Carmela Dominguez Bahena
Expediente 308/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Carmela Dominguez Bahena
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha feneció el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que alguna de las partes lo hubiere hecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo y anotaciones Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 21, inciso a), del referido acuerdo este expediente es destruible, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó, en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Iguala de la Independencia, Guerrero, mediante el cual rinde informe justificado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido amplio y no restrictivo. En ese sentido, después del minucioso examen a la demanda de amparo, se obtiene que la parte impetrante reclama: La omisión de hacer entrega de una silla de ruedas que favorezca la movilidad de la quejosa, así como la omisión de brindarle el apoyo que ofrece el Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero, consistente en una valoración médica de un especialista en rehabilitación, la aplicación del estudio socioeconómico correspondiente y en su momento la entrega de dicho aparato de movilidad; mismos que solicitó por escrito de trece de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintidós, la responsable dio contestación a la solicitud de ********************, de la que se desprende que le comunicó, en lo que aquí concierne, que en ese momento no contaba con un especialista en rehabilitación adscrito a esa institución, que pueda brindar la valoración médica y ayuda técnica que solicita. Asimismo, respecto a la solicitud de la aplicación de un estudio socioeconómico, le indicó que esa institución si contaba con personal capacitado para atender dicha petición, por lo que, sí lo consideraba oportuno, debería de comparecer ante las oficinas del Procuraduría para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que le sea agendada la correspondiente cita. De igual manera, le informó que respecto a la solicitud de entrega de la silla de ruedas que requiere, precisó que el Programa de Adquisición y Donación de Sillas de Ruedas y las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2019, ha dejado de ser vigente desde hace tres años, y le hizo la aclaración de que la ejecución y administración del referido programa para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, no así a la oficiante. No obstante, atendiendo excepcionalmente a la solicitud de ********************, y en virtud de que contaba con disponibilidad de la silla de ruedas solicitada, la quejosa debería de comparecer el catorce de diciembre de dos mil veintidós, a las instalaciones del DIF Municipal, a efecto de que le fuera entregado el dispositivo de movilidad solicitado, lo que así aconteció. De igual forma, de las propias documentales remitidas por la responsable, se desprende que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, realizó las gestiones necesarias para la entrega de la silla de ruedas solicitada por la impetrante, quien la recibió de conformidad por ajustarse a sus necesidades. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto, han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza de firma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" Del anterior dispositivo se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado, lo que significa que la autoridad a quien se atribuyó el mismo dejó de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos que en algún momento estuvieron vulnerados como si se hubiere concedido el amparo y protección federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, que es de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el particular, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al oficio de cuenta, se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintidós, dio contestación a la solicitud de la quejosa, y que si bien la responsable no brindó la valoración médica de un especialista en rehabilitación, fue porque no contaba con el mismo; sin embargo, debe decirse que en atención al escrito del contenido de trece de septiembre de dos mil veintidós, la pretensión de la quejosa era ser valorada a efecto de que le fuera otorgada la silla de ruedas. Asimismo, la responsable comunicó a la solicitante compareciera a sus instalaciones para el estudio socioeconómico solicitado, y, excepcionalmente, autorizó la entrega de la silla de ruedas que requería, misma que le fue entregada el catorce de diciembre siguiente. En esas condiciones, se reitera que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, al