Carmela Castro Ramos
Expediente 387/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 50 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carmela Castro Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vistos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado en el juicio de amparo 387/2020-III, promovido por Carmela Castro Ramos, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veinte en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, y turnado el día siguiente a este órgano jurisdiccional, Carmela Castro Ramos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la ciudad de México, y otra autoridad, mismos que hizo consistir en: ". 1. La emisión del acuerdo número 74/2020 por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante el que se le incorporó en la lista de personas bloqueadas. 2. El oficio 110/F/B/3200/2020, de tres de junio de dos mil veinte, signado por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigido al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual ordena la inmovilización de la cuenta bancaria de la aquí quejosa. 3. El oficio 214-4/9832940/2020 de tres de junio de dos mil veinte, expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el cual se le incluyó en la lista de personas bloqueadas y la orden girada a las autoridades financieras para el bloqueo de su cuenta bancaria. 4. Derivado de todo ello, la inmovilización de la cuenta 00130394352 de la institución Banco Compartamos, a nombre de la aquí quejosa." SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, dictándose sentencia, misma que fue engrosada el siete de julio de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio, mientras que por la otra se concedió el amparo y protección a la parte quejosa. TERCERO. Inconforme con dicha resolución, Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el cual fue remitido a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, tocando el conocimiento del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Mediante oficio 413/2022-A, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito se remitió testimonio de la resolución dictada en el Toca 306/2021 en sesión ordinaria virtual de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la cual se determinó confirmar la sentencia emitida en este asunto. CUARTO. En consecuencia, mediante proveído de doce de abril de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ambas con sede en la ciudad de México, el cumplimiento de la resolución confirmada por el tribunal de Alzada; lo anterior, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 192 de la Ley de Amparo. QUINTO. En tales circunstancias, una vez recabado el informe rendido por las autoridades responsables, así como las constancias que en copia certificada anexaron al mismo, las cuales tienen plena eficacia probatoria, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones; mediante el proveído de once de julio de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa, la cual fue desahogada; por lo tanto, se está en condiciones de pronunciarse al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Efectos de la concesión del amparo. En la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, confirmada por la Superioridad, se concedió el amparo solicitado, a efecto de que la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, con residencia en la ciudad de México, realizara lo siguiente: ". 1) Dejar insubsistente la orden bloqueo indicada en el Acuerdo 74/2020, exclusivamente respecto de la aquí quejosa Carmela Castro Ramos, materializada a través del oficio 110/F/B//3200/2020 de fecha tres de junio de dos mil veinte; y 2) Ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que ésta retransmita el comunicado respectivo y sea permitida la disposición a Carmela Castro Ramos, respecto de la cuenta bancaria 00130394352, de la institución Banco Compartamos, a nombre de la referida quejosa. Dicha concesión del amparo se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios.." SEGUNDO. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante oficio número 110/F/B/5047/2022, signado por el Titular de la Unidad de Inteligencia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto, informó que emitió el "ACUERDO 137/2022 DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA POR EL QUE SE ELIMINA A CARMELA CASTRO RAMOS DE LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 387/2020 POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ". Dicho acuerdo lo comunicó a las entidades financieras a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) con el que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el oficio 110/F/B/5046/2022 con Folio SIARA UIFA/2022/000423, en el cual les requirió dejaran sin efecto el Acuerdo 74/2020 del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como el oficio 110/F/B/3200/2020 con folio SIARA UIF/2020/000356, únicamente por lo que respecta a CARMELA CASTRO RAMOS, y se elimine de la Lista de Personas Bloqueadas, debiendo reanudarse los actos de operaciones y servicios financieros que le fueron suspendidos, no surtiendo efectos dicha eliminación si las cuentas bancarias o demás productos financieros aperturados a nombre de CARMELA CASTRO RAMOS, fueron suspendidos de manera directa o indirecta por diverso Acuerdo de inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera o por diversa autoridad. El referido acuerdo 137/2022, fue remitido por la responsable a requerimiento de este Juzgado, mediante oficio 110/F/B/5351/2022 y recibido en acuerdo de veintidós de junio pasado. Luego, por Oficio 212-3/2520552/2022, remitido por la Directora Contenciosa y Subdirector Contencioso, ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C" en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comunicaron que la Coordinación de Atención a Autoridades "D", recibió el diverso oficio 110/F/B/5046/2022 de nueve de junio del año en curso, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante el cual se solicitó eliminar de la lista de personas bloqueadas a la quejosa Carmela Castro Ramos, así como reanudar los actos, operaciones y servicios financieros que le fueron suspendidos; asimismo, señala que para tal efecto se giraron los oficios del 214-4/19157112/2022 al 214- 4/19157570/2022 a fin de que las instituciones dieran cumplimiento al oficio de la autoridad ordenadora para lo cual remite copia simple de dichos comunicados. Con lo anterior, queda evidenciado el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; ya que, la autoridad responsable ordenadora dejó insubsistente la orden de bloqueo indicada en el Acuerdo 74/2020, exclusivamente respecto de la aquí quejosa Carmela Castro Ramos, materializada a través del oficio 110/F/B//3200/2020 de fecha tres de junio de dos mil veinte, asimismo, ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que ésta retransmitiera el comunicado respectivo y sea permitida la disposición a Carmela Castro Ramos, respecto de la cuenta bancaria 00130394352, de la institución Banco Compartamos, a nombre de la referida quejosa. Máxime, que del escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, acordado mediante determinación judicial de quince de julio de dos mil veintidós, se manifestó que la peticionaria de amparo ya puede realizar operaciones con el sistema financiero, al ser excluida de la lista de personas bloqueadas. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 387/2020-III, promovido por Carmela Castro Ramos, por su propio derecho, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Finalmente, dado que se advierte que la autoridad responsable 2. Unidad de Inteligencia Financiera, Dirección General de Procesos Legales, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación remitió copia certificada de diversas constancias, mismas que obran por cuerda separada en un tomo de prueba; en consecuencia remítase dicho tomo a la citada autoridad responsable. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables; y mediante lista electrónica a las restantes partes.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 387/2020-III del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, punto 3, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) de dicho acuerdo, pues se concedió la suspensión definitiva; por tanto, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación en su caso, y los demás documentos que se consideren necesarios, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
SE NOTIFICA VIA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA, ASI COMO POR LISTA A LAS DEMAS PARTES A RESOLUCION QUE DICE: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Alfonso Sánchez Luna, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento efectuado por las autoridades responsables; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas dichas manifestaciones, las cuales se tomarán en consideración al momento de resolver respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en este expediente.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y hágase entrega de las constancias respectivas.
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