Carmela Rojas Moreno

Expediente 24/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 37 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
24/2016
Año
2016
Actuaciones
37
Última actuación
15/11/2016

Partes del expediente

  • Carmela Rojas Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos los escritos de cuenta signados por el autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, no ha lugar a proveer de conformidad la devolución del billete de depósito número N 748076, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) y no por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) que refiere en sus escritos de cuenta, por las razones que a continuación se indican. Ahora bien, de autos, se advierte que en resolución interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados en la cual la parte quejosa exhibió el billete de depósito antes mencionado, por lo que se tuvo por satisfecho uno de requisitos de la suspensión definitiva otorgada en resolución de veintiocho de enero de la presente anualidad y asimismo en dicha determinación se le previno a la quejosa a fin de que compareciera ante el juez de la causa cada vez que sea citada a efecto de que continuara con el trámite del procedimiento que se le instruye; sin embargo, por acuerdo diez de mayo de la presente anualidad, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, se tuvieron por remitidas diversas constancia, consistente en copia certificada de la notificación hecha a la quejosa Carmela Rojas Moreno, a fin de que acudiera a las diligencias de careos programadas para el cinco, seis y siete del mes pasado, sin que esta se presentara a dichas diligencias, lo cual implico el incumplió de la obligación que se le impuso al concederle la suspensión definitiva, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado la citada interlocutoria, dejando sin efectos dicha medida cautelar; sin que en dicho proveído se haya acordado en relación al destino del billete presentado por la parte quejosa. Por tanto, a fin de subsanar dicha omisión, se proveer en ración al destino del billete de depósito exhibido por la parte quejosa, por lo que ante el incumplimiento de la obligación de comparecer ante el juez de causa, se hace efectiva la garantía en a favor del Erario Federal; consecuentemente, remítase el billete de referencia a la Tesorería de la Federación, debidamente endosado en favor de esa dependencia, así como copia certificada del proveído de diez mayo de dos mil dieciséis, se le solicita acuse recibo. Hecho lo anterior, devuélvase el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado federal por estar totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, ya que de autos se advierte que la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, remitió copia certificada de la causa penal 226/2014-II, y dado que los mismos resultan innecesarios que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta, enviado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, a través del cual manifiesta que el siete de octubre del año en curso, recibió el oficio 26762/2016, por el cual se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SÍNTESIS. VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 24/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el doce de enero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Carmela Rojas Moreno, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. ACTO RECLAMADO ". el auto de fianza judicial que la ordenadora dictó en mi contra el día veintiséis de noviembre del año dos mil quince, en el expediente 226-II/2014, como probable responsable del delito de FRAUDE, delito previsto y sancionado por el artículo 237 del Código Penal en vigor, donde se me fija la cantidad de $102,011.66 (CIENTO DOS MIL ONCE PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), POR CONCEPTO DE FIANZA JUDICIAL, para gozar del beneficio de mi libertad personal, auto que me fue notificado por el Secretario Actuario, el día 07 de diciembre del año dos mil quince." SEGUNDO. Por proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo registrada bajo el número 24/2016; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (posteriormente al representante social adscrito al juzgado responsable y a los terceros interesados), y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en varias ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama el acuerdo dictado en una causa penal que se tramita ante un juzgado con residencia en la jurisdicción de este órgano federal, en el que se fijó la cantidad que como caución debía exhibir el quejoso para gozar de su libertad personal, lo que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación, ya que el incumplimiento a dicha obligación conduciría a ordenar su reaprehensión. SEGUNDO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo en relación con las demás constancias de autos se precisa que Carmela Rojas Moreno, como una de las inculpadas en la causa penal 226/2014-II, que