haberse atendido la solicitud de la promovente de amparo, por lo que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la causa de improcedencia como estaba prevista en la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción se plasmó en identidad de términos en la que se encuentra vigente, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia número 59/99, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa la diversa jurisprudencia 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En razón de lo expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del treinta de diciembre de dos mil veintidós Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en la estadística de este juzgado y, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo proveyó César Chávez Souverbielle, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la secretaria Brenda Uribe Hernández, con quien actúa y certifica que las promociones mencionadas en este acuerdo y la propia actuación se encuentran incorporadas al expediente electrónico; ambos firman esta determinación electrónicamente en términos de las constancias criptográficas anexas y conforme a los artículos 3, fracciones I y VII, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. Denise/BUH "2022, Año de Ricardo Flores Magón" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA EN IGUALA Calle General Mariano Matamoros número 27 (veintisiete), colonia Centro, código postal 40000, Iguala, estado de Guerrero. SECCIÓN AMPAROS JUICIO DE AMPARO 308/2022 AUTORIDAD RESPONSABLE: OFICIO 1079/2022 PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO P R E S E N T E. En los autos de juicio de amparo 308/2022, con esta fecha se dictó un proveído que a la letra dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Iguala de la Independencia, Guerrero, mediante el cual rinde informe justificado. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido amplio y no restrictivo. En ese sentido, después del minucioso examen a la demanda de amparo, se obtiene que la parte impetrante reclama: La omisión de hacer entrega de una silla de ruedas que favorezca la movilidad de la quejosa, así como la omisión de brindarle el apoyo que ofrece el Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero, consistente en una valoración médica de un especialista en rehabilitación, la aplicación del estudio socioeconómico correspondiente y en su momento la entrega de dicho aparato de movilidad; mismos que solicitó por escrito de trece de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintidós, la responsable dio contestación a la solicitud de ********************, de la que se desprende que le comunicó, en lo que aquí concierne, que en ese momento no contaba con un especialista en rehabilitación adscrito a esa institución, que pueda brindar la valoración médica y ayuda técnica que solicita. Asimismo, respecto a la solicitud de la aplicación de un estudio socioeconómico, le indicó que esa institución si contaba con personal capacitado para atender dicha petición, por lo que, sí lo consideraba oportuno, debería de comparecer ante las oficinas del Procuraduría para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que le sea agendada la correspondiente cita. De igual manera, le informó que respecto a la solicitud de entrega de la silla de ruedas que requiere, precisó que el Programa de Adquisición y Donación de Sillas de Ruedas y las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2019, ha dejado de ser vigente desde hace tres años, y le hizo la aclaración de que la ejecución y administración del referido programa para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, no así a la oficiante. No obstante, atendiendo excepcionalmente a la solicitud de ********************, y en virtud de que contaba con disponibilidad de la silla de ruedas solicitada, la quejosa debería de comparecer el catorce de diciembre de dos mil veintidós, a las instalaciones del DIF Municipal, a efecto de que le fuera entregado el dispositivo de movilidad solicitado, lo que así aconteció. De igual forma, de las propias documentales remitidas por la responsable, se desprende que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, realizó las gestiones necesarias para la entrega de la silla de ruedas solicitada por la impetrante, quien la recibió de conformidad por ajustarse a sus necesidades. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto, han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza de firma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" Del anterior dispositivo se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado, lo que significa que la autoridad a quien se atribuyó el mismo dejó de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos que en algún momento estuvieron vulnerados como si se hubiere concedido el amparo y protección federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, que es de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el particular, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al oficio de cuenta, se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintidós, dio contestación a la solicitud de la quejosa, y que si bien la responsable no brindó la valoración médica de un especialista en rehabilitación, fue porque no contaba con el mismo; sin embargo, debe decirse que en atención al escrito del contenido de trece de septiembre de dos mil veintidós, la pretensión de la quejosa era ser valorada a efecto de que le fuera otorgada la silla de ruedas. Asimismo, la responsable comunicó a la solicitante compareciera a sus instalaciones para el estudio socioeconómico solicitado, y, excepcionalmente, autorizó la entrega de la silla de ruedas que requería, misma que le fue entregada el catorce de diciembre siguiente. En esas condiciones, se reitera que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, al haberse atendido la solicitud de la promovente de amparo, por lo que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la causa de improcedencia como estaba prevista en la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción se plasmó en identidad de términos en la que se encuentra vigente, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia número 59/99, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa la diversa jurisprudencia 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En razón de lo expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del treinta de diciembre de dos mil veintidós Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en la estadística de este juzgado y, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ARTÍCULO 2, SE TIENE POR RECIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ***, CONTRA ACTOS DE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN ESTA CIUDAD. REGISTRO. FÓRMESE EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO; REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO BAJO EL NÚMERO 308/2022, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.). ADMISIÓN. EN TAL VIRTUD, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 103, FRACCIÓN I, 107 FRACCIONES I, VII Y XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1º, FRACCIÓN I, 5, 33, 107, 108, 115, 116 Y 117 DE LA LEY DE AMPARO, SE ADMITE LA DEMANDA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SIN QUE HAYA LUGAR A FORMAR INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR NO HABERLO SOLICITADO LA PARTE QUEJOSA. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CONFORME AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AMPARO, SE SEÑALAN LAS ONCE HORAS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 514, FRACCIÓN IV Y 2615, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA LEY DE LA MATERIA, DESE LA INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO, MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL. INFORME JUSTIFICADO. EN ATENCIÓN AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 117 Y 75 DE LA LEY DE AMPARO, CON COPIA DE LA DEMANDA, REQUIÉRASE INFORME JUSTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ADEMÁS, DEBERÁ REMITIR COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS QUE SIRVIERON COMO BASE PARA EMITIR EL ACTO QUE SE LE ATRIBUYE; DICHAS COPIAS DEBEN SER LEGIBLES, COMPLETAS Y ORDENADAS DE FORMA CRONOLÓGICA, PUES RESULTA INDISPENSABLE QUE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL CUENTE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ANALIZAR EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA, POR LO CUAL SE ESTIMA QUE LA ILEGIBILIDAD DE LAS CONSTANCIAS EQUIVALE A SU NO ENVÍO, QUE OCASIONARÍA UN RETRASO INEXCUSABLE EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIENDO MANIFESTAR EN SU CASO EL IMPEDIMENTO LEGAL QUE TENGA PARA HACERLO. TAMBIÉN DEBERÁ ENVIAR DIGITALIZADAS DICHAS CONSTANCIAS EN TÉRMINOS DEL PUNTO CUARTO, ARTÍCULO 3, FRACCIÓN IV, DEL CITADO ACUERDO GENERAL. EN LA INTELIGENCIA QUE PUEDE REMITIR SU INFORME POR ESCRITO O VÍA TELEGRÁFICA; POR EXCEPCIÓN LOS PODRÁ REMITIR AL CORREO OFICIAL 9JDO21CTO@CORREO.CJF.GOB.MX, ASÍ COMO SUS ANEXOS DEBIDAMENTE ESCANEADOS, SIEMPRE Y CUANDO MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO TIENEN ACCESO A ACTUAR DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y