Carlota Jimenez Hernandez
Expediente 754/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 754/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlota Jimenez Hernandez
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Vista la primera certificación secretarial, se advierte que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación de quince de agosto de dos mil veintidós, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2° y 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. (...)
- Principal
MESA IV. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto de la "Lic. Gabriela Romero Hernández, Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula de Investigación A-III3 de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA)" y otra autoridad. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 754/2022. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: ? El oficio ***, de catorce de julio de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación ***, por medio del cual, se solicitó al Director Jurídico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, información relacionada con *** asesora jurídica de la quejosa. En ese tenor, por lo que hace al acto reclamado, el cual se traduce en -actos de investigación-; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: (...) En estrecha relación con lo anterior, es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: (...) Por su parte, los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, dicen: (...) De esos preceptos, se desprende que el juicio puede promoverse por la persona a quien afecte el acto reclamado, es decir, el acto debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, de manera directa, lo cual se conoce como interés jurídico, que existe cuando una norma (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, derivado de esa disposición tiene protección frente a cualquier persona o autoridad. Lo anterior, conduce a aseverar que la parte quejosa debe ser titular del derecho público subjetivo que estime vulnerado, de lo contrario, su esfera jurídica no se vería afectada con el acto de autoridad contra el cual se inconforma, lo que originaría su falta de legitimación para entablar el juicio constitucional de amparo. De ahí que, la parte quejosa deba acreditar, en primer término, que la ley o el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que, si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Las consideraciones expuestas llevan a determinar que el ejercicio de la acción constitucional, contra actos que emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio, la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a demandar el cese de esa violación. En esas condiciones, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho. b) Que ese derecho sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. El primer elemento, se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquella prerrogativa que, derivada de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El segundo requisito se refiere a la afectación que sufre ese derecho subjetivo, es decir, el menoscabo o perjuicio que resiente el patrimonio (en sentido amplio) del particular con el acto de autoridad. Bajo ese esquema, se puntualiza que el acto que en esta vía pretende reclamar la parte quejosa no afecta su esfera jurídica, en virtud de que el acto de investigación no le causa perjuicio alguno. En virtud que la función persecutoria del Ministerio Público no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, en términos del artículo 21 Constitucional, pues interesa a la colectividad que se investiguen los hechos posiblemente constitutivos de ilícitos; es válido decir que al no existir un derecho tutelado del gobernado para impugnar actos como el que ahora nos ocupa, no se surte el interés jurídico del mismo para combatirlo mediante el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el artículo 21 Constitucional impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da en la integración de la investigación y en su caso en el ejercicio de la acción penal; por lo que, los actos antes referidos no le irrogan perjuicio al impetrante. Por ende, el acto de investigación, aun cuando fuere indebida, no puede constituir violación de derechos fundamentales, pues sostener lo contrario implicaría aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo como investigaciones hiciere la representación social en carpetas de investigación, en uso de la facultad Constitucional, lo que jurídicamente es inadmisible. Por ello, el oficio ***, de catorce de julio de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación ***, por medio del cual, se solicitó al Director Jurídico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, información relacionada con *** asesora jurídica de la quejosa; no es acto que le irroguen perjuicio alguno, de ahí que el mismo no es impugnable a través del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. (...)
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