se le instruye por el delito de fraude en agravio de Rosa María Tagle Gaspar y otros, reclama del Juez responsable, el auto de veintiséis de noviembre de dos mil quince, en el que previa solicitud se le fijó la cantidad de $102,011.66 (ciento dos mil once pesos 66/100 moneda nacional), como garantía para que obtuviera el beneficio de su libertad caucional. TERCERO. La Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, al rendir su informe con justificación aceptó el acto que se le atribuye; certeza que se corrobora además, con la copia certificada de la causa penal 226/2014-II, que al efecto adjuntó el juez responsable (tomos de pruebas I y II); la cual dada la naturaleza de documental pública tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Al no existir causal de improcedencia alguna que deba ser examinada de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada por la quejosa Carmela Rojas Moreno, para lo cual resulta procedente analizar el fondo de la cuestión planteada, al tenor de los conceptos de violación. En ese sentido, la parte quejosa sólo se limitó a sostener que el auto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la fianza se fijó fuera de contexto legal ya que si los agraviados hubieran dado la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100) que refieren me hicieron entrega, suma la cantidad total de $115,000.00 (ciento quince mil pesos), es decir, veintitrés por cinco mil pesos y no de $215,000.00 (doscientos quince mil pesos 00/100 moneda nacional), como lo refiere el órgano investigador y la autoridad responsable, ya que no se percató si la suma de dinero referida por el delito de fraude era correcta, ya que para que resultara la cantidad señalada en último término se trataría de cuarenta y tres agraviadas y no de veintitrés. En ese sentido, para estar en aptitud de dilucidar en torno a la constitucionalidad del acto reclamado contenido en el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 226/2014-II, conviene tener presente los antecedentes directos que se extraen de las actuaciones que conforman dicha causa penal, valoradas en el considerando que antecede; los cuales son: 1) Mediante escrito presentado ante la autoridad ministerial el veinticuatro de octubre de dos mil trece, los terceros interesados 1. María Luisa Hernández de la Cruz, 2. Elsa Tagle Gaspar, 3. Juana Aparicio Sosa, 4. Carmen Hernández García, 5. Rosa María Tagle Gaspar, 6. María Isabel Tagle Gaspar, 7. María Elena Tagle Gaspar, 8. Silvino Quiroz Sánchez, 9. María del Carmen Tenorio López, 10. Guadalupe Díaz Macario, 11. Oralia Santiago López, 12. Florentina Santiago Martínez, 13. Judith Santiago García, 14. Celerino Macedonio Lorenzo, 15. Clementina Eugenio Lorenzo, 16. José Alfonso Gómez Estrada, 17. José Antonio Lacunza Solís, 18. Luisa Rodríguez Pedro, 19. Floriberta Cruz Sánchez, 20. Elia Cruz Sánchez, 21. Candy Daniela Romero Martínez, 22. Glafira Martínez Juárez y 23. Aurora Basilio Tapia, presentaron formal querella por la presunta comisión del delito de fraude, en contra de la quejosa Carmela Rojas Moreno y de Nicolás Álvarez González y Martha Guadalupe García, ordenándose el inicio de la averiguación previa ABA/SC/01/0506/2013, del índice de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, quienes en esencia en lo que aquí interesa dijeron: "2. (.) que el veintiocho de septiembre del año dos mil doce, la licenciada CARMELA ROJAS MORENO, a algunos de nosotros nos visitó en diferentes horas del día, desde muy temprano en nuestros respectivos domicilios; diciéndonos que, como una forma de corresponder al apoyo que le dimos a ella y a su candidato a la presidencia municipal de esta ciudad, en el proceso electoral pasado, podía conseguirnos un apoyo a través de un programa federal, mediante el cual podíamos adquirir materiales para la construcción a costos muy bajos, para el mejoramiento de nuestras viviendas, pero que era necesario que asistiéramos a una reunión en el campo aéreo de esta ciudad, precisamente en casa de la señora MARTHA GUADALUPE GARCÍA, a las seis de la tarde del día siguiente, sábado veintinueve de Diciembre del mismo año (2012), donde se nos iba a explicar detalladamente en qué consistía el apoyo (.) 3.- Como consecuencia de lo anterior, precisamente a las SEIS DE LA TARDE DEL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, los firmantes del presente escrito, y muchas personas más, por la misma necesidad que tenemos acudimos a la reunión a la cual nos había invitado la licenciada CARMELA ROJAS MORENO, en la en casa de la señora MARTHA GUADALUPE GARCÍA en el campo aéreo de esta ciudad, en donde ya se encontraba la licenciada CARMELA ROJAS MORENO, acompañada de la misma MARTHA GUADALUPE GARCÍA y de NICOLÁS ÁLVAREZ GONZÁLEZ, y es el caso que, cuando ya se había reunido un número considerable de personas, la licenciada CARMELA y sus acompañantes comenzaron la reunión, y la primera en hacer uso de la palabra fue precisamente la licenciada CARMELA ROJAS MORENO (.) que ella iba a lograr que obtuviéramos diversos beneficios o ayudas del gobierno federal y que por lo pronto, ya estaba gestionando que una gran cantidad de paquetes de viviendas, que estaban destinados para la región de la montaña, se desviaran a nuestra región, y específicamente a nosotros; que incluso ya tenía verbalmente autorizada la entrega de dichos paquetes de viviendas de parte de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, que solo faltaba la autorización por escrito, pero que era un hecho que esos paquetes serían para nosotros, porque ya estaban autorizados para la región de la montaña, pero que, como tienen un costo de recuperación de $5000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por paquete, la gente de la montaña no pudo pagarlos, y toda vez que ella, tiene trato directo con diversos funcionarios del gobierno federal, además de que su hijo de nombre GIOVANI SOTO ROJAS trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social Federal, ella podía lograr que esos paquetes de vivienda se les entregaran a personas de este municipio, siempre y cuando pagaran su costo, que es la cantidad arriba mencionada (.) Asimismo, nos dijo que algunas personas que se habían anotado y pagado sus paquetes con anterioridad, ya se les había entregado el material; que incluso nos citaron en ese domicilio, porque ahí tenían materiales de los que integraban esos paquetes, los cuales nos los enseñaron en ese momento, y efectivamente, pudimos ver que había cemento, varillas tabicones, tinacos, láminas de asbesto, entre otros, haciéndonos creer que esos eran los paquetes que estaba prometiendo que nos iban a llegar, lo que nos hizo creer que era cierto todo lo que nos habían dicho, ya que los probables responsables, nos explicaron que todos los materiales contenían los supuestos paquetes para vivienda por la cantidad de $5,000.00 CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)lo cual nos pareció que efectivamente era una gran ayuda, porque en las c asas materialistas no se compra todo ese material con esa cantidad de dinero. (.) Asimismo, nos dijeron que cada paquete de vivienda contenía los siguientes materiales (.). 4. No obstante lo anterior, le dijimos a los probables responsables que en esos momentos no contábamos con esa cantidad de dinero (.) y fue que CARMELA ROJAS MORENO nos dijo que ella comprendía nuestra situación, que estaba consciente de que no es fácil contar con esa cantidad de dinero, (.) pero nos dijo que no nos preocupáramos, que todavía teníamos tiempo porque el material iba a estar llegando a esta ciudad los últimos días del mes de Enero del año en curso, y que por lo tanto, nos podía dar como fecha límite hasta el día MARTES OCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO (2013) para que le hiciéramos entrega del dinero y garantizar que nos llegaran nuestros respectivos paquetes de vivienda, por lo que nos dijo que nos volviéramos a reunir en esa fecha (OCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO), en ese mismo lugar, y a la misma hora (seis de la tarde), para que le hiciéramos entrega del dinero, y se hiciera una relación de las personas que pagaran sus paquetes, y se anotara el número de paquetes que iba a solicitar cada uno, ya que nos dijo que ella había conseguido que en el caso nuestro, no hubiera límites en el número de paquetes que cada persona pudiera adquirir; es decir, que podíamos adquirir la cantidad de paquetes que pudiéramos pagar por persona (.) 5. (.) y el día OCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PRECISAMENTE A LAS SEIS DE LA TARDE, los firmantes del presente escrito, y otras personas más que no se enteraron de esta denuncia, acudimos a la casa de la señora MARTHA GUADALUPE GARCÍA en el campo aéreo de esta ciudad donde ya se encontraba CARMELA ROJAS MORENO acompañada de NICOLÁS ÁLVAREZ GONZÁLEZ, y de la propia MARTHA GUADALUPE GARCÍA (.) y nuevamente la licenciada CARMELA ROJAS MORENO (.) nos dijo que hiciéramos una fila para que le entregáramos el dinero de los paquetes de vivienda que requiriéramos; que no nos preocupáramos, ya que había paquetes de vivienda suficientes para todos (.) que en cuento llegaran los paquetes de vivienda ellos personalmente nos iban a avisar o a llamar por teléfono, para que fuéramos a recoger el material con los bonos o certificados de subsidio federal (.) 6.- Para efectos legales correspondiente, a continuación precisamos los nombres de las personas que le entregamos dinero a CARMELA ROJAS MORENO, para que nos gestionara los paquetes de vivienda que se mencionan, así como el número de paquetes que cada uno pagó, y la cantidad que cada uno entregó a la hoy probable responsable: (.) De lo manifestado en este hecho se desprende que los probables responsables, en total obtuvieron la cantidad de $215,000.00 (DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)" (.) 