Carlota Hernández Salas

Expediente 1113/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1113/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • Carlota Hernández Salas

Actuaciones

  1. Principal

    El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del once al diecisiete de mayo del año en curso; con exclusión de los días doce y trece del mes y año en curso por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Zacatecas, Zacatecas, siendo las diez horas con veintitrés minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la secretaria que autoriza Ana Cecilia Castañeda Abundis, de conformidad con el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente al incidente a que se refiere el numeral 156 de la legislación en cita, a efecto de determinar si es procedente el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida a fin de que surtiera efecto la suspensión definitiva otorgada en resolución de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 238 a 243), dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 363/2017, en la que por una parte se negó la medida suspensional solicitada y por otra se otorgó la misma, para los efectos en ella indicados. Enseguida, la secretaria da lectura a las constancias vinculadas con el presente incidente, entre las que destacan: el escrito registrado con el folio 8106 recibido en este Juzgado el diecisiete de abril del año en curso, signado por Héctor Félix Esparza Sáenz, en su carácter de tercero interesado en el juicio de amparo mencionado; por medio del cual solicitó se tramitara el incidente a que alude el numeral 156 de la ley de la materia (fojas 289 a 297); auto dictado el dieciocho siguiente, por el que este Juzgado de Distrito inició el trámite de dicho incidente (foja 298); y escrito registrado con el número 8817, signado por el quejoso Oliverio Fernández López, mediante el cual desahogó la vista ordenada en el referido acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, por el que se le dio vista a las partes con el escrito por el que el tercero interesado promovió tal incidencia (foja 306 y 307). A lo anterior, el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En la etapa de pruebas, la secretaria hace constar que, por la parte tercero interesada de mérito, se ofrecieron las siguientes: 1. Documental pública, consistente en la ejecutoria de veintidós de marzo del año en curso, dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por la que confirma la sentencia dictada por este juzgado, por la que se negó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal, de la que obra testimonio en el expediente en que se actúa (fojas 264 a 276). 2. Documental pública, consistente en todo lo actuado en el expediente principal del juicio de amparo indirecto 363/2017, en el amparo en revisión 255/2017 y en el recurso de revisión adhesivo. 3. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, en todo lo que favorezcan a la parte tercero interesada. Por parte del quejoso se ofrecieron: Documental pública. Consistente en el acuerdo de dieciocho dictado en el presente asuntos, en el cual se le otorga el plazo de tres días para desahogar la vista dada. Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que favorezcan a la parte tercero interesada. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En la fase de alegatos la secretaria da cuenta con los vertidos por el quejoso en su escrito visible a foja 306. A lo que el juez determina: en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. No habiendo más diligencias pendientes por desahogar se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, los autos para resolver el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva promovido por Héctor Félix Esparza Sáenz, en su carácter de tercero interesado, dentro de los autos del juicio de amparo 363/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo y suspensión. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, por encontrarse dirigida al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (fojas 11 a 14), Oliverio Fernández López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil de la Capital, con sede en esta ciudad de Zacatecas, reclamando: La sentencia interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil diecisiete de dos mil diecisiete, por la cual se le condenó a la actualización del pago de intereses moratorios derivados del juicio hipotecario 506/1995, del índice del juzgado responsable. El cuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 31 a 36), se tuvo por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remitió los autos del juicio de amparo directo civil 380/2017, en atención a que dicho Tribunal de Alzada determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por Oliverio Fernández López, por lo cual, este Juzgado asumió el conocimiento del asunto, ordenó su registro bajo el número 363/2017, y mandó aclarar la demanda en los términos precisados en el propio acuerdo. Una vez que se dio cumplimiento a la prevención mencionada, por auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 47 a 48), este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, toda vez que ya obraba el informe justificado de la autoridad responsable se dio vista con él a las partes; dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como tercero interesado a Héctor Félix Esparza Sáenz. En la demanda de mérito, el quejoso solicitó la suspensión de los actos reclamados, por lo que, mediante interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 238 a 243), se resolvió negar por una parte la medida suspensional solicitada y por otra conceder la misma, cuyo considerando quinto y puntos resolutivos son del tenor siguiente: "(.) QUINTO. Concesión sobre la medida cautelar solicitada (consecuencias). Por su parte, sobre la medida solicitada respecto de los actos tendentes a ejecutar la interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por la que se actualizaron los intereses moratorios dentro del juicio hipotecario 506/1995 seguido en su contra; se considera que se actualizan los requisitos de la suspensión a petición de parte, por las razones siguientes: (.) Con base en las consideraciones vertidas con