Carlota María Alonzo Díaz
Expediente 2224/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2224/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/05/2018
Partes del expediente
- Carlota María Alonzo Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos remitidos por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residentes en esta ciudad, el catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 108 a 109), el dieciséis de marzo (fojas 111 a 113) y el dos abril (fojas 122 a 124) del año en curso; manifestaron la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho (foja 125), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el nueve de abril del año en que se actúa (foja 131); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió como se precisó en la certificación, sin que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento Luego, este Órgano Jurisdiccional procede a determinar si de acuerdo con las documentales que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Así pues, mediante resolución dictada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 52 a 78), se determinó conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a Carlota María Alonzo Díaz, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, en tanto no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la peticionaria de amparo las cantidades relativas al descuento efectuado en los recibos de pago desde la segunda quincena de mayo de dos mil dieciséis a la fecha por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." Sentencia que causó ejecutoria el treinta de enero de dos mil dieciocho (foja 95). Ante ello, a través de los oficios enviados por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional (fojas 108 a 109) y por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, (fojas 111 a 113 y 122 a 124), manifestaron la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector, es decir, se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo, remitió copia de las transferencias bancarias realizadas a la promovente de amparo, de donde se advierte que devolvió la cantidad materia del juicio, la cual se pagó a la parte quejosa, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio, ha quedado cumplido. Luego, con fundamento en lo que dispone el ordinal 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente juicio es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el expediente en que se actúa, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos remitidos por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residentes en esta ciudad, el catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 108 a 109), el dieciséis de marzo (fojas 111 a 113) y el dos abril (fojas 122 a 124) del año en curso; manifestaron la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho (foja 125), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el nueve de abril del año en que se actúa (foja 131); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió como se precisó en la certificación, sin que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento Luego, este Órgano Jurisdiccional procede a determinar si de acuerdo con las documentales que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "...". Así pues, mediante resolución dictada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 52 a 78), se determinó conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a Carlota María Alonzo Díaz, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, en tanto no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la peticionaria de amparo las cantidades relativas al descuento efectuado en los recibos de pago desde la segunda quincena de mayo de dos mil dieciséis a la fecha por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." Sentencia que causó ejecutoria el treinta de enero de dos mil dieciocho (foja 95). Ante ello, a través de los oficios enviados por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional (fojas 108 a 109) y por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, (fojas 111 a 113 y 122 a 124), manifestaron la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector, es decir, se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; asimismo, remitió copia de las transferencias bancarias realizadas a la promovente de amparo, de donde se advierte que devolvió la cantidad materia del juicio, la cual se pagó a la parte quejosa, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio, ha quedado cumplido. Luego, con fundamento en lo que dispone el ordinal 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente juicio es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el expediente en que se actúa, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta presentado por el Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que adjunta, por conducto del Director Jurídico Contencioso, mediante el cual informa el cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo y acompaña copia certificada de la transferencia bancaria realizada por la cantidad actualizada devuelta a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte gestionante del amparo, con el escrito de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta presentado por el Director General de Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que adjunta, mediante el cual informa el cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo y acompaña copia certificada de la transferencia bancaria realizada por la cantidad actualizada devuelta a la parte quejosa; en consecuencia, agréguense a sus autos sin mayor pronunciamiento, dado que el tres del mes actual (foja 125), se ordenó dar vista a la parte quejosa con lo informado por la diversa responsable Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, quien a su vez acompañó copia de la mencionada transferencia.
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