9. Resulta que transcurrieron los dos meses a que hacemos alusión en el hecho que antecede, y al ver que CARMELA ROJAS MORENO no nos hacía entrega de los paquetes de vivienda (.) CARMELA ROJAS MORENO y NICOLÁS ÁLVAREZ GONZÁLEZ (.) se comprometieron que el día DOCE DE SEPTEIMBRE DEL AÑO EN CURSO (2013), nos iban a hacer la entrega de los bonos correspondientes ya a nuestros nombres, para que con ellos, pudiéramos recoger nuestros respectivos paquetes de vivienda (.) 1.- No obstante lo anterior, al llegarse el día DOCE DE SEPTYIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, (2013) nuevamente nos presentamos ante esta Representación Social, los firmantes del presente escrito y demás personas (.) así como también se presentaron CARMELA ROJAS MORENO y NICOLÁS ÁLVAREZ GONZÁLEZ (.) y ante la presencia del Ministerio Público que nos atendió, estas personas dijeron que no podían hacernos entrega de los paquetes de vivienda que nos habían prometido (.)" 2) Seguida que fue la indagatoria, mediante pedimento 169/2014 de dieciséis de octubre de dos mil catorce, se consignó la referida averiguación previa, en la que se ejerció la acción penal y reparación del daño en contra de la quejosa Carmela Rojas Moreno y demás inculpados, solicitando la correspondiente orden de aprehensión la cual correspondió conocer al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. 3). Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se radicó la indagatoria en cuestión bajo el número de causa penal 226/2014-II, y en diversa resolución de nueve de enero de dos mil quince se obsequió la orden de aprehensión solicitada por el órgano investigador en contra de la quejosa y demás inculpados. 4) El diecisiete de febrero de dos mil quince, la quejosa compareció bajo los efectos de la suspensión provisional otorgada en el juicio de amparo 78/2015, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, se le decretó su detención virtual y en esa misma fecha, se tomó su declaración preparatoria, quien en sus datos generales dijo: "Carmela Rojas Moreno, ser de 44 años de edad, con fecha de nacimiento, de religión católica, estado civil soltera, de ocupación comerciante, que percibe salario de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), al día, originaria y vecina de esta ciudad de Ometepec, Guerrero, con domicilio en (.)" 5) Agotado el periodo de preinstrucción, el veintitrés de febrero de dos mil quince, se dictó auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude previsto y sancionado en el artículo 237, fracción III, del Nuevo del Código Penal del Estado de Guerrero en agravio de 1. María Luisa Hernández de la Cruz, 2. Elsa Tagle Gaspar, 3. Juana Aparicio Sosa, 4. Carmen Hernández García, 5. Rosa María Tagle Gaspar, 6. María Isabel Tagle Gaspar, 7. María Elena Tagle Gaspar, 8. Silvino Quiroz Sánchez, 9. María del Carmen Tenorio López, 10. Guadalupe Díaz Macario, 11. Oralia Santiago López, 12. Florentina Santiago Martínez, 13. Judith Santiago García, 14. Celerino Macedonio Lorenzo, 15. Clementina Eugenio Lorenzo, 16. José Alfonso Gómez Estrada, 17. José Antonio Lacunza Solís, 18. Luisa Rodríguez Pedro, 19. Floriberta Cruz Sánchez, 20. Elia Cruz Sánchez, 21. Candy Daniela Romero Martínez, 22. Glafira Martínez Juárez y 23. Aurora Basilio Tapia, con el argumento de que con los elementos de pruebas que obran en la averiguación previa, se tiene por acreditada la probable responsabilidad de la inculpada Carmela Rojas Moreno, al ser la persona que junto con otras el ocho de enero de dos mil trece, obtuvieron un lucro indebido, mismo que consistió en la cantidad de $215,000.00 (doscientos quince mil pesos 00/100 moneda nacional), los que fueron entregados por los ofendidos a la inculpada a cambio de unos paquetes de material de construcción que prometió entregarles. 6.- Contra el referido auto de formal prisión, la quejosa promovió apelación, el cual se radicó el uno de octubre de dos mil quince, por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo. 7. Mediante escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, la quejosa solicitó al juez de origen fijara fianza para que siguiera gozando de su libertad personal, y por auto de veintiséis de noviembre del mismo año, el juez de la causa dicto el acuerdo que constituye el acto reclamado, en el cual le concedió tal beneficio fijándole la cantidad de $102,011.66 (ciento dos mil once pesos 66/100 M.N.), para que pudiera gozar del beneficio de su libertad personal en los siguientes términos: "Auto. Ometepec, Guerrero, a veintiséis (26) de noviembre del año dos mil quince (2015). Téngase por presentada a la licenciada Yesica Bonifacio Bouchain y a la procesada Carmela Rojas Moreno, con el escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, ingresado en este Juzgado a las catorce horas con cincuenta y un minutos, mediante el cual solicita a este Juzgado se le fije fianza judicial; atenta a su contenido y como lo solicita, con fundamento en los artículos 147, 148 Bis y 148 del Código de Procedimientos Penales del Estado, es procedente fijar a la citada inculpada la cantidad total de $,102,011.66 (ciento dos mil once pesos 66/100 moneda nacional), para gozar del beneficio de su libertad personal, el cual se divide de la siguiente manera: se fija la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de obligaciones judiciales; así también, se fija la cantidad de $71,666.66 (setenta y un mil seiscientos sesenta y seis 66/100 moneda nacional) por concepto de la reparación del daño, la cual se fija de manera mancomunada, ello en virtud de que se tratan de tres inculpados; de igual forma se fija la cantidad de $15,345.00 (quince mil trecientos cuarenta y cinco 00/100 moneda nacional), por posible multa a imponer, a razón de doscientos cincuenta días, consistente en $61.38 el salario mínimo vigente en la época en que aconteció el delito, tomando en cuenta que el delito de fraude no se trata de delito grave así calificado por el artículo 70 del Código de Procedimientos Penales del Estado, por lo que una vez sea garantizado dicho monto, se acordara lo que en derecho proceda respecto a la libertad del inculpado, lo cual podrá consistir en depósito en efectivo, prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía formalmente constituido, o cualquier otra forma de garantía que esté garantizada por la ley, de conformidad con el artículo 149 del Código de Procedimientos Penales del Estado." Una vez establecidos los antecedentes directos del acto reclamado, procede ahora a verificar si el motivo de disenso resulta fundado, o bien, si el auto en que se fijó fianza a la quejosa para que continuara disfrutando de su libertad personal se ajustó al texto constitucional, para lo cual es necesario tener presente que el artículo 20 Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su redacción vigente hasta su reforma mediante Decreto publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, en la parte conducente establece: "Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional. (.)." Conforme a este magno precepto, el inculpado podrá obtener su libertad provisional en los casos que ésta proceda, cuando garantice el monto estimado de la reparación del daño, las sanciones pecuniarias que pudieran imponérsele y otorgue caución para el cumplimiento de las obligaciones que, en términos de ley, deriven a su cargo en razón del proceso que se le instruye; de lo que se sigue, que son tres aspectos esenciales que tomará en cuenta el juzgador al momento de fijar la caución que deberá exhibir el inculpado, a saber: a) Reparación de daños y perjuicios de la víctima u ofendido; b) Garantizar el pago de la posible sanción pecuniaria que pudiera imponérsele; y, c) Exhibir una caución para garantizar el buen desarrollo del proceso que se le instruye. La citada garantía individual fue plasmada de esa forma por el legislador federal para lograr un equilibrio entre las garantías de libertad y de audiencia, que llevan implícitas el principio de presunción de inocencia, y la prisión preventiva, sin menoscabo de los fines de ésta de preservar el proceso, garantizar la ejecución de la pena y asegurar la integridad del ofendido y la tranquilidad social. Para lograr este fin, el legislador local reglamentó dicha disposición constitucional en diversos preceptos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, de entre los cuales destacan los numerales 147, 148, 148 bis y 149, que textualmente disponen: "Artículo 147. Todo inculpado tendrá derecho a disfrutar de la libertad bajo caución durante la averiguación previa y en el proceso judicial, que se decretará en la misma pieza de autos, siempre y cuando se garanticen el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y no se trate de los delitos graves que prevé el artículo 70 de este Código. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la garantía relativa a la reparación del daño se calculará de acuerdo a las disposiciones de la Legislación Civil y Laboral. En caso de que se niegue la libertad caucional, puede solicitarse de nuevo y ser concedida por causas supervinientes." "Artículo 148. El monto de la caución deberá ser asequible para el inculpado y se fijará tomando en consideración: I. Sus antecedentes y características; II. La naturaleza del delito imputado; III. El mayor o menor interés que pueda tener en sustraerse a la acción de la justicia; IV. Sus condiciones económicas; y, V. En su caso, la previa reparación del daño, o la satisfacción de la garantía del monto estimado y de las sanciones que puedan imponérsele." "Artículo 148-BIS. El monto de la caución que se haya fijado para garantizar la libertad provisional del procesado, podrá reducirse en la proporción que el Juez estime justa, tomando en cuenta cualesquiera de las circunstancias siguientes: I. El tiempo que el procesado lleve privado de su libertad; II. La disminución acreditada de las consecuencias o efectos del delito; III. La incapacidad económica demostrada para otorgar la caución señalada; y IV. Otras que racionalmente conduzcan a crear la certeza de que no se sustraerá a la acción de la