Carmela Collazo Fuentes
Expediente 682/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/11/2021
Partes del expediente
- Carmela Collazo Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida en este asunto el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio SGG/SLSG/2191/2021, firmado por el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual, en atención a lo requerido por este Juzgado de Distrito en acuerdo de trece de octubre del año en curso, proporciona los datos del Secretario General de Gobierno del Estado; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. En ese sentido, hágase del conocimiento del Administrador Desconcentrado de Recaudación Tamaulipas "1", con residencia en Ciudad Victoria, que la persona física titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, es César Augusto Verastegui Ostos, con RFC: VEOC660614SW7, con domicilio en calle Escobedo, sin número, en el municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas; también que dicha autoridad recurrió en queja la determinación en que se impuso la medida de apremio, por lo que el procedimiento de su ejecución se encuentra suspendido hasta en tanto la superioridad resuelva lo conducente al respecto. Igualmente, se tiene a la oficiante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su comunicado de referencia; por tanto, se comisiona a la Fedataria Judicial de la adscripción para que los siguientes comunicados dirigidos a dicha autoridad sean enviados a ese lugar. Por otra parte, con el fundamento legal apuntado en párrafos superiores, téngase por recibido y agréguese al expediente para que obre como corresponda el oficio UJ/DAC/1556/2021, suscrito por la Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con sede en Ciudad de México, mediante el cual, en atención a lo solicitado en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, refiere que proporciona en sobre cerrado los datos personales del Presidente de esa dependencia federal y hace diversas manifestaciones en relación al requerimiento del cumplimiento de la sentencia en el presente asunto. En relación a los datos personales del Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que dice remitir en sobre cerrado, se reserva acordar lo conducente, toda vez que el comunicado de referencia fue enviado vía electrónica, y será hasta en tanto se reciba en forma física el mismo que se pueda corroborar el acatamiento a lo solicitado. Tocante a las manifestaciones vertidas en torno al requerimiento de cumplimiento de sentencia, la oficiante refiere se encuentra imposibilitada legalmente para atender la solicitud de servicio valuatorio número 2021-4409, capturada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en dicha institución, toda vez que la solicitud de aprovechamientos para pagar la emisión del trabajo valuatorio se encuentra en estatus de "Espera de pago". Por ello, solicita se le tenga en vía de cumplimiento, y se requiera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice el pago de los aprovechamientos de conformidad con la normatividad que rige a ese instituto en materia valuatoria. De igual manera, pide se deje sin efectos el apercibimiento contenido en auto de dieciocho de los corrientes, en virtud de que, según refiere, ese instituto se encuentra comprometido a la realización de acciones por parte de terceros para la emisión del dictamen valuatorio solicitado. Atento a lo antes narrado, con el oficio que se derive del presente acuerdo, remítase copia del comunicado de mérito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en Ciudad de México, para su conocimiento y para que realice las gestiones necesarias para agilizar el pago de los aprovechamientos para sufragar la emisión del trabajo valuatorio multicitado. Por otra parte, dígase a la oficiante que el tribunal de alzada precisó los plazos y prorroga, ejecutoria que, al haber sido vinculada, se encuentra obligada a acatar, por ello es que no ha lugar a dejar sin efectos la multa impuesta en el auto de dieciocho de octubre del año en curso, toda vez que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, dentro del lapso que se le concedió no emitió el avalúo requerido, el cual servirá de base para determinar el monto indemnizatorio correspondiente que deberá pagarse de inmediato a la peticionaria de amparo por la expropiación de su predio. En otro orden de ideas, téngase por recibido y agréguese al expediente para que obre como corresponda el oficio UJ/DAC/1570/2021, suscrito por la Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con sede en Ciudad de México, enviado vía electrónica con la evidencia criptográfica respectiva, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, se tiene a la aludida autoridad interponiendo recurso de queja en contra del auto pronunciado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo en que se actúa, por lo que, una vez notificado el presente auto a las partes, remítase a la superioridad el oficio mencionad en el párrafo que antecede, mismo que contiene la expresión de agravios, el informe sobre la materia de la queja y las constancias que se estimen pertinentes para la substanciación del aludido medio de impugnación. Además, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 101 de la ley de la materia, requiérase al resto de las partes para que el plazo de tres días, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal de alzada. Por lo que hace al procedimiento de ejecución de la multa impuesta en auto de dieciocho de los corrientes al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con sede en Ciudad de México, se suspende el mismo, hasta en tanto sea resuelto por la superioridad el medio de impugnación interpuesto en su contra. Ahora bien, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en cumplimiento a las directrices ordenadas en la ejecutoria emitida el quince de julio de esta misma anualidad, por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, dentro del recurso de queja 44/2021, este Juzgado de Distrito, hizo efectivo el apercibimiento de multa con el cual el pasado dos de marzo de dos mil veinte, se conminó a las siguientes autoridades: 1. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. 2. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DE MÉXICO. 3. SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO. 4. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. 5. SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN CON SEDE EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. 6. DIRECTOR DE PATRIMONIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. 7. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO. Asimismo, se requirió a las autoridades responsables remitieran el avalúo conducente, base para conocer el monto indemnizatorio que debe pagarse a la quejosa, pero en términos de lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto es, en el que se determine el valor comercial o de mercado del bien expropiado acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y en las condiciones que tenía al momento en que se realizó el acto expropiatorio que data del veintiocho de abril de dos mil catorce. De igual manera, se hizo del conocimiento a al Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), que quedaba vinculado al cumplimiento de la sentencia constitucional, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual se envió copia certificada para su conocimiento y efectos legales conducentes, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, así como las consecuencias de su desacato. Posteriormente, el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se asentó por medio de certificación que había transcurrido el lapso de cuarenta y ocho horas, dado al Secretario, al Subsecretario de Infraestructura y al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos con sede en la Ciudad de México, en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, según se desprendía de la guía de estafeta con número 501501556324A505283248, recibida el diecinueve de este mes y año en curso, para que remitieran el avalúo que se les requirió, base para conocer el monto indemnizatorio que debe pagarse a la parte quejosa, sin que así lo hubieren hecho. En tales circunstancias, en acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria pronunciada el quince de julio de dos mil veintiuno, en específico respecto al numeral cuatro, se requirió al Secretario, al Subsecretario de Infraestructura y al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, justificaran haber solicitado de manera directa y formal al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el envío inmediato del avalúo referido. Luego, el uno de septiembre de esta anualidad, visto el estado de autos, se advirtió que había transcurrido el lapso de veinticuatro horas dado al Secretario, al Subsecretario de Infraestructura y al Director General Adjunto de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos, todos con sede en la Ciudad de México, en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, según se desprendía de la guía de estafeta con número 301501556324A505283225, recibida el veintisiete de agosto del año en curso, para que justificaran haber solicitado de manera directa y formal al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el envío inmediato del avalúo requerido, sin que así lo hubieren hecho. Por ende, se libró oficio al Presidente del referido Instituto (INDAABIN), con atención a la Unidad Administrativa que corresponda en términos del artículo 4 del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales1, con copia certificada del dictamen valuatorio emitido el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por el perito ingeniero Raymundo Tomás Molano Martínez, con número de solicitud 2019-2563, secuencial 02-19-441, genérico G-21641, para que cuente con los elementos para emitir el dictamen de nueva cuenta, ajustándose a lo resuelto por el alto tribunal del país, en el sentido de que el monto indemnizatorio debe tener como referencia el valor comercial o de mercado del bien expropiado acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y en las condiciones que tenía al momento en que se realizó el acto expropiatorio; esto es al veintiocho de abril de dos mil catorce, en aras del pronto cumplimiento a la sentencia de amparo, le remita, de inmediato y directamente, el avalúo en comento. Después, el seis de septiembre de dos mil veintiuno, se recepcionó el telegrama enviado por el Director de Amparos y Controversias Constitucionales de la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México, en el cual comunica que en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de agosto del año en curso, que a través del oficio 1.2.402/DA/1143/2021, el cual fue depositado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el servicio que presta correos de México en aquella localidad, se desahogó en tiempo y forma de manera directa y formal, el envío inmediato del avalúo requerido por este órgano jurisdiccional al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Luego, el diecisiete de septiembre de esta anualidad, a través de los oficios 1.2.402/DA/1112/2021 y 1.2.402/DA/1143/2021, firmados por el Director de Amparos y Controversias Constitucionales de la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Director General Adjunto de Procesos Contenciosos, ambos de dicha Secretaria de Estado, así como con los diversos sin número, identificados con números de folio 12153 y 12154, suscritos por la Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. Tocante al primero de ellos, se tuvo a su remitente dando cumplimiento al acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, en el sentido de que justificó haber requerido a la Dirección General del Centro SCT Tamaulipas, vía correo electrónico institucional, para que tramite un nuevo avalúo ante el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), quien a su vez, por oficio de veinte del mes próximo pasado, acreditó haber realizado la solicitud en comento. Asimismo, demuestra que pidió la información requerida en el acuerdo antes mencionado, en lo relativo a los datos personales de los funcionarios públicos a quienes se les hizo efectiva la medida de apremio descrita en el citado proveído. Por lo que concernió al segundo de los oficios de cuenta, se tuvo a la autoridad remitente, reiterando lo narrado en el párrafo que antecede. Enseguida, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio UJ/DAC/316/2021, suscrito por la Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México, mediante el cual, en atención a lo requerido en acuerdo de seis de los corrientes, comunica que la solicitud de valuación del inmueble sujeto a la litis en esta contienda, se encontraba en estatus de "Presupuesto", y para la elaboración del dictamen, se considerará lo solicitado por la promovente, "acotado en tiempo al justiprecio del inmueble en la época y en las condiciones que tenía". Asimismo, se recepcionó el escrito suscrito electrónicamente por el licenciado Oscar Alejandro de la Fuente Manzano, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la quejosa Enriqueta García del Fierro, mediante el cual solicita se remitiera el presente juicio de amparo al Tribunal de alzada para la tramitación del incidente de inejecución y separación del cargo de las autoridades responsables, toda vez que ha transcurrido un mes desde que se les requirió el cumplimiento de la ejecutoria dictada en sesión de quince de julio de dos mil veintiuno, en la que se resolvió el recurso de queja número 44/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Ahora bien, en atención a lo expuesto por la autoridad oficiante, en el sentido de que la solicitud de valuación del inmueble sujeto a la litis en esta contienda, se encontraba en estatus de "Presupuesto"; se otorgó a dicha dependencia federal el plazo de diez días hábiles para la emisión del dictamen de mérito, lo anterior siguiendo los lineamientos de la ejecutoria pronunciada el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja 44/201, de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa. Por tanto, se le requirió que en dicho lapso remitiera el avalúo, ajustándose a lo resuelto por el alto tribunal del país, en el sentido de que el monto indemnizatorio debe tener como referencia el valor comercial o de mercado del bien expropiado acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y en las condiciones que tenía al momento en que se realizó el acto expropiatorio; esto es, al veintiocho de abril de dos mil catorce. Apercibido que en caso de no acatar a lo aquí ordenado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos) moneda nacional, equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Posteriormente, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio UJ/DAC/1325/2021, suscrito por la Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (INDAABIN), dicha autoridad comunica que el plazo de diez días otorgado en acuerdo de veinticuatro de los corrientes, para la emisión del avalúo ordenado en autos, resulta insuficiente por los motivos que refiere, y al efecto solicita se le otorgue una prórroga por un término prudente para dar cumplimiento a lo requerido; por ello, se ordenó dar vista a la parte quejosa; aunado a ello, que una vez realizado lo anterior este órgano jurisdiccional se pronunciaría al respecto. Ahora, el pasado dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por por recibido el escrito firmado electrónicamente por el licenciado Oscar Alejandro de la Fuente Manzano, en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista conferida en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y al efecto refiere que el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) ha sido omisa en cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que solicitó se le aplicara la multa con que fue apercibida. Al respecto, y como lo refirió la parte quejosa, se estimó que dicha autoridad ha omitido cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que no ha emitido el dictamen de avalúo que debe tener como referencia el valor comercial o de mercado del bien expropiado acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y condiciones que tenía al momento en que se realizó el acto expropiatorio; esto es, al veintiocho de abril de dos mil catorce; lo anterior dentro del plazo que determinó el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en la ejecutoria pronunciada el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja 44/2021, en su punto número seis. Por tanto, se hizo efectivo el apercibimiento de multa con que fuera conminado el Presidente del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con sede en Ciudad de México, en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso. En ese sentido, se impuso una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional) equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia. Asimismo, dado que feneció la prórroga de diez días hábiles concedida al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, sin que haya emitido el dictamen de avalúo que debe tener como referencia el valor comercial o de mercado del bien expropiado acotado en el tiempo al justiprecio del inmueble en la época y condiciones que tenía al momento en que se realizó el acto expropiatorio; esto es, al veintiocho de abril de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió de nueva cuenta al Presidente del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con sede en la ciudad de México, para que dentro del improrrogable término de tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, informara el cumplimiento al fallo protector emitido en esta contienda constitucional, debiendo allegar las constancias que acrediten tal situación. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido en el término otorgado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Así las cosas, al quedar evidenciada la contumacia del Secretario y Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ambas con sede en la Ciudad de México, Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobernador Constitucional del Estado, del Secretario General de Gobierno, y del Secretario de Obras Públicas, todos ellos con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como el Presidente del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con sede en la ciudad de México, para dar cumplimiento con el requerimiento que este Juzgado de Distrito les realizara desde el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; esto es, no han remitido el avalúo requerido en este expediente; y, como consecuencia de ello, no se ha podido cumplir con la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, no obstante que han transcurrido más de tres años desde su emisión. Luego entonces, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, en relación al punto Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, resulta procedente, como lo solicitó el promovente el pasado veinticuatro de septiembre del año en curso, remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, residente en Reynosa, Tamaulipas, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal. En consecuencia, ábrase el cuaderno de antecedentes, con copia certificada de la ejecutoria pendiente de cumplimiento, así como de las que se requieran para lograr su cabal cumplimiento. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, ocho de octubre de dos mil veintiuno. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 2051/2021, signado por la Presidenta por ministerio de ley, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, por medio del cual remite las constancias que le fueron requeridas conforme a lo previsto en el dispositivo 75 de la legislación en comento; en consecuencia, pónganse a la vista de las partes por el término de tres días, a fin de que manifiesten lo de su intención, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, no remitió las constancias que le fueron exigidas mediante oficio 35981/2021, el cual fue recepcionado en esa dependencia el dos del mes y año en curso. Por tanto, a efecto de que este Juzgado de Distrito se encuentre en aptitudes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reprocha, con fundamento en el numeral 75 de la ley de la materia, a fin de recabar de oficio los medios de prueba que permitan a éste juzgador integrar debidamente la litis y con ello emitir el fallo que en derecho corresponda, requiérase de nueva cuenta al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas envíe copia debidamente certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado por el quejoso. Apercibido que en caso de incumplimiento, o de no informar lo conducente, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, moneda nacional); ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad en lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por tales motivos, se difiere la audiencia constitucional que se encuentra señalada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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