Carlota Pérez Hernández

Expediente 1118/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1118/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Carlota Pérez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de cinco días para recurrir el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, transcurrió en su totalidad; sin que se haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tal motivo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Ciudad de México, a uno de diciembre de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que devuelve los autos originales del expediente en que se actúa, en un tomo; y, remite testimonio certificado, con cinco copias, de la resolución emitida en el amparo en revisión R.A. 551/2019, dictada en sesión de cinco de junio de dos mil veinte, cuyo punto resolutivo es: "PRIMERO. No es materia de la revisión el sobreseimiento decretado en el primer resolutivo con relación a las consideraciones tercera y quinta, respecto de los actos tendentes al cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, así como la expedición y promulgación del "Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de a Ciudad de Me´xico2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad dde México, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en específico el artículo 130, fracción II, Punto 1, respectivamente atribuidos a la Secretaría de Administración y Finanzas, Tesorero y Subtesorero de Administración Tributaria, y al Congreso y a la Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México. SEGUNDO. Se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Arturo Jesús Hernández López y Claudia Fernández Domínguez de Hernández nicamente con relación al acto de aplicación de la fracción II, punto 1, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, materializado mediante la autoliquidación del impuesto predial realizada el treinta de julio de dos mil diecinueve, respecto del inmueble con cuenta catastral 054-577-04-030-3.." Atento a lo anterior, gírese oficio a las autoridades responsables, a efecto de notificarles la aludida resolución, glósese al presente juicio el cuaderno de antecedentes, formado con motivo del recurso de revisión, previo desglose y destrucción de las copias fotostáticas que se dejaron con motivo de éste, ya que su conservación es innecesaria. Confírmese recepción al Tribunal Colegiado. Ahora, en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional se resolvió lo siguiente: SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. La protección constitucional que se concede es para el efecto de que: a) Se deje insubsistente la autoliquidación del impuesto predial realizada por la parte quejosa respecto del ejercicio de dos mil diecinueve, con sustento en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, en cuanto a la cuenta predial 054577040303. b) Se le devuelvan las cantidades que enteró en exceso, para lo cual, siguiendo la mecánica del impuesto predial, se deberá aplicar el valor catastral, cualquiera que este sea, los valores relativos al límite inferior y porcentaje sobre el excedente, establecidos para el rango D; pero, en lugar de la cuota fija prevista en el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, para ese mismo rango, se deberá aplicar la cuota fija reducida del artículo 130, fracción II, punto 1, renglón D, del mismo ordenamiento, a fin de conservar la progresividad del impuesto predial. Hecho lo anterior, la diferencia de mérito será devuelta por la autoridad exactora, porque el vicio de inconstitucionalidad solo se refirió a tal cuestión y no a la obligación del pago del tributo. Asimismo, del contenido de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, se desprende que resolvió modificar la sentencia para los siguientes efectos: (.) Lo anterior porque, a pesar de que, en la sentencia impugnada, se invocó expresamente dicho criterio, los efectos de la concesión del amparo fueron fijados de manera diferente, lo que debe corregirse para precisar que el cálculo del Impuesto Predial debe hacerse conforme a la mecánica prevista en la fracción I del artículo 130, en el rango que corresponde al inmueble por su valor catastral, sustituyente en ese rango el valor de la cuota fija por el valor disminuido del rango D de la fracción II del mismo precepto legal, y con base en ello, determinar las diferencias que deban devolverse a la parte quejosa como pago en exceso. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Ahora bien, y a efecto de que la autoridad responsable acate la sentencia de amparo, es prudente traer a cuenta la jurisprudencia citada en la ejecutoria, que establece: IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que las siguientes autoridades lleven a cabo las siguientes actuaciones, en las etapas que a continuación se describen: ETAPA 1. De conformidad con la jurisprudencia citada y la sentencia dictada en autos, la Administradora Tributaria en San Jerónimo, debe a) dejar insubsistente la autoliquidación del impuesto predial realizada por la parte quejosa respecto del ejercicio de dos mil diecinueve, con sustento en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, en cuanto a la cuenta predial 054577040303, b) Se le devuelvan las cantidades que enteró en exceso, para lo cual, siguiendo la mecánica del impuesto predial, se deberá aplicar el valor catastral, sustituyente en ese rango el valor de la cuota fija por el valor disminuido del rango D de la fracción II del mismo precepto legal, y con base en ello, determinar las diferencias que deban devolverse a la parte quejosa como pago en exceso. A su vez, este juzgador dará vista a la parte quejosa con la planilla en cuestión, y con base en lo que eventualmente aleguen y prueben las partes, determinará la cuantía que debe pagarse. ETAPA 2. La Dirección de Atención y Procesos referentes a Servicios Tributarios, y/o la Administradora Tributaria en San Jeronimo, revisarán y, en su caso, autorizarán la cantidad procedente a devolución. ETAPA 3. La Dirección General de Gasto Eficiente "A" o "B", según corresponda, registrará el ejercicio presupuestal en los sistemas establecidos. ETAPA 4. La Dirección General de Administración Financiera efectuará los pagos que por concepto de devoluciones sean autorizados y remitirá a la autoridad responsable del gasto, para que sea entregado al quejoso su pago. En consecuencia, se ordena a las autoridades involucradas DAR INICIO DE INMEDIATO AL PROTOCOLO de ejecución descrito. ETAPA ACTUAL Ahora bien, la