de Amoltepec, Oaxaca, pero por una cantidad mayor (foja 60 parte final y 61 reverso del tomo anexo I). Circunstancia que no fue motivo de justificante para emitir el auto de no vinculación a proceso. Dijo que no pasaba desapercibido el hecho de que quien decidiera pagar por una plaza sin ajustarse a los requisitos establecidos legalmente corría un riesgo de no tenerla, por ser indebida su pretensión de obtenerla, por ello, no podía establecer que a la víctima se le prometió obtener una plaza o empleo para su hijo que, según su dicho, contaba con la licenciatura en pedagogía, pues entonces no se estaría en presencia de una promesa falsa por parte de la persona para conseguirlo, porque ambas partes sabían que no era correcta la forma de obtenerla, corriendo riesgo (foja 60 reverso del tomo anexo I). Este argumento no fue materia del auto de no vinculación a proceso. Que era correcto lo argumentado por la parte apelante, que el tipo penal no requiere la calidad específica del pasivo para obtener la plaza, pero el juez de Control, dice, no se refirió a esa calidad, sino que argumentó que requería la información de cuál era la expectativa del puesto o su cargo para realizar el análisis de si existió o no la falsedad en lo prometido (fojas 60 reverso, parte final, y 61, del tomo anexo I). Además, dijo, el juez de Control utilizó la expresión "debió haber acreditado y tenía que haberse acreditado", pero en la etapa preliminar no se requiere acreditar, sino establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito (foja 61 del tomo anexo I). Y en relación a que la declaración de la víctima se corrobora con lo manifestado por los testigos presenciales Juan Orencio -sic- Flores Jiménez y Juan Carlos Flores Serret, adolecen de ser genéricos e imprecisos en su narrativa, ya que no expresan las circunstancias relevantes del hecho que se reprocha, pues el primer testigo refirió que fue él quien pidió al imputado que le consiguiera una plaza para su hijo, que lo consultó con su esposa y decidieron entregar el dinero, siendo su cónyuge la que decidió ya no querer la plaza, porque el imputado dijo que ya no había plazas en el sector salud, siendo el propio imputado el que ofreció una plaza pero en otro lugar y por otra cantidad; en tanto que el segundo ateste sólo presenció la entrega del efectivo, pero no aportaron mayores datos o información sobre el hecho que se reprocha al imputado (foja 61 parte final del tomo anexo I). Aspecto que no fue materia esencial para tener por no establecido el primero de los elementos a que se refiere el artículo 240 ter del Código Penal de Estado de Oaxaca, por parte del juez de Control. Así, no obstante que la Sala Penal responsable argumentó en la resolución reclamada que las razones del juez de Control las compartía, de oficio, expuso motivos distintos en perjuicio de la víctima y con otros argumentos que no realizó dicho juez de Control, determinó que no quedaba establecido que se había cometido el hecho que el artículo 240 ter del Código Penal para el Estado de Oaxaca, señala como delito, en su elemento de falsa promesa; situación que no le estaba permitido, pues ello procede cuando deba reparar algún derecho fundamental que se estén violando en perjuicio de las partes procesales, y que debe expresar claramente en la resolución reclamada, lo que en el caso no aconteció. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema. .Cuarto. Efectos de la sentencia. Así, por contravenir lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, en su vertiente de un recurso efectivo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Carmela Serret Cortés, para que, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: I. Deje sin efecto la resolución de seis de abril de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal JOTP/77/2017, por la que confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de Alberto Galicia Torres, de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, emitida por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, en la causa penal 204/2017. II. Se pronuncie sobre el recurso de apelación que hizo valer el Ministerio Público al que se adhirió la víctima, aquí quejosa. Para ello, deberá observar lo dispuesto por el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los términos en que el juez de Control dictó la resolución recurrida y sobre el cual se expresaron los agravios específicos relativos. III. Resuelva lo que en derecho proceda.". Estudio del cumplimiento. De las constancias que remitió la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (fojas 282 a 290), con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que: En relación con el primer efecto (foja 160): ". I. Deje sin efecto la resolución de seis de abril de dos mil dieciocho, emitida en el toca penal JOTP/77/2017, por la que confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de Alberto Galicia Torres, de fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, emitida por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, en la causa penal 204/2017. (.)". Refirió la Sala Penal responsable, por las razones ahí expuestas, que no compartía el criterio de este órgano jurisdiccional al dictar la sentencia de amparo, confirmada por el Tribunal Colegiado; no obstante ello, en el toca penal JOTP/77/2017, el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (foja 284) dejó insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil dieciocho, por la que confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor del Alberto Galicia Torres, de catorce de julio de dos mil diecisiete, emitido por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 204/2017. De ahí que queda cumplido el primer efecto de la sentencia ejecutoriada (foja 160). Por cuanto al segundo efecto (foja 160). ". II. Se pronuncie sobre el recurso de apelación que hizo valer el Ministerio Público al que se adhirió la víctima, aquí quejosa. Para ello, deberá observar