justicia. La petición de reducción se tramitará en incidente, que se substanciará conforme a las reglas señaladas en el artículo 176." "Artículo 149. La caución podrá consistir en depósito en efectivo, prenda, hipoteca, fideicomiso de garantía formalmente constituido, o cualquier otra forma de garantía que esté autorizada por la ley. La naturaleza de la caución quedará a elección del inculpado, quien al solicitar la libertad manifestará la forma que elige. En caso de que el inculpado o su defensor no hagan la manifestación mencionada, el Ministerio Público o la autoridad judicial, de acuerdo con el párrafo que antecede, elegirá la forma de la caución." Como se puede apreciar de los numerales trascritos con antelación, en congruencia con lo previsto por el artículo 20, Apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, exigen que el procesado otorgue tres diversas garantías, según el caso, una por el monto estimado de la reparación del daño, otra por el monto estimado de las sanciones pecuniarias que, en su caso, procedan y una tercera, para caucionar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso, teniendo cada una de esas garantías un objetivo distinto dentro del proceso penal, a saber: 1. La garantía por el monto estimado de la sanción pecuniaria, se justifica sólo cuando el tipo penal por el que se sigue el proceso contemple una punibilidad que incluya la multa, pues en caso de condena ésta corresponderá al Estado; 2. La garantía por el monto estimado de la reparación del daño tiene como finalidad proteger o salvaguardar en el proceso penal los derechos de la parte ofendida y, por ende, sólo puede exigirse al inculpado que solicita su libertad provisional, tratándose de delitos que producen resultado de daño, para que en el supuesto de una eventual condena, el juez pueda decidir sobre el resarcimiento de los daños o perjuicios ocasionados al ofendido; y, 3. El monto de la caución que garantice el cumplimiento de las obligaciones a cargo del inculpado en razón del proceso, tiene por objeto evitar que el procesado se sustraiga a la acción de la justicia, para salvaguardar la materia del proceso y hacer posible, en un momento dado, la emisión y cumplimiento de la sentencia. Asimismo, destaca que del contenido del artículo 148 bis, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, se deriva una facultad discrecional al juzgador para que cuando lo estime justo -con las complicaciones que conlleva el alcance y significado de dicha expresión-, pueda reducir proporcionalmente la cantidad que como caución haya fijado en cualquiera de los tres conceptos destacados con anterioridad, para lo cual habrán de considerarse algunas de las circunstancias ahí descritas. Ahora bien, el hecho de que el resolutor natural se encuentre expresamente facultado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la legislación ordinaria, para exigir al procesado las garantías indicadas para que pueda disfrutar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, no significa en modo alguno que se encuentre exento de fundar y motivar la resolución en la que fije el monto de dichos conceptos, ni tampoco de valorar las pruebas o datos que haya tomado en consideración para tal efecto, pues todo procesado está protegido no sólo por la garantía consagrada a su favor por el artículo 20 Constitucional, sino también por las contenidas en los diversos numerales 14 y 16, que en la parte que interesa, establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." Dichos dispositivos en su orden, tutelan a favor de todo gobernado, las garantías de legalidad y seguridad jurídica. El primero (artículo 14) refiere, en lo conducente, como principio de legalidad, que la autoridad tiene como obligación, la de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; así, al expedir cualquier mandamiento o resolución que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones; ello, con la finalidad de que el gobernado esté cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica. En tanto que el segundo (artículo 16) regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley; es decir, que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. No obstante lo anterior, es necesario tener presente que en determinadas ocasiones, el ordenamiento legal no establece parámetros objetivos para la toma de decisiones de autoridad que hagan relativamente sencillo su contraste con un precepto, a fin de establecer con suficiente grado de razón si tal proceder fue correcto o no. En esos casos, se puede afirmar que nos encontramos frente a facultades discrecionales que la ley otorga a las autoridades, las cuales si bien no están exentas de ser fundadas y motivadas a efecto de que puedan exteriorizarse en la esfera jurídica del ciudadano, no menos verídico resulta que el estudio de su legalidad no tiene que ver necesariamente con parámetros rígidos contenidos en la norma, sino en las modalidades, naturaleza y demás particularidades especiales de cada