Carlota Rosado Bosque

Expediente 445/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 61 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
445/2020
Año
2020
Actuaciones
61
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Encargado de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Delegación Zona Sur
  • Carlota Rosado Bosque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 61.

  1. Principal

    Ciudad de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y del estado que guardan los presente autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós; a través del cual, con fundamento en la parte final del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declaró la imposibilidad para cumplir la ejecutoria de amparo, toda vez que se tuvo noticia de que falleció la parte quejosa y mediante diversos autos se requirió tanto al autorizado de la quejosa como a diversas autoridades que informaran a este juzgado de distrito si existía algún beneficiario o si estaba realizando alguna gestión respecto del trámite sucesorio a bienes de Carlota Rosado Bosque, sin que hasta la fecha se tenga noticia alguna Ahora bien, en vista de que no existió objeción ni inconformidad de la parte quejosa o en el presente caso del autorizado de la quejosa, con respecto al auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se emitió pronunciamiento respecto de la imposibilidad de continuar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se declara que dicho auto quedó firme. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. 3. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 4. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Cabe precisar que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Finalmente y atento a lo señalado en acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que la parte quejosa falleció y el autorizado de la misma señaló nuevo domicilio sin que se acordara favorablemente su petición, con fundamento en los artículo 26, fracción III, se ordena que todas las notificaciones, incluso las que se ordene realizar de forma personal a la parte quejosa, sean realizadas por lista de acuerdos. Notifíquese, por lista de acuerdos al autorizado de la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LOS BENEFICIAROS DE LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO DE FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL ESTABLECE: Ciudad de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa, Enrique Priego Villanueva, por el que señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Atento a lo solicitado, dígase que no ha lugar acordar favorablemente su petición, ya que si bien goza de las amplias atribuciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, éstas no pueden ser sustituidas o delegadas a terceros, toda vez que dicha facultad únicamente corresponde a la parte quejosa conferirlas. En ese sentido, como se señaló únicamente la parte quejosa, se encuentra facultada para cambiar dicho señalamiento (cambio de domicilio), por lo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa por el plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, indique el domicilio por el que se deberán realizar las notificaciones en este juicio. Por analogía sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la tesis I.1o.P.35 K (10a.), con registro 2017925, que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2366, que establece lo siguiente: NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. Si el autorizado en términos amplios solicita que las notificaciones de los autos o resoluciones emitidos en el juicio de amparo se le practiquen vía electrónica, pero del escrito de demanda o del apersonamiento a juicio, se advierte que su autorizante (quejoso o tercero interesado) indicó un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el Juez de Distrito debe requerir a éste para que -por sí o sus autorizados- precise cuál es la vía que elige para esos fines. Lo anterior, porque debe tomarse en consideración que los autorizados que el quejoso o, en su caso, el tercero interesado puedan designar en el trámite del controvertido constitucional, no pueden ser partes para efectos del juicio de amparo, pues esa calidad no se las reconoce el artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que únicamente tienen ese carácter: el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación; sino que de conformidad con los diversos 12 y 24 de la propia ley, los autorizados sólo son representantes de aquéllos en la litis constitucional, con el propósito de que realicen actos procesales a favor de los intereses legales de la parte que los designó, tan es así, que por mandato legal, no pueden sustituir o delegar dicha autorización a un tercero. Por tanto, a los autorizados no se les puede desvincular o desligar de la parte procesal -principal- a la que representan, pues quien se beneficia o se perjudica de las decisiones adoptadas tanto de trámite como de fondo que se emitan en el juicio de amparo, es su autorizante (quejoso o tercero interesado). Es decir, cualquier acto procesal que los autorizados realicen durante la tramitación y resolución del juicio de amparo, no lo hacen a nombre propio, sino como representantes de la persona (física o moral) quien los autoriza. En consecuencia, en atención al hecho de que según la notificación que se practique en el caso concreto, ésta surte efectos de manera distinta conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo, no puede aceptarse que existan dos clases de notificación y, por ende, dos cómputos para una misma parte procesal, como por ejemplo, que por un lado la directa parte quejosa señale la forma "tradicional" para oír y recibir notificaciones mediante la referencia de un domicilio convencional para esos fines en su escrito de demanda y, por otro, sus autorizados (en ese mismo ocurso o en uno diverso) adopten como vía de notificación la electrónica, pues no se trata de dos partes procesales distintas entre sí, sino los segundos son únicamente representantes de la parte principal que conforma al juicio de amparo, o sea, la parte quejosa. De ahí la necesidad de que el Juez de Distrito requiera al autorizante para que precise cuál vía de notificación es la que elige para los efectos legales a que haya lugar. Apercibida que, en caso de no realizar manifestación al respecto en el plazo otorgado para tal efecto, este órgano jurisdiccional tendrá como domicilio el que se acordó en proveído de tres de marzo de dos mil veinte. Notifíquese

  3. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, del Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que desahoga el requerimiento de veintidós de noviembre del presente año, en el sentido de remitir copia certificada del expediente pensionario de la quejosa. Además, se advierte del estado procesal de autos, que ha trascurrido en exceso los plazos de los diversos requerimientos a los familiares, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con la imposibilidad jurídica de cumplir al fallo protector dado a la ejecutoria de amparo, sin que se tenga manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en la parte final del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara la imposibilidad para cumplir la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, en directa relación con el diverso 201, fracción II, de la Ley de la Materia, y si no se interpone recurso de inconformidad, se deberá aplicar por analogía el trámite de un incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, a fin de que emita una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento. Notifíquese personalmente al autorizado de la parte quejosa ********************en el domicilio señalado en autos.

  4. Principal

    En esta fecha se notifica por lista de acuerdos al autorizado de la parte quejosa, el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, mismo que indica: Agréguese el oficio de cuenta, del Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que desahoga el requerimiento de veintidós de noviembre del presente año, en el sentido de remitir copia certificada del expediente pensionario de la quejosa. Además, se advierte del estado procesal de autos, que ha trascurrido en exceso los plazos de los diversos requerimientos a los familiares, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con la imposibilidad jurídica de cumplir al fallo protector dado a la ejecutoria de amparo, sin que se tenga manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en la parte final del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara la imposibilidad para cumplir la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, en directa relación con el diverso 201, fracción II, de la Ley de la Materia, y si no se interpone recurso de inconformidad, se deberá aplicar por analogía el trámite de un incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, a fin de que emita una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento. Notifíquese

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