QUE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS RESPECTIVOS SON COPIAS ÍNTEGRAS E INALTERADAS DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS; CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADO SU INFORME Y ANEXOS, YA QUE NO CONSERVARÁN EL VALOR PROBATORIO QUE LES CORRESPONDE CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. SE PRECISA QUE AL MOMENTO DE RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO DEBERÁN CITAR EL NÚMERO DE OFICIO QUE ATIENDEN. APERCIBIMIENTO. DE IGUAL FORMA HÁGASELE SABER QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 115 Y 117 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN CASO DE QUE OMITA RENDIR SU INFORME, O SIN REMITIR LAS CONSTANCIAS NECESARIAS, SE LE PRESUMIRÁ CIERTO EL ACTO QUE SE LES RECLAMA, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO; ADEMÁS, SE HARÁ ACREEDORA A UNA MULTA DE $9,622.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MONEDANACIONAL), EL CUAL ES EL EQUIVALENTE A MULTIPLICAR POR CIEN EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN -PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS- TAL COMO ESTÁ PREVISTO EN EL PRECEPTO 260, FRACCIÓN II, DEL MISMO ORDENAMIENTO. ASIMISMO, EL ARTÍCULO 262, FRACCIÓN I, DE LA CITADA LEGISLACIÓN, ESTABLECE UNA PENA DE TRES A NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE CINCUENTA A QUINIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES A NUEVE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO CARGO, EMPLEO O COMISIÓN, AL SERVIDOR PÚBLICO QUE CON EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO, AL RENDIR SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN EXPRESE UN HECHO FALSO O NIEGUE LA VERDAD. DEBER DE COMUNICAR CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ADEMÁS, PREVÉNGASE A TODAS LAS PARTES PARA QUE EN OBSERVANCIA DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, EN CASO DE QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ALGUNA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO, LA COMUNIQUEN DE INMEDIATO Y, DE SER POSIBLE, ACOMPAÑEN LAS CONSTANCIAS QUE LA ACREDITEN, DE LO CONTRARIO SE HARÁN ACREEDORAS A UNA MEDIDA DE APREMIO CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 251, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 238 DE LA MULTICITADA LEY, CONSISTENTE EN UNA MULTA EQUIVALENTE A $2,886.60 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), QUE RESULTA DE MULTIPLICAR EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN POR TREINTA. APERCIBIMIENTO DE AUTORIDAD INEXISTENTE. EN ARAS DE UNA PRONTA Y EXPEDITA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS PRECEPTOS 17 CONSTITUCIONAL Y 108 , FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, SE APERCIBE A LA PARTE QUEJOSA QUE SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO EXISTE CON LA DENOMINACIÓN QUE INDICA EN SU DEMANDA O SEA IMPRECISA, SE TENDRÁ COMO INEXISTENTE, PREVIA VISTA Y APERCIBIMIENTO QUE SE FORMULE A LA PARTE QUEJOSA A EFECTO DE QUE ACLARE SU DENOMINACIÓN . OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE RECIBIR OFICIOS. EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 28 DE LA LEY DE LA MATERIA, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE EN CASO DE QUE SE NEGARA A RECIBIR EL OFICIO DERIVADO DEL PRESENTE ASUNTO, NO OBSTANTE ESA CIRCUNSTANCIA, SE TENDRÁ POR HECHA LA NOTIFICACIÓN; Y SI A PESAR DE ESTO SUBSISTE LA NEGATIVA, SE ASENTARÁ LA RAZÓN EN AUTOS Y SE TENDRÁ POR HECHA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. PRUEBAS. POR OTRO LADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENEN COMO PRUEBAS DE LA PARTE QUEJOSA LAS DOCUMENTALES QUE OFRECE, ASÍ COMO LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, SIN PERJUICIO DE SU RELACIÓN DE ESTAS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SE ORDENA GLOSAR DICHAS DOCUMENTALES AL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. TERCERO INTERESADO. AHORA, DADA LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO LE REVISTE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO A PERSONA ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5°, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. DOMICILIO. POR OTRO LADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERAL, SITO EN ***, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD. CONSULTA AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. POR OTRA PARTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE AMPARO, Y LOS DIVERSOS 34 Y 55, DEL ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, SE AUTORIZA LA CONSULTA DE ESTE ASUNTO VÍA ELECTRÓNICA BAJO EL USUARIO "***", PARA TAL EFECTO, SE ORDENA REALIZAR TAL AUTORIZACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.). AUTORIZADOS. DE IGUAL MANERA, SE AUTORIZA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO1221 DE LA LEY DE LA MATERIA A ***, TODA VEZ QUE TIENEN REGISTRADA SU CÉDULA PROFESIONAL EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO QUE LO ACREDITA PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO, Y ÚNICAMENTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES A LAS PERSONAS RESTANTES, POR NO CONTAR CON DICHO REQUISITO. AVISO DE TRANSPARENCIA. ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 3°, 8°, 9°, 67, FRACCIÓN II, 68, 98, 104, 108, 110, FRACCIONES X Y XI, 113, 117 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO NUMERAL 73, FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE CUANDO SE PRESENTE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN ESTE EXPEDIENTE, SE DETERMINARÁ SOBRE SU PROCEDENCIA Y DE SER ASÍ, SE ELABORARÁ LA VERSIÓN PÚBLICA RESPECTIVA EN LA QUE SE TESTARÁN LAS PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS; ASIMISMO, INFÓRMESELES QUE ESTÁN EN APTITUD DE CONSENTIR LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL DE PROTEGER DICHOS DATOS. TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO. EN TÉRMINOS DE LOS PUNTOS TERCERO, ARTÍCULOS 251, 263; CUARTO, ARTÍCULOS 3 Y 23 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, SE ESTABLECE QUE LA DIGITALIZACIÓN LEGIBLE DE LAS PROMOCIONES FÍSICAS O IMPRESAS RECIBIDAS EN LA OFICIALÍA DE PARTES SERÁ A CARGO DEL OFICIAL JUDICIAL C ENCARGADO DE LA OFICIALÍA DE PARTES; ADEMÁS, ÉSTAS SERÁN FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE E INCORPORADAS AL SISE POR LA PERSONA SECRETARIA ENCARGADA DEL ASUNTO O DE QUIEN, EN SU MOMENTO, LA CUBRA POR GOCE DE PERIODO VACACIONAL, LICENCIA O PERMISO. EN EL ENTENDIDO QUE NO DEBERÁN INTEGRARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO LAS COPIAS DE TRASLADO, HOJAS EN BLANCO, FOLDERS, MICAS O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL SIN LEYENDA RELEVANTE ALGUNA, CUYA PRESENTACIÓN SE APRECIE ENCAMINADA A LA PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INGRESAN, NI LAS COPIAS PRESENTADAS COMO "ANEXOS" Y QUE CORRESPONDAN A ACTUACIONES DEL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL. MIENTRAS QUE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA VÍA ELECTRÓNICA O GENERADA ELECTRÓNICAMENTE CONSTARÁ ÚNICAMENTE EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SIN QUE DEBA IMPRIMIRSE NI AGREGARSE AL EXPEDIENTE IMPRESO. ASIMISMO, QUE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN, INCLUSO LAS DE CORREOS O PAQUETERÍA DERIVADAS DE ESTE ASUNTO, QUE SE GENEREN FÍSICAMENTE DEBERÁN AGREGARSE DIGITALIZADAS Y DE MANERA LEGIBLE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE POR PARTE DE LOS ACTUARIOS A MÁS TARDAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE SU PRÁCTICA O RECEPCIÓN, PARA GARANTIZAR QUE ELLO SE HAGA DE MANERA OPORTUNA; CON LA FINALIDAD DE QUE CONSERVEN EL VALOR PROBATORIO QUE LES CORRESPONDA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, YA QUE SE PRESUMIRÁ QUE EL DOCUMENTO DIGITALIZADO RESPECTIVO ES COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO FÍSICO. DE IGUAL FORMA, SE ESTABLECE QUE LOS FUNCIONARIOS DE FIRMAR O INCORPORAR AL SISE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DEBERÁN CERCIORARSE QUE LAS CONSTANCIAS RECIBIDAS FÍSICAMENTE COINCIDEN CON LAS INCORPORADAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL MISMO. VINCULACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES FÍSICAS O IMPRESAS QUE RECAIGAN A ESTA DETERMINACIÓN. FINALMENTE, SE ORDENA A CUALQUIERA DE LOS ACTUARIOS JUDICIALES ADSCRITOS QUE, CONFORME A LAS OBLIGACIONES INHERENTES A SU CARGO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFIQUE LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LAS PARTES; EN TÉRMINOS DEL DISPOSITIVO OCTAVO, FRACCIÓN II, DEL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, VINCULEN AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DICHAS NOTIFICACIONES A CADA UNA DE LAS PARTES, SEGÚN SEA EL CASO, Y HECHO LO ANTERIOR, ENTREGUEN AL OFICIAL ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE EL ACUSE ELECTRÓNICO QUE ACREDITE DICHAS CIRCUNSTANCIAS, A FIN DE QUE SEAN INCORPORADAS Y EL EXPEDIENTE IMPRESO COINCIDA EN SU TOTALIDAD CON EL ELECTRÓNICO, COMO LO PREVÉ EL NUMERAL 3, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO; SALVO AQUELLAS QUE SE GENEREN ELECTRÓNICAMENTE O MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.
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