antelación, se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, para el único efecto de que la autoridad responsable no ejecute la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, concretamente que no requiera el pago de la cantidad determinada por concepto de actualización de intereses moratorios. La suspensión otorgada, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro de los cinco días siguientes a partir de que quede notificada de la presente resolución, una garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con el otorgamiento de tal medida cautelar se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, al aletargar el procedimiento con dicha medida, tal como lo indica el tercero interesado Héctor Félix Esparza Sáenz, de tal medida que, a fin de fijar el monto de los posibles daños y perjuicios, debe estarse a lo determinado por nuestro Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 71/2014, consultable en la página 5 del Libro 14, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a enero de 2015, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". De la jurisprudencia transcrita, se desprende que nuestro máximo tribunal de justicia estableció que cuando la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida o estimable en dinero a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo del dinero fijado en la condena y los rendimientos que pudo generarle al acreedor durante el tiempo que tentativamente pueda tardar la resolución del juicio, el que se genera o demerita en función de la inflación en el país, razón por la cual para calcular los posibles daños, debe tomarse como referencia el porcentaje inflacionario reflejado a la fecha en que se decrete la garantía en el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. Mientras que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendrían los terceros interesados de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, parámetro que se determina a través de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, los daños deben cuantificarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y los perjuicios conforme a la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE). Con base en lo anterior y tomando en consideración que la cantidad líquida que se determinó en el juicio natural que habrá de entregar la parte quejosa, es de $532,210.57 (quinientos treinta y dos mil doscientos diez pesos 57/100 moneda nacional), según se advierte del informe previo rendido por el Juez responsable, y no la cantidad de $63,497.72 (sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y siete pesos 72/100 moneda nacional), como en su oportunidad refirió el quejoso en su escrito inicial de demanda, por lo que dicha manifestación queda desvirtuada por lo aseverado por el Juez natural; por lo que para calcular los posibles daños que se pudieran ocasionar a ésta, con la suspensión del acto reclamado, se acude al Índice Nacional de Precios al Consumidor, fijado anualmente a la fecha de presentación de la demanda a razón del 4.86% (cuatro punto ochenta y seis por ciento), que dividido entre los doce meses del año, arroja un porcentaje del 0.405% cero punto cuatrocientos cinco por ciento y multiplicado por el importe de la mencionada condena da $2,155.452 (dos mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/452 moneda nacional) de depreciación mensual y multiplicado por 2.69 meses -tiempo probable en que se resolverá el juicio de amparo, según la Dirección de Estadística Judicial-, lo cual arroja un total de $5,798.168 (cinco mil setecientos noventa y ocho pesos 168/100 moneda nacional), como cantidad por concepto de daños que con la suspensión pueda ocasionarse al citado tercero interesado. Resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos" . Mientras que para calcular los perjuicios, se acude a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, al dieciséis de marzo del año en curso, en que se presentó la demanda, fue de 6.6438% . Ahora, el monto de la cantidad líquida a que se encuentra obligado a entregar el quejoso, se reitera, es de $532,210.57 (quinientos treinta y dos mil doscientos diez pesos 57/100 moneda nacional), que se multiplica por 6.6438% dando un total de $35,359.005 (treinta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve pesos 005/100 moneda nacional), la cual corresponde al interés anual; cantidad que debe ser dividida entre doce meses, lo que equivale a $2,946.583 (dos mil novecientos cuarenta y seis pesos 583/100 moneda nacional), monto que se multiplica por 2.69 meses, tiempo estimado en la dilación del juicio, lo cual arroja un resultado final de $7,926.310 (siete mil novecientos veintiséis pesos 310/100 moneda nacional), por concepto de perjuicios. Entonces, sumando las cantidades obtenidas por concepto de daños y perjuicios da un total de $13,724.478 (trece mil setecientos veinticuatro pesos 478/100 moneda nacional). Siendo tal cantidad la que se fija para que surta efectos la suspensión definitiva otorgada. (.) Primero. Se niega la suspensión definitiva que solicita Oliverio Fernández López, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable señalada en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente determinación. Segundo. Se concede la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, respecto de las consecuencias del acto reclamado atribuido al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución.". Cabe señalar que la citada garantía fue exhibida por el quejoso, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el tres de mayo de dos mil diecisiete, y turnada a este juzgado el cuatro siguiente (fojas 258 y 259), mediante billete de depósito número N 796890, por la cantidad de $13,724.47 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 47/100 M.N.). SEGUNDO. Dictado de la sentencia y ejecutoria. El ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 86 a 90), este Juzgado de Distrito, negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con tal determinación, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el quince de junio de dos mil diecisiete (foja 102), el quejoso Oliverio Fernández López, interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual, en