Carmela Anaya Pablo
Expediente 569/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carmela Anaya Pablo
- Carlos Nava Pablo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de trece de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda promovida por ****y otra, por derecho propio, contra actos de la persona juzgadora del Juzgado Cívico BJ-03, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales. Regístrese la demanda con el número 569/2021-II, y fórmense los expedientes a que se refiere el artículo 3°, de la Ley de Amparo (...) DESECHAMIENTO POR DEFINITIVIDAD. Este Juzgado observa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, los actos reclamados que, básicamente consisten en la tramitación del procedimiento de conciliación y la aprobación del convenio celebrado en un procedimiento de queja ante juzgado cívico, deben ser impugnados a través del juicio de nulidad. (...) No es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo. Bajo esa premisa, aun cuando los argumentos expuestos por la parte quejosa enfaticen sobre violaciones, entre otros, a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; empero, el propio contenido del acto combatido en esta instancia obligaría a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, pues la quejosa aduce que se incumplió lo establecido en el artículo 94, de la Ley de Cultura Cívica mencionada, por lo cual, esta circunstancia no puede considerarse como excepción al principio de definitividad, en el entendido de que el gobernado puede ser oído en esa vía, como pretende a través de este juicio constitucional, además, de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa aduce indebida fundamentación de los actos reclamados. (...) En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA AMPARO INDIRECTO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el entendido que, el desechamiento de la demanda de amparo no constituye denegación de justicia, ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el Juzgado o Tribunal de Amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: NOTIFÍQUESE Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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