Carlota Moguel Martínez

Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
293/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Carlota Moguel Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación y estado procesal que guardan los presentes autos, de lo cual se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Al efecto se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el numeral 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Visto, el oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas en representación del Director General del citado Instituto con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada del oficio ISSTECH/SPS/1945/2021 de cinco de mayo de dos mil veintiuno. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el mismo. En términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad mencionada a las personas que designa, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe de cuenta. Por otro lado, se autoriza el uso de los medios electrónicos que menciona para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis I.3o.C.725 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, página 2847, con número de registro 167640cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Respecto del correo electrónico que proporciona para futuras notificaciones, dígasele que no ha lugar a tenerlo para esos efectos; toda vez que tal como lo establece el artículo 22, fracción II,1 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, éste sólo es un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas se advierte lo siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que los efectos del acto reclamado cesaron, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por lo cual, es aplicable la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Atento a lo que antecede, cabe precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de dar contestación a los escritos de siete de octubre y dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en los cuales solicita el informe detallado de la pensión, así como copia del dictamen de pensión por jubilación. Por otra parte, al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable, negó la existencia del acto que se le reclama, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, con el contenido de su informe en donde hace manifestaciones de su certeza, de ahí que se le tenga por cierto. Apoya lo anterior, la tesis, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada del oficio ISSTECH/SPS/1945/2021 de cinco de mayo de dos mil veintiuno, dirigido a *** (aquí quejosa), y notificado en esa misma data por conducto de su autorizada ***, por medio del cual la autoridad responsable dio contestación a sus escritos de siete de octubre y dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el cual, se le hizo del conocimiento del informe detallado de su pensión, adjuntando copia del dictamen 308/2014, a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En las relatadas condiciones, el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo ha cesado en sus efectos, puesto que la omisión fue subsanada. Por ello, resulta inconcuso que dicho acto impugnado en esta vía cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Así como la diversa tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/98, localizable en la página 210 del Tomo VII correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede SOBRESEER en este juicio de amparo fuera de audiencia. En ese contexto, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con diez minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación de esta determinación, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto del Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, consistente en: La omisión de dar contestación a los escritos de siete de octubre y dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en los cuales solicita el informe detallado de la pensión, así como copia del dictamen de pensión por jubilación. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. III. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. Audiencia. Se señalan las diez horas con diez minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Informes y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117, de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá, en lo individual, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberá acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo vigente. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de la autoridad responsable. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245, de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VII. Intervención del Agente del Ministerio Público. Dese a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. VIII. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. X. Domicilio y Autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle Uno, Esquina Andador 3, Manzana 5, Casa número 17, Fraccionamiento San Pedro y San Cayetano, de esta ciudad. Se tiene como autorizada a Claudia Domínguez Chávez, con las facultades amplias que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada cédula profesional que acredita que se encuentra facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. Asimismo, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a Yariria Lili Ribera Vázquez, Julio Cesar Fernández Hernández, Erendida Gabriela Penagos Hernández y Constancio López Cruz, por así haberlo solicitado. XI. Autorización consulta de expediente electrónico. Por otra parte, se tiene a la promovente solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre de usuario -penagos-, con el que se registró en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.cjf.gob.mx. En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. XII. Quejosa señala número telefónico y correo electrónico. Téngase a la promovente proporcionando el número telefónico y correo electrónico que al efecto señala, para que a través del mismo se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. XIII. Utilización de medios electrónicos para la reproducción de actuaciones judiciales. Como lo solicita la quejosa, se autoriza la reproducción que solicita a través de medios electrónicos en el expediente en que se actúa. Resulta aplicable al respecto la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1830, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." XIV. Solicitud de videoconferencia. Respecto a la solicitud de la parte quejosa en el sentido de que se ofrece número de correo electrónico, así como número telefónico para que se realicen las gestiones a fin de que la audiencia se lleve mediante videoconferencia, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición, dejando expedito su derecho de comparecencia por escrito. Lo anterior en virtud de que el Acuerdo General 21/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, ha determinado un esquema restringido de atención al público en general, enfatizando en su artículo 5, el riesgo sanitario, actual y el porvenir en los próximos meses, razón por la cual permite a los juzgados encauzar los asuntos a su cargo de tal forma que, las diligencias, audiencias o comparecencias necesarias para el desarrollo del proceso que requieran la presencia física de las partes o algún auxiliar, se efectúen mediante video conferencia (primera parte de la fracción II del citado numeral); y, a su vez, que las diligencias o audiencias (constitucionales o incidentales) restantes puedan llevarse a cabo con la sola comparecencia por escrito de las partes. De ahí que no se configura la hipótesis específica para el juicio de amparo, prevista por el artículo 26, del mencionado Acuerdo General, en el sentido de que, las audiencias constitucionales en las que puedan tener intervención oral las partes se podría llevar a cabo por videoconferencia, (en el entendido de que además exista la manifestación expresa de parte interesada para desahogar la audiencia constitucional a través de ese medio tecnológico) porque el único supuesto de oralidad previsto por la Ley de Amparo es el contemplado en el artículo 124, segundo párrafo de dicho ordenamiento, en el cual se reconoce el derecho de la parte quejosa de formular alegatos verbales exclusivamente cuando se reclaman que "importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales"; y en este caso, los actos reclamados consisten en orden de aprehensión, localización, presentación, citación y/o detención y su ejecución. Por lo que en cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, dígasele que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, el correo electrónico sólo es un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes y por tanto se le tienen por ofrecidos los mismos, solo para el efecto antes mencionado. XV. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que exhibe, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana; probanzas de las que se hará relación en el momento procesal oportuno. XVI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

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