Carlota Olivia de las Casas Vega

Expediente 923/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
923/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Carlota Olivia de las Casas Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil veintiuno.... se declara que el auto de once de agosto de dos mil veintiuno, por medio del cual este Juzgado de Distrito tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ***, a través del cual, da cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído de dos de agosto del año en curso, por lo que se provee los siguiente. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para arribar a la citada determinación, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Precisado lo anterior, debemos tener presente que del contenido del escrito de cuenta, se advierte que la promovente señaló como actos reclamados en el presente juicio de amparo, los siguientes: Respecto a la autoridad responsable ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE MORELOS DENOMINADA CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, le reclamo: 1.- La sesión de fecha treinta y uno de agosto del dos mil veinte del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en el la que se designa al Grupo Parlamentario del Partido MORENA, para presidir la Junta Política y de Gobierno durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por vicios propio y en lo relativo a su primer acto de aplicación, de tracto sucesivo de seguir presidiendo la Junta Política y de Gobierno. 2.- El acuerdo parlamentario de treinta y uno de agosto del dos mil veinte, por el que se propone la designación del grupo parlamentario que habrá de presidir la Junta Política y de Gobierno, durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por vicios propios y su primer acto de aplicación de tracto sucesivo. 3.- La inconstitucionalidad de la sesión ordinaria de fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en la que se removió a la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, la Diputada Ariadna Barrera Vázquez y se designó como nuevo Presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos al Diputado Héctor Javier García Chávez. 4.- Todo lo actuado en los actos y las sesiones posteriores del Congreso en lo que haya intervenido la Junta Política y de Gobierno a partir de la sesión ordinaria de fecha treinta y uno de agosto del dos mil veinte. 5.- La inconstitucionalidad de la sesión ordinaria de fecha cinco de julio del dos mil veintiuno del Pleno del congreso del Estado de Morelos, por vicios propios. Respecto a la autoridad responsable JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 7.- Todo lo actuado a partir de la ilegal sesión ordinaria de fecha treinta y uno de agosto del dos mil veinte en el la que se designa al Grupo Parlamentario del Partido MORENA, para presidir la Junta Política y de Gobierno durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por vicios propio y en lo relativo a su primer acto de aplicación, de tracto sucesivo de seguir presidiendo la Junta Política y de Gobierno, es decir a efecto de que aclarar los actos que reclamo son específicamente los siguientes: a).- Todas las sesiones de la Junta Política y de Gobierno realizadas ilegalmente a partir de la sesión ordinaria de fecha treinta y uno de agosto del dos mil veinte. b).- Todos los dictámenes emitidos por la Junta Política y de Gobierno posteriores la sesión ordinaria de fecha treinta y uno de agosto del dos mil veinte. Y en vía de consecuencia todos los actos derivados de los dictámenes, sesiones y actos en los que haya intervenido la Junta Política y de Gobierno posteriores la sesión ordinaria de fecha treinta y uno de agosto del dos mil veinte. Respecto a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Morelos, le reclamo: 8.- La promulgación, publicación y referendo del acuerdo parlamentario de treinta y uno de agosto del dos mil veinte, por el que se propone la designación del grupo parlamentario que habrá de presidir la Junta Política y de Gobierno, durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 9.- La promulgación, publicación y referendo del acuerdo parlamentario relativo a la sesión ordinaria de fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en la que se removió a la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, la Diputada Ariadna Barrera Vázquez y se designó como nuevo Presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos al Diputado Héctor Javier García Chávez. 10.- La promulgación, publicación y referendo del acuerdo parlamentario relativo a la sesión ordinaria de fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en la que se removió a la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, la Diputada Ariadna Barrera Vázquez y se designó como nuevo Presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos al Diputado Héctor Javier García Chávez". Ahora bien, la parte quejosa aduce que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como mencionan en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al considerar violados sus derechos contenidos en los artículos 1°, 4° párrafo I, 14 y 16 Constitucional. Atento a lo anterior, como ya se mencionó, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo a que el presente expediente corresponde resulta improcedente, en razón de que en el caso, se actualiza el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la promovente carece de interés jurídico y legítimo para impugnar los actos que reclama. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Por su parte, los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Ahora, cabe precisarse que el interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que México es parte, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por un acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a sus titulares, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses de los particulares. Asimismo, con la reforma al artículo 107 constitucional, así como la emisión de la nueva Ley de Amparo, al concepto de interés jurídico se añadió el de interés legítimo, con lo cual se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues, no solamente es necesario que la parte quejosa acredite la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o bien que demuestre un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Lo cual no implica que baste un interés simple o jurídicamente irrelevante, como el que tendría cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado; razón