Carmela Gutiérrez Evangelista
Expediente 198/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carmela Gutiérrez Evangelista
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese. Así lo acordó y firma ...
- Principal
...CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio, la suscrita determina que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, del ordenamiento legal en cita, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y en relación con ello es pertinente precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por sustitución; y b) Por revocación. El primer supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. El segundo caso se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. En el entendido de que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De igual manera, se invoca la jurisprudencia número 415 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" De lo hasta aquí expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; esto es que: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese orden de ideas, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija" Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Por lo cual, válidamente se puede afirmar que para que un acto omisivo cese sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, la autoridad responsable debe emitir o verificar el acto cuya omisión se le atribuye a fin de que deje de existir la violación constitucional. En ese contexto, del estudio integral de la demanda y de las constancias que integran el expediente se advierte que la quejosa reclama la omisión de dictar sentencia en el juicio agrario 805/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Dos, con sede en esta ciudad. Al respecto, es de señalar que la quejosa alega como derecho humano trasgredido, el previsto en el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, al analizar la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos de la demanda y atendiendo a la causa de pedir, así como a los razonamientos expuestos por todas las partes y las constancias que integran el presente asunto, este órgano jurisdiccional considera que el derecho humano que genera el reclamo es el contenido en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna. Lo anterior es así, porque en estos numerales se garantiza de manera específica en favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia o al debido proceso, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de promover la actividad jurisdiccional, para que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas; dejando al legislador ordinario la posibilidad de establecer los plazos y términos conforme a los cuales se instrumentará esa garantía relacionada con la administración de justicia. En efecto, la Constitución establece de manera específica, la garantía de acceso a la justicia en el artículo 17 constitucional, misma que es oponible frente a la actividad jurisdiccional del Estado, y según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, al momento en que decidan acudir ante los tribunales o ante las autoridades administrativas ante quienes se dirima un procedimiento seguido en forma de juicio. Por ello, si la quejosa se duele de la omisión de dictar sentencia en un juicio agrario, no puede estimarse vulnerada la garantía general consagrada en el artículo 8 constitucional, sino el derecho de acción o de acceso a la justicia contenidos en los numerales 14 y 17, pues estos últimos están especialmente identificados y distinguidos en la Constitución y tienen sustancia propia. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Administrativa, Común, página 480, registro digital 2008884, cuya literalidad es: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Entonces, si el catorce de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable emitió la sentencia en el juicio agrario 805/2019, la cual fue notificada al tenor de las constancias que fueron remitidas en esta fecha, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por funcionario público, resulta inconcuso que la omisión atribuida a la responsable cesó en sus efectos, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si ese acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la promovente del amparo. En consecuencia, resulta improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Lo anterior encuentra apoyo en la Tesis 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala, publicada en la página 38, Tomo IX, diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Finalmente es de señalar que en esta instancia no es posible analizar la legalidad de lo resuelto en dicha sentencia; toda vez que no se está en el caso de una violación al derecho de petición para que procediera la ampliación de la demanda de amparo; sino que se trata de una dilación en el dictado de una sentencia, cuya tutela se encuentra prevista en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de estar inconforme con el pronunciamiento de la responsable debe dirimirlo a través del medio de defensa correspondiente al procedimiento de origen. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracciones XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo, en términos de los dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, por lo que a dichos actos se refiere y respecto de la autoridad antes citada. QUINTO. Transparencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carmela *********, por propio derecho, con base en los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de la presente determinación. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Dos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de catorce de octubre del año en curso, dictada en autos del juicio agrario 805/2018 de su índice con lo cual estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la ley de la materia. En tal virtud, con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales públicas que la autoridad oficiante adjunta; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional en términos del artículo 124 del ordenamiento legal en cita. Ahora, toda vez que no se remitió la constancia que acredite la notificación a la parte quejosa de la resolución de catorce de octubre del año en curso, pues si bien al final de la misma aparece una certificación de publicación por lista, lo cierto es que ésta no tiene fecha, de ahí que no se tenga plena certeza de su notificación; por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Dos, para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada de dicha constancia. Se apercibe a la citada autoridad que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista publicada electrónicamente.
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