ejecutoria de veintidós de marzo del año en curso (fojas 265 a 276), dictada en el amparo en revisión civil 255/2017-5, confirmó la sentencia recurrida, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "(.) PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Oliverio Fernández López, en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por Héctor Félix Esparza Sáenz (.)". TERCERO. Presentación y trámite del incidente. Por escrito recibido el diecisiete de abril del año en curso (fojas 289 a 297), en la Oficialía de partes de este Juzgado Federal, Héctor Félix Esparza Sáenz, en su carácter de tercero interesado en el juicio de amparo en que se actúa, promovió incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva, el cual se admitió a trámite por auto de dieciocho de ese mismo mes y año (foja 298), dándose vista a las partes para que hicieran sus respectivas manifestaciones y ofrecieran pruebas, en caso de creerlo pertinente; por lo que, una vez realizado lo anterior, se desahogó la audiencia incidental respectiva. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Análisis del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión definitiva. Esencialmente, Héctor Félix Esparza Sáenz, alega que los daños y perjuicios están representados por la privación de la ganancia lícita que pudo haberse obtenido si no se hubiera suspendido el procedimiento original. Así, manifiesta que basta el solo transcurso del tiempo para acreditar los perjuicios, que en el caso considera deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste; que, el solo paso del tiempo al estar suspendida la ejecución del acto reclamado le causa perjuicios virtud a la inútil tramitación del juicio de garantías pues únicamente sostiene, es con el objeto de aletargar el procedimiento original y no porque existiera alguna violación a sus derechos fundamentales. Son fundados dichos argumentos. En efecto, los numerales 132, 136 y 156 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional.". "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente.". De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que en los casos en que sea procedente conceder la suspensión, sus efectos continuarán vigentes sólo si el quejoso exhibe garantía bastante para indemnizar los posibles daños o perjuicios que se causaren al tercero interesado si no obtiene sentencia favorable en el juicio constitucional, lo que será materia del incidente correspondiente. En ese sentido, cabe precisar qué se entiende por daños y perjuicios en los casos en los que el acto reclamado deriva de resoluciones en las que se condena a la parte inconforme al pago de una cantidad líquida, tal y como acontece en la especie. Así, los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil Federal disponen: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." "Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.". De una interpretación armónica de los preceptos legales invocados, se tiene que daño, es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación y perjuicio, es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación; ambos deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. Lo anterior, encuentra apoyo en lo conducente en la Jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo I, libro 14, enero de 2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de voz y texto: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." En ese sentido, si con motivo del otorgamiento de la medida cautelar, el tercero interesado dejó de recibir una suma de dinero, es un hecho que se le generaron daños y perjuicios. Al referirse tanto a los daños como a los perjuicios, la Ley de Amparo busca la reparación de la pérdida o menoscabo que al tercero interesado le ocasiona no disponer, durante el tiempo transcurrido en la resolución del juicio constitucional, de determinada suma económica, como de la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado en su patrimonio tal cantidad. Sobre el tema de la acreditación de los daños y perjuicios, sirve de criterio orientador, la jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, enero de 2012, Tomo 3, página 2288, la cual es de texto y rubro siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En los casos en que el tercero perjudicado dejó de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios a su favor. Para calcularlos, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) constituye un indicador adecuado, ya que la misma integra tanto el valor real del dinero, esto es, los daños que se pudieron ocasionar por la depreciación de la moneda, debido a la inflación, así como el rendimiento que dicha suma pudo generar, es decir, los perjuicios.". Este criterio resulta aplicable al caso concreto, ya que establece que en los casos en que el tercero interesado dejó de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios en su favor. Debe advertirse que esta jurisprudencia analizó el supuesto en que la suspensión del acto reclamado provocó que el tercero perjudicado dejara de recibir una suma de dinero, y la Primera Sala del Alto Tribunal determinó que el incumplimiento de esa obligación genera, como hecho notorio, daños y perjuicios a favor del acreedor. La ejecutoria que dio origen a esta jurisprudencia señala lo siguiente: "Por lo que hace a la primera cuestión, esta Primera Sala considera que en aquellos casos donde, en virtud del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el tercero perjudicado deja de percibir una suma de dinero que por derecho le correspondía, constituye un hecho notorio la existencia de tales daños y perjuicios, por lo que no es necesario acreditarlos a través de otros medios de prueba. En efecto, es evidente que el dinero por el mero transcurso del tiempo pierde valor adquisitivo y que el mismo deja de generar un rendimiento, de acuerdo a las tasas de mercado. Para ello, basta acudir a los indicadores comerciales que se publican en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, en tratándose de dinero, se puede afirmar que no es necesario acreditar que el mismo sufrió una depreciación por efecto de la inflación e, igualmente, tampoco es necesario acreditar que el mismo dejó de generar