asunto; es decir, la exigibilidad de los requisitos de fundamentación y motivación del acto de autoridad se analizan ya no bajo el prisma de medidas o cuantificaciones establecidas en un precepto legal, sino en la racionalidad -dentro del contexto personal, social, histórico, etcétera-, del acto emitido, a fin de establecer con cierto grado de certeza, sensatez y objetividad, si la decisión adoptada es proporcional a la magnitud que el caso representa. Establecido lo anterior, no se advierte que la determinación sujeta a examen atinente a la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) fijada por el Juez de la causa por concepto de obligaciones procesales, hubiera trastocado las garantías de legalidad y seguridad jurídica del quejoso previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el diverso numeral 20, Apartado A, fracción I, de la propia Carta Magna, en razón de que dicha cantidad que por obligaciones procesales se fijó, fue el resultado de una apreciación personal del juzgador con base en las condiciones particulares de la procesada, como son sus antecedentes y características, referentes a su edad, y ocupación, sus condiciones económicas como son su ocupación e ingreso diario, en relación con la naturaleza del delito imputado y que por ser una comerciante con domicilio establecido en Ometepec, Guerrero, no tiene el mayor o menor interés de sustraerse de la acción de la justicia; respecto de lo cual, como se dijo con antelación, no siempre existen elementos objetivos con los cuales pueda contrastarse la actuación del juzgador para establecer una cuantía respecto de un concepto que no tiene una valoración económica específica, sujeta a leyes de mercado o a un valor tasado o fijado por expertos, sino que ello debe analizarse a la luz de las condiciones personales, sociales, geográficas, históricas o de cualquier otra índole que permitan arribar a una cantidad proporcionada con el hecho sujeto a estudio, como en el caso se hizo. En efecto, a diferencia de los conceptos que tienen que ver con la reparación del daño y la posible sanción pecuniaria, cuya cuantificación sí tiene elementos susceptibles de ser valorados objetivamente, pues en el primer caso tratándose del delito de fraude, el monto de lo defraudado constituye precisamente una guía sobre el particular, mientras que por el segundo, en la propia ley penal se encuentran establecidos los rangos mínimo y máximo que por sanción pecuniaria podría llegar a imponerse al procesado de ser declarado en sentencia penalmente responsable del delito que se le imputa; la cantidad que por obligaciones procesales se fija, es el resultado de una apreciación personal del juzgador sobre las condiciones del procesado en relación con la naturaleza y magnitud del hecho delictivo que le permiten establecer mediante su mayor o menor gravamen, la posibilidad de que el activo se sustraiga de la acción de la justicia, pues del contenido de los artículos 147 y 148 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, no se observa que se establezcan valores objetivamente predeterminados que permitan a este tribunal federal contrastar la decisión del Juez de la causa, para fijar una cantidad determinada como caución y particularmente por lo que ve al concepto de obligaciones procesales. Por ende, puede concluirse que la cantidad de $15,000. 00 (quince mil pesos 00/100 m.n.), señalada por concepto de obligaciones procesales no puede considerarse como exorbitante o excesiva, sino conforme a los antecedentes destacados y en los términos a que se refieren los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 147 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, racional y proporcionalmente asequible, en tanto que dentro de un contexto de una persona que al declarar manifestó tener cuarenta y cuatro años de edad, de estado civil soltera, que se desempeña como comerciante, que percibe tres mil pesos diarios, con domicilio en la ciudad de Ometepec, Guerrero, como bien lo estimó el juez de la causa la cantidad de quince mil pesos no se estima exagerada e inalcanzable; y porque frente a esa ponderación, si bien es cierto se acepta la afirmación de que puede ser menor, también sería igualmente válida la postura contraria, sea del Agente del Ministerio Público o la parte ofendida, es decir, que se le hubiere aumentado dicha cantidad, de ahí que no sea esa perspectiva la que debe prevalecer para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, porque sigue siendo una apreciación particular que no puede contrastarse con algún elemento objetivo, y esto último es susceptible de efectuarse cuando haga efectivo el ejercicio de su derecho de solicitar la reducción de fianza en el que estará en aptitud de aportar los medios de prueba para optimizar con mayores elementos la decisión del Juez. Luego, en lo que corresponde al concepto de reparación del daño se observa que la suma fijada por el juez de la causa por lo que corresponde al delito de fraude, fue por $71,666.66 (setenta y un mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.), la cual refirió se fijaba de manera mancomunada, en virtud de que se trataba de tres inculpados. Lo cual se estima correcto, en razón de que dicha cantidad es la parte proporcional que le corresponde a la inculpada Carmela Rojas Moreno, de la diversa de $215,000.00 (doscientos quince mil pesos 00/100 moneda nacional), que refieren los agraviados en su querella entregaron a ésta y a otros dos (CARMELA ROJAS MORENO y NICOLÁS ÁLVAREZ GONZÁLEZ) el ocho de enero de dos mil trece, a cambio de unos paquetes de material de construcción que prometió entregarles; de ahí que resulte infundado el motivo de disenso precisado con antelación, en razón de que dicha cantidad es la que corresponde al monto de lo defraudado, y la referida por la parte quejosa, al costo que por cada paquete de material de construcción debían enterar los ofendidos; quienes de la querella se advierte que algunos de ellos adquirieron más de dos de los aludidos paquetes, lo que no guarda congruencia con la cantidad precisada por la parte quejosa. Por tanto, tal determinación, se estima acertada ya que la reparación del daño evidentemente tiene que ver con el monto al que asciende el deterioro provocado sobre los bienes del pasivo; de ahí que tampoco se observa que se hubiere trastocado derecho fundamental alguno en contra de Carmela Rojas Moreno. Finalmente, en relación con el concepto de sanción pecuniaria, resulta que por el delito de fraude, el juez de la causa al resolver la situación jurídica de la inculpada, precisó que la conducta reprochada de fraude se encuentra prevista y sancionada en el artículo 237, fracción III, del nuevo Código Penal del Estado de Guerrero, que a la letra señala: "Artículo 237. Fraude A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otra persona se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán: (.) III. Prisión de cinco a diez años y de doscientos cincuenta a quinientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de quinientas pero no de cinco mil veces el salario mínimo, y (.)" En ese orden de ideas, el Juez de la causa fijó la cantidad de $15,345.00 (quince mil trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), de ahí que por el aludido concepto y delito se impuso a la quejosa la cantidad mínima a que se refiere dicho numeral que tipifica la conducta reprochada (doscientos cincuenta días multa), los cuales multiplicados a razón de $61.38 (salario mínimo general vigente en la época en que se suscitó el delito) da como resultado dicha suma; de ahí que no se advierta tampoco que la determinación sujeta a examen hubiera trastocado los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del quejoso previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el diverso numeral 20, Apartado A, fracción I, de la propia Carta Magna, en razón de que no sería factible ajustar la suma indicada a una cantidad menor por corresponder a la mínima prevista en el referido numeral 237, fracción III, del código sustantivo penal; de modo que la circunstancia de que no se haya razonado la suma que por dicho concepto debe enterar la procesada para obtener el beneficio de su libertad personal, no trae aparejado un estado de indefensión susceptible de ser reparado por la instancia constitucional. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia número XIII.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 1010, del Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MULTA MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE RAZONE SU IMPOSICIÓN NO VIOLA GARANTÍAS. Cuando la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer la multa mínima contemplada en la ley tributaria aplicable, ello determina que el incumplimiento de los elementos para la individualización de esa sanción pecuniaria, como lo son: la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste, etcétera, resulte irrelevante y no cause violación de garantías que amerite la concesión del amparo, toda vez que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una menor a ésta." En esa tesitura, al resultar infundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa en torno al auto en que se le fijó caución, y no existir queja deficiente que suplir en los términos previstos por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por Carmela Rojas Moreno, en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mi quince, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, dentro de la causa penal 226/2014, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, cometidos en agravio de María Luisa Hernández de la Cruz y otros. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carmela Rojas Moreno, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el último considerativo. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el tres de octubre de dos mil dieciséis, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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