lo dispuesto por el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los términos en que el juez de Control dictó la resolución recurrida y sobre el cual se expresaron los agravios específicos relativos. (.)". El veintiséis de noviembre último la Sala Penal responsable emitió otra resolución, en la que: Hizo referencia al agravio que expuso la parte recurrente, consistente en la existencia de falta de motivación y fundamentación de la resolución impugnada (foja 286 reverso). Para abordar el estudio de ese agravio, escuchó y vio los audios y videos, así como dio lectura a las constancias que remitió el juez de Control en formato pdf para la sustanciación del recurso (foja 286 reverso) y expuso que, respecto del agravio en el que se señaló que existía falta de motivación y fundamentación en la resolución impugnada, se debía precisar lo que establece el artículo 240 ter, primer párrafo, del Código Penal vigente en el Estado. Así, la Sala responsable mencionó que el hecho de "promesa falsa" no se acreditaba con los datos de prueba que incorporó el agente del Ministerio Público, siendo insuficientes; de ahí que, dice, el juez de proceso expresó de manera clara los preceptos legales invocados en los que fundamentó su resolución y los razonamientos lógico-jurídicos que consideró para estimar que, en el caso, no puede subsumirse el hecho en la hipótesis prevista en la norma jurídica de tráfico de plazas (fojas 286 reverso a 288). Y consideró insuficientes los datos de prueba para establecer el hecho de obtener un beneficio económico mediante promesa falsa, para que consiga un trabajo o plaza en el sector público, porque, dijo, sólo se limitó a expresar que el seis de febrero de dos mil dieciséis recibió una llamada telefónica del activo para decirle que con setenta mil pesos podría conseguirle la plaza o nombramiento administrativo en la dependencia de salud, para su hijo, porque conocía a personas del sindicato de salubridad, por lo que le hizo entrega de la cantidad de dinero referida (foja 288 reverso). Sin que ello pudiera considerarse, señala, como un análisis de uno de los elementos del "cuerpo del delito", como lo expuso, ya que no es necesaria esa acreditación, pues lo que se torna necesario es establecer el hecho ilícito, bajo el estándar de valoración mínima que el juez de proceso realizará en torno a los datos de prueba que el agente del Ministerio Público incorpore en la audiencia de comunicación de imputación, lo que el juez de Control realizó debidamente en la resolución recurrida (foja 289). De ahí que, dijo, era infundado el agravio en el aspecto de que la resolución recurrida no se encontraba fundada ni motivada (foja 289). Concluyó que el auto de no vinculación a proceso se encontraba debidamente fundado y motivado, porque el juez aplicó un estándar probatorio y de valoración mínimo, para reunir los extremos que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 289). Por ello, se concluye que la Sala Penal se pronunció sobre el recurso de apelación que hizo valer el Ministerio Público al que se adhirió la víctima, aquí quejosa, y observó lo dispuesto por el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales , así como los términos en que el juez de Control dictó la resolución recurrida y sobre el cual se expresaron los agravios específicos relativos. De ahí que queda cumplido el segundo efecto de la sentencia. En esa resolución de veintiséis de noviembre último la Sala Penal responsable declaró improcedente el recurso hecho valer en cuanto al fondo y confirmó el auto de no vinculación a proceso de catorce de julio de dos mil diecisiete, dictado a favor de Alberto Galicia Torres, por el hecho que la ley señala como delito de tráfico de plazas, cometido en perjuicio de la sociedad y de Carmela Serret Cortés (foja 289), sin invocar motivos distintos a los que el juez de Control consideró en esta última resolución. Con lo que cumple con el tercer efecto de la sentencia. En consecuencia, sin existir exceso o defecto en su ejecución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente.
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PRAL 1117/2018 MESA 1.B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Informa cumplimiento. Agréguese el oficio del magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el que informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo y, al efecto, remite copia certificada de la resolución de veintiséis de noviembre último, dictado en el toca penal ***, de su índice. 2. Vista a las partes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho término, resuélvase lo procedente en relación con ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada....
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA (PREVIO CITATORIO).- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Informa cumplimiento. Agréguese el oficio del magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el que informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo y, al efecto, remite copia certificada de la resolución de veintiséis de noviembre último, dictado en el toca penal JOTP/77/2017, de su índice. 2. Vista a las partes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho término, resuélvase lo procedente en relación con ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO ALBERTO GALICIA TORRES PREVIO AVISO).- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Informa cumplimiento. Agréguese el oficio del magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el que informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo y, al efecto, remite copia certificada de la resolución de veintiséis de noviembre último, dictado en el toca penal JOTP/77/2017, de su índice. 2. Vista a las partes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho término, resuélvase lo procedente en relación con ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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