conducta que debe realizar la Administradora Tributaria en San Jerónimo, para el cumplimiento de las ETAPA PRIMERA, de conformidad con la jurisprudencia citada y la sentencia dictada en autos, consiste en dejar insubsistente la autoliquidación del impuesto predial realizada por la parte quejosa respecto del ejercicio de dos mil diecinueve, con sustento en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, en cuanto a la cuenta predial 054577040303, y realice el cálculo del impuesto que debió pagar la parte quejosa; y con base en ello, precise la cantidad que deba devolverse a la parte quejosa, como diferencia entre lo que pagó y lo que tendría que haber pagado, exhibiendo para ello la planilla de la que se desprendan las operaciones aritméticas realizadas. Esta juzgadora considera que para la emisión de la resolución descrita, la autoridad tiene que hacer cálculos aritméticos y tomar en cuenta los datos necesarios para realizar el cómputo requerido, por lo que, presumiendo además la elevada carga de trabajo de dicha autoridad, es razonable fijar un plazo de veinte días para emitirla, y remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten. REQUERIMIENTOS En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia antes citada, la sentencia de autos y con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la ley de la materia, REQUIÉRASE a la Administradora Tributaria en San Jerónimo, para que dentro del término de VEINTE DÍAS exhiban las constancias con las que acrediten haber dejar insubsistente la autoliquidación del impuesto predial realizada por la parte quejosa respecto del ejercicio de dos mil diecinueve, con sustento en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México, en cuanto a la cuenta predial 054577040303, y realice el cálculo del impuesto que debió pagar la parte quejosa; y con base en ello, precise la cantidad que deba devolverse a la parte quejosa, como diferencia entre lo que pagó y lo que tendría que haber pagado, exhibiendo para ello la planilla de la que se desprendan las operaciones aritméticas realizadas; o bien, para que dentro de los mismos plazos, respectivamente, informe a este juzgador la razón objetiva y demostrable por la que no le es posible cumplir con estos requerimientos, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Subtesorero de Administración Tributaria, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades antes mencionadas, para dentro del mismo plazo, demuestre ante este Juzgado haber ORDENADO y CONMINADO a éstas el cumplimiento de las etapas del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro de los mismos plazos, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 en los términos precisados, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este juez de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que debe otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de este juez. Lo anterior, a reserva de que este juez fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento de cumplimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal, se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. CERTIFICACIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, este juzgador determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el Secretario respecto del de su presentación, y el Secretario dará cuenta al titular de este Juzgado Federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando este Juzgador tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que el juez haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y que al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por *** autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita se requiera a las autoridades responsables el pago a que tiene derecho el quejoso en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento, para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal y tomando en cuenta las constancias de autos precisamente el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se advierte que de los anexos al oficio con número de correspondencia 15430, la Apoderada General para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante oficio ***, solicitó a la Dirección General de Servicios Legales el "Visto Bueno Condicionado", de acuerdo a los lineamientos para la obtención del visto bueno, publicados dentro de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y una vez obtenida dicha constancia sería remitida a la Dirección General de Administración de Personal para que pueda otorgarse la suficiencia presupuestal y así estar en condiciones de continuar con el procedimiento de pago. REQUERIMIENTO En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y a los Integrantes de la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano, autoridades a las que corresponde la emisión del Visto Bueno, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, remitan las constancias con las que acrediten HABER OTORGADO EL VISTO BUENO CONDICIONADO respecto del pago que deberá realizarse a ***, aun sin la solicitud por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a esta juzgadora la razón objetiva y demostrable por la que no les es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. De igual forma, requiérase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades requeridas, para que dentro del mismo plazo les ORDENE Y CONMINE a cumplir con el presente proveído; o bien, para que igualmente, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 conforme a lo antes precisado, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo,3 esta Jueza de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que debe otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de esta juzgadora. Lo anterior, a reserva de que esta Jueza Federal fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIODE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DEFECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL, SUSTANCIALMENTE, DICE: "VISTA 196 Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo que le acompaña, DESE VISTA a la parte quejosa, para qué dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. De igual forma, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para qué en el término antes precisado, señale lo que a su representación social competa. Se les apercibe, qué de no cumplir con la vista aún sin argumentos de su parte, se resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario."

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