Carmela Martínez Pacheco
Expediente 1385/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1385/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carmela Martínez Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 19, fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado. Respecto del cuaderno original, toda vez que se concedió la medida cautelar de manera definitiva, con apoyo en el artículo 17, fracción III, se determina que es susceptible de conservación, una vez transcurra la temporalidad señalada en dicho numeral. Devolución de documentos Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1385/2022, promovido por ******************** contra actos del Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial del estado de Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial del estado de Morelos "A).- LA NULIDAD DE EMPLAZAMIENTO del Juicio identificado con el expediente número ******************** radicado en la segunda secretaria de acuerdos del Juzgado Menor mixto de la segunda demarcación del estado de Morelos y como consecuencia de ello la nulidad de todo lo actuado." [sic]. Actuaria adscrita a la Segunda Secretaría de Acuerdos del Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial del estado de Morelos "B).- LA SUPUESTA DILIGENCIA DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, REALIZADA A APROXIMADAMENTE A LAS 17:30 HORAS, POR LA ACTUARIA ADSCRITA A LA SEGUNDA SECRETARÍA DE ACUERDOS DE DEL JUZGADO MENOR MIXTO DE LA SEGUNDA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE MORELOS." [sic]. SEGUNDO. El veintiuno de octubre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1385/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el estado de Morelos: todo lo actuado en el expediente número ********************. 2. De la actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial en el estado de Morelos: el emplazamiento realizado en el expediente número ********************, así como la diligencia de entrega de posesión del inmueble materia de ese juicio, practicada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento, respecto de los actos reclamados, debido a que la parte quejosa no promovió un medio de defensa o recurso ordinario dentro del procedimiento, para hacer valer sus derechos. Para un mejor entendimiento de la causal de improcedencia propuesta, se estima pertinente transcribir el artículo invocado, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.". De la transcripción anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo, contempla una serie de excepciones a esa regla general, como lo es, cuando una persona se ostenta como extraña al procedimiento. En el presente asunto, la parte quejosa refiere que no fue emplazada a ese juicio y que no se le corrió traslado de la demanda del procedimiento; sin embargo, dicha afirmación no es verdadera, pues de los legajos certificados del expediente ********************, del registro del juzgado responsable, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común del juzgado responsable, ********************, por su propio derecho, demandó de la parte quejosa ********************, la devolución de la posesión del bien inmueble ubicado en calle ********************; así como el pago de una indemnización; el pago de gastos y costas que se generen con motivo de ese juicio; y la amonestación a la demandada en caso de reincidencia. 2. Por acuerdo de la misma fecha, el juez responsable, radicó el expediente con el número ********************, y antes de proveer sobre la admisión de la incidencia planteada, ordenó la realización de la prueba de inspección judicial, en los términos en que fue ofrecida en el escrito inicial de demanda. Asimismo, ordenó el desahogo de la prueba testimonial a cargo de ******************** y ********************; y envió un oficio al Registro Agrario Nacional, a fin de determinar si el predio materia de la litis pertenece a algún núcleo agrario. 3. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable determinó que se había dado cumplimiento al auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, en el sentido de que ya se habían desahogado las pruebas testimonial, inspección judicial e informe a cargo del Registro Agrario Nacional. En consecuencia, ordenó emplazar a la parte demandada para que produjera su contestación de demanda. 4. En acatamiento al acuerdo de referencia, el uno de diciembre de dos mil veintiuno, la actuaria responsable se constituyó en el domicilio de la demandada ********************, ahora parte quejosa, a fin de llevar a cabo el emplazamiento respectivo. De la razón actuarial levantada con motivo del emplazamiento, se desprende que la actuaria, previo cercioramiento de que era el domicilio correcto, con base en los signos exteriores que tuvo a la vista, tocó la puerta del domicilio y fue atendida por la propia demandada. Una vez que la actuaria se identificó con la persona buscada, le hizo saber el motivo de su visita y le solicitó que se identificara. La demandada acreditó su identidad con su credencial de elector con folio ********************, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Hecho lo anterior, entregó a la demandada, la cédula de notificación del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, así como un juego de copias del escrito de demanda, para que en el plazo de cinco días produjera su contestación y ofrezca las pruebas que estime pertinentes. La actuaria responsable hizo constar que la demandada no firmó de recibo, para los efectos legales procedentes. 5. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el juez responsable, en atención a la certificación realizada por su secretaria de acuerdos, advirtió que feneció el plazo otorgado a la demandada para que formulara su contestación de demanda. Así, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo por precluido el derecho de la demandada a producir su contestación de demanda y la declaró en rebeldía, por lo que todas las notificaciones subsecuentes se practicarían por boletín judicial. 6. Sustanciado el procedimiento en todas sus etapas, el quince de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: / / / / Dicha resolución causó ejecutoria mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, por lo que el juez responsable ordenó turnar los autos de ese juicio a la actuaría de ese juzgado, a fin de requerir la entrega y devolución del inmueble materia del litigio, con el apercibimiento a la parte condenada que, de no hacerlo, se haría uso de la fuerza pública. 7. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el juez responsable, ante la oposición de la parte condenada para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en ese expediente, asentado en la diligencia de once del mismo mes y año, hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, por lo que autorizó el uso de la fuerza pública para requerir la entrega y devolución del inmueble. En ese sentido, el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la diligencia de entrega de posesión del inmueble litigioso, según se desprende de la razón actuarial de la misma fecha. Con base en los antecedentes narrados, queda desvirtuado el supuesto desconocimiento del juicio de origen que la parte quejosa alegó, pues, contrario a lo aducido en el escrito de demanda de amparo, sí fue emplazada al mismo, y no puede ostentarse como tercero extraña por equiparación. Conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2011, sostuvo que es suficiente que la persona promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o esta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraña al juicio, pues está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia. Dicha circunstancia quedó asentada en la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), que es del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Si la parte quejosa había sido emplazada formalmente a la contienda judicial de origen, tal y como las autoridades responsables acreditaron con la razón actuarial de uno de diciembre de dos mil veintiuno, es innegable que desde esa fecha se hizo conocedora del procedimiento en el que figuraba como parte demandada. No obstante, a pesar de lo anterior, optó por no apersonarse a ese juicio, por lo que se siguió en rebeldía. En consecuencia, es válido afirmar que la parte quejosa carece del carácter de tercero extraño a juicio que alegó, por lo que, tomando en consideración que la parte quejosa sí fue emplazada al procedimiento de origen, puede concluirse que se surten los extremos de la regla general de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De este modo, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1385/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La falta de emplazamiento con las formalidades esenciales del procedimiento. dentro del expediente 416/2021-2. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia del acto que se les reclama. En el caso debe concederse la suspensión definitiva solicitada. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, esta potestad federal concede a la parte quejosa ********************, la suspensión definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y en consecuencia, no se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia emitida en el juicio natural ********************en relación con el bien inmueble identificado como Calle Prolongación Constituyentes del Municipio de Xoxocotla, Morelos; hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables que la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual deriva el presente incidente, ha quedado firme. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la Tesis de Jurisprudencia número XIX. 2o. 3 K, consultable en la página 400, del Tomo XI-Marzo de 1993, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS ANTECEDENTES DE SU DEMANDA DE AMPARO, DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA.- Es frecuente que en el momento de decidir sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito no cuente con pruebas para proveer sobre tal medida, siendo lógico e inevitable que ante el peligro de inminente ejecución del acto reclamado, tenga que otorgar credibilidad a lo afirmado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías, siempre que se trate de hechos razonables y verosímiles; ya que el juzgador, en ese momento procesal, no dispone de mayores elementos de convicción que desvirtúen lo manifestado por el promovente en cuanto a la existencia del acto reclamado, su naturaleza y los perjuicios que se le puedan ocasionar con su ejecución. Es por lo anterior que apoyándose en tales datos y con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo, el Juez debe conceder la suspensión provisional, independientemente de que durante el trámite del incidente suspensivo, se aporten pruebas, sean valoradas de conformidad con las disposiciones aplicables y se pueda conceder o negar la medida suspensional en forma definitiva". Así como los criterios jurisprudenciales siguientes: Registro digital: 169174 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena