Carmela Cespedes Lorenzo
Expediente 384/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carmela Cespedes Lorenzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años; por tanto, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son susceptibles de destrucción; por tanto, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. En relación con el original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso C) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se NEGÓ la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende la actualización manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, como enseguida se expone. Cierto, en la especie, de oficio, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Se dice que tal hipótesis se presenta en este asunto, por lo siguiente. El juez de origen, a través del acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 243/2020, dejó sin efectos el aseguramiento del perfil ejecutivo número 9312233195, del cual deriva la cuenta de cheques 9017-6666586 y tarjeta 5256 7829 4393 5091, a nombre de Karla Itzel Bhaena Clemente, al considerar innecesario ya que en el juicio ejecutivo mercantil se encuentra embargado el salario de la parte demandada. Esta decisión no fue impugnada mediante el medio de defensa previsto en el artículo 1334 del cuerpo legal citado, que es del tenor siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Ahora bien, el artículo 1183 del código mercantil, respecto a las providencias precautorias, señala: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." De acuerdo con estas disposiciones, si la resolución que niega la medida (o la deja sin efectos) no es apelable, entonces es revocable, pues el artículo 1334 establece expresamente ese medio de impugnación para los supuestos en los que no procede la apelación. En la especie, como se indicó, la quejosa no interpuso el recurso de revocación contra el acto reclamado antes de promover el juicio de amparo, de modo que no cumplió con el principio de definitividad, y eso actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra justificado porque a través del recurso indicado la quejosa pudo haber obtenido la modificación o revocación del auto que dejó sin efectos el aseguramiento del perfil ejecutivo número 9312233195, del cual deriva la cuenta de cheques 9017-6666586 y tarjeta 5256 7829 4393 5091, a nombre de Karla Itzel Bhaena Clemente, al considerarse innecesario ya que en el juicio ejecutivo mercantil se encuentra embargado el salario de la parte demandada; habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria y autónoma, de modo que sólo procede como última opción, esto es, cuando ya se han agotado todos los recursos que prevé la ley que rige el acto reclamado. Así lo marca el artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo, al establecer ese principio como una de las bases de procedencia, en los siguientes términos: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:(.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Cabe señalar que el acto reclamado no encuadra en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia, pues no incide sobre los bienes jurídicos que prevé esa norma (la vida y libertad personal); además la recurrente no es tercera extraña y la procedencia del recurso de revocación no se encuentra sujeta a interpretación, ya que el artículo 1334 del Código de Comercio es claro en cuanto a ese aspecto. En conclusión, es inconcuso que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, porque la quejosa no agotó el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 17/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 15, que dice: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.- Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." Por tales motivos, válidamente se tiene por demostrada la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo a las conclusiones allegadas el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado. De tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiera del análisis de las constancias de autos. Pues el suscrito juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con los artículos 62 y 217 de la Ley de Amparo, este último en relación con la tesis jurisprudencial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 80, Agosto de 1994, página 87, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, ES DE ORDEN PUBLICO EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE." En apoyo a las consideraciones expuestas, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 199 cuyo rubro señala: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA.". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo que se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 17 DE MAYO DE 2021, QUE DICE: ...Acapulco de Juárez, Guerrero; diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende la actualización manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, como enseguida se expone. Cierto, en la especie, de oficio, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Se dice que tal hipótesis se presenta en este asunto, por lo siguiente. El juez de origen, a través del acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 243/2020, dejó sin efectos el aseguramiento del perfil ejecutivo número 9312233195, del cual deriva la cuenta de cheques 9017-6666586 y tarjeta 5256 7829 4393 5091, a nombre de Karla Itzel Bhaena Clemente, al considerar innecesario ya que en el juicio ejecutivo mercantil se encuentra embargado el salario de la parte demandada. Esta decisión no fue impugnada mediante el medio de defensa previsto en el artículo 1334 del cuerpo legal citado, que es del tenor siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Ahora bien, el artículo 1183 del código mercantil, respecto a las providencias precautorias, señala: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente." De acuerdo con estas disposiciones, si la resolución que niega la medida (o la deja sin efectos) no es apelable, entonces es revocable, pues el artículo 1334 establece expresamente ese medio de impugnación para los supuestos en los que no procede la apelación. En la especie, como se indicó, la quejosa no interpuso el recurso de revocación contra el acto reclamado antes de promover el juicio de amparo, de modo que no cumplió con el principio de definitividad, y eso actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra justificado porque a través del recurso indicado la quejosa pudo haber obtenido la modificación o revocación del auto que dejó sin efectos el aseguramiento del perfil ejecutivo número 9312233195, del cual deriva la cuenta de cheques 9017-6666586 y tarjeta 5256 7829 4393 5091, a nombre de Karla Itzel Bhaena Clemente, al considerarse innecesario ya que en el juicio ejecutivo mercantil se encuentra embargado el salario de la parte demandada; habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria y autónoma, de modo que sólo procede como última opción, esto es, cuando ya se han agotado todos los recursos que prevé la ley que rige el acto reclamado. Así lo marca el artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo, al establecer ese principio como una de las bases de procedencia, en los siguientes términos: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:(.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Cabe señalar que el acto reclamado no encuadra en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia, pues no incide sobre los bienes jurídicos que prevé esa norma (la vida y libertad personal); además la recurrente no es tercera extraña y la procedencia del recurso de revocación no se encuentra sujeta a interpretación, ya que el artículo 1334 del Código de Comercio es claro en cuanto a ese aspecto. En conclusión, es inconcuso que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, porque la quejosa no agotó el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 17/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 15, que dice: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.- Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." Por tales motivos, válidamente se tiene por demostrada la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo a las conclusiones allegadas el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado. De tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiera del análisis de las constancias de autos. Pues el suscrito juzgador está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con los artículos 62 y 217 de la Ley de Amparo, este último en relación con la tesis jurisprudencial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 80, Agosto de 1994, página 87, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, ES DE ORDEN PUBLICO EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE." En apoyo a las consideraciones expuestas, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 199 cuyo rubro señala: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA.". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo que se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden. 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