rendimientos, pues esto es una condición que se presenta por la simple naturaleza del bien en cuestión (dinero).". Como se ve, la ejecutoria estableció que en tratándose de sumas de dinero, debe tenerse como un hecho notorio que éste pierda valor por el simple paso del tiempo; es decir, por efectos de la inflación resiente una depreciación, lo que se entiende por menoscabo o pérdida en el patrimonio, y además, por su propia naturaleza genera rendimientos que se traducen en la ganancia lícita, lo que provoca que sea innecesario demostrar los daños y perjuicios con otros medios de prueba. En conclusión, se consideran acreditados los daños y perjuicios por el mero transcurso del tiempo sin que el tercero interesado pudiera disponer del dinero al que se condenó a pagar al quejoso en el juicio natural del que emana el acto reclamado, pues para acreditar dicha circunstancia bastan las actuaciones que obran en el incidente de suspensión, ya que de las mismas surge la presunción de que el tercero interesado resintió un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de la suspensión otorgada al inconforme; máxime que el quejoso no aportó prueba en contrario para desvirtuar aquella inferencia. Lo anteriormente tratado, se ve respaldado con el criterio interpretativo I.3o.C.120 K (9a.) emitido por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página mil novecientos ochenta y tres, y cuyos argumentos se comparten, el cual es de texto y rubro siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS. Este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la tesis I.3o.C.47 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 1144, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que si bien es cierto que de una interpretación armónica de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, para estar en posibilidad de exigir el pago de la garantía otorgada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran con motivo de la suspensión del acto reclamado, es necesario que el incidentista demuestre la existencia y cuantificación de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar, también lo es que para acreditar los perjuicios (no daños) que fueron ocasionados con ese motivo, la parte incidentista sólo debe acreditar los elementos que conduzcan al juzgador a establecer la procedencia del derecho en el que se fundó una pretensión, puesto que esa sola circunstancia es suficiente para declarar fundado el incidente dada la naturaleza de la prueba presuncional legal, ya que ésta no exige otra prueba diversa para probar el perjuicio resentido con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Ello, toda vez que basta el transcurso del tiempo para acreditarlo ya que en este caso, los perjuicios deben entenderse como la existencia de un daño emergente consistente en un lucro cesante con motivo de éste y su lógica reparación. En ese tenor, la procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica y; 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." Sin que se pasen por alto las manifestaciones que el quejoso Oliverio Fernández López realizó mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 306 y 307), en las que, en lo que aquí interesa, en esencia manifestó, en el punto "5", que no se ha acreditado la existencia de algún daño o perjuicio que pudiera hacer valer el tercero interesado de mérito, porque a la fecha no se ha señalado en qué consisten los daños y perjuicios. Así, concluye dicho quejoso que se deberá desestimar la pretensión de que se trata porque el tercero interesado debe acreditar fehacientemente en qué consisten los daños y perjuicios. Son infundadas tales alegaciones. Lo anterior es así, pues como ya quedó asentado en párrafos precedentes, existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable al caso concreto, debido a que establece que en los casos en que el tercero interesado dejó de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios a su favor. Además, en la jurisprudencia relativa, que ya quedó transcrita, se analizó el supuesto en que la suspensión del acto reclamado provocó que el tercero interesado dejara de recibir una suma de dinero, lo que ocurrió en el caso, en que dicha medida suspendió la ejecución de la interlocutoria por la que se había condenado al quejoso al pago de la cantidad a que se hizo referencia, por concepto de liquidación de intereses moratorios. Sin que proceda hacer un estudio oficioso sobre si en el caso se causaron mayores daños y perjuicios a Héctor Félix Esparza Sáenz, derivado de la suspensión concedida en el amparo 363/2017, toda vez que el artículo 156 de la Ley de Amparo solo contempla la posibilidad de hacer efectiva aquella garantía que se hubiere otorgado, no así un numerario adicional. Por tanto, el billete de depósito exhibido en el aludido juicio de amparo, al menos por lo que respecta a este juicio constitucional, es a lo único a lo que el actor incidentista puede acceder, pues se reitera, el artículo en comento sólo permite reparar con la suma fijada como garantía. Consecuentemente, ante lo fundado del incidente, una vez que cause firmeza esta resolución, el billete de depósito N 796890, valioso por la cantidad de $13,724.47 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 47/100 M.N.), deberá ser endosado en favor del tercero interesado Héctor Félix Esparza Sáenz, para lo que deberá constar, en su oportunidad, razón de entrega en el sumario y libro de valores que se maneja en este Juzgado a fin de hacer anotación de la baja respectiva. Por lo expuesto, con apoyo en los artículos 66, 67, 156 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Es procedente y fundado el presente incidente de daños y perjuicios promovido por Héctor Félix Esparza Sáenz. SEGUNDO. Una vez que se declare firme la presente resolución, entréguese a Héctor Félix Esparza Sáenz, el billete N 796890, valioso por la cantidad de $13,724.47 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 47/100 M.N.), por sí, o por conducto de las personas que en su caso autorice. Notifíquese. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido de Ana Cecilia Castañeda Abundis secretaria que autoriza y da fe.

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