época Materias: Común Tesis: IV.3° C.19 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, julio de 2008, página 1905 Tipo: Aislada "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA SU PROCEDENCIA, CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SER TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN Y PROMUEVE EL AMPARO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE PRECISEN LAS CONSECUENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de garantías el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, ser tercero extraño a juicio por equiparación, en virtud de que en el procedimiento fue señalado como parte demandada, reclamando la sentencia definitiva y sus inminentes actos de ejecución, todo esto por no haber sido oído en el mencionado litigio debido a la falta de emplazamiento legal, para que proceda la suspensión provisional de los actos reclamados no es requisito indispensable que se precise de manera concreta en qué consisten las consecuencias de la ejecución de esos actos reclamados, puesto que ello no es un requisito previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el que únicamente sujeta a que la suspensión la solicite el agraviado, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen con la ejecución del acto reclamado, aunado a que el interés público que existe en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, únicamente puede concebirse cuando el quejoso ha sido escuchado en la contienda respectiva." Registro digital: 169406 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena época Materias: Común Tesis: IV.3° C.20 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, junio de 2008, página 1283 Tipo: Aislada "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y SUS ACTOS INMINENTES DE EJECUCIÓN, SI EL AMPARO SE PROMUEVE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL Y EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. Cuando la protección constitucional se solicita por la persona que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser tercera extraña a juicio por equiparación, en razón de que en un procedimiento fue señalada como parte demandada, reclamando la sentencia definitiva y sus inminentes actos de ejecución, por no haber sido oída en el mencionado litigio por falta de emplazamiento legal, procede otorgar la suspensión provisional de los actos reclamados, dado que el interés público que existe en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, solamente puede concebirse cuando el quejoso ha sido escuchado en la contienda respectiva, por ser indispensable su intervención para la constitucionalidad del fallo correspondiente, mas no cuando se está en la hipótesis antes referida, es decir, cuando se reclama la falta de emplazamiento del demandado y que se equipara a un tercero extraño al juicio natural, por lo que si en la controversia de origen existen actos positivos que deben suspenderse para evitar la realización de actos que tiendan a ejecutarla, es indudable que existe materia para conceder la medida cautelar de que se habla, respecto de todas las consecuencias que pudieran emanar de la sentencia definitiva dictada en dicho asunto." Atendiendo a que la presente suspensión pudiera ocasionar daños o perjuicios a tercero; conforme a los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, la presente suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del plazo de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, una garantía por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la cual puede exhibirse en cualquiera de las formas establecidas por la ley; cantidad que se considera bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable a la quejosa, en el juicio de amparo y que se fija en uso de la facultad discrecional que otorga el primero de los preceptos citados. En la inteligencia de que si dicha garantía se exhibe en póliza de fianza, deberá ser exhibida ante este Juzgado y a favor del Tesorero de la Federación, en la que se asiente que la misma es para el efecto de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1385/2022, cuyo otorgamiento deberá comunicarse a las autoridades responsables. En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado. Esta sede constitucional hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito, según dispone el precepto legal 262 de la Ley de Amparo, antisocial que si se llegare a consumar, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal en su contra. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ******************** respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Erik Calderón Ocampo, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos sin dictar mayor acuerdo al respecto, el informe justificado que rinde la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Menor Mixto de la Segunda Demarcación Territorial del Estado, con sede en Puente de Ixtla, Morelos, en virtud de que por auto de uno de diciembre del presente año se recibió el mismo y se acordó lo conducente; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Carlos Vergara Ramirez1302/2014
- Carlos Viadna Lasso1780/2015
- Carlota Olivia de las Casas Vega394/2019
- Carlota Olivia de las Casas Vega618/2016
- Carlota Olivia de las Casas Vega1106/2018
- Carlota Olivida de las Casas Vega945/2022
- Carmelo García Waldestan1128/2017
- Carmen Alicia Flores Melgar149/2022
- Carmen Concepcion Ballesteros Julian1385/2017
- Carmen de Jesus Ruiz Loa387/2017
- Carmen Elvira Barbosa Cortés1535/2021
- Carmen Elvira Barbosa Cortés1450/2018