Carmela Mendoza Rodríguez

Expediente 620/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 48 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
620/2019
Año
2019
Actuaciones
48
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Carmela Mendoza Rodríguez
  • Carmela Mendoza Rodríguez y Otros.
  • Maura Martínez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de inconformidad contra el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés; por tanto, es de estimarse que se consintió tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintitrés. Archivo. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Valoración documental. Con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su destrucción. d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Se expide copia certificada. Agréguese a los autos el escrito con huellas dactilares a nombre de Carmela Mendoza Rodríguez, parte quejosa en este juicio de amparo: en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a este juicio de amparo, expídase a su costa copia certificada por duplicado de las documentales que solicita. Sin que sea óbice que el escrito de referencia no cuenta con firma a ruego, en virtud que de autos, en específico del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa no cuenta con firma y únicamente estampa sus huellas dactilares. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional dio vista a la quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Ahora bien, en la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 134 - 146), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a las quejosas Carmela Mendoza Rodríguez y Maura Martínez Reyes, para los siguientes efectos: "[.] En las relatadas consideraciones, al advertirse una violación manifiesta al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder el amparo liso y llano solicitado, para que las responsables Presidente, Síndico, Suplente del Síndico, Comandantes Primero y Segundo de la Policía, Municipales de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, restituyan a las quejosas Carmela Mendoza Rodríguez y Maura Martínez Reyes, en el pleno goce de sus derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; esto es, las responsables deberán dejar insubsistentes las órdenes de desposesión y desalojo del predio comunal y casa habitación ubicado en la calle Vicente Guerrero sin número, en el centro de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, y por ende permitirles regresar a su domicilio; asimismo, deberán dejar insubsistentes las órdenes de privación de la libertad y de destierro de su comunidad." En auto de treinta de octubre de dos mil veinte (foja 169), causó ejecutoria la sentencia, y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. La quejosa Carmela Mendoza Rodríguez, mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, informó que la diversa quejosa Maura Martínez Reyes, había fallecido (foja 250); por lo que en proveído de veinticinco de octubre del año próximo pasado, se requirió al Oficial del Registro Civil de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, para que remitiera el acta de defunción de esta última quejosa (foja 269); misma que envío mediante oficio 161/2022 de diez de noviembre de dos mil veintidós (fojas 278 y 279), con la que se corroboró que la quejosa Maura Martínez Reyes, falleció el quince de septiembre de dos mil veintidós. Ante ello, en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo dictada en este juicio únicamente respecto a la quejosa Maura Martínez Reyes (fojas 280 - 281). Mediante oficio recibido en este Juzgado el seis de marzo de dos mil veintitrés, las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico Municipal, Suplente de Síndico Municipal y Comandante Único De la Policía, todos del municipio de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, remitieron copia certificada del acta de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés de la que se advierte: 1.- El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se constituyeron en el predio comunal y casa habitación de Carmela Mendoza Rodríguez, ubicado en la calle Vicente Guerrero sin número en el Centro de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca; acto continuo dieron a la quejosa posesión física y material del citado inmueble, permitiéndole regresar a su domicilio. 2.- Se le informó a la quejosa Carmela Mendoza Rodríguez, que se dejó sin efecto, toda orden verbal o escrita que se haya emitido por la autoridad municipal con el fin de desposeerla o desalojarla de su predio comunal y casa habitación ubicado en la calle Vicente Guerrero sin número en el Centro de San Martín Peras, Juxtlahuaca. 3.- Le informó que se dejó sin efecto toda orden verbal o escrita que se haya emitido por la autoridad municipal en contra de Carmela Mendoza Rodríguez, que tenga como finalidad privarla de su libertad o desterrarla de la comunidad. Con base en lo anterior, se considera que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional; de tal manera que en el caso, se considera que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, incorpórese al expediente físico el presente acuerdo, toda vez que se trata de una determinación relevante, en razón de que es una resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Quedan 44 actuaciones en este expediente

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