por la que el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En tal virtud, se estima que el constituyente permanente mantuvo la prohibición de que tan sólo con este tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que la parte quejosa pertenece a ella. Esto es, que el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa. Además, aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Con base en lo expuesto, este Juzgado de Distrito considera que a fin de que la demanda de amparo sea procedente, es necesario que se pruebe la existencia de un interés jurídico o uno legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se traduzca en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa, ya que, de lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado al no cumplirse con el principio de parte agraviada. Atento a las razones dadas, lo procedente es analizar si en el caso la parte quejosa cuenta con interés jurídico o legítimo para promover el juicio de amparo, para lo cual es menester atender a los actos reclamados transcritos con anterioridad, así como a lo expresado en la demanda en su integridad. La accionante del amparo reclama la sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, así como el acuerdo parlamentario de la misma fecha, en el que se designa al Grupo Parlamentario del Partido MORENA, para presidir la Junta Política y de Gobierno, durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV legislatura del Congreso y todos los actos posteriores en los que dicha Junta haya intervenido; la sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno en la que se removió a la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Ariadna Barrera Vázquez y designó como nuevo presidente al diputado Héctor Javier García Chávez, la sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, así como la promulgación, publicación y refrendo del acuerdo parlamentario de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Así, de la interpretación integral del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio de cuenta, se aprecia que la quejosa promueve en su calidad de ciudadana del estado de Morelos, en términos del artículo 13 de la Constitución Local, y que los actos por los que se pretende invocar la protección constitucional no se encuentran dirigidos a afectar de manera directa los derechos de la parte quejosa, ni tampoco le ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio por la especial situación que tienen en el ordenamiento jurídico. En tal virtud, este Juzgado de Distrito considera que la accionante del amparo Carlota Olivia de las Casas Vega no cuenta con un interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo, sino con un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en que se cumpla el marco constitucional y legal. Lo anterior, se robustece con los antecedentes que realiza la quejosa en su escrito inicial de demanda; situación, que se corrobora para asumir que el único interés con el que cuenta, es interés simple. Ahora, de los antecedentes narrados por la quejosa, así como de los conceptos de violación esgrimidos, no se advierte como es que los actos reclamados le causan alguna afectación, ya sea directa o por su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es así, toda vez que manifiesta que es inconstitucional e ilegal la sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en el que se designa al Grupo Parlamentario del partido MORENA, para presidir la Junta Política y de Gobierno durante el tercer ejercicio constitucional de la LIV Legislatura, así como todo lo actuado con posterioridad por dicha junta, ya que dicho Grupo Parlamentario, había presidido la Junta Política en el segundo año, y en términos del artículo 46, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, la Presidencia de la mencionada junta será rotativa y anual. Asimismo, menciona que es inconstitucional la sesión ordinaria de fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, toda vez que dicha sesión está viciada de ilegalidad y fue llevada contrario a lo establecido en la normatividad aplicable, puesto que fue presidida por el vicepresidente quien carece legalmente de facultades para sustituir al presidente de la mesa directiva, en términos del artículo 30 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos. De la misma manera, menciona que es ilegal dicha sesión, ya que se consultó a la asamblea si era de aprobarse el dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual se propone la lista de aspirantes para la designación de cuatro magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. De igual forma, argumenta que es inconstitucional la sesión de veintiuno de julio del año en curso, toda vez que se acordó remover a la diputada Ariadna Barrera Vázquez, del cargo de Presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, y en su lugar se designó al diputado Héctor Javier García Chávez, en razón de que no existe disposición alguna para realizar tal sustitución. De lo relatado se aprecia que los actos por los que se promueve la demanda de amparo, no se encuentran dirigidos a afectar de manera directa el derecho de la quejosa, ni tampoco le ocasionan un perjuicio o le privan de un beneficio por la especial situación que tienen en el ordenamiento jurídico. En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la aquí quejosa no cuenta con un interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo, sino con un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en que se cumpla el marco constitucional y legal. De ese modo, el interés de la quejosa, no constituye en sí mismo un interés legítimo, ni mucho menos uno jurídico que se requiere para la procedencia del juicio de amparo. En tal virtud, como se adelantó, la parte quejosa sólo cuenta con un interés simple como el que tendría cualquier persona en que las autoridades cumplan con sus obligaciones establecidas de manera constitucional y legalmente, mismo que se puede advertir de la demanda, ya que como lo menciona, lo hace en su calidad de ciudadana del Estado de Morelos, y no menciona, ni se advierte, como los actos reclamados lesionan sus derechos fundamentales. Por tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Carlota Olivia de las Casas Vega, por su propio derecho, en contra de actos de la Asamblea Legislativa del Estado de Morelos y otras